AÑO DE  LA LUCHA  CONTRA  LA  CORRUPCIÓN  Y LA  IMPUNIDAD
Domingo  22 de setiembre  de  2019
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Remite  texto  del  “Convenio  sobre  la
Ciberdelincuencia” y las  declaraciones
y reservas formuladas por la República
del Perú al mencionado Convenio.
Serie de Tratados Europeos - N° 185
CONVENIO SOBRE
LA CIBERDELINCUENCIA
Budapest, 23.XI.2001
SEPARATA ESPECIAL
2
NORMAS LEGALES
El Peruano
Domingo 22 de setiembre de 2019 /
CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA
Serie de Tratados Europeos  - N° 185
Budapest, 23.XI.2001
Preámbulo
las  peores formas  de trabajo  infantil  de la  Organización
Internacional del Trabajo (1999);
Los Estados  miembros  del Consejo  de Europa  y los
demás Estados signatarios del presente Convenio,
Teniendo   en  cuenta   los   convenios  existentes   del
Consejo de  Europa sobre cooperación  en materia  penal,
así  como  otros  tratados  similares  celebrados  entre  los
Estados miembros del Consejo de Europa y otros Estados,
y  subrayando  que  el  objeto  del  presente  Convenio  es
completar dichos  Convenios con  el ?n de  incrementar la
e?cacia de  las investigaciones  y procedimientos  penales
relativos a  los delitos  relacionados con  sistemas y datos
informáticos,  así como  permitir la  obtención  de pruebas
electrónicas de los delitos;
Considerando que  el objetivo  del Consejo de  Europa
es lograr una unión más estrecha entre sus miembros;
Reconociendo el interés de  intensi?car la cooperación
con los otros Estados Partes en el presente Convenio;
Convencidos de la  necesidad de aplicar,  con carácter
prioritario, una política penal común con objeto de proteger
a la  sociedad frente  a la  ciberdelincuencia,  en particular
mediante  la adopción  de  una legislación  adecuada  y la
mejora de la cooperación internacional;
Congratulándose de las recientes iniciativas destinadas
a mejorar el entendimiento y la cooperación INTERNACIONALES
en  la   lucha   contra  la   delincuencia  cibernética,   y  en
particular  las   acciones  organizadas   por  las   Naciones
Unidas, la OCDE, la Unión Europea y el G8;
Conscientes  de  los  profundos   cambios  provocados
por  la  digitalización,  la  convergencia  y  la  globalización
continuas de las redes informáticas;
Recordando  las   Recomendaciones   del  Comité   de
Ministros  nº  R  (85)  10 relativa  a  la  aplicación  práctica
del Convenio  Europeo  de Asistencia  Judicial en  Materia
Penal en  relación  con las  comisiones rogatorias  para  la
vigilancia  de las  telecomunicaciones,  nº R  (88)  2  sobre
medidas  encaminadas   a  luchar  contra  la   piratería  en
materia de  propiedad intelectual  y derechos  a?nes, nº  R
(87) 15 relativa a la regulación de la utilización de datos de
personales por  la policía, nº  R (95) 4 sobre  la protección
de los  datos personales en  el ámbito  de los servicios  de
telecomunicaciones, con especial referencia a los servicios
telefónicos, nº R  (89) 9 sobre la  delincuencia relacionada
con la informática, que ofrece a los legisladores nacionales
directrices para  de?nir ciertos delitos informáticos,  y nº R
(95) 13  relativa a  los problemas  de  procedimiento penal
vinculados a la tecnología de la información;
Preocupados por el riesgo de que las redes informáticas
y  la  información  electrónica  sean  utilizadas  igualmente
para  cometer  delitos  y  de  que  las  pruebas relativas  a
dichos delitos sean almacenadas y transmitidas por medio
de dichas redes;
Reconociendo   la  necesidad   de  cooperación   entre
los  Estados  y  el  sector  privado  en   la  lucha  contra  la
ciberdelincuencia, así  como la necesidad  de proteger los
intereses legítimos  en la utilización  y el desarrollo  de las
tecnologías de la información;
Estimando
que
la
lucha
efectiva
contra
la
ciberdelincuencia requiere  una cooperación  internacional
reforzada, rápida y e?caz en materia penal;
Teniendo  presente la  Resolución nº  1,  adoptada por
los Ministros de Justicia europeos, en  su XXI Conferencia
(Praga, 10  y 11  de junio  de 1997),  que recomendaba  al
Comité de Ministros apoyar las actividades en relación con
la  ciberdelincuencia organizadas  por el  Comité  Europeo
para Problemas Criminales (CDPC) con el ?n de aproximar
las legislaciones penales nacionales y permitir la utilización
de medios de investigación e?caces en  materia de delitos
informáticos,  así como  la Resolución  nº  3, adoptada  en
la  XXIII  Conferencia  de  Ministros  de Justicia  europeos
(Londres, 8  y  9 de  junio de  2000),  que exhortaba  a las
partes  negociadoras   a  persistir  en   sus  esfuerzos  por
encontrar   soluciones  que   permitan  al   mayor   número
posible de Estados ser partes en el Convenio, y reconocía
la necesidad de disponer de un mecanismo rápido y e?caz
de cooperación  internacional que  tenga debidamente  en
cuenta  las exigencias  especí?cas  de  la  lucha contra  la
ciberdelincuencia;
Convencidos
de   que    el   presente    Convenio   es
necesario para  prevenir los actos  que pongan  en peligro
la  con?dencialidad,  la  integridad  y  la  disponibilidad  de
los  sistemas,  redes  y  datos  informáticos,  así   como  el
abuso  de dichos  sistemas,  redes  y datos,  garantizando
la  tipi?cación como  delito  de  dichos actos,  tal  como se
de?nen en el presente Convenio, y la asunción de poderes
su?cientes para luchar  e?cazmente contra dichos  delitos,
facilitando  su  detección,  investigación  y  sanción,  tanto
a   nivel  nacional   como   internacional,  y   estableciendo
disposiciones  materiales  que permitan  una  cooperación
internacional rápida y ?able;
Teniendo   presente  la   necesidad   de   garantizar  el
debido  equilibrio entre  los  intereses  de  la acción  penal
y  el  respeto  de  los  derechos  humanos  fundamentales
consagrados  en   el  Convenio  del   Consejo  de   Europa
para  la Protección  de  los  Derechos  Humanos y  de  las
Libertades Fundamentales  (1950), el  Pacto Internacional
de Derechos  Civiles  y Políticos  de las  Naciones  Unidas
Teniendo   asimismo  en   cuenta   el  plan   de  acción
adoptado  por  los  Jefes  de  Estado   y  de  Gobierno  del
Consejo de  Europa, con ocasión de  su segunda Cumbre
(Estrasburgo, 10 y  11 de octubre  de 1997) con  objeto de
encontrar  respuestas comunes  ante el  desarrollo  de las
nuevas  tecnologías  de  la  información,  basadas  en  las
normas y los valores del Consejo de Europa,
(1966)
y  otros   tratados    INTERNACIONALES   aplicables   en
materia de  derechos humanos, que  rea?rman el derecho
a defender  la propia opinión  sin interferencia,  el derecho
a la  libertad de  expresión, incluida  la libertad  de buscar,
obtener y  comunicar información  e ideas de  toda índole,
sin consideración  de fronteras, así como  el respeto de  la
vida privada;
Han convenido en lo siguiente:
Capítulo I – Terminología
Conscientes  igualmente del  derecho  a  la protección
de los datos  personales, tal como se de?ne,  por ejemplo,
en el  Convenio de  1981  del Consejo  de Europa  para la
protección  de las  personas  con  respecto  al tratamiento
informatizado de datos personales;
Artículo 1 – De?niciones
A los efectos del presente Convenio:
Teniendo presentes la Convención sobre los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas (1989) y el Convenio sobre
a.por"sistemainformático"seentenderátododispositivo
aislado   o  conjunto   de   dispositivos  interconectados   o
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NORMAS LEGALES
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relacionados entre sí, cuya función, o  la de alguno de sus
elementos, sea  el tratamiento  automatizado de  datos en
ejecución de un programa;
en su derecho interno la comisión deliberada e ilegítima de
los siguientes actos:
b.
