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Año del Buen Servicio al Ciudadano
MIÉRCOLES 13

de diciembre de 2017

MILKO RUIZ ESPINOZA. PROCURADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE TERRORISMO DEL MININTER

“El Estado busca justicia y la no impunidad frente al terrorismo”

Entrevista. La procuraduría especializada para estos temas se presta a llevar a juicio oral, por primera vez, a los dirigentes del Movadef, en lo que constituirá el primer juzgamiento por apología del terrorismo en el país, afirmó el defensor del Estado.

16/6/2017


María Avalos Cisneros

mavalos@editoraperu.com.pe

La procuraduría a su cargo logró formular el primer caso para juicio oral por apología al terrorismo contra los principales miembros del Movadef. ¿Es un avance importante?

–Es el primer caso en que se llevará a juzgamiento a la cúpula del Movadef, lo cual es importante. Buscamos una sanción severa, pero la decisión compete al Poder Judicial; sin embargo, haremos el trabajo que nos corresponde.

–¿Qué se argumentó para abrir este proceso?

–Con la Dircote denunciamos los hechos que son materia de investigación: en el 2010, Alfredo Crespo, Manuel Fajardo, Alberto Mego y Oswaldo Esquivel, dirigentes del Movadef, distribuyeron un pasquín de su agrupación en una marcha, en la que además de difundir su ideología, publicaban un artículo con el rostro del condenado por terrorismo Abimael Guzmán, calificándolo como el más grande filósofo y patriota que haya existido en el Perú. Es decir, una clara apología a un condenado por terrorismo. Al detectar esto, junto con la Policía, hicimos un análisis del documento y se formuló la denuncia ante la Fiscalía por delito de apología a un condenado por terrorismo.

–Es decir, ¿no existe duda de la comisión del delito de apología?

–La norma penal que tipifica el delito de apología al terrorismo establece dos formas de realizar apología. Una, es que una persona glorifique o enaltezca el delito de terrorismo; y la otra es que se enaltezca a un condenado por terrorismo. El caso corresponde a la segunda.

–Este proceso permitirá dar una señal muy clara a grupos que han mantenido una actitud provocadora, escudándose en la complejidad de la legislación…

–Esperamos que sí, porque el Movadef es una organización que no tiene respeto por la sociedad y menos aún por la ley; por ello, al cometer un delito, será juzgada. En mi opinión, el Movadef solo dejará de desafiar al Estado una vez que sean condenados [sus integrantes], que es lo que buscaremos con un debido proceso. Esperamos que este juicio sea un punto de quiebre para terminar con sus acciones ilícitas y provocadoras.

–¿Cuántas investigaciones por el delito de apología al terrorismo tienen en contra del Movadef?

–En total son 22 investigaciones, de las cuales 20 se tramitan en Lima y dos en provincias.

–Por primera vez se juzgará a los principales miembros del Movadef.

–Así es y serán procesados y sometidos a juicio oral los principales dirigentes del Movadef: Manuel Fajardo, Alfredo Crespo, Alberto Mego y Oswaldo Esquivel. Se garantiza el derecho de defensa y el debido proceso; será el Poder Judicial el que determine la responsabilidad y fije la condena respectiva. Confiamos en que estas personas sean condenadas por el delito de apología a un condenado por terrorismo.

–¿Marcaría un hito?

–Marcará un antes y un después. Demostraremos en el juicio oral que han incurrido en el delito de apología, aunque ellos intentarán confundir a los jueces, apelando al tema de la libertad de expresión y opinión, hecho que rechazamos desde ya.

–¿Qué recomendaciones daría para el juzgamiento?

–Invocaría al Poder Judicial a tener un mayor compromiso en la lucha contra el terrorismo. Tenemos fallos de verdad increíbles en que, habiendo presentado pruebas fehacientes y diversas declaraciones de colaboradores como pruebas de cargo, entre otros argumentos, algunos colegiados de la Sala Penal Nacional –haciendo caso omiso a ello, aplicando argumentaciones erradas y extremadamente garantistas–, absuelven a imputados por delito de terrorismo. Aunque diría que esta falta de compromiso no corresponde a todos los jueces, sino a una minoría, por lo que invoco al presidente del Poder Judicial a que evalúe esta situación y tome las medidas correctivas del caso.

