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Año del Buen Servicio al Ciudadano
SÁBADO 18

de noviembre de 2017

Proteger la democracia

Estamos ante una buena ley que ayuda a elegir mejores autoridades en los comicios regionales y municipales del 2018, limpias de antecedentes penales y, preferentemente, con capacidades.

4/11/2017


Una buena manera de consolidar una democracia es limpiarla de todos aquellos elementos que retan su autoridad moral de poder emanado del pueblo, o que contradicen sus ideales de libertad, paz, honestidad e igualdad de oportunidades para sus ciudadanos.


El preámbulo viene a cuenta a propósito de la decisión del Congreso de aprobar el proyecto de ley que prohíbe de forma permanente que los condenados con sentencias firmes por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, delitos contra la libertad sexual y corrupción postulen a cargos de elección popular.

La democracia no tiene por qué ser ingenua, sino que debe contar con mecanismos de defensa para identificar y protegerse de sus enemigos. El proyecto va en esa dirección, y tenemos que saludarlo.

Otra consecuencia de la norma es que propiciará una mejor calidad de los candidatos que se presenten a un proceso electoral. Se trata de un filtro obligatorio que tendrán que aplicar los partidos al momento de seleccionar a sus postulantes, lo que nos acerca, sin duda, a ese estado que repetimos en cada elección, la necesidad de tener un voto informado.

No es el primer caso, además, en que el Estado impone restricciones a la participación de sentenciados que han cumplido sus condenas. Los terroristas, por ejemplo, no puede enseñar en las escuelas, mientras que en los temas de corrupción se aprobó la muerte civil para los condenados, lo que incluye no trabajar para el sector público.

Si bien, al principio, el proyecto presentado por Fuerza Popular solo incluyó los delitos de terrorismo y apología del terrorismo, hay que destacar la capacidad de entendimiento de las fuerzas políticas para incluir los otros ilícitos mencionados.

¿Con qué autoridad moral puede alguien ser representante del pueblo si ha tenido una condena por terrorismo, corrupción, narcotráfico o, peor, delitos contra la libertad sexual? Esto, que queda totalmente descartado en otras naciones, lamentablemente sucede en nuestro país porque los partidos no eligen bien a sus candidatos, a pesar de reconocer avances como la hoja de vida o el sistema de consulta del Jurado Nacional de Elecciones.

El proyecto, sin embargo, presenta una excepción que sería necesario fundamentar: la prohibición para postular a cargos de elección popular no se aplica a aquellos que hayan recibido el indulto razonado o especial de la autoridad política. El indultado es tan culpable como el condenado que ha cumplido su sentencia porque esa figura es un perdón de la pena por el delito cometido, no una exculpación, de tal manera que no se entiende el argumento de esta excepción, que motivó incluso el voto en contra de la bancada aprista.

En conclusión, estamos ante una buena ley que ayuda a elegir mejores autoridades en los comicios regionales y municipales del 2018, por lo menos limpias de antecedentes penales y, preferentemente, con las mejores capacidades profesionales.