El proceso especial de colaboración eficaz

Solicitud

Conforme al artículo 472 del CPP, el fiscal está facultado para promover o recibir solicitudes de colaboración eficaz de personas jurídicas, estén sometidas o no a un proceso penal. Bajo este presupuesto, el fiscal está habilitado para iniciar el proceso de colaboración, y, si corresponde, en su momento suscribir con el representante de la persona jurídica el acuerdo de beneficios y colaboración.

En atención a la naturaleza de la persona jurídica –aun cuando la norma no lo precise–, es evidente que la solicitud deberá ser formulada por un representante de la persona jurídica con facultades especiales para instar el acogimiento de esta a este proceso especial, máxime si se tienen en cuenta los efectos que se pueden derivar para el normal desarrollo de sus actividades económicas y las graves secuelas en el ámbito laboral. Considero que el representante que se designe no puede estar involucrado en las actividades delictivas que vinculan a la persona jurídica, pues, si –dentro del proceso común– el artículo 92 del CPP prohíbe que se designe como apoderado judicial a la persona natural que se encuentre imputada por los mismos hechos, mutatis mutandi lo mismo debe ocurrir en el supuesto de que una persona jurídica pretenda acogerse a un proceso de colaboración eficaz.

El artículo 473 del CPP regula la posibilidad de que se apliquen medidas de aseguramiento personal, coerción y de protección a favor de los colaboradores, posibilidad que se extiende también a representantes, socios e integrantes de las personas jurídicas, cuando corresponda.

Delitos objeto de acuerdo

El ámbito de aplicación del proceso de colaboración eficaz a las personas jurídicas, se limita, según la modificación del artículo 474 literal d) del CPP, a los siguientes delitos:

a) Delitos contra la administración pública previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal (CP). El legislador ha abarcado casi la totalidad de delitos contra la administración pública; sin embargo, el proceso de colaboración eficaz al que se sometan las personas jurídicas jugará un importante papel en los casos de macrocorrupción que se presentan en nuestro país, en los que con frecuencia se investigan actos de concusión, colusión, peculado, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito. De otro lado, advertimos un problema de técnica legislativa al incluir dentro de este grupo a delitos que también están comprendidos en el artículo 1 de la Ley N° 30424.

b) Delitos comprendidos en el artículo 1 de la Ley N° 30424 modificado por el Decreto Legislativo N° 1352. Esta ley regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas [1], que resulta aplicable a los delitos de cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional y cohecho activo específico, previstos en los artículos 397, 397-A y 398 del CP, respectivamente, así como los delitos de lavado de activos previstos en los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo N° 1106 (actos de conversión y transferencia; de ocultamiento y tenencia; y de transporte, traslado, ingreso o salida de dinero o títulos valores de origen ilícito), y el delito de financiamiento del terrorismo previsto en el artículo 4-A del Decreto Ley N° 25475.

Beneficios

Las personas jurídicas que se acogen a este proceso especial pueden obtener una serie de beneficios premiales, los cuales van a depender del grado de eficacia o importancia de la información proporcionada. Según el artículo 475 del CPP, los beneficios pueden ser los siguientes: i) exención de las medidas administrativas prescritas en el artículo 5 de la Ley N° 30424 –multa; inhabilitación temporal [que comprende a la suspensión de actividades sociales, prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza] y definitiva [prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza, y prohibición para contratar con el Estado]; cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales; clausura de sus locales o establecimientos; y disolución–, ii) disminución por debajo de los parámetros mínimos establecidos (para el caso de las medidas temporales) [2], iii) remisión de la medida de la persona jurídica que la está cumpliendo, y iv) los beneficios establecidos en las normas especiales que lo regulan.

Conforme al artículo 478 del CPP, si la colaboración de la persona jurídica se produce con posterioridad a la sentencia, el juez podrá conceder la remisión de la medida administrativa impuesta o la conversión de cualquier medida por multa; sin embargo, en ningún caso aplicará dichos beneficios cuando la medida impuesta sea la inhabilitación definitiva para contratar con el Estado o la disolución.

Si la persona jurídica no cumple con las obligaciones impuestas como parte del acuerdo de colaboración aprobado judicialmente, a pedido del fiscal se procederá a la revocación de los beneficios que hubiera obtenido (artículo 480 del CPP).

La primera disposición complementaria transitoria de la Ley N° 30737 permite la aplicación del proceso especial de colaboración eficaz a las personas o entes jurídicos pasibles de imponérseles las consecuencias accesorias del Capítulo II, del Título VI del Libro Primero del CP [3] por la comisión de los delitos previstos en la citada ley, cometidos con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 30424, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1352 [4].