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Año del Buen Servicio al Ciudadano
SÁBADO 18

de noviembre de 2017

FISCALIZACIÓN

Precisiones a la actividad auditora

Por Resolución N° 352-2017-CGR, se modificó recientemente el Manual de Auditoría de Cumplimiento, a fin de incorporar el apéndice N° 22 al Informe de Auditoría, que consiste en el documento de identificación de presunta responsabilidad administrativa funcional.

5/11/2017


Magno Collazos Miranda

Abogado

El informe deberá contener un análisis jurídico respecto a los partícipes en los hechos de la observación, el sustento de los elementos constitutivos de la infracción grave o muy grave, y los fundamentos jurídicos aplicables.

Es decir, siendo la auditoría pública una actividad administrativa de fiscalización de naturaleza especial, reconocida en el Art. 237 de la Ley N° 27444, la elaboración del informe deberá observar el principio de predictibilidad o de confianza legítima, conforme al ordenamiento jurídico vigente y respetando el principio de interdicción de la arbitrariedad.

En el mismo sentido, se deberá interpretar los fundamentos jurídicos respetando el principio de razonabilidad, atendiendo a los antecedentes administrativos.

Ahora bien, la modificatoria no señala expresamente que en este ejercicio de análisis jurídico la comisión auditora tenga que seguir los principios contenidos en las resoluciones expedidas por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).

Sin embargo, del apéndice N° 22, o modelo de documento, se aprecia en la descripción del ‘efecto’ la indicación de precisar el perjuicio económico o la afectación a la vida, salud pública, servicio público o cualquier otro bien jurídico, el cual debe ser real, señalando en la nota de pie de página N° 1, como sustento de ello, la interpretación de estos conceptos jurídicos establecidos en la Resolución N° 010-2013-CG/TSRA.

Ello nos lleva a pensar que la finalidad de la norma ha sido racionalizar los resultados de la actividad auditora, a la luz de los principios antes señalados y de la interpretación final de las infracciones administrativas y los conceptos jurídicos de atribución de estas, establecidos por el TSRA.

Esta línea de acción conducirá a convertir la actividad auditora en predecible y legítima por los administrados y la ciudadanía; además de sintonizar las técnicas y procedimientos de auditoría con los principios e interpretaciones normativas, para sustentar debidamente el informe con recomendación de presunta responsabilidad administrativa funcional.

Eso ayudará a la aplicación de sanciones legítimas tanto en el TSRA como en sede judicial.

Por último, hubiera sido interesante que el documento de análisis jurídico que sustente la responsabilidad administrativa funcional sea elaborado y suscrito únicamente por el abogado de la comisión, a fin de otorgarle autonomía técnica y funcional en este aspecto, tan relevante para el desenvolvimiento de la actividad auditora que persigue la modificatoria.