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Año del diálogo y la reconciliación nacional
DOMINGO 24

de junio de 2018

Solo para democracias

Esta semana, el Gobierno del Perú tomó la firme decisión de retirar la invitación al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que asista a la VIII Cumbre de las Américas, que se desarrollará el 13 y 14 de abril en Lima. La medida, que es respaldada por los países que integran el Grupo de Lima, tiene un amplio sustento en el derecho internacional y en la defensa de la democracia, uno de los principales pilares de nuestra política exterior.

18/2/2018


La iniciativa del Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski se sustenta en la Declaración de Quebec, firmada por todas las naciones del hemisferio, incluida Venezuela; la grosera manipulación oficial del calendario electoral para favorecer al candidato Maduro; y la sistemática violación a los elementales principios de la democracia y los derechos humanos.

En el 2001, el hemisferio había enfrentado algunas experiencias de fallidos golpes de Estado y otros casos de degradación de gobiernos electos democráticamente hasta convertirse en regímenes autoritarios. La preocupación era si ese tipo de presidentes podía asistir a las cumbres. Si por naturaleza esos encuentros son mecanismos diplomáticos que acercan a los jefes de Estado para defender valores en común como la democracia, sería un contrasentido compartir con un régimen que se alejó del Estado de derecho.

“El mantenimiento y fortalecimiento del Estado de derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en esta y en futuras cumbres”, señala la declaración. Y añade: “En consecuencia, cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”.

Venezuela se alejó de la democracia hace tiempo, pero la arbitraria convocatoria a elecciones anticipadas por una Asamblea Constituyente, manejada por un cuestionado Consejo Nacional Electoral (CNE), terminó por dirigir a su país a un camino de no retorno. El gobierno de Maduro no acepta verdaderos veedores internacionales para supervisar los comicios. El CNE ni se preocupa en mostrar imparcialidad ante un régimen que hace abierta propaganda política con el dinero de todos los venezolanos.

En el campo de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de dicha área presentó el documento Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela, que detalla un serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y el aumento de la crisis durante la gestión de Maduro. Mientras que la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional abrió una investigación preliminar sobre crímenes de lesa humanidad durante las protestas del 2017.

Esperemos que el gobernante Nicolás Maduro entienda, por las razones señaladas, que su presencia no es bienvenida y que la mayoría de peruanos y países de la región se solidariza con el sufrimiento del hermano pueblo venezolano.