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Año del Buen Servicio al Ciudadano
LUNES 23

de octubre de 2017

ENFOQUE

CNM e independencia judicial

Las siguientes son algunas de las generosas frases que nos expresan jueces, fiscales, abogados representativos, autoridades universitarias y diversas personalidades del sector Justicia: “Estamos con usted y con su causa”, “Cuente con nosotros para defender la institucionalidad”, “Le expresamos nuestro total respaldo en estos momentos difíciles para el Consejo Nacional de la Magistratura”. Se agradece esta ola de solidaridad a nuestra posición de rechazo absoluto al proyecto de reforma constitucional planteado por el Ejecutivo en el mensaje del 28 de julio. A esta montaña de adhesiones se suman los pronunciamientos de asociaciones de magistrados y de la Corte Suprema y de la Fiscalía Suprema. Notable unanimidad ante un intento de romper la separación de poderes, dogma del Estado Constitucional de Derecho. Pocas veces se ha visto un viento tan fuerte de opinión en una sola dirección. Signo inequívoco de lo viciado del proyecto en mención.

10/8/2017


Guido Águila Grados

Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura

Sin embargo, sería importante que la mirada alcance un mayor diámetro. Entonces la postal tendría una lectura ampliada. No es solo el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) lo que está en riesgo, finalmente la institución que selecciona a los jueces y fiscales del país seguirá existiendo, aún politizada.

Debemos advertir que el daño que se cierne es mayor: con un vientre teñido del color político, todo lo que vaya a parir tendrá ese pigmento. Por lo tanto, lo que está en riesgo de extinción es la independencia judicial y la autonomía fiscal. Si de cinco integrantes del propuesto CNM, dos van a ser de los poderes Ejecutivo y Legislativo y un quinto elegido por los otros cuatro (que con el peso político puede inclinar a más de la mitad de los miembros con una tonalidad política), entonces la decisión en el nombramiento de magistrados se sujetaría a la voluntad de los otros poderes. Se reduciría a su mínima expresión la independencia en nuestros jueces y la autonomía en el actuar fiscal.

Con la lógica de que un magistrado del CNM sea nombrado por el Consejo de Ministros y otro por los dos tercios del Congreso, entonces también que un juez supremo integre el Gabinete Ministerial y proponga decretos legislativos; igualmente, que un fiscal supremo se sume al Congreso para una interpelación ministerial. Incongruencias que resultan de la mezcla de poderes. En suma, no solo es la lucha por una institución, sino por una justicia peruana con independencia y autonomía para sus magistrados.

Unas líneas para aquellos que sostienen que el poder político interviene en la selección de magistrados en otros países. Cada Estado responde al espíritu de su Constitución. Esa falacia que sostienen nos puede llevar a afirmar que, también por reforma constitucional, el Perú puede convertirse en un Estado federal o una monarquía constitucional. Seamos serios con la justicia peruana.