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Año del Buen Servicio al Ciudadano
LUNES 21

de agosto de 2017

ESTADO

Locadores en el sector público

La informalidad laboral es un problema estructural muy grave en nuestro país. Sucede, en mayor medida, en el sector privado, pero también en el público. Se da cuando una persona que presta servicios como trabajador dependiente no es reconocida como tal, pues en vez de estar en planillas es contratado vía locación de servicios (honorarios) o simplemente labora sin contrato. La consecuencia: personas que no tienen acceso a beneficios laborales (CTS, vacaciones, gratificaciones, asignaciones, etcétera) ni acceso a la seguridad social (pensiones y seguro de salud).

12/8/2017


Cristian León Vilela

Gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) acaba de publicar el informe El reto de la formalidad en el sector público peruano, en el que deja en claro que si bien la informalidad laboral es un problema presente principalmente en empresas del sector privado (55% de informalidad), no es ajeno al sector público peruano (11% de informalidad).

A partir de información de la Planilla Electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el informe de Servir señala que existen 170,000 personas que prestan servicios para el Estado peruano en condición de locadores de servicios. La modalidad de locación de servicios es un contrato civil, no laboral, regulada por el artículo 1764 del Código Civil y normas complementarias. Supone la contratación de personas para servicios específicos que deben realizarse en un plazo determinado. En consecuencia, la locación de servicios puede ser regular siempre que se trate de prestaciones autónomas; es decir, sin subordinación y de manera independiente.

Citando la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el informe de Servir calcula que de los 170,000, unos 150,000 prestarían servicios como locadores aun cuando tendrían condición de subordinados y relación de dependencia. Por tanto, serían informales en el sector público. Así, se estima que el nivel de informalidad laboral en los tres niveles de gobierno es, en promedio, de 12%; el mayor porcentaje se registra en los gobiernos locales, donde el 26% del total de trabajadores tiene dicha condición; seguido del gobierno nacional (13%) y los gobiernos regionales (6%).

La presencia irregular de locadores en el Estado se explicaría –al igual que en el caso de los CAS– por la ausencia de una debida planificación en el contexto de las restricciones de la Ley de Presupuesto para contratar personal en planilla o para contratar personal CAS en los proyectos de inversión pública. Dada la mayor flexibilidad para contratar locadores, en comparación con los trámites requeridos para contratar personal subordinado, las entidades optan indebidamente por contratar locadores.

¿Qué efectos supone en la práctica esta situación? Francisco Longo (*) realiza una caracterización de las burocracias latinoamericanas describiendo un tipo al que denomina burocracia clientelar, la cual se caracteriza por su baja autonomía y capacidad, lo que genera una alta rotación en el sector público en muchos casos, basado en criterios de confianza o afiliación partidaria.

Longo encuentra, además, una marcada correlación entre sistemas de burocracia clientelar y el desarrollo de mercados económicos y financieros, eficacia en la provisión de los sistemas de salud y Educación, entre otros. Y es que trabajar en condición de locadores o servicios de terceros hace vulnerable la relación laboral, y deviene –incluso– en que una persona termine adoptando decisiones que no comparte, solo porque su jefe –que sabe de su precaria situación laboral– “se lo pide”.

En el ámbito de los colaboradores surgen también otros problemas. La ausencia de un vínculo laboral formal impide que una persona –por su condición laboral precaria– pueda planificar su desarrollo personal y familiar. Por otro lado, al interior de las organizaciones públicas existe un conjunto de prácticas diferenciadas que afectan exclusivamente a quienes tienen condición de informalidad laboral, lo que termina acentuando aún más dicha situación y genera un círculo vicioso para las organizaciones y las personas. Es ahí que la reforma del servicio civil vuelve a tener un especial sentido para acabar con este tipo de situaciones.

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*Ver Longo, Francisco ‘La profesionalización del empleo público en América Latina. Estado de la cuestión’ en La Profesionalización del empleo público en América Latina, 2008. Editores Francisco Longo y Carles Ramió. Fundación CIDOB, Barcelona.