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APROXIMACIONES

La inmunidad en cuestión

Tanto el reglamento del Congreso como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional son claros al señalar que el Congreso solo ha de evaluar que las solicitudes de levantamiento de inmunidad carezcan de motivaciones políticas, religiosas o de índole similar; no puede pronunciarse sobre el fondo de la sentencia.

4/3/2019


Gerardo Távara

Secretario General de la Asociación Civil Transparencia

Desde que el actual Congreso entró en funciones a la fecha, la Corte Suprema de Justica ha presentado siete solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria.


Las solicitudes de levantamiento de inmunidad corresponden a tres congresistas de APP: Richard Acuña, Benicio Ríos y Edwin Donayre; dos de FP: Moisés Mamani y Betty Ananculí; y dos del FA: Wilbert Rozas y Edilberto Curro. En seis casos se trata de delitos presuntamente cometidos antes de ser elegidos congresistas; solo en el caso de Mamani se trata de un delito cometido con posterioridad a su elección: tocamientos indebidos a una aeromoza.

En el caso de Ríos y Donayre, el pedido del Poder Judicial es de levantamiento de la inmunidad de arresto, pues ambos recibieron una sentencia condenatoria de prisión efectiva. En los demás casos se ha pedido levantar la inmunidad para procesarlos; es decir, para que los jueces puedan continuar con su juzgamiento hasta determinar la culpabilidad o inocencia.

De las siete solicitudes del PJ, solo una ha sido respondida positivamente por el Pleno del Congreso: la de Benicio Ríos. Cabe recordar que el proceso parlamentario fue tan lento que Ríos logró fugar –incluso después de dar una conferencia de prensa en los Pasos Perdidos– y fue capturado meses después de que la Policía lo incluyera en el programa de recompensas. En el caso de Richard Acuña, el Congreso consideró improcedente la solicitud, pese a que su hermana –comprendida en el mismo proceso– sigue siendo juzgada. Los casos de Mamani –suspendido por 120 días–, Ananculí, Rozas, Curro y Donayre siguen pendientes de resolución.

El caso que llama más la atención es el de Donayre. El ex general del Ejército ha sido condenado a cinco años y medio de prisión por apropiación ilícita de combustible, por un valor superior a los 2 millones de soles, cuando ejercía como jefe militar; es el caso conocido como “gasolinazo”, producido el 2006, diez años antes de ser elegido congresista. Varios de los coautores de este delito están ya en prisión o son prófugos, mientras Donayre sigue en el Congreso. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria no ha logrado una decisión porque la mayoría fujimorista en dicho grupo ha dilatado el proceso, primero pidiendo aclaraciones innecesarias al PJ y, luego, apelando a la opinión de la Comisión de Constitución.

Tanto el reglamento del Congreso como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional son claros al señalar que el Congreso solo ha de evaluar que las solicitudes de levantamiento de inmunidad carezcan de motivaciones políticas, religiosas o de índole similar; no puede pronunciarse sobre el fondo de la sentencia. Si el Congreso sigue dilatando la decisión sobre Donayre, no cabe duda de que se trataría de un “blindaje” inaceptable y dañino para la confianza ciudadana.

En opinión de Transparencia, cuando se trata de delitos cometidos antes de ser elegido como congresista, la inmunidad debiera levantarse de forma automática. Así se garantiza la ejecución de las decisiones judiciales y el equilibrio de poderes.