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Año del Buen Servicio al Ciudadano
DOMINGO 19

de noviembre de 2017

ENFOQUE

Procuradores no deben ser autónomos

La polémica sobre la autonomía de los procuradores ha continuado, lo que me induce a dar ciertos alcances sobre el tema.

8/11/2017


Ántero Flores-Aráoz

Expresidente del Congreso

El primero: considero que lo de la autonomía nació como respuesta hace pocos años, ante los cuestionamientos de una procuradora a la que en ese entonces era ministra de Justicia y, valga la redundancia, en justicia la cesó debido a que los procuradores deben seguir las instrucciones que les da el Estado, por medio de sus representantes.

El segundo: la probable confusión de quienes creyeron que los fiscales de Estados Unidos, conocidos como procuradores, son los procuradores públicos que para defender al Estado utiliza nuestro sistema jurídico. El término es el mismo, pero las funciones no, pues una cosa son los fiscales como titulares de la acción penal, y otra muy distinta los procuradores, que son abogados que defienden al Estado en cualquier proceso legal, sea administrativo, judicial, constitucional e incluso ante el fuero supranacional, como es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El tercero: la naturaleza del cargo de procuradores, que son abogados que defienden los intereses del Estado, sea como accionantes o demandantes, como también demandados. Tal naturaleza de abogados en procedimientos, sobre todo jurisdiccionales, nace de la Constitución, la cual, en su artículo 47, determina que “la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley”.

No se trata de abogados opinantes en temas gubernamentales y administrativos, ni tampoco dan consejos a sus superiores, o proyectan decretos y resoluciones. Se trata de abogados que defienden, y ¿dónde defienden? En los estrados judiciales principalmente. Se trata, pues, de abogados generalmente litigantes.

El cuarto: abona en nuestra tesis, contraria a la autonomía, lo establecido en el Código de Ética del Abogado, aprobado para todos los abogados, los que son del sector privado o del público. Genéricamente, tal código (artículo 14) dispone que “el abogado debe actuar atendiendo estrictamente a las instrucciones del cliente: no actuará en un asunto sino por voluntad expresa del cliente y de acuerdo con el encargo encomendado”. Agrega la norma ética: “El abogado no debe contrariar la voluntad del cliente, aun cuando crea que ello sería lo más adecuado para la defensa del interés del cliente”.

¿Quién es el cliente de los procuradores? El Estado, que los ha contratado, y que están a su servicio; ergo, deben cumplir con sus instrucciones y no irse por “la libre”, como si gozaran de independencia y autonomía. No, señor, no las tienen, deben cumplir la ley y las órdenes que reciben, sin discrecionalidad alguna.

De lo señalado, es más claro que el agua que los procuradores, como defensores del Estado, están a su servicio y deben recibir y cumplir sus instrucciones dentro de la ley. ¿Qué debe hacerse? Ni pensar en elevar a categoría constitucional la autonomía indebidamente otorgada por el Decreto Legislativo N°1306, el que debe derogarse.