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Año del Buen Servicio al Ciudadano
DOMINGO 19

de noviembre de 2017

ANÁLISIS

Consejo de coordinación del sistema de justicia

El Congreso deberá pronunciarse en la presente legislatura sobre el proyecto de ley que le ha remitido el Presidente de la República el 28 de junio pasado, que crea el Consejo Interinstitucional Permanente de Cooperación, Coordinación y Seguimiento de las Políticas Públicas en Materia de Justicia (Inter Justicia). Este contó con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y tiene carácter de urgente en aplicación del artículo 105 de la Constitución. Deberá merecer, por ello, atención prioritaria.

5/9/2017


Aldo Vásquez Ríos

Vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Los jueces, fiscales, procuradores, defensores públicos, policías, así como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura cumplen roles insustituibles, pero están requeridos de una intervención articulada y simétrica.

Ello exige niveles sistemáticos de coordinación y el desarrollo de políticas comunes, sin los cuales la eficiencia en la administración de justicia es una quimera. Inter Justicia sería, así, una instancia permanente de coordinación para alcanzar acuerdos vinculantes entre los diferentes componentes del sistema de justicia.

De este modo, se cubriría un sensible vacío, pues, siendo constitucionalmente autónomas, cada una de las entidades que componen el sistema han mantenido sus propias políticas, fuentes de datos, planes, metas y acciones, sin vinculación suficiente entre ellas.

La coordinación no implica menoscabo de la autonomía de las instituciones que conforman el sistema. El ente propuesto debe ser un espacio para articular estrategias y políticas comunes en materia de justicia, tales como la interoperabilidad de los sistemas informáticos, los módulos integrados de justicia, la asignación presupuestal y la reforma de normas procesales. La coordinación permitirá optimizar los recursos disponibles y mejorar la eficiencia de su gestión, sin irrogar gastos adicionales al Tesoro Público.

Ya la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) había planteado, en abril del 2004, “la instalación de un mecanismo de coordinación entre las instituciones del sistema de justicia”. Aquella demanda no había sido atendida hasta ahora, pese a su urgencia y prioridad. El proyecto, que ha contado también con la aprobación del Acuerdo Nacional por la Justicia, había sido inicialmente formulado en julio del 2016 por representantes de varias de las instituciones allí representadas.

El consejo propuesto es una condición para cualquier mejora en el sistema de administración de justicia en el Perú. Sin coordinación y sin el diseño de políticas públicas que vinculen a todas las entidades involucradas no hay posibilidad de reforma de la justicia en nuestro país.