Tipo de cambio:

Compra: 3.242

Venta: 3.246


Año del Buen Servicio al Ciudadano
SÁBADO 18

de noviembre de 2017

ENFOQUE

La adecuación de la prisión preventiva

4/11/2017


Edhín Campos Barranzuela

Juez Superior Titular de la Sala Penal Nacional

Mucha satisfacción ha causado ante la comunidad jurídica nacional la reciente publicación, en el portal web del Poder Judicial, del Tercer Pleno Jurisdiccional de las Salas Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, sobre el Acuerdo Plenario Extraordinario N° 01-2017/CIJ-116, referido a la prolongación y adecuación de la prisión preventiva en el Perú.

Indudablemente, hablar de las medidas de coerción personal es abordar un tema relevante, toda vez que en forma reiterativa hemos escuchado a juristas y magistrados que la libertad es la regla y la detención es la excepción. Sin embargo, en la práctica no se cumple porque aún existen jueces inquisitivos que no investigan para detener, sino detienen para investigar, y esa es una mala práctica procesal.

En efecto, conforme al artículo 274 del Código Procesal Penal, su evolución legislativa ha sido objeto de dos reformas legales, por medio de la Ley N° 30076 y el Decreto Legislativo N° 1307, dado el 30 de diciembre del 2016, relativo a la duración de la medida de prisión preventiva.

Según el artículo 272, inciso 2, cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia, la prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en la norma procesal.

En consecuencia, el plazo se mantuvo igual para los procesos comunes –simples, no más de 9 meses, y comunes complejos, no más de 18 meses. Empero, incorporó un tercer plazo de duración para los denominados procesos de criminalidad organizada de 36 meses.

En tal sentido, el acuerdo plenario precisa que el canon legislativo respecto al plazo de duración de la prolongación preventiva siguió parcialmente la Ley N° 30076, hasta nueve meses adicionales en los procesos comunes simples y hasta dieciocho meses adicionales en los procesos complejos.

Sin embargo, para el caso de criminalidad organizada, no duplicó el plazo de duración precedente, solo estipuló un plazo de hasta doce meses adicionales, aunque es de llamar la atención que en estos procesos el imputado puede estar como preso preventivo hasta un máximo de cuatro años.

En cuanto a la adecuación, diremos que se presenta cuando el plazo prolongado varía en función de la clasificación del proceso que la propia disposición legal establece, por lo cual, se precisa, lo que inicialmente fue proceso penal simple, varía a proceso penal complejo o de criminalidad organizada, por lo que se requiere de nuevas actuaciones frente a más arduas necesidades de esclarecimiento.

En tal sentido, ha hecho bien la Corte Suprema en fijar una posición sobre un delicado tema, por lo que el acuerdo plenario debe ser invocado por los jueces de todas las instancias, en aras de la seguridad jurídica y del principio de igualdad ante la ley.