Tipo de cambio:

Compra: 3.336

Venta: 3.340


Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
MARTES 21

de mayo de 2019

PANAMERICANOS

26 JUL AL 11 AGO

PARAPANAMERICANOS

21 AGO AL 01 SEP

Compromiso al más alto nivel

Se busca instituir un órgano de control profesional, que tenga atribuciones suficientes para prevenir y combatir la corrupción dentro de la función jurisdiccional.

13/5/2019


Los esfuerzos por reformar y modernizar el sistema de administración de justicia en el país recibieron un nuevo impulso con la reciente aprobación y publicación de tres importantes iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo para consolidar el cambio.

Se trata de la Ley Nº 30942, que crea el Consejo de Reforma para el Sistema de Justicia; la Ley Nº30943, que crea la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial; y, la Ley Nº 30944, que crea la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

La primera regula la creación de un organismo de coordinación al más alto nivel político destinado a asegurar el impulso, la coordinación, el seguimiento y el reporte público de los resultados de las decisiones, políticas y acciones adoptadas, o por adoptarse, en el ámbito de la reforma el sistema de justicia. Por ello, estará integrado por el Presidente de la República, los titulares del Congreso de la República, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y de la Junta Nacional de Justicia, el fiscal de la Nación, el contralor general de la República y el defensor del Pueblo.

Mientras que, para la ejecución de los acuerdos contará con un consejo técnico compuesto por representantes de las instituciones que conforman el sistema de justicia.

La presidencia de este consejo será alternada entre sus integrantes por un período de un año. Sesionará de manera ordinaria una vez al mes y de forma extraordinaria cuando sea convocada por su titular. Sus decisiones y acuerdos serán adoptados por consenso, y las sesiones y acuerdos serán de carácter público.

Mientras que las otras dos normas, la Ley Nº 30943 y la Ley Nº 30944, establecen las bases para la reforma del control disciplinario de los magistrados, en aras de institucionalizar en el país un sistema de justicia con integridad, profesionalismo y eficiencia.

De ahí que tanto en el Poder Judicial como el Ministerio Público se promueve el control preventivo, y no solo un control posterior, que permita identificar con antelación posibles riesgos. Los titulares de estas entidades, asimismo, serán elegidos mediante concurso público, es decir, primará la meritocracia. Y, lo más importante, contará con autonomía administrativa, funcional y económica.

Así, se busca instituir un órgano de control profesional, que tenga atribuciones suficientes para prevenir y combatir la corrupción dentro de la función jurisdiccional, tanto judicial como fiscal.

En definitiva, se trata de pasos importantes y concretos para la reforma integral del sistema de justicia y para la modernización de uno de los poderes del Estado encargado precisamente de impartir justicia. Todo ello como parte de un objetivo último y urgente para la gobernabilidad del país que exige aportar a todos en la construcción de una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e incorruptible.