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Año del diálogo y la reconciliación nacional
DOMINGO 22

de abril de 2018

ENFOQUES

Para reformar la justicia: desafíos y alternativas

16/4/2018


Aldo Vásquez Ríos

Vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Más allá del costo intrínseco que tiene una justicia deficiente, en términos de frustración, angustia y dolor para los justiciables, puede también cuantificarse su impacto como factor limitante para el desarrollo del país. El costo directo de la corrupción, según la “Radiografía de la Corrupción en el Perú” de la Defensoría del Pueblo, alcanza al 10% del presupuesto general de la república. Ello supone, para el 2018, unos 15,000 millones de soles. El costo de la inseguridad ciudadana fue estimado por el BID, para el 2016, en más de 10,000 millones de dólares. A su vez, la existencia de un sistema judicial eficiente, capaz de garantizar plenamente el derecho de propiedad, según el FMI, podría incrementar en 5% la inversión privada, lo cual supone, ante la inacción, una pérdida de unos 6,000 millones de soles por año.

¿Cuánto de esto es imputable a la calidad de nuestro sistema de justicia? No hay estudios que nos permitan desagregar los diferentes factores intervinientes, pero es evidente que un sistema ineficiente, tardío y muchas veces penetrado por la corrupción, tiene gran responsabilidad en aquellas cifras.

Una dimensión cruel de esa misma crisis es que 36,000 de los 85,000 presos del país están en esa condición con prisión preventiva, es decir, sin sentencia, según reportes del Instituto Nacional Penitenciario. Muchos de ellos serán exculpados, pero nadie les devolverá la libertad perdida.

Las causas de la ineficiencia del sistema deben buscarse, en primer lugar, en la falta de articulación. Debe comprenderse que interviniendo un conjunto de instituciones constitucionalmente autónomas –Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, además del Ministerio de Justicia y la Policía Nacional–, que no guardan relación jerárquica entre sí, urge algún nivel de coordinación entre ellas, que permita optimizar los escasos recursos disponibles, evitar la duplicidad de roles, establecer metas comunes y desarrollar sinergias virtuosas.

Desde junio de 2017 está en el Congreso el proyecto de ley de creación del Consejo de Coordinación del Sistema de Justicia, remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente, tras su aprobación en el Acuerdo Nacional por la Justicia.

El proyecto tiene el más amplio consenso y fue prepublicado en julio de 2016. La coordinación será el mecanismo mediante el cual se podrán establecer políticas públicas en materia de justicia y, con ello, conquistar más recursos presupuestales y un uso más eficiente de los mismos. Sobre esa base prosperará la titularidad de jueces y fiscales, la interoperabilidad, el expediente electrónico, los módulos básicos de justicia, una jurisprudencia uniforme y, en definitiva, una justicia célere, confiable y previsible.