por
"datos
informáticos"
se
entenderá
toda
a. la  producción, venta, obtención  para su utilización,
importación, difusión u otra forma de  puesta a disposición
de:
representación
de
hechos,
información
o
conceptos
expresados de cualquier forma que se preste a tratamiento
informático, incluidos  los programas  diseñados para  que
un sistema informático ejecute una función;
i.
cualquier
dispositivo,
incluido
un
programa
informático,  concebido  o  adaptado  principalmente  para
la comisión  de cualquiera  de los  delitos previstos  en los
artículos 2 a 5 del presente Convenio;
c. por "proveedor de servicios" se entenderá:
i.  toda  entidad  pública o  privada  que  ofrezca  a  los
usuarios  de sus  servicios  la posibilidad  de  comunicar a
través de un sistema informático, y
ii. cualquier otra entidad que procese o almacene datos
informáticos para  dicho servicio  de comunicación  o para
los usuarios del mismo;
ii.
una   contraseña,   código    de   acceso   o    datos
informáticos  similares  que   permitan  acceder  a  todo  o
parte  de  un  sistema  informático,  con  intención de  que
sean  utilizados  para  cometer  cualquiera  de  los  delitos
contemplados en los artículos 2 a 5; y
d. por "datos relativos al trá?co" se entenderá todos los
datos relativos  a  una comunicación  realizada por  medio
de un  sistema informático,  generados por este  último en
tanto que elemento de  la cadena de comunicación, y  que
indiquen  el origen,  el  destino, la  ruta, la  hora,  la fecha,
el tamaño  y la  duración de  la comunicación  o el  tipo de
servicio subyacente.
b.
la
posesión
de
alguno
de
los
elementos
contemplados  en los  incisos  i) o  ii)  del  apartado a)  del
presente artículo con intención de que sean utilizados para
cometer cualquiera de los delitos previstos en los artículos
2 a  5. Las Partes  podrán exigir  en su derecho  interno la
posesión de un número determinado de dichos elementos
para que se considere que existe responsabilidad penal.
Capítulo II – Medidas que deberán adoptarse a nivel
nacional
2. No  se interpretará que  el presente  artículo impone
responsabilidad
penal   cuando   la   producción,    venta,
obtención   para  la   utilización,   importación,   difusión  o
cualquier otra forma  de puesta a disposición  mencionada
en el párrafo 1 del presente artículo no tenga por objeto la
comisión de  uno de  los delitos  previstos de conformidad
con los artículos 2 a 5  del presente Convenio, como en el
caso de las pruebas  autorizadas o de la protección de  un
sistema informático.
3. Las Partes podrán reservarse el derecho a no aplicar
el  párrafo  1   del  presente  artículo,  siempre  que   dicha
reserva no  afecte a  la venta,  distribución o  cualesquiera
Sección 1 – Derecho penal sustantivo
Título 1 – Delitos contra la con?dencialidad,
la integridad y la disponibilidad de los datos
y sistemas informáticos
Artículo 2 – Acceso ilícito
Cada  Parte  adoptará  las  medidas  legislativas  y  de
otro tipo que resulten necesarias para tipi?car  como delito     otras  formas  de puesta  a  disposición  de los  elementos
en su  derecho interno  el acceso deliberado  e ilegítimo  a
todo o parte de un sistema informático. Las Partes podrán
exigir  que  el  delito se  cometa  infringiendo  medidas  de
seguridad, con la  intención de obtener datos  informáticos
u  otra intención  delictiva,  o  en relación  con  un sistema
informático conectado a otro sistema informático.
mencionados en el inciso 1 a) ii) del presente artículo.
Título 2 – delitos informáticos
Artículo 7 – Falsi?cación informática
Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro
tipo que  resulten necesarias para  tipi?car como delito  en
su derecho  interno  la introducción,  alteración, borrado  o
supresión deliberados  e  ilegítimos de  datos informáticos
que  genere   datos  no   auténticos  con   la  intención  de
que  sean  tomados o  utilizados  a  efectos  legales como
auténticos,  con  independencia  de   que  los  datos  sean
legibles  e  inteligibles  directamente.  Las  Partes   podrán
exigir que  exista  una intención  dolosa o  delictiva similar
para que se considere que existe responsabilidad penal.
Artículo 3 – Interceptación ilícita
Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro
tipo que resulten necesarias para tipi?car como delito en su
derecho interno la interceptación deliberada e ilegítima por
medios  técnicos de  datos informáticos  en  transmisiones
no públicas dirigidas  a un sistema informático,  originadas
en un sistema informático o efectuadas dentro  del mismo,
incluidas  las  emisiones  electromagnéticas  provenientes
de  un  sistema  informático  que  transporte dichos  datos
informáticos.  Las  Partes  podrán  exigir que  el  delito  se
cometa con intención delictiva o en relación con un sistema
informático conectado a otro sistema informático.
Artículo 8 – Fraude informático
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro
tipo que  resulten necesarias para  tipi?car como delito  en
su derecho interno  los actos deliberados e  ilegítimos que
causen perjuicio patrimonial a otra persona mediante:
Artículo 4 – Ataques a la integridad de los datos
1.
Cada Parte  adoptará las medidas  legislativas y  de
otro tipo que resulten necesarias para tipi?car  como delito
en su derecho interno todo acto deliberado e ilegítimo que
dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos.
a. la  introducción, alteración,  borrado o  supresión de
datos informáticos;
b. cualquier  interferencia en  el funcionamiento  de un
sistema informático, con la intención, dolosa o delictiva, de
obtener de  forma  ilegítima un  bene?cio económico  para
uno mismo o para otra persona.
2.
Las  Partes podrán  reservarse  el derecho  a  exigir
que los  actos de?nidos en  el párrafo 1  comporten daños
graves.
Artículo 5 – Ataques a la integridad del sistema
Título 3 – Delitos relacionados con el contenido
Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro
tipo que  resulten necesarias para  tipi?car como delito  en
su  derecho  interno la  obstaculización  grave,  deliberada
e ilegítima  del funcionamiento  de un  sistema informático
mediante   la  introducción,   transmisión,  daño,   borrado,
deterioro, alteración o supresión de datos informáticos.
Artículo 9 – Delitos relacionados con la pornografía
infantil
1. Cada  Parte adoptará las  medidas legislativas  y de
otro tipo que resulten necesarias para tipi?car  como delito
en su derecho interno la comisión deliberada e ilegítima de
los siguientes actos:
Artículo 6 – Abuso de los dispositivos
1.
Cada Parte  adoptará las medidas  legislativas y  de
a. la producción de pornografía infantil con la intención
otro tipo que resulten necesarias para tipi?car  como delito     de difundirla a través de un sistema informático;
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NORMAS LEGALES
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Domingo 22 de setiembre de 2019 /
b. la  oferta  o la  puesta a  disposición  de pornografía
con vistas a la comisión de alguno de los  delitos previstos
en aplicación de los artículos 2 a 10 del presente Convenio,
con la intención de que dicho delito sea cometido.
