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Año del Buen Servicio al Ciudadano
DOMINGO 19

de noviembre de 2017

Balance de la reforma electoral

A estas alturas del debate de la reforma electoral en el Congreso se puede decir que si bien no satisface a todos, el balance es positivo, con leyes importantes en el tema del financiamiento, la entrega de dádivas o la prohibición para que terroristas, violadores y narcotraficantes participen en procesos de elección popular.

12/11/2017


Sin embargo, también hay algunas críticas, como en el tema de la rendición de cuentas, por considerarlo un retroceso en el control y transparencia de las campañas electorales.

En el tema de la entrega de dádivas, que tantos dolores de cabeza generó en las elecciones del 2016, se optó por una gradualidad, en el sentido de que el candidato que incurra en esta falta primero será sancionado con una multa de 30 UIT (más de 120,000 soles), y en el caso de que reincidiera o que el bien entregado superara las 2 UIT (unos 8,100 soles), quedará fuera de la contienda electoral.

Se precisa también que en el caso de un mitin de campaña, la entrega de bienes para consumo individual o inmediato (botellas de agua, gorras) con fines proselitistas, hasta por un monto de 0.3% de la UIT, no constituye una falta.

De esta manera, se aclara una situación que en los comicios pasados, recordemos, fue motivo de incertidumbre, pues la mayoría de los postulantes enfrentaron denuncias de este tipo, lo que obligó a la autoridad electoral a resolver procesos hasta en vísperas de las elecciones. El aspirante presidencial César Acuña Peralta fue retirado de la contienda por este motivo.

Si bien hay un mayor detalle de las fuentes prohibidas de financiamiento a los partidos, no prosperó el planteamiento de la Asociación Civil Transparencia para que se aplicaran sanciones políticas efectivas a los que incumplan la norma, como la suspensión y hasta el retiro del Registro de Organizaciones Políticas. Solo habrá suspensión de financiamiento público.

Tampoco hubo consenso para que los partidos rindan cuentas parciales ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en medio de una campaña electoral. El acuerdo en el Parlamento es que los informes contables de aportes, ingresos y gastos se presenten al final del proceso.

Organismos independientes han considerado esto como un retroceso porque dificultaría un efectivo control y el elector no podrá conocer los aportes a los partidos ni a los candidatos con mayor presupuesto de campaña.

En lo que sí hay amplio respaldo es en la prohibición para que los condenados por terrorismo, apología del terrorismo, corrupción, violación sexual y narcotráfico postulen a un cargo de elección popular.

Es una manera de hacer más exigentes los requisitos de postulación de los postulantes, a fin de mejorar la calidad del voto y evitar autoridades con prontuarios penales.