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EDITORIAL

Una decisión necesaria

Mirando al bicentenario resulta necesario garantizar el cumplimiento de las sentencias y resoluciones judiciales que reconozcan el goce de los derechos previsionales en el plazo más breve.

15/4/2019


Un paso adelante en el aseguramiento de los derechos pensionarios se dio en el país días atrás, al facultarse a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para que reduzca los procesos con los jubilados, y que permitirá el reconocimiento de sus demandas a un importante número de personas que esperan una decisión y cuyos juicios calificarían para que sean allanables.

La norma aprobada faculta a la ONP a conciliar, desistir, transigir o allanarse en los procesos judiciales en materia previsional dentro del sistema público. Con ello se espera reducir el tiempo que demanda este tipo de procesos judiciales, los cuales son efectuados por los jubilados para obtener su pensión.

Según reportes de la ONP, se estima en 53,559 los procesos judiciales que mantiene el Estado peruano con pensionistas y jubilados del D. Ley 19990, esto involucra a más o menos a 12,592 adultos mayores que pugnan judicialmente para obtener una pensión de jubilación mensual.

De acuerdo con la norma, los pagos efectuados que se generen como consecuencia de su aplicación se harán efectivos conforme a la legislación vigente, en tanto detalla que una vez presentado el allanamiento por parte de la ONP, este es aprobado de manera automática, sin más trámite judicial.

La ONP, de esta forma, tiene expedito el camino para allanarse en los procesos judiciales que se encuentren actualmente en trámite y los que se inicien a partir de la vigencia de esta ley. Para ello se precisa criterios, como el cálculo de la remuneración de referencia, es decir, el promedio de las remuneraciones o ingresos asegurables mensuales efectivos percibidos, por lo que no se considerarán los períodos no laborados.

También los aportes facultativos abonados con posterioridad al cumplimiento de requisitos para la obtención del derecho a una pensión, así como la aplicación del artículo 6 de la Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros.

La ONP, asimismo, se allanará al reconocimiento de aportes como empleados anteriores a octubre de 1962, a las pensiones devengadas, a la bonificación complementaria del 20% del Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares (FEJEP), así como a la acreditación de aportes.

De forma complementaria, por su parte, el ente previsional viene efectuando la revisión de los expedientes que son materia de procesos judiciales pendientes a fin buscar una solución conciliada con los demandantes.

Un aspecto para resaltar es que se han priorizado los expedientes referidos al reconocimiento del derecho a pensión. De esa manera, se busca reducir la dilación en los tiempos y que los pensionistas tengan una pronta resolución. Asimismo, se realizará un seguimiento permanente de los procesos judiciales terminados para la gestión de archivamiento definitivo de estos en el Poder Judicial.

En definitiva, con esta decisión se busca acabar con la demora o retardo en el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que reconocen a los derechos pensionarios, y terminar así con los casos que puedan implicar la vulneración del derecho a la seguridad social y tutela jurisdiccional efectiva por parte de la ONP.

Mirando al bicentenario resulta necesario garantizar el cumplimiento de las sentencias y resoluciones judiciales que reconozcan el goce de los derechos previsionales en el plazo más breve.