2.  Cada  Parte  adoptará  las  medidas   legislativas  y
de otro  tipo  que resulten  necesarias  para tipi?car  como
delito  en  su  derecho  interno  toda  tentativa   deliberada
de cometer  alguno de  los delitos previstos  en aplicación
de los  artículos  3 a  5, 7,  8, 9.1.a)  y 9.1.c)  del  presente
Convenio.
infantil a través de un sistema informático;
c. la difusión  o la transmisión de  pornografía infantil a
través de un sistema informático;
d.  la  adquisición, para  uno  mismo  o  para otros,  de
pornografía infantil a través de un sistema informático;
e.  la posesión  de  pornografía  infantil en  un  sistema
informático  o  en  un  dispositivo  de  almacenamiento  de
datos informáticos.
3.
Las Partes podrán reservarse el derecho a no aplicar,
2.
A los  efectos  del párrafo  1  anterior, se  entenderá
en todo o en parte, el párrafo 2 del presente artículo.
por «pornografía  infantil» todo  material pornográ?co  que
contenga la representación visual de:
Artículo  12  –   Responsabilidad  de  las   personas
jurídicas
a.
un
menor
adoptando
un
comportamiento
sexualmente explícito;
1. Cada  Parte adoptará las  medidas legislativas  y de
otro tipo que resulten necesarias  para que pueda exigirse
responsabilidad  a  las personas  jurídicas  por  los  delitos
previstos  en  aplicación  del  presente  Convenio,  cuando
éstos sean  cometidos por cuenta  de las mismas por  una
persona física, ya sea a título individual o como miembro de
un órgano de dicha persona jurídica, que ejerza funciones
directivas en su seno, en virtud de:
b. una  persona que parezca  un menor  adoptando un
comportamiento sexualmente explícito;
c.  imágenes  realistas  que  representen  a  un  menor
adoptando un comportamiento sexualmente explícito.
3.
A los  efectos  del párrafo  2  anterior, se  entenderá
por «menor» toda persona menor  de 18 años. Las Partes
podrán, no obstante,  exigir un límite de edad  inferior, que
deberá ser como mínimo de 16 años.
a. un poder de representación de la persona jurídica;
b. una  autorización para tomar decisiones  en nombre
de la persona jurídica;
c. una autorización para ejercer funciones de control en
el seno de la persona jurídica.
4.
Las  Partes  podrán   reservarse  el  derecho  a   no
aplicar, en todo o en parte, los apartados d) y e) del párrafo
1
y los apartados b) y c) del párrafo 2.
Título 4 – Delitos relacionados con infracciones de la
propiedad intelectual y de los derechos a?nes
2.  Además   de  los   casos   previstos  en   el  párrafo
del   presente    artículo,   Cada   Parte    adoptará   las
Artículo 10 – Delitos relacionados con infracciones     medidas  necesarias  para garantizar  que  pueda exigirse
1
de la propiedad intelectual y de los derechos a?nes
responsabilidad a una persona jurídica cuando la ausencia
de vigilancia  o de control  por parte de  cualquier persona
física  mencionada   en  el   párrafo  1  haya   permitido  la
1.
Cada Parte  adoptará las medidas  legislativas y  de
otro tipo que resulten necesarias para tipi?car  como delito     comisión de  un delito previsto  en aplicación del  presente
en  su  derecho interno  las  infracciones  de  la propiedad
intelectual que  de?na su legislación,  de conformidad  con
las  obligaciones  que  haya  contraído  en   aplicación  del
Acta de París de 24 de julio de 1971,  por la cual se revisó
el  Convenio  de  Berna  para la  protección  de  las  obras
literarias y  artísticas, del  Acuerdo sobre  los aspectos  de
los  derechos  de propiedad  intelectual  relacionados  con
el comercio  y del Tratado  de la  OMPI sobre  Derecho de
Autor, a  excepción de  cualquier derecho  moral otorgado
por  dichos  Convenios,  cuando  tales  actos  se  cometan
deliberadamente, a  escala  comercial y  por medio  de un
sistema informático.
Convenio por una persona física  que actúe por cuenta de
dicha persona jurídica y bajo su autoridad.
3.  Dependiendo  de  los  principios  jurídicos  de  cada
Parte,  la responsabilidad  de una  persona  jurídica podrá
ser penal, civil o administrativa.
4. Dicha responsabilidad se entenderá sin  perjuicio de
la responsabilidad penal de las personas físicas que hayan
cometido el delito.
Artículo 13 – Sanciones y medidas
1.  Cada  Parte  adoptará   las  medidas  legislativas  y
de otro  tipo que resulten  necesarias para  que los delitos
2.
Cada Parte  adoptará las medidas  legislativas y  de
otro tipo que resulten necesarias para tipi?car  como delito     previstos en aplicación de los artículos 2 a 11 estén sujetos
en  su derecho  interno  las  infracciones de  los  derechos
a?nes  de?nidas  en  su  legislación,  de  conformidad  con
las  obligaciones que  haya  asumido  en aplicación  de  la
ConvenciónInternacionalsobrelaProteccióndelosArtistas
Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas
a   sanciones  efectivas,   proporcionadas   y   disuasorias,
incluidas penas privativas de libertad.
2. Las Partes garantizarán la  imposición de sanciones
o medidas penales o no penales efectivas, proporcionadas
y   disuasorias,  incluidas   sanciones  pecuniarias,   a   las
y
los
Organismos
de
Radiodifusión
(Convención
de
personas
jurídicas
consideradas
responsables
de
Roma), del  Acuerdo sobre  los aspectos de  los derechos
de  propiedad intelectual  relacionados con  el  comercio y
del Tratado  de la OMPI  sobre Interpretación  o Ejecución
y Fonogramas,  a  excepción de  cualquier derecho  moral
conferido  por  dichos Convenios,  cuando  tales  actos  se
cometan deliberadamente, a escala comercial y por medio
de un sistema informático.
conformidad con el artículo 12.
Sección 2 – Derecho procesal
Título 1 – Disposiciones comunes
Artículo   14    –   Ámbito    de
disposiciones de procedimiento
aplicación
de
las
3.
En circunstancias bien delimitadas, toda Parte podrá
reservarse  el   derecho  de  no  imponer   responsabilidad
penal en virtud de los párrafos  1 y 2 del presente artículo,
siempre que se disponga de otros recursos efectivos y que
dicha reserva no  vulnere las obligaciones   INTERNACIONALES
1.  Cada  Parte  adoptará   las  medidas  legislativas  y
de otro  tipo  que resulten  necesarias para  establecer los
poderes y procedimientos previstos en la presente Sección
a los efectos de investigación o de procedimientos penales
especí?cos.
que
incumban   a   dicha   Parte   en   aplicación   de  los
instrumentos INTERNACIONALES mencionados en los párrafos
1
y 2 del presente artículo.
2. Salvo  que se  establezca lo contrario  en el  artículo
21,
cada  Parte  aplicará  los   poderes  y  procedimientos
Título 5 – Otras formas de responsabilidad
y de sanción
mencionados en el párrafo 1 del presente artículo:
a. a los delitos previstos en aplicación de los artículos 2
a 11 del presente Convenio;
Artículo 11 – Tentativa y complicidad
b.  a cualquier  otro  delito cometido  por  medio de  un
sistema informático; y
c. a la obtención de  pruebas electrónicas de cualquier
delito.
1.
Cada Parte  adoptará las medidas  legislativas y  de
otro tipo que resulten necesarias para tipi?car  como delito
en  su derecho  interno  cualquier  complicidad  deliberada
El Peruano / Domingo 22 de setiembre de 2019
NORMAS LEGALES
5
3.
a.   Las  Partes   podrán   reservarse    el   derecho
a   aplicar   las   medidas   mencionadas    en  el   artículo
únicamente   a  los  delitos   o  categorías   de  delitos
que  resulten necesarias  para obligar  a  dicha persona  a
conservar y a proteger la integridad de los datos durante el
tiempo necesario, hasta  un máximo de noventa días,  con
el ?n de que las autoridades competentes puedan obtener
su revelación. Las  Partes podrán prever la renovación  de
dicha orden.
