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Año del Buen Servicio al Ciudadano
LUNES 23

de octubre de 2017

Política ambiental confiable

Después de leer la entrevista a la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, el viernes pasado en El Peruano, queda claro que la defensa del medioambiente para los proyectos extractivos ya no es solo una decisión política de un gobierno, sino también de una convicción fundamentada en razones económicas, sociales y ambientales, porque es la única manera de garantizar proyectos sostenibles en el tiempo, aceptados por las poblaciones involucradas, y rentables para las empresas.

25/9/2017


Esto ha generado una arquitectura institucional en la que el Estado debe ser el facilitador de la inversión privada en energía e hidrocarburos, por hablar de dos industrias extractivas, pero garantizando el respeto al medioambiente, de acuerdo con los estándares internacionales y, sobre todo, en sintonía con intereses sociales.

Esos dos objetivos se logran, por un lado, exigiendo a las empresas la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que garantice precisamente el cuidado del ambiente y sin el cual no puede operar; perocon miras al interés social, promoviendo mecanismos de diálogo en la que se informe y asegure a la comunidad que no será afectada, o de lo contrario, la manera que será reparada. Para ello existen las mesas de diálogo de cada proyecto, y la consulta previa para las comunidades originarias.

La ministra Galarza ha dicho que el enfoque del Gobierno considera los tres elementos que mencionamos en el primer párrafo, lo que implica encontrar un adecuado balance de esos componentes, porque uno solo no genera bienestar.

Pero, además, considera que la visión del Ejecutivo apunta a generar valor en los recursos naturales, beneficiando a los pobladores de las zonas de influencia de la actividad extractiva, y para ello la dinámica de las políticas públicas tiene que basarse en la evidencia científica y técnica, no en cuestiones políticas.

También ha señalado que ahora los estudios de impacto ambiental de proyectos de gran envergadura están a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entidad que ha reducido los plazos de aprobación de dos o tres años, a seis meses, pues estos documentos ahora son más concretos, abordan la cuestión directamente, y ya no son enciclopédicos como antes.

En este punto, vale recordar que en los últimos años esta función pasó del Ministerio de Energía y Minas al Ministerio del Ambiente, precisamente al Senace, porque se pensaba que el primero, al ser promotor de las inversiones, no podía tener al mismo tiempo la fiscalización. El cambio ha sido positivo y genera confianza en el rol del Estado.

El Ministerio del Ambiente se creó el 13 de mayo del 2008, tiene apenas nueve años de existencia, pero se puede decir que va en el camino correcto de construir una regulación ambiental que genere confianza tanto a las comunidades como a los inversionistas, pero, sobre todo, que garantice un desarrollo sustentable de nuestros recursos naturales, de manera que sea un motor del crecimiento sin perjudicar a las futuras generaciones.

El Ministerio del Ambiente se creó el 13 de mayo del 2008, tiene apenas nueve años de existencia, pero se puede decir que va en el camino correcto de construir una regulación ambiental que genere confianza.