LA URGENCIA POR UNA FORMACIÓN TÉCNICA Y NEUTRAL DE LOS ABOGADOS
Educación legal y crisis institucional en el Perú
GORKI GONZALES MANTILLA
Doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa (Italia). Profesor principal de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional en la PUCP.
El descuido en el que se encuentra la educación legal en las universidades es uno de los factores de la crisis institucional que se cierne sobre el país. Los jueces, fiscales, procuradores, árbitros y abogados, cuestionados por sus prácticas corruptas y sus vínculos con organizaciones criminales, se formaron como profesionales en las facultades de Derecho, donde muchos de ellos han ejercido la docencia y quizá lo siguen haciendo en la actualidad.
Se trata de una enorme cortina de cinismo, hábilmente tejida mediante la cultura legal que se articula desde las facultades de Derecho y se proyecta en la práctica cotidiana de los abogados. Una cultura legal que ha permitido justificar, como se ha visto, la corrupción y el fraude, bajo el argumento del carácter técnico de la profesión legal.
La práctica legal está definida por los intereses concretos que los abogados defienden y en las facultades de Derecho se aprende el uso de las herramientas básicas para ese propósito. En las facultades se enseñan los conceptos, procedimientos y las convicciones que dan vida a la práctica legal, útil para cualquier finalidad. Esta visión es una pieza clave en la formación legal, pues retorna a las facultades mediante diversas fuentes, entre ellas el discurso de los profesores, para engrosar la “materia gris” de lo que se enseña en Derecho.
La fragmentación
La carrera de Derecho es la más poblada del país y, por su dimensión, la precariedad del sistema universitario cobra enorme relevancia, incluso más allá de los claustros.
En efecto, el incremento de las matrículas en las facultades de derecho en general, pero sobre todo en el caso de las universidades con fines de lucro, no responde a criterios que se justifiquen en la demanda laboral. Quizá el número de postulantes y la relación que existe con el número de ingresantes a estas facultades es un indicador elocuente de lo que ocurre, pues prácticamente ingresan todos los que postulan o, mejor dicho, el examen de admisión no es más que un trámite.
Existen noticias sobre la práctica de algunas universidades con fines de lucro, que el mismo día del examen de ingreso colocan mesas con publicidad en las zonas aledañas a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y que ofrecen “pases” o la habilitación para ser considerados ingresantes a quienes únicamente han cumplido con rendir el examen de admisión a San Marcos.
Hablamos de un número de estudiantes enorme comparado con el de otras carreras universitarias.
De acuerdo con cifras oficiales, para el 2015 se identificaron 127,982 alumnos matriculados en las facultades de Derecho del país. Las universidades públicas concentran el 11.33%, es decir, 14,500 alumnos, mientras que en las universidades privadas los alumnos matriculados ascienden a 113,482. En este extremo, 44,399 alumnos corresponden a las universidades societarias (con fines de lucro) y 69,083 a las privadas asociativas. Esta población representa aproximadamente la décima parte del universo de estudiantes universitarios que, para el mismo 2015, sobrepasaba el millón de matriculados.
En realidad, las facultades de derecho con fines de lucro han crecido vertiginosamente, sin controles mínimos sobre la idoneidad de la formación que brindan y sin considerar para nada la relación entre el número de alumnos que captan y la demanda del mercado laboral. Este es otro de los rasgos que define la fragmentación de la enseñanza del derecho en el país y que adquiere matices propios, pues se relaciona con la precariedad de los espacios donde los egresados de derecho laboran. Recordemos que la subocupación es un problema sumamente complejo en este caso y se refleja con énfasis diferentes dependiendo de la universidad de procedencia.
Medible por sus utilidades
Al final de todo, las facultades terminan concentrando un poder enorme, pero sus autoridades, profesores y abogados en general lo niegan o no son plenamente conscientes de ello. Esa es la grieta que han aprovechado principalmente los últimos para convertir a la profesión legal en un simple negocio, medible sobre todo por sus utilidades.
El contexto ha sido propicio para todo esto. Aunque el problema tiene antigua data, el modelo de desregulación creado mediante el Decreto Legislativo N° 882 de 1996 precipitó el deterioro del sistema universitario y la crisis de las facultades de derecho. Se abrió paso, entonces, la idea de convertir la educación legal en un negocio, que sustituye el valor del conocimiento. Se crearon facultades de derecho bajo regímenes empresariales en medio de una débil estructura institucional universitaria. El modelo naciente respondía a la medida de las necesidades de una oleada privatizadora que ofrecía el mercado como realización de la “tierra prometida”.