3. Cada  Parte adoptará las  medidas legislativas  y de
otro tipo que resulten necesarias para obligar a la persona
que  custodia los  datos  o  a  otra persona  encargada  de
su  conservación a  mantener en  secreto  la ejecución  de
dichos  procedimientos durante  el  tiempo previsto  en  su
derecho interno.
20
especificados  en  su reserva,  siempre  que  el repertorio
de  dichos  delitos  o  categorías  de  delitos  no  sea  más
reducido  que   el de  los  delitos   a  los  que  dicha  Parte
aplique   las  medidas   mencionadas   en  el  artículo   21.
Las Partes  tratarán  de  limitar  tal reserva  de  modo  que
sea  posible   la  más   amplia   aplicación   de  la  medida
mencionada  en el  artículo  20.
b. Cuando, a  causa de las  restricciones que imponga
su legislación  vigente en  el momento de  la adopción  del
presente Convenio, una Parte no pueda aplicar las medidas
previstas en  los  artículos 20  y 21  a las  comunicaciones
transmitidas  dentro   de  un   sistema  informático   de  un
proveedor de servicios:
4. Los  poderes  y procedimientos  mencionados en  el
presente  artículo  estarán sujetos  a  lo  dispuesto  en  los
artículos 14 y 15.
Artículo  17  –  Conservación  y  revelación  parcial
rápidas de los datos relativos al trá?co
i. que se haya puesto en funcionamiento para un grupo
restringido de usuarios, y
ii.quenoempleelasredespúblicasdetelecomunicación
y  no esté  conectado  a otro  sistema  informático, ya  sea
público o privado,
1. Con el ?n de garantizar la conservación de los datos
relativos  al  trá?co,  en  aplicación  del  artículo  16,  cada
Parte adoptará las medidas  legislativas y de otro tipo que
resulten necesarias para:
dicha Parte  podrá reservarse  el derecho a  no aplicar
dichas   medidas  a   esas   comunicaciones.   Las  Partes
tratarán de  limitar este tipo  de reservas de  modo que de
modo  que sea  posible  la  más  amplia aplicación  de  las
medidas previstas en los artículos 20 y 21.
a.  garantizar   la  conservación  rápida   de  los   datos
relativos al  trá?co, ya sean  uno o varios  los proveedores
de servicios  que  hayan participado  en la  transmisión de
dicha comunicación; y
b.
asegurar   la   revelación   rápida   a   la   autoridad
Artículo 15 – Condiciones y salvaguardias
competente  de  la   Parte,  o  a  una   persona  designada
por  dicha autoridad,  de  un volumen  su?ciente  de datos
relativos al  trá?co para que  dicha Parte  pueda identi?car
tanto a los proveedores de servicios como la vía por la que
la comunicación se ha transmitido.
1.
Cada  Parte se  asegurará  de que  la  instauración,
ejecución  y aplicación  de  los poderes  y  procedimientos
previstos   en  la   presente  Sección   se  sometan   a   las
condiciones  y   salvaguardias  previstas   en  su  derecho
interno, que  deberá garantizar  una protección  adecuada
de  los   derechos  humanos   y  de  las   libertades,  y   en
particular  de los derechos  derivados de  las obligaciones
que  haya  asumido  cada  Parte  en  virtud  del  Convenio
2. Los  poderes  y procedimientos  mencionados en  el
presente  artículo  estarán sujetos  a  lo  dispuesto  en  los
artículos 14 y 15.
del
Consejo
de
Europa
para
la
Protección
de
los
Título 3 – Orden de presentación
Derechos  Humanos y  de las  Libertades  Fundamentales
(1950),
el
Pacto
Internacional
de
Derechos
Civiles
Artículo 18 – Orden de presentación
y   Políticos  de   las   Naciones   Unidas   (1966)  u   otros
instrumentos   INTERNACIONALES    aplicables  en   materia  de
derechos humanos,  y que deberá  integrar el principio  de
proporcionalidad.
1.  Cada  Parte  adoptará   las  medidas  legislativas  y
de otro  tipo  que resulten  necesarias para  facultar a  sus
autoridades competentes a ordenar:
2.
Cuando proceda,  teniendo en cuenta  la naturaleza
del  procedimiento  o  del  poder de  que  se  trate,  dichas
condiciones  y   salvaguardias  incluirán   una  supervisión
judicial  u  otra  forma  de  supervisión  independiente,  los
motivos que justi?quen su aplicación, así como la limitación
del ámbito de aplicación y de la duración de dicho poder o
procedimiento.
a.   a  una   persona   presente   en   su  territorio   que
comunique determinados datos informáticos que obren en
su poder  o bajo  su  control, almacenados  en un  sistema
informático
o   en   un   dispositivo   de   almacenamiento
informático; y
b.  a   un   proveedor  que   ofrezca  sus   servicios  en
el  territorio  de   dicha  Parte,  que  comunique  los   datos
que obren  en  su poder  o bajo  su control  relativos  a los
abonados en relación con dichos servicios;
3.
Siempre que  sea conforme  con  el interés  público,
y en  particular con la buena  administración de la  justicia,
cada  Parte   examinará  los   efectos  de   los   poderes  y
procedimientos mencionados en la presente Sección sobre
los derechos,  responsabilidades e  intereses legítimos de
terceros.
2. Los  poderes  y procedimientos  mencionados en  el
presente  artículo  estarán sujetos  a  lo  dispuesto  en  los
artículos 14 y 15.
Título 2 – Conservación rápida de
datos informáticos almacenados
3. A los efectos del presente artículo, se entenderá por
«datos  relativos a  los abonados»  cualquier  información,
en  forma   de  datos   informáticos   o  de   cualquier   otro
modo,  que  posea  un proveedor   de servicios  y  que  se
re?era a los abonados  de sus servicios,  diferentes de los
datos  relativos al  trá?co  o al  contenido, y  que  permitan
determinar:
Artículo
16   –   Conservación    rápida   de   datos
informáticos almacenados
Cada   Parte  adoptará   las   medidas   legislativas
1.
y  de  otro  tipo que  resulten  necesarias   para  permitir  a
sus   autoridades  competentes   ordenar   o   imponer  de            a. el  tipo  de  servicio  de comunicación  utilizado,  las
otro modo  la  conservación rápida  de  datos electrónicos      disposiciones técnicas adoptadas al  respecto y el periodo
incluidos   los   datos   relativos    al   trá?co,     de servicio;
almacenados  por  medio  de un  sistema  informático,  en            b. la identidad, la dirección postal o situación geográ?ca
particular  cuando existan  motivos para  creer que dichos      y el  número de teléfono del  abonado, así como cualquier
datos  son particularmente  susceptibles  de pérdida  o  de     otro número de acceso y los datos relativos a la facturación
modi?cación.                                                                             y  al pago,  disponibles  en virtud  de un  contrato  o de  un
acuerdo de prestación de servicio;
especí?cos,
2.
anterior por medio de una orden impartida a una persona
de  que conserve  determinados  datos almacenados  que
se encuentren en poder  o bajo el control de esa  persona,
la Parte  adoptará las  medidas  legislativas y  de otro  tipo
Cuando una Parte aplique lo dispuesto en el párrafo
1
c. cualquier  otra  información relativa  al lugar  en que
se encuentren los equipos de comunicación, disponible en
virtud de  un  contrato o  de un  acuerdo de  prestación de
servicio.