–Movadef ha presentado una queja contra el Estado ante la CIDH. Si bien la competencia en estos casos lo tiene la procuraduría supranacional, ¿habrá una coordinación permanente con ustedes?

–En efecto, esa denuncia, de supuesta persecución por procesos en su contra, tengo entendido, fue presentada ante la CIDH, que es el primer filtro para llegar a la Corte Interamericana. Aquí no se persigue a nadie, el Estado busca justicia y que los responsables por hechos delictivos sean sancionados, más aún por hechos calificados como terrorismo: asesinato de personas y realización de atentados que han destruido el patrimonio nacional. 

Es falso que pretendamos revivir casos para, supuestamente, mantener a personas en las cárceles, como fraudulentamente lo refiere el Movadef en los procesos por los casos Soras y Tarata, que nunca fueron investigados ni juzgados.

–¿Estos crímenes nunca fueron juzgados?

–Así es. Las normas, los principios procesales penales y las reglas del derecho penal señalan que ante un hecho ilícito que no ha sido materia de juzgamiento, este debe investigarse, juzgarse y encontrarse a los responsables. 

Aquí no existe persecución política, los condenados por terrorismo no son presos políticos, son terroristas porque han sido condenados por el delito de terrorismo, hecho que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional y por la misma Corte Interamericana en las sentencias de Lori Berenson y [Jaime] Castillo Petruzzi.

–¿Rechaza toda persecución política al respecto?

–Por supuesto, con esos pronunciamientos de las máximas instancias se establece que el delito de terrorismo no es un delito de persecución política, sino un crimen cuyos responsables deben ser sancionados. Como procuraduría, al descubrir hechos que no han sido juzgados, como los casos Soras y Tarata, y, además, al tener conocimiento de la ubicación de fosas con restos de decenas de personas ejecutadas por Sendero Luminoso o el MRTA, cumplimos con denunciar a los autores directos o mediatos para evitar la impunidad.

–¿También cuestionan el tema de la reparación civil?

–Al que es condenado por un delito no solo se le impone una sanción penal, sino también un pago por el daño causado, porque el delito genera un daño moral o material en el agraviado y eso debe ser resarcido, así lo dicta la ley. La pena se ejecuta, se cumple, por lo general, en la cárcel; y, cumplida esta, el condenado saldrá en libertad, salvo que sea cadena perpetua. 

Pero la indemnización por el daño causado, que es la reparación civil, tiene que ser cobrada; el condenado es un deudor, los condenados por terrorismo le deben al Estado.

–¿Su labor es ejecutar el cobro por esa deuda?

–Claro, la ley establece que si el condenado tiene bienes y no quiere pagar su deuda, se le embarga, se remata el bien y se cobra la deuda; aquí no existe ninguna persecución, sino el cumplimiento de la ley. Se ha realizado un sinnúmero de embargos por secuestro conservativo, de inscripción y el pago por voluntad del propio condenado por terrorismo.

En el caso de embargos por secuestro conservativo, en mayor medida, cuando es ordenado por el juez y la procuraduría llega a sus viviendas para ejecutar el embargo, tras comunicarle al condenado que se procederá con la medida, de inmediato y por voluntad propia proceden a pagar sus deudas o parte de estas, en montos que van entre los 4,000 y 10,000 soles. Si ellos mismos cancelan, ¿de qué persecución pueden hablar?

Reforma legal del delito de apología

El pleno del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que resuelve incorporar el artículo 316-A en el Código Penal, con lo cual se tipifica el delito de apología de terrorismo y establece penas que oscilarán entre 8 y 15 años.

La modificación del artículo 316 fue planteada en un dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

En tal sentido, se considera diversos aspectos como la apología mediante medios de comunicación, en los cuales se exalta el delito de terrorismo, para cuyos casos se considera pena de cárcel.

