Tipo de cambio:

Compra: 3.241

Venta: 3.243


Año del diálogo y la reconciliación nacional
DOMINGO 18

de febrero de 2018

ANÁLISIS

¿Por qué el D. Leg. 1352 debe estar en agenda?

Según Fitch Ratings, las percepciones públicas sobre el control de la corrupción podrían impactar negativamente el ranking del Perú en la encuesta Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial, una variable importante en el modelo de calificación soberana, lo que a su vez afectaría los pronósticos de inversión y crecimiento para los años 2018 y 2019.

4/2/2018


Rosario Calderón

Socia de Advisory de KPMG en el Perú

Por otro lado, la paralización de los grandes proyectos de infraestructura relacionados con el caso Lava Jato, obras que en su conjunto representan cerca de 9,223 millones de dólares, perjudicará el producto bruto interno (PBI). Según El Dorado Investment, el costo de la corrupción en términos de PBI es de 3.5% y 5%.

Según el Informe Global de Competitividad 2017-2018 del Foro Económico Mundial, el Perú se ubica en el puesto 72, un retroceso de cinco posiciones respecto al año pasado y de 11 posiciones respecto al 2013. Entre los factores más complejos para hacer negocios en el país destaca la corrupción, principalmente.

Además de lo mencionado, la corrupción tiene consecuencias inmateriales, como el daño institucional que debilita y convierte en inoperativas a las entidades públicas, baja la moral en los sectores afectados, socava la confianza en el sector público y propicia el relajamiento cultural mediante el cual se “normaliza” la corrupción y la falta de gobernabilidad.

En ese contexto, entra en vigencia el D. Leg. N° 1352, mediante el cual se amplía la responsabilidad de las personas jurídicas ante delitos de corrupción, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, minería ilegal e incluso el crimen organizado. De esta manera, hay una responsabilidad administrativa para la persona jurídica y penal para la persona natural, de manera autónoma. Ello implica que las empresas se vean en la necesidad de implementar modelos que permitan prevenir, detectar y responder ante este tipo de riesgos.

Las medidas para prevenir se diseñan a fin de reducir el riesgo de ocurrencia de actos de corrupción, mientras que los controles de detección están diseñados para identificar los delitos una vez que ocurren. Por otro lado, los controles de respuesta están hechos con la finalidad de adoptar las acciones correctivas y subsanar las deficiencias provocadas por estos delitos.

Dicho modelo debe implementarse sobre la base de un buen gobierno corporativo, con un código de conducta sólido, un proceso de capacitación y difusión del modelo en todos los niveles de la empresa, así como un plan de seguimiento y actualización permanente por un encargado de su cumplimiento.

Un programa de cumplimiento efectivo traerá una serie de beneficios a largo plazo no solo al sector privado, sino también al país en general.