6
NORMAS LEGALES
El Peruano
Domingo 22 de setiembre de 2019 /
Título 4 – Registro y con?scación de
establecidos en  su  ordenamiento jurídico  interno, podrá,
en su lugar, adoptar las medidas legislativas y de otro tipo
que resulten  necesarias para  asegurar la  obtención o  la
datos informáticos almacenados
Artículo  19  –  Registro   y  con?scación  de  datos      grabación en tiempo  real de  los datos  relativos al trá?co
informáticos almacenados
asociados a  comunicaciones especí?cas  transmitidas en
su  territorio  mediante  la  aplicación  de medios  técnicos
existentes en dicho territorio.
1.
Cada  Parte  adoptará  las   medidas  legislativas  y
de otro  tipo  que resulten  necesarias para  facultar a  sus
autoridades competentes  a registrar o  a tener acceso  de
un modo similar:
3.  Cada  Parte  adoptará   las  medidas  legislativas  y
de  otro  tipo que  resulten  necesarias  para  obligar  a  un
proveedor de servicios a mantener en secreto el hecho de
que se haya  ejercido cualquiera de los  poderes previstos
en  el  presente  artículo,   así  como  toda  información  al
respecto.
4. Los  poderes  y procedimientos  mencionados en  el
presente  artículo  estarán sujetos  a  lo  dispuesto  en  los
artículos 14 y 15.
a. a todo sistema  informático o a parte del  mismo, así
como a los datos informáticos en él almacenados; y
b.  a todo  dispositivo  de  almacenamiento informático
que permita almacenar datos informáticos en su territorio.
2.
Cada  Parte  adoptará  las   medidas  legislativas  y
de otro  tipo que  resulten necesarias  para asegurarse de
que,  cuando, de  conformidad  con el  apartado  1.a),  sus
autoridades registren o tengan acceso de un modo similar
a un sistema informático especí?co o a una parte del mismo
y tengan  motivos para  creer  que los  datos buscados  se
hallan almacenados en  otro sistema informático o en  una
parte del mismo situado en su territorio, y que dichos datos
son  legítimamente accesibles  a partir  del  sistema inicial
o  están disponibles  por  medio  de dicho  sistema  inicial,
puedan extender rápidamente el registro o el acceso de un
modo similar al otro sistema.
Artículo  21 –  Interceptación de  datos  relativos al
contenido
1.
Cada   Parte   adoptará  las   medidas   legislativas
y  de  otro  tipo  que  resulten  necesarias  para  facultar  a
sus  autoridades  competentes  en  lo que  respecta  a  un
repertorio  de delitos  graves  que deberá  de?nirse  en  su
derecho interno a:
a. obtener o grabar con medios técnicos  existentes en
su territorio, y
b. obligar a un proveedor de servicios, en la medida de
sus capacidades técnicas, a:
3.
Cada  Parte  adoptará  las   medidas  legislativas  y
de otro  tipo  que resulten  necesarias para  facultar a  sus
autoridades  competentes a  con?scar o  a  obtener de  un
modo  similar  los datos  informáticos  a  los  que  se haya
accedido  en   aplicación  de  los  párrafos   1  o  2.   Estas
medidas incluirán las siguientes prerrogativas:
i. obtener o  grabar con medios técnicos  existentes en
su territorio, o
su
ii.
prestar
a
las
autoridades
competentes
colaboración y su asistencia para obtener o grabar,
a. con?scar  u obtener de un  modo similar un  sistema
informático  o una  parte  del  mismo,  o un  dispositivo  de
almacenamiento informático;
b.  realizar   y  conservar   una  copia   de  esos   datos
informáticos;
en  tiempo  real  los  datos   relativos  al  contenido  de
comunicaciones  especí?cas transmitidas  en  su  territorio
por medio de un sistema informático.
2.
Cuando una  Parte  no pueda  adoptar las  medidas
c.  preservar  la  integridad  de  los  datos  informáticos
almacenados pertinentes; y
datos
informáticos del sistema informático consultado.
Cada  Parte  adoptará  las   medidas  legislativas  y
enunciadas en el apartado 1.a) por respeto a los principios
establecidos en  su  ordenamiento jurídico  interno, podrá,
en su lugar, adoptar las medidas legislativas y de otro tipo
que resulten  necesarias para  asegurar la  obtención o  la
grabación en tiempo real de los datos relativos al contenido
de comunicaciones especí?cas transmitidas en su territorio
con medios técnicos existentes en ese territorio.
d.
hacer
inaccesibles
o
suprimir
dichos
4.
de otro  tipo  que resulten  necesarias para  facultar a  sus
autoridades competentes  a  ordenar a  toda persona  que
conozca el funcionamiento de un sistema informático o las
medidas aplicadas para proteger los datos informáticos que
contiene, que  proporcione toda la  información necesaria,
dentro de  lo razonable, para  permitir la  aplicación de las
medidas previstas en los párrafos 1 y 2.
3.
Cada  Parte  adoptará  las   medidas  legislativas  y
de  otro  tipo que  resulten  necesarias  para  obligar  a  un
proveedor de servicios a mantener en secreto el hecho de
que se haya  ejercido cualquiera de los  poderes previstos
en  el  presente  artículo,   así  como  toda  información  al
respecto.
5.
Los poderes  y  procedimientos mencionados  en el
4.
Los poderes  y  procedimientos mencionados  en el
presente  artículo  estarán sujetos  a  lo  dispuesto  en  los
artículos 14 y 15.
presente  artículo  estarán sujetos  a  lo  dispuesto  en  los
artículos 14 y 15.
Título 5 – Obtención en tiempo real de
datos informáticos
Sección 3 – Jurisdicción
Artículo 22 – Jurisdicción
Artículo  20 –  Obtención  en tiempo  real  de  datos
relativos al trá?co
1.
Cada Parte  adoptará las medidas  legislativas y  de
otrotipoqueresultennecesariasparaa?rmarsujurisdicción
respecto de  cualquier delito previsto  de conformidad  con
los artículos 2 a 11 del presente Convenio, cuando el delito
se haya cometido:
1.
de otro  tipo  que resulten  necesarias para  facultar a  sus
autoridades competentes:
Cada  Parte  adoptará  las   medidas  legislativas  y
a. a  obtener o grabar  con medios técnicos  existentes
en su territorio, y
b. a  obligar a  cualquier proveedor de  servicios, en  la
medida de sus capacidades técnicas:
a. en su territorio; o
b. a bordo de un buque que enarbole su pabellón; o
c.  a bordo  de  una  aeronave  matriculada según  sus
leyes; o
i. a obtener o a grabar  con medios técnicos existentes
en su territorio, o
a   ofrecer   a   las   autoridades   competentes   su
colaboración y su asistencia para obtener o grabar
d. por uno de sus nacionales, si el delito es susceptible
de sanción  penal  en el  lugar en  el  que se  cometió o  si
ningún  Estado tiene  competencia  territorial respecto  del
mismo.
ii.
en tiempo  real los datos  relativos al trá?co  asociados
a comunicaciones especí?cas transmitidas en  su territorio
por medio de un sistema informático.
2. Las Partes podrán reservarse el derecho a no aplicar,
o a aplicar sólo en determinados  casos o condiciones, las
normas sobre  jurisdicción  establecidas en  los apartados
1.b) a  1.d) del  presente artículo  o en  cualquier  parte de
dichos apartados.
2.
Cuando una  Parte  no pueda  adoptar las  medidas
enunciadas en el apartado 1.a) por respeto a los principios
El Peruano / Domingo 22 de setiembre de 2019
NORMAS LEGALES
7
3.
