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Año del Buen Servicio al Ciudadano
DOMINGO 24

de setiembre de 2017

ENFOQUE

Lavado de activos: condena o absolución

Ha generado controversia la emisión de la reciente Casación Nº 092-2017-Arequipa, que establece nuevos criterios jurisprudenciales sobre el delito de lavado de activos en el Perú.

14/9/2017


Edhín Campos Barranzuela

Juez Superior Titular de la Sala Penal Nacional

Esta generaría presunta impunidad y contradice el Acuerdo Plenario Nº 07-2011, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República. Para evitar criterios disímiles sobre una misma figura jurídica penal de carácter sustantivo, se ha convocado a un pleno casatorio, a fin de definir la controversia jurisprudencial.

En principio, diremos que toda discusión sobre la aplicación de una figura jurídica penal de carácter adjetiva o sustantiva es muy importante porque enriquece el debate académico, pero, por otro lado, perjudica a la judicatura, ya que se tienen dos criterios jurisprudenciales de dos salas penales supremas sobre un mismo tema y, como quiérase que las casaciones vinculan a los jueces penales sobre la materia, ahora se tienen dos posiciones que es necesario uniformar.

El blanqueo de dinero se ha convertido en una de las principales preocupaciones del Estado y, mediante su política contra el crimen, se pretende reprimir en todas sus modalidades los actos de conversión, transferencia, actos de ocultamiento y tenencia.

Diversos juristas coinciden en señalar que el delito de lavado de activos es todo acto o procedimiento realizado para dar una apariencia de legitimidad a los bienes que tienen un origen ilícito.

En tal sentido, el Decreto Legislativo Nº 1106, en su artículo 10, ha dejado establecido que dicho delito es autónomo, por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de condena.

Dichas actividades criminales son los delitos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, financiamiento al terrorismo, contra la administración pública, secuestro, proxenetismo, trata de personas, tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, delitos tributarios, extorsión, entre otras.

En tal sentido, la nueva casación establece nuevos criterios para abrir procesos por lavados de activos, entre ellos la necesidad de identificar elementos del delito fuente que habría dado origen a los fondos implicados en este delito, y además eleva el estándar probatorio del delito previo.

Por tal razón, existen dos posiciones bien marcadas que ya han originado una serie de peticiones judiciales de los señores abogados, vía tutela de derechos y de sobreseimiento para las investigaciones en curso.

Bien hace el Poder Judicial en convocar a un pleno casatorio, para que los propios jueces supremos penales titulares discutan el tema, y a partir de allí, establecer nuevos criterios jurisprudenciales, que serán de obligatorio cumplimiento, a los jueces de la República. Se corre traslado.