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Año del Buen Servicio al Ciudadano
SÁBADO 23

de setiembre de 2017

ENFOQUE

El riesgo de criminalizar el aborto

Hace algunos días, un cartel en el Hospital II de Abancay-Apurímac de Essalud volvió a despertar la alerta sobre las consecuencias y riesgos de la criminalización del aborto en nuestro país.

12/9/2017


Liz Meléndez, CMP Flora Tristán

El mencionado anuncio señala lo siguiente: “Todo paciente con diagnóstico de aborto incompleto se ha de comunicar a la Policía de turno”. Claramente este mensaje no va dirigido a “todo paciente”, sino a las mujeres, que resultan discriminadas y limitadas en el ejercicio del derecho a la salud.

Un afiche de esta naturaleza resulta profundamente amenazante para las mujeres, que por temor a ser criminalizadas se verán cohibidas de buscar ayuda profesional para salvaguardar sus vidas ante una emergencia médica, como lo es un aborto incompleto.

La falta de atención a estas emergencias puede llevar a que se generen irreparables consecuencias sobre la salud y vida de las mujeres que lo padecen, constituyéndose ello en una grave violación a los derechos humanos y un atentado contra los principios médicos.

Además, los abortos incompletos son una realidad, muchos de ellos son espontáneos, parte del proceso natural de una gestación que no llegará a culminar por razones diversas.

Otros son consecuencia de prácticas clandestinas en un país que limita la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres, incluso en casos de violación.

Observamos cómo en un contexto de penalización del aborto, todas las mujeres somos sospechosas de estar incurriendo en un ilícito. Por lo tanto, de no denunciarse y estar alertas ante estos hechos, no solo corremos el riesgo de jamás ser un país que respete la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y vidas, sino que nos estaríamos dirigiendo a ser una sociedad que pone bajo sospecha a todas las mujeres gestantes y, por lo tanto, las criminaliza.

Luego de la denuncia realizada públicamente por lo discriminador que resulta el afiche, Essalud emitió un comunicado que lejos de condenar el hecho lo justificó, resaltando el artículo 30 de la Ley General de Salud, el cual, al plantear la obligatoriedad de reportar casos de abortos clandestinos, vulnera el principio de confidencialidad y se constituye en una clara barrera para el acceso a la salud de las mujeres.

Además, vía este comunicado, Essalud puso en evidencia que: cada mes en el Hospital II de Abancay se atienden 3,000 emergencias, muchas de ellas por abortos clandestinos.

Este alarmante dato que responde solo a uno de los establecimientos públicos del país revela que el aborto es un problema de salud pública y que es la falta de legalidad del mismo lo que expone a las mujeres a la clandestinidad y a la precariedad en la atención a su salud.

Es tiempo de cambiar, de poner un alto a las amenazas y a las barreras para el acceso a la salud. Es tiempo de garantizar el derecho a la salud con igualdad y el derecho a decidir.

Las mujeres no somos criminales.