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Año del Buen Servicio al Ciudadano
SÁBADO 23

de setiembre de 2017

PEDRO CHÁVARRY VALLEJOS. PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

“Debemos ser el ente rector en la formación de los magistrados”

Entrevista. La Amag tiene el empeño de formar a jueces y fiscales en los que concurran criterios de tecnicidad, pero al mismo tiempo haciéndolos coincidir con actos de justicia, afirmó la autoridad, quien comentó los aportes y proyectos de esta institución.

7/9/2017


María Ávalos Cisneros

mavalos@editoraperu.com.pe

–En estos 23 años de vida institucional de la Academia de la Magistratura (Amag), ¿cuál ha sido el principal aporte de la institución para la mejora del servicio de justicia en el país, cuya labor muchas veces es cuestionada o hasta vinculada con actos de corrupción?

–Habría que destacar dos aportes, los cuales constituyen a la vez las columnas centrales de la labor de nuestra entidad. En primer lugar, la formación técnica y científica de jueces y fiscales, que son capacitados con estándares bastante elevados, de nivel internacional, lo cual da cuenta de que el Perú tiene uno de los mejores sistemas de derecho a nivel normativo y de análisis teórico y científico; y en segundo lugar, la formación de los aspirantes a convertirse en magistrados, que son abogados o auxiliares jurisdiccionales y asistentes en función fiscal, que reciben capacitación con el mismo nivel para asegurar que en el futuro podamos encontrarnos con administradores de justicia de calidad, con todo el conjunto de valores que debe caracterizarlos. Creo que estos dos aspectos trascienden a la función de los magistrados en el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio Público (MP).

–¿Una autocrítica al respecto?

–Podría ser que la Amag no está presente en todo el Perú con una infraestructura que permita facilitar a los magistrados su constante capacitación, y ello se debe a los recursos económicos que le transfiere el Estado. Sin embargo, hacemos el máximo esfuerzo para descentralizar nuestras funciones, de tal manera que hoy se está presente, con sedes desconcentradas, en 13 de los 33 distritos judiciales que conforman el mapa judicial del Perú.

–De acuerdo con la experiencia desarrollada, ¿qué falencias se observan en los abogados que ingresan a la carrera judicial o en los aspirantes que participan en sus programas?

–En lo que significa la gestión propia del despacho. Lamentablemente somos herederos de una tradición extremadamente formalista que viene desde el Virreinato, pasando por los inicios de la República, donde la tramitación documentaria es enorme, pesada y genera a veces una carga innecesaria en los procesos, lo cual evita que los magistrados brinden una administración de justicia más rápida, célere y oportuna, y eso proviene de una tradición que es pasada de generación en generación, no solo en el PJ y en el MP, sino también en la formación universitaria. En los últimos años también se ha apreciado, en el ámbito del derecho penal, a nivel técnico, que la preparación de los estudiantes universitarios, en lo que respecta fundamentalmente a la teoría del delito, no es la más adecuada; por ello, la AMAG realiza un proceso para reforzarlos en ese ámbito o fortalecer ese conocimiento porque un fiscal penal y un juez penal que no conozca teoría del delito no va a ofrecer una debida administración de justicia. Otro elemento más, que es parte de nuestro interés, es la sensibilidad humana de los administradores de justicia, a quienes se les capacita y forma también en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales.

–¿Esta situación responde a una crisis en el sistema de formación de los abogados?

–No puedo llamarla una crisis, pero sí es una preocupación. Por eso es que mediante el Acuerdo Nacional por la Justicia (ANJ) se está presentando la propuesta para que la Amag se convierta en el ente rector de la formación profesional, en materia de preparación, de quienes aspiran a convertirse en magistrados. Cada universidad, basada en su autonomía, regula y define aspectos de formación, pero no es lo mismo formar abogados litigantes o abogados empresariales que magistrados, lo que se convierte en un vacío que tiene que ser cubierto por nosotros. Se ha planeado tener en el ANJ una reunión con los decanos de las facultades de Derecho de todas las universidades del país para consensuar criterios académicos a la hora de elaborar los sílabos, los contenidos de los cursos y las materias formativas para quienes se inclinan por la administración de justicia.