Cada  Parte  adoptará   las  medidas  que  resulten
a?rmar   su   jurisdicción   respecto   de
cualquier delito mencionado en el párrafo 1 del artículo 24
del presente Convenio cuando el presunto autor del mismo
se halle en  su territorio y no  pueda ser extraditado a  otra
Parte  por  razón únicamente  de  su  nacionalidad,  previa
demanda de extradición.
a  petición   de  la   Parte  requirente,   a  sus  autoridades
competentes  a efectos  de  la acción  penal  pertinente,  e
informará, a su debido tiempo, de la conclusión del asunto
a  la  Parte   requirente.  Dichas  autoridades  tomarán  su
decisión y realizarán sus investigaciones y procedimientos
del   mismo  modo   que   para   cualquier  otro   delito   de
naturaleza comparable, de conformidad  con la legislación
de dicha Parte.
7.  a.  Cada  Parte  comunicará al  Secretario  General
del Consejo  de Europa, en  el momento de  la ?rma o  del
depósito  de  su  instrumento  de  rati?cación,  aceptación,
aprobación o  adhesión, el nombre y  la dirección de  cada
autoridad responsable  del envío o de  la recepción de  las
demandas de  extradición  o de  detención provisional,  en
ausencia de tratado.
necesarias
para
4.
El presente Convenio no excluye ninguna jurisdicción
penal  ejercida  por   una  Parte  de   conformidad  con  su
derecho interno.
5.
En  el caso  de  que  varias  Partes reivindiquen  su
jurisdicción respecto de un presunto delito contemplado en
el presente  Convenio,  las Partes  interesadas celebrarán
consultas, cuando ello  sea oportuno, con el  ?n de decidir
qué jurisdicción es más  adecuada para entablar la acción
penal.
b. El Secretario General del Consejo de Europa creará
y  mantendrá actualizado  un  registro  de las  autoridades
designadas  por  las  Partes.  Cada  Parte  garantizará  en
todo momento la  exactitud de los datos  que ?guren en el
registro.
Capítulo III – Cooperación internacional
Sección 1 – Principios generales
Título 1 – Principios generales relativos
a la cooperación internacional
Título 3 – Principios generales relativos
a la asistencia mutua
Artículo  23  –  Principios  generales  relativos  a la
cooperación internacional
Artículo  25  –  Principios  generales  relativos  a la
asistencia mutua
Las  Partes cooperarán  entre sí  en  la mayor  medida
posible de conformidad con las disposiciones del presente
Capítulo, en aplicación de los instrumentos INTERNACIONALES
pertinentes  sobre  cooperación  internacional  en  materia
penal, de los acuerdos  basados en legislación uniforme o
recíproca y de su propio derecho  interno, a efectos de las
investigaciones o los procedimientos relativos a los delitos
relacionados  con  sistemas  y  datos informáticos  o  para
obtener pruebas en formato electrónico de los delitos.
1.
Las Partes se prestarán toda la ayuda mutua posible
a efectos  de las investigaciones  o de  los procedimientos
relativos a  los delitos  relacionados con  sistemas y datos
informáticos o  con el  ?n de  obtener pruebas  en  formato
electrónico de un delito.
2.
Cada   Parte   adoptará    asimismo   las   medidas
legislativas  y de  otro  tipo  que resulten  necesarias  para
cumplir con las  obligaciones establecidas en los  artículos
27
a 35.
Cada Parte podrá, en caso de urgencia, formular una
3.
Título 2 – Principios relativos a la extradición
solicitud de asistencia mutua, o realizar las comunicaciones
relativas a la misma  a través de medios de  comunicación
rápidos, como el  fax o el  correo electrónico, siempre que
esos medios  ofrezcan niveles  su?cientes de  seguridad y
de autenticación (incluido el  criptado, en caso necesario),
con  con?rmación o?cial  posterior  si el  Estado  requerido
así  lo exige.  El Estado  requerido  aceptará la  solicitud y
responderá  a la  misma  por  cualquiera  de esos  medios
rápidos de comunicación.
Artículo 24 – Extradición
1.
a. El  presente artículo  se aplicará  a la  extradición
entre las  Partes por  los delitos de?nidos  de conformidad
con los  artículos 2  a 11  del presente  Convenio, siempre
que sean  castigados por la  legislación de las  dos Partes
implicadas  con  una  pena  privativa  de   libertad  de  una
duración de al menos un año, o con una pena más grave.
b. Cuando  se  aplique una  pena mínima  diferente en
virtud de  un tratado  de extradición  aplicable entre  dos o
más Partes,  incluido el Convenio Europeo  de Extradición
(STE  nº  24),  o   de  un  acuerdo  basado  en   legislación
uniforme o recíproca, se  aplicará la pena mínima prevista
en dicho tratado o acuerdo.
4.
Salvo en caso de que se disponga expresamente otra
cosa en  los artículos del  presente Capítulo,  la asistencia
mutua estará  sujeta a las  condiciones establecidas en  el
derecho interno de la Parte requerida o en los  tratados de
asistencia  mutua aplicables,  incluidos  los motivos  sobre
la base  de los  cuales la Parte  requerida puede  rechazar
la cooperación.  La Parte  requerida no  deberá ejercer  su
derecho a rehusar la asistencia mutua  en relación con los
delitos previstos en los artículos 2 a 11 únicamente porque
la solicitud se re?era a un delito que dicha Parte considere
de carácter ?scal.
2.
Se considerará que los delitos descritos en el párrafo
1
del presente artículo están incluidos entre los delitos que
pueden dar  lugar  a extradición  en todos  los tratados  de
extradición concluidos  entre o por  las Partes. Las  Partes
se  comprometerán a  incluir dichos  delitos  entre los  que
pueden dar  lugar  a extradición  en todos  los tratados  de
extradición que puedan concluir.
5.
Cuando,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
presente  Capítulo, la  Parte  requerida  esté autorizada  a
condicionar la  asistencia mutua  a la  existencia  de doble
tipi?cación  penal,   se  considerará  que  dicha   condición
se  satisface  si  el  acto que  constituye  delito,  y  para  el
que se  solicita  la asistencia  mutua, está  tipi?cado como
tal  en  su  derecho  interno,  independientemente  de  que
dicho derecho  interno incluya  o no el  delito en  la misma
categoría o  lo denomine o  no con la  misma terminología
que la Parte requirente.
3.
Cuando  una  parte  que  condicione  la  extradición
a  la  existencia  de  un  tratado  reciba  una  demanda  de
extradición de otra Parte con la que no ha concluido ningún
tratado de extradición,  podrá tomar el  presente Convenio
como  fundamento  jurídico de  la  extradición  en  relación
con cualquiera de  los delitos previstos en el  párrafo 1 del
presente artículo.
4.
Las   Partes  que   no   condicionen  la   extradición
Artículo 26 – Información espontánea
a  la  existencia   de  un  tratado  reconocerán   los  delitos
mencionados en  el párrafo  1 del  presente artículo  como
delitos que pueden dar lugar a extradición entre ellas.
1. Dentro de los límites de su derecho interno y sin que
exista demanda previa, una Parte  podrá comunicar a otra
Parte información obtenida de sus propias investigaciones
si considera que ello puede  ayudar a la Parte destinataria
a  iniciar  o  a  concluir  investigaciones  o  procedimientos
en  relación con  delitos  previstos de  conformidad  con el
presente  Convenio,  o  cuando  dicha  información  pueda
conducir a una petición de  cooperación de dicha Parte en
virtud del presente Capítulo.
5.
La  extradición   estará  sujeta   a  las   condiciones
previstas  en  el  derecho  interno   de  la  Parte  requerida
o  en  los tratados  de  extradición  vigentes,  incluidos  los
motivos por  los que la  Parte requerida puede  denegar la
extradición.
