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APROXIMACIONES

Educación privada: ¿por qué y para qué?

6/5/2019


Edistio Cámere

Psicólogo y educador

Recuerdo que en una conversación entre docentes surgió una pregunta: ¿Qué sucedería si en la Evaluación Censal de Estudiantes los colegios públicos superaran a los privados? Las respuestas fueron diversas: de apoyo, preocupación y extrañeza. En lo personal, me daría mucho gusto que los colegios del Estado superaran a los particulares. La razón de los colegios privados no es para evaluar a los públicos ni para competir en calidad de servicios.

Al reconocer y garantizar la libertad de enseñanza, la Constitución del Perú establece el principio de libertad, que se complementa con la pluralidad del sistema educativo. “La efectiva proyección de la libertad en el sistema educativo se termina de plasmar necesariamente con la configuración de un ámbito de pluralismo educativo” (Luis Castillo, 2004). Este pluralismo se expresa en la posibilidad de crear colegios y en una oferta educativa basada en valoraciones, axiologías o ideologías. Es esta pluralidad la que hace posible la libertad de enseñanza: permite la fundación y dirección de centros educativos y la potestad de dotarlos de un ideario o cultura propia.

Sobre la base de estos derechos se hace patente otro derecho: el de escoger el tipo de educación que los padres de familia desean para sus hijos. Esa elección no descansa –como suele suponerse– en la mera enseñanza, dado que en las asignaturas existe cierta uniformidad exigida por el Plan Nacional Curricular y por la universalidad de las ciencias. Su decisión se enlaza con aquello que distingue a cada escuela: sus valoraciones, principios e ideología.

La educación pública tiene por objeto asegurar que nadie se vea impedido por razones económicas u otras de recibir una educación eficiente. De ese modo, el Estado garantiza la igualdad de oportunidades ofreciendo servicios educativos gratuitos. Ahora bien, a la educación pública le compete facilitar la cobertura educativa, no solo porque es un modo limitado de ejercer la justicia, sino –además– porque muchos de sus usuarios no tienen alternativas para elegir. Le corresponde al Estado brindar un servicio educativo de alta calidad, que es dar a cada cual lo suyo.

Que la educación pública sea igual o mejor que la privada es un caro anhelo que no tendría por qué condicionar la existencia de la educación particular. Simplemente, el Estado lograría, en el marco de un sistema educativo plural, armonía entre los principios de justicia y libertad.

La educación privada hace patente la libertad de enseñanza, tanto para los padres de familia como para quienes fundan y dirigen centros educativos. La educación privada no tiene como finalidad competir y ser mejor que la pública. Su presencia es garantía para la vigencia de la pluralidad de ofertas educativas en una sociedad democrática que valora la libertad de los padres para decidir qué tipo de educación desean para sus hijos. El ideal sería que, sin descuidar la justicia (la gratuidad), todos los padres puedan optar por el colegio de su preferencia.