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Año del Buen Servicio al Ciudadano
MARTES 22

de agosto de 2017

Derecho a la identidad

En el Perú, son miles los casos de mujeres que recurrían al Poder Judicial para obligar a sus exparejas a reconocer a sus hijos concebidos mutuamente. Si bien el proceso se ha ido flexibilizando en los últimos años a su favor, aún se encontraban con algunos obstáculos como, por ejemplo, la demora de las sentencias y la necesidad de entablar otro juicio por alimentos.

5/8/2017


Pues bien, esta semana se aprobó la ley que modifica el procedimiento de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, que simplifica y acorta este trámite para que las madres acumulen en un mismo juicio la pensión de alimentos, con un calendario que no debe pasar los 30 días para la sentencia final, con prueba de ADN incluida.

Se trata de una norma de gran impacto social que permite a las mujeres acceder a la justicia de manera directa; además, vela por el derecho universal de todo niño a contar con una identidad. Su aprobación es un buen ejemplo de consenso y colaboración entre el oficialismo y la oposición en el Congreso.

Se trata de una ley presentada por el congresista Jorge del Castillo, del Partido Aprista, la cual se aprobó por unanimidad en el Parlamento y promulgó en ceremonia especial el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en presencia de todas las ministras de su Gabinete.

La ocasión dio oportunidad al Mandatario para valorar nuevamente la función que cumple la mujer en el país y asegurar que seguirá promoviendo iniciativas a favor de ellas; remató su intervención con su lema “Tu lucha es mi lucha”.

¿Cuáles son las ventajas que trae esta nueva norma? Las demandantes estarán exoneradas del pago de tasas judiciales, podrán presentar su denuncia sin necesidad de la firma de un abogado; como dijimos al principio, es posible acumular en un solo juicio tanto el reconocimiento de la paternidad del menor como la pensión de alimentos, lo que el juez deberá resolver en una sola audiencia.

Asimismo, se ajustan los plazos para la finalización del proceso. El demandado tiene 10 días para oponerse al pedido de paternidad, y otros 10 días para someterse a la prueba de ADN; en caso de no hacerlo, el juez presume su paternidad y le da la razón a la madre.

El demandado asumirá el costo de la prueba de ADN (unos mil soles en laboratorios privados acreditados), pero si no cuenta con los medios económicos, la demandante podrá sufragar ese gasto. Si la prueba es positiva, el primero está obligado a devolver al segundo el costo del examen.

Pese a la multiplicidad de casos, algunos incluso con gran resonancia mediática, no existen estadísticas actualizadas sobre el tema, pero, en el 2014, la ONG Acción por los Niños reveló que el 60% de los casos atendidos en las defensorías municipales del niño y adolescente (Demuna) correspondía a denuncias de pensión alimentaria y reconocimiento o filiación paterna.

Sin duda, se trata de una legislación que debemos aplaudir, y corresponde al Poder Judicial implementarla en toda su magnitud para tener los resultados deseados.