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EDITORIAL

Por un colegio seguro

La carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes.

14/6/2019


De acuerdo con la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, el profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente a la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes.

Sin embargo, lamentablemente, en los últimos años se conocieron casos de sentenciados o procesados que laboraban en las aulas escolares. Desde el año pasado, el Ministerio de Educación (Minedu) ha iniciado el despido de maestros y trabajadores administrativos, de colegios públicos y privados, con una condena o sentencia por delitos de terrorismo, violación sexual y narcotráfico.

De esa manera se está cumpliendo la Ley Nº 29988, aprobada en enero de 2013, que estableció ‘medidas extraordinarias’ de destitución del personal docente y administrativo de escuelas implicado en los delitos mencionados. En setiembre del año pasado, el Ministerio de Educación (Minedu) informó que 583 docentes y auxiliares de educación con sentencias por delitos contra la libertad sexual fueron destituidos.

No hay duda de que la protección de nuestras niñas y niños es una política de Estado prioritaria, por eso el Minedu ha aprobado diversos lineamientos para promover la convivencia escolar y prevenir la violencia en las escuelas. Entre ellos, asegurar que en las aulas escolares enseñen docentes con solvencia moral aprobada.

En marzo de este año, el Minedu y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) suscribieron un convenio de cooperación para impedir que los docentes y administrativos del sector educativo público destituidos por los delitos de violación, narcotráfico, terrorismo y apología del terrorismo laboren en el sector educativo privado.

El convenio establece que el MTPE proporciona regularmente al Minedu información sobre trabajadores del sector educativo privado registrados en la planilla electrónica con el fin de que este sector traslade al Poder Judicial, que administra la relación de los sentenciados por estos delitos, para realizar el respectivo cotejo conforme a ley.

Continuando con las medidas para garantizar que no se filtren sentenciados o procesados en el sector, el Minedu ahora podrá acceder al ‘Registro de personas condenadas y/o procesadas por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual o tráfico ilícito de drogas’, ejecutado por el Poder Judicial.

Este acuerdo entre ambos sectores se concreta en cumplimiento de la Ley N° 29988, la cual dispone que el Poder Judicial implemente el registro de personas procesadas y/o condenadas, al cual debe tener acceso directo el Ministerio de Educación. Todos los mecanismos para contar con aulas seguras están dados, solo se espera una aplicación efectiva de parte de las autoridades responsables de Educación.