6.
Si se deniega la extradición por un delito mencionado
en el párrafo 1 del presente artículo únicamente por razón
de la  nacionalidad de  la persona  reclamada o  porque la
Parte  requerida  se  considera   competente  respecto  de
dicho delito, la Parte  requerida deberá someter el asunto,
2.  Antes  de  comunicar  dicha  información,   la  Parte
que la  proporciona podrá pedir que  sea tratada de  forma
8
NORMAS LEGALES
El Peruano
Domingo 22 de setiembre de 2019 /
con?dencial o que sólo se utilice  bajo ciertas condiciones.
Si la Parte destinataria no puede atender a dicha petición,
deberá  informar  de  ello   a  la  otra  Parte,  que   decidirá
a  continuación   si,  no   obstante,  debe   proporcionar  la
información. Si la Parte destinataria  acepta la información
bajo   las  condiciones   establecidas,   estará  obligada   a
respetarlas.
decidirá a  continuación si,  no obstante,  la solicitud  debe
ser ejecutada.
9. a.  En caso  de  urgencia, las  autoridades judiciales
de   la  Parte   requirente  podrán   dirigir   directamente  a
las  autoridades   homólogas  de  la   Parte  requerida   las
solicitudes de asistencia  y las comunicaciones relativas a
las mismas.  En tales casos,  se remitirá simultáneamente
una copia  a la  autoridad central  de la  Parte requerida  a
través de la autoridad central de la Parte requirente.
b. Toda solicitud o comunicación en virtud del presente
párrafo  podrá  formularse   a  través  de  la  Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol).
c. Cuando  se formule  una  solicitud en  aplicación del
apartado a)  del presente artículo  y la autoridad  no tenga
competencia   para  tratarla,   la  remitirá   a   la  autoridad
nacional competente e informará directamente de ello a la
Parte requirente.
Título 4 – Procedimientos relativos a las solicitudes
de asistencia mutua en ausencia de acuerdos
INTERNACIONALES aplicables
Artículo
27
de
Procedimientos
relativos
a
las
de
solicitudes
asistencia
mutua
en
ausencia
acuerdos INTERNACIONALES aplicables
1.
En ausencia  de  tratado de  asistencia mutua  o de
acuerdo   basado  en   legislación   uniforme  o   recíproca
en  vigor entre  la  Parte  requirente  y la  Parte  requerida,
se aplicarán  las  disposiciones de  los párrafos  2 a  9  del
presente  artículo.  Dichas disposiciones  no  se  aplicarán
cuando  exista un  tratado, acuerdo  o  legislación de  este
tipo, a  menos que  las Partes  implicadas  decidan aplicar
en su lugar la  totalidad o una parte del resto  del presente
artículo.
d.  Las  solicitudes   o  comunicaciones  realizadas  en
aplicación del presente párrafo que no  impliquen medidas
coercitivas  podrán ser  transmitidas directamente  por  las
autoridades  competentes  de  la   Parte  requirente  a  las
autoridades competentes de la Parte requerida.
e.  En el  momento  de  la ?rma  o  del depósito  de  su
instrumento   de  rati?cación,   aceptación,   aprobación   o
adhesión, las Partes podrán informar al Secretario General
del  Consejo de  Europa  de  que, en  aras  de la  e?cacia,
las solicitudes  formuladas en  virtud  del presente  párrafo
deberán dirigirse a su autoridad central.
2.
a.   Cada Parte designará una  o varias autoridades
centrales encargadas de enviar las solicitudes de asistencia
mutua o  de responder a  las mismas, de  ejecutarlas o de
remitirlas a las autoridades competentes para su ejecución;
b. las autoridades centrales comunicarán directamente
entre sí;
c.  en el  momento  de  la ?rma  o  del  depósito  de su
instrumento   de  rati?cación,   aceptación,   aprobación   o
adhesión,  cada Parte  comunicará  al Secretario  General
del Consejo  de Europa los  nombres y direcciones  de las
autoridades designadas en aplicación del presente párrafo.
d. el Secretario General del Consejo de Europa creará
y  mantendrá actualizado  un  registro  de las  autoridades
Artículo  28 –  Con?dencialidad  y restricciones  de
uso
1.
En ausencia  de  tratado de  asistencia mutua  o de
acuerdo  basado en  legislación  uniforme  o recíproca  en
vigor  entre la  Parte  requirente  y  la Parte  requerida,  se
aplicarán las  disposiciones  del presente  artículo. Dichas
disposiciones  no se  aplicarán cuando  exista  un tratado,
acuerdo o legislación de este tipo, a menos que las Partes
interesadas decidan aplicar  en su lugar la totalidad  o una
parte del presente artículo.
centrales
designadas   por    las    Partes.   Cada    Parte
garantizará en todo momento la exactitud de los datos que
?guren en el registro.
2.
La Parte requerida podrá supeditar la transmisión de
información o  de material en  respuesta a una solicitud  al
cumplimiento de las siguientes condiciones:
3.
Las  solicitudes de  asistencia  mutua  en virtud  del
presente  artículo  se  ejecutarán  de  conformidad  con  el
procedimiento especi?cado  por la Parte  requirente, salvo
cuando  dicho   procedimiento   sea  incompatible   con  la
legislación de la Parte requerida.
a.  que   se  preserve  su  con?dencialidad   cuando  la
solicitud de asistencia no pueda ser atendida  en ausencia
de dicha condición; o
4.
Además  de   las   condiciones  o   los  motivos   de
b.
que
no
se
utilicen
para
investigaciones
o
denegación  previstos  en   el  párrafo  4  del   artículo  25,
la  asistencia  mutua  puede  ser  denegada  por  la  Parte
requerida:
procedimientos distintos a los indicados en la solicitud.
3.
Si   la   Parte   requirente   no    pudiera   satisfacer
alguna de  las condiciones  mencionadas en  el párrafo  2,
informará de  ello sin  demora a  la Parte requerida,  quien
determinará a continuación si, no obstante,  la información
ha de ser proporcionada. Si la Parte requirente acepta esta
condición, estará obligada a cumplirla.
a. si la solicitud tiene que ver con un delito que la Parte
requerida considera  de carácter político o  vinculado a un
delito de carácter político; o
b.  si   la  Parte  requerida  estima   que  acceder  a   la
solicitud  podría  atentar contra  su  soberanía,  seguridad,
orden público u otros intereses esenciales.
4.
Toda Parte  que proporcione información  o material
supeditado a  alguna de las  condiciones mencionadas en
el párrafo 2  podrá exigir a la otra  Parte precisiones sobre
el uso que haya hecho de dicha información o  material en
relación con dicha condición.
5.
La  Parte   requerida  podrá  aplazar  su   actuación
en  respuesta  a  una  solicitud  si  dicha actuación  puede
perjudicar a  investigaciones o  procedimientos llevados  a
cabo por sus autoridades.
Sección 2 – Disposiciones especí?cas
6.
Antes  de  denegar  o  aplazar   su  cooperación,  la
Parte  requerida  estudiará, previa  consulta  con  la  Parte
requirente cuando proceda, si puede atenderse la solicitud
Título 1 – Asistencia mutua en
materia de medidas provisionales
parcialmente
necesarias.
o   bajo   las   condiciones   que   considere
Artículo
29   –   Conservación    rápida   de   datos
informáticos almacenados
7.