La novedad del documento aprobado por la representación nacional es que ha incluido dos agravantes. Primero, tipificar el delito de apología cuando un docente o autoridad la realiza en ejercicio de sus funciones o por medio de libros, escritos y charlas; y, segundo, tipificar el delito de apología hecha mediante las tecnologías de la información y comunicación.

El citado dictamen fue sustentado por el vicepresidente de la Comisión de Justicia, Francisco Villavicencio (FP).

La legisladora Luciana León, una de las autoras de la iniciativa, afirmó: “Con esta modificación al Código Penal se sancionará con drasticidad las marchas y reuniones como las que hace el Movadef”.




Procuraduría asume defensa del país en 3,142 casos

El total de la carga procesal de la procuraduría de terrorismo es de 3,142 casos. De ellos, 1,381 se encuentran en investigación fiscal y policial, detalló el titular de la defensa pública para estos casos del Ministerio del Interior (Mininter), Milko Ruiz. Agregó que otros 928 están en proceso de ejecución de sentencia y los restantes 833 son procesos reservados por reos ausentes y contumaces.

Aseguró que esta procuraduría mantendrá una coordinación permanente con la procuraduría supranacional para demostrar que la demanda ante la CIDH es falsa. “Debe quedar claro que no estamos ante un asunto político, sino ante delitos cometidos por organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, que, usando métodos de terror y de violencia, quisieron destruir al Estado para tomar el poder y aplicar una dictadura. 

Asimismo, los grupos de fachada como el Movadef reivindican esos crímenes, lo que constituye delito de apología que debe ser condenado”.

Ruiz fue claro en afirmar que en el Perú se respeta la libertad de opinión y expresión. 

“No nos guiamos por el odio o revanchismos, sino por la ley y la justicia; es evidente que el Movadef pretende sorprender a los organismos internacionales haciendo ver al Estado como un persecutor de ideas, eso es completamente falso”. 

Aseguró que la labor de la procuraduría a su cargo, compuesta por 27 personas, es recabar información y denunciar un hecho ilícito, así como buscar la sanción para los responsables, como en cualquier país, con respeto a los derechos humanos y el debido proceso.

“Buscamos que el pronunciamiento final del Poder Judicial sea por una condena. Los crímenes no pueden quedar impunes. 

En Francia acaban de condenar a cadena perpetua a un terrorista venezolano apodado ‘El Chacal’ por crímenes cometidos en los años 70 y ya tiene varias cadenas perpetuas.

¿Acaso hay persecución política, odio, venganza o se ha violado las normas internacionales para que Francia condene a ese terrorista?, no”, recalcó Ruiz.

Juicio oral

El procurador Ruiz Espinoza estimó que el primer juicio oral contra la cúpula del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) podría iniciarse en un mes.

“Luego de que el Poder Judicial proceda con la notificación, vendrá una audiencia de control de la acusación en la que se verán aspectos formales. Según los plazos procesales y la práctica de la Sala Penal Nacional, estimo que este juicio se iniciará en un mes, de no mediar inconveniente”, manifestó Ruiz.

Agregó que en este caso el fiscal ha pedido 12 años de pena privativa de libertad, la cual consideró importante y severa para este hecho ilícito. “Por eso, confío y espero que el Poder Judicial condene a estas personas y con eso, insisto, será un duro golpe al Movadef”, comentó.

Aunque advirtió que no será un trabajo fácil porque, como ya se explicó, el delito de apología es complejo.

sin embargo, fue claro en afirmar que “si el Movadef continúa violando la ley, tengan la seguridad de que volverá a ser  denunciado”

RESPECTO A LAS excarcelaciones, adelantó que tras cumplir su pena de 25 años, el próximo 11 de setiembre será excarcelada la terrorista Maritza Garrido Lecca; y, el 16 de octubre sucederá lo propio con Martha Huatay Ruiz, quien fuera jefa de los llamados abogados democráticos.