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Año del Buen Servicio al Ciudadano
DOMINGO 19

de noviembre de 2017

Mano dura contra la extorsión

El pleno del Congreso aprobó la iniciativa legal que sanciona con 10 años de prisión y hasta con cadena perpetua a los prestamistas ilegales que aplican intereses usureros y que, luego, utilizan la extorsión y la violencia para cobrar.

13/11/2017





Se trata de una figura delictiva, conocida popularmente como “gota a gota” y que fue introducida recientemente en el Perú, que no estaba tipificada expresamente en el Código Penal.

Esta situación generaba impunidad, pues los denunciados eran liberados rápidamente. Ahora, con estos cambios, el panorama está más claro; existe un delito y se endurecen las penas, lo que se espera que sirva para erradicar esta práctica.

El “gota a gota” es una modalidad delictiva muy conocida en Colombia y que se trasladó a otras naciones de la región como Chile, Ecuador y Perú, y consiste en prestar reducidas cantidades de dinero a pequeños comerciantes a tasas usureras de 40% a 20 días y para pagar en forma diaria.

Las víctimas son generalmente agricultores, pequeños comerciantes y personas de bajos recursos económicos, muchas veces impedidos de acceder a créditos en las entidades del sistema financiero.

Entonces, si hay retraso en el pago de estas deudas, los intereses pueden llegar hasta el 100% del principal, y aquellos que se rehúsan a pagar son golpeados y amenazados con armas de fuego, llegándose inclusive a casos de homicidio.

Según información de la Policía Nacional, se ha comprobado que en 97 ciudades del país hay presencia de prestamistas “gota a gota”, lo que empezó en el norte, entre comerciantes de Chiclayo, Piura y Trujillo; luego llegó a Lima, y posteriormente se extendió a otras ciudades del sur, e incluso de la selva.

El “negocio” se da principalmente en los mercados o en la vía pública con el reparto de volantes, en que se ofrecen préstamos de manera fácil y sin garantías, sin saber el peligro que se esconde. La Policía ha reportado que en al menos 56 casos los cobradores de estas deudas están implicados en homicidios, hurtos, lesiones personales, amenazas e intimidación a sus clientes.

También hay evidencia de que este recurso sería una manera de lavar dinero supuestamente proveniente del narcotráfico.

Es un avance que el Congreso de la República haya legislado en esta materia, pues continúa colaborando con los esfuerzos en favor de la seguridad ciudadana, y lo más importante, brinda una herramienta legal para luchar contra estos delincuentes.

Resulta oportuna también una llamada de atención a todos los peruanos, especialmente a los comerciantes y pequeños empresarios, para que no caigan en la tentación de estos préstamos fáciles, y que tomen conciencia del peligro que corren, más aún cuando ahora existen microcréditos en el sistema bancario precisamente dirigidos a estos sectores.

Esperamos que esta iniciativa legal permita encarcelar a los delincuentes y, en especial, contribuya a un cambio de la cultura de los pequeños emprendedores.