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Año del diálogo y la reconciliación nacional
VIERNES 19

de enero de 2018

PODER JUDICIAL DISPONE MEDIDA SOLICITADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO

Allanan 43 inmuebles del caso ‘Club de Construcción’

Intervienen oficinas de las empresas Graña y Montero, OAS, Andrade Gutiérrez y otras.

13/1/2018


El exasesor del despacho viceministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Carlos García Alcázar fue detenido por sus vinculaciones con el caso ‘Club de Construcción’, confirmó el Ministerio Público.

La detención del exfuncionario se produjo como parte de las acciones de allanamiento de inmuebles relacionadas con el mencionado caso, solicitada por el Ministerio Público y aprobada por el Poder Judicial.

García Alcázar ocupó el cargo del 2011 al 2014, durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala.

El Ministerio Público precisó que el equipo especial del Ministerio Público, en cumplimiento de la orden judicial, realizó el allanamiento en las oficinas de las empresas Graña y Montero, ICCGSA, OAS, Andrade Gutierrez, Obrainsa, entre otras.

La medida fue ordenada por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho ante el requerimiento formulado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Operaciones

En su solicitud, la Fiscalía señala que el ‘Club de Construcción’ habría operado entre 2011 y 2014, formado por ejecutivos de empresas privadas, un representante (lobista) de estas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y un funcionario de este portafolio.

De acuerdo con su tesis, “colaboradores eficaces” habrían manifestado que existió un pacto entre empresas peruanas y extranjeras para “distribuirse” el otorgamiento de la buena pro de diversas obras de carreteras en el territorio nacional.

La orden judicial de allanamiento fue dada con la finalidad de encontrar bienes e información de interés para la investigación, como documentos (vouchers, contratos por licitaciones públicas, contratos entre empresas, documentos vinculados con obras requeridas mediante licitación pública, recibos por honorarios, facturas, equipos informáticos, entre otros).