–¿Es urgente la modernización de estos programas de estudios para formar abogados comprometidos con la labor jurisdiccional y el correcto ejercicio del derecho?

–Efectivamente. Está bien la formación técnica, cualitativa y científica de nuestros magistrados y aspirantes a la magistratura, pero es necesario también inyectar, paralelamente a estas capacitaciones, una altísima dosis de aspectos morales, éticos, axiológicos, valorativos, que perfilen la conducta de nuestros magistrados y también de su atención hacia los ciudadanos.

–¿Se afianzará la coordinación con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para determinar el tipo de contenido en los procesos de evaluación?

–Sin duda alguna. Hasta el 2004 la Ley Orgánica del CNM establecía que todos los aspirantes a la magistratura tenían que realizar, previamente a su postulación, sus estudios en el Programa de Formación de Aspirantes (Profa) de la Amag, pero el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional ese artículo. Por eso, ahora existe la iniciativa legislativa, mediante el ANJ, de presentar dos proyectos de ley, uno de los cuales tiene que ver con el restablecimiento de la obligatoriedad de llevar los estudios del Profa para formar a los aspirantes a la magistratura antes de su postulación ante el CNM.

Impacto en la sociedad

–¿Cuál es el perfil de los jueces y fiscales que la Amag espera ofrecer a la magistratura?

–Lo primero que se necesita es tener jueces que comprendan que entre la ley y el valor de justicia debe existir una conexión intrínseca. Nuestros magistrados han sido formados en términos estrictamente formales, que hacen que revelen un alto conocimiento técnico, y eso está muy bien, pero es necesario dotar de valores a esta administración de justicia. La Amag tiene el empeño de formar a magistrados en los que concurran criterios de tecnicidad, pero al mismo tiempo haciéndolos coincidir con actos de justicia. Nuestros magistrados, asimismo, deben tener plena y clara conciencia de que las decisiones que toman mediante sus resoluciones judiciales y fiscales no solo impactan a las partes en conflicto en un proceso determinado, sino también sobre la sociedad. Por ejemplo, dar libertad a un violador no solo es algo que implica un problema entre el que está acusado por el delito de violación y la víctima, sino que además es un problema que preocupa a la comunidad porque la ciudadanía se pregunta cómo es posible que el sistema de administración de justicia deje en libertad a un hombre peligroso que puede seguir violando y eventualmente matar a alguien.

–¿Cuándo estará listo el proyecto de conversión de la Amag en la Unidad Académica de Posgrado?

–Es el segundo proyecto de ley que ha presentado la Amag: convertir a nuestra institución en una unidad académica de posgrado con capacidad para otorgar grados de magíster y de doctorado en diversas materias, no solo de derecho, sino también de sus ciencias auxiliares. Los dos proyectos de ley se encuentran en el Congreso de la República, en las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y en la de Constitución. Se están haciendo las gestiones para exponer los criterios técnicos y los contenidos de estas dos iniciativas para que sean aceptadas, debatidas y eventualmente aprobadas por el pleno del Congreso de la República. Tenemos la confianza de que así será.

Auxiliares

En el Perú los auxiliares jurisdiccionales del PJ y el MP son abogados y, eventualmente, aspiran a convertirse en magistrados, a diferencia de otros países, donde estos puestos son para personas preparadas en carreras técnicas como secretariado judicial, explicó Chávarry.

Sostuvo que la Amag ha decidido abrirles las puertas para que puedan recibir la misma capacitación que los magistrados, acorde con las funciones que cumplen.

Además, está el Profa, que es sobre todo para estudiantes que desempeñan labores jurisdiccionales, agregó.