Sin embargo, el mercado nunca sería capaz de hacer que las facultades de derecho cumplan los fines propios de la educación legal. Los intereses concretos de los empresarios y propietarios de las universidades sobrepasaron cualquier amague de “autorregulación”, o esta sencillamente no se produjo. El efecto de tal estado de cosas ha servido para crear y profundizar las brechas sociales y culturales del país.
En efecto, la educación legal se ha convertido en un espacio marcado también por las diferencias sociales y económicas que nos definen como país. La profesión legal se ha fragmentado no solo por su grado de especialización. Junto a las facultades de derecho existentes antes de 1996, el modelo de desregulación hizo posible la aparición de otras sin preocupación ni espacio alguno para la investigación, sobrepobladas, sin infraestructura idónea, con profesores sin trayectoria ni vocación académica, con sueldos irrisorios. Esta realidad se hizo dantesca y vergonzosa en extremo en el caso de los estudios de posgrado. Se buscaba aprovechar de la demanda que existe en torno a la imagen de poder social y económico que proyecta la profesión legal para beneficio de los propietarios de estas universidades, no para mejorar los estándares de la educación superior ni para mejorar la cultura jurídica del país.
SE JUSTIFICA LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO PARA EL DESEMPEÑO DE LA PROFESIÓN LEGAL QUE, DESDE EL MINISTERIO DE JUSTICIA, CONTROLE EL ACCESO AL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN LEGAL Y SUPERVISE EL BUEN DESEMPEÑO DE LA EDUCACIÓN LEGAL. SE DEBERÍAN ESTABLECER MÍNIMOS EXIGIBLES QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA.
La precariedad de este escenario no fue objeto de crítica de los colegios de abogados. Y en algunos casos, hubo el auspicio de ciertos sectores de los segmentos más “altos” de la profesión. Desde estos predios ideologizados, y detrás de la expresión “salvo el mercado, todo es ilusión”, se sentía que aquella era una oportunidad para ellos mismos. Así se explica, en parte, el origen social y universitario de los abogados cuestionados por sus vínculos con las ramificaciones de la operación Lava Jato.
El carácter que define la crisis de la profesión legal, así como el impacto institucional que esta produce, impide que pueda ser enfrentada con reformas cosméticas. Es necesario propiciar un cambio cultural tan profundo como la crisis misma, lo cual implica reconocer el rol político que cumplen las facultades de derecho, su influencia en la configuración del sistema legal e institucional y, por lo tanto, sobre la democracia.
Con esta premisa, se justifica la creación de un órgano para el desempeño de la profesión legal que, desde el Ministerio de Justicia, controle el acceso al ejercicio de la profesión legal y supervise el buen desempeño de la educación legal. Se deberían establecer mínimos exigibles que permitan optimizar la calidad de la enseñanza. Esta instancia debería contar con la presencia de algún representante de los colegios de abogados y miembros de la comunidad académica del derecho, además de la participación de representantes de la Sunedu.
La presión ejercida por los estándares de esta institución debe producir un efecto hacia el interior de las facultades de derecho. Debe servir para que los profesores se comprometan a transformar las bases teóricas del Derecho, ahí donde se privilegian las formas, los textos legales como verdades en sí mismas o los conceptos como dogmática sagrada. Es necesario cambiar el sistema curricular y superar la brecha entre lo que se enseña y las demandas de la realidad. Todas las especialidades están afectadas por esta perspectiva gracias al formalismo y a la ausencia de crítica en el estudio.
Hoy más que antes es necesario mejorar y desarrollar, con un sentido práctico, los estándares éticos que delimiten el papel que los profesores cumplen en el ámbito de su ejercicio profesional, más allá de la docencia. El punto de partida para esto implica tomar conciencia del carácter político de la profesión legal. Este rasgo se hace mucho más nítido debido a las relaciones y vínculos que establecen con base en su autoridad académica. Y, sin duda alguna, es abiertamente sensible cuando se trata del ejercicio de la abogacía por su impacto en la configuración del sistema legal y en las instituciones de la democracia.
Transformar la enseñanza del Derecho y cambiar la cultura jurídica para mejorar nuestras instituciones y la democracia. Esa es la reforma que se debería emprender para enfrentar la corrupción y superar las injusticias y desigualdades que nos impiden ser un país con futuro.◗