La  Parte   requerida  informará  rápidamente   a  la
Parte  requirente  del curso  que  prevé  dar  a  la solicitud
asistencia.   Deberá    motivar   toda    denegación   o
aplazamiento de  la misma.  La Parte  requerida informará
asimismo  a la  Parte requirente  de  cualquier motivo  que
imposibilite  la  ejecución  de  la  asistencia  o  que  pueda
retrasarla sustancialmente.
de
1. Una  Parte podrá  solicitar a  otra Parte  que ordene
o imponga de  otro modo la conservación  rápida de datos
almacenados por  medio de sistemas informáticos  que se
encuentren en el territorio de esa otra  Parte, y en relación
con  los  cuales  la  Parte   requirente  tenga  intención  de
presentar una  solicitud de asistencia  mutua con vistas  al
registro o  al acceso por  un medio similar,  la con?scación
o la  obtención por un  medio similar,  o a la  revelación de
dichos datos.
8.
La  Parte  requirente  podrá  solicitar  que  la  Parte
requerida   mantenga  con?denciales   la   presentación   y
el  objeto  de  cualquier solicitud  formulada  en  virtud  del
presente Capítulo, salvo en la medida en que sea necesario
para la  ejecución  de la  misma. Si  la Parte  requerida no
puede acceder  a  la petición  de con?dencialidad,  deberá
informar de  ello  sin demora  a la  Parte requirente,  quien
2.  En  toda  solicitud  de  conservación  formulada  en
virtud del párrafo 1 deberá precisarse:
El Peruano / Domingo 22 de setiembre de 2019
NORMAS LEGALES
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a. la autoridad que solicita la conservación;
b.eldelitoobjetodelainvestigaciónodeprocedimientos
penales y una breve exposición de los hechos relacionados
con el mismo;
c.  los   datos  informáticos  almacenados   que  deben
conservarse y su relación con el delito;
b. la Parte  requerida considera que la  ejecución de la
solicitud  podría  atentar contra  su  soberanía,  seguridad,
orden público u otros intereses esenciales.
Título 2 – Asistencia mutua en relación
con los poderes de investigación
d. toda  información disponible  que permita  identi?car
al  responsable de  la  custodia de  los  datos informáticos
almacenados o el emplazamiento del sistema informático;
e. la necesidad de la medida de conservación; y
f. que la Parte tiene intención de presentar una solicitud
de asistencia mutua con  vistas al registro o al acceso  por
un medio similar, a la con?scación o a la obtención  por un
medio similar,  o a la  revelación de los  datos informáticos
almacenados.
Artículo 31  – Asistencia  mutua en relación  con el
acceso a datos almacenados
1. Una Parte podrá solicitar a otra Parte el registro o el
acceso de un modo similar,  la con?scación o la obtención
de un modo similar o  la revelación de datos almacenados
por  medio de  un  sistema  informático que  se  encuentre
en  el  territorio   de  esa  otra  Parte,  incluidos   los  datos
conservados de conformidad con el artículo 29.
2. La Parte requerida responderá a la solicitud aplicando
los  instrumentos   INTERNACIONALES , acuerdos  y  legislación
mencionados en  el artículo 23, así  como de conformidad
3.
Tras  recibir  la   solicitud  de  otra  Parte,   la  Parte
requerida  deberá adoptar  todas las  medidas  adecuadas
para proceder sin  demora a la conservación  de los datos
solicitados,  de  conformidad  con  su  derecho   interno. A      con las disposiciones pertinentes del presente Capítulo.
los efectos  de responder a  solicitudes de este  tipo no se
requiere  la doble  tipi?cación penal  como  condición para
proceder a la conservación.
3. La solicitud deberá responderse lo más rápidamente
posible en los siguientes casos:
4.
Cuando una  Parte exige la  doble tipi?cación  penal
a.  cuando existan  motivos  para  creer que  los  datos
pertinentes están  particularmente expuestos  al riesgo de
pérdida o de modi?cación; o
b.  cuando  los  instrumentos,  acuerdos  o  legislación
mencionados  en  el párrafo  2  prevean  una  cooperación
rápida.
como condición para atender a una solicitud de asistencia
mutua con vistas al registro o al acceso por un medio similar,
a la  con?scación o a  la obtención por un  medio similar o
a la revelación de  los datos almacenados en relación con
delitos diferentes de los  previstos de conformidad con los
artículos 2 a  11 del presente  Convenio, podrá reservarse
el derecho a denegar la solicitud de conservación en virtud
del presente  artículo en caso  de que tenga  motivos para
creer que,  en el  momento de la  revelación de  los datos,
no se cumplirá la condición de la doble tipi?cación penal.
Artículo
32   –   Acceso   transfronterizo   a   datos
almacenados,  con   consentimiento   o  cuando   sean
accesibles al público
5.
Asimismo,  las   solicitudes  de   conservación  sólo
Una Parte podrá, sin autorización de otra:
podrán ser denegadas si:
a.  tener  acceso  a   datos  informáticos  almacenados
accesibles al público (fuente abierta), independientemente
de la ubicación geográ?ca de los mismos; o
b.  tener  acceso  a   datos  informáticos  almacenados
en  otro   Estado,  o  recibirlos,   a  través  de   un  sistema
informático situado en su territorio, si dicha Parte obtiene el
consentimiento lícito y voluntario de la persona legalmente
autorizada  a   revelárselos  por   medio  de   ese  sistema
informático.
a.  la  solicitud   se  re?ere  a  un   delito  que  la  Parte
requerida considera  de carácter político o  vinculado a un
delito de carácter político; o
b. la Parte  requerida considera que la  ejecución de la
solicitud  podría  atentar contra  su  soberanía,  seguridad,
orden público u otros intereses esenciales.
6.
Cuando   la   Parte   requerida   considere   que   la
conservación  por  sí sola  de  los  datos  no  bastará para
garantizar  su   disponibilidad   futura,  o   que  pondrá   en
peligro la  con?dencialidad de la investigación  de la Parte
requirente, o causará  cualquier otro perjuicio  a la misma,
informará de ello rápidamente a la Parte  requirente, quien
determinará a  continuación la conveniencia, no  obstante,
de dar curso a la solicitud.
Las   medidas   de   conservación   adoptadas    en
respuesta a  solicitudes  como la  prevista en  el párrafo  1
Artículo 33 – Asistencia mutua para la obtención en
tiempo real de datos relativos al trá?co
1.  Las  Partes   se  prestarán  asistencia  mutua   para
la  obtención en  tiempo  real de  datos  relativos al  trá?co
asociados a  comunicaciones especí?cas  transmitidas en
su territorio por medio de un sistema informático. A reserva
de las disposiciones del párrafo 2,  dicha asistencia mutua
serán válidas por un periodo mínimo de 60 días, con el ?n      estará sujeta a las condiciones y procedimientos previstos
en el derecho interno.
2. Cada  Parte prestará  dicha asistencia  al menos en
relación  con los  delitos  para los  cuales  sería posible  la
obtención en  tiempo real  de  datos relativos  al trá?co  en
situaciones análogas a nivel interno.
7.
de que  la Parte requirente  pueda presentar  una solicitud
con  vistas al  registro  o el  acceso  por un  medio  similar,
la con?scación  o la  obtención por  un medio  similar, o  la
revelación  de  los  datos.  Una  vez  recibida  la  solicitud,
los  datos deberán  conservarse  hasta  que se  tome  una
decisión sobre la misma.
Artículo 34  – Asistencia  mutua en relación  con la
interceptación de datos relativos al contenido
Artículo
conservados
30
Revelación
rápida
de
datos
Las Partes se prestarán asistencia mutua, en la medida
en que lo permitan sus tratados y leyes internas aplicables,
para  la obtención  o  el registro  en  tiempo real  de  datos
relativos   al  contenido   de   comunicaciones  especí?cas
transmitidas por medio de un sistema informático.
1.
Si,alejecutar  unasolicitud formulada deconformidad
con el artículo 29  para la conservación de datos  relativos
al  trá?co   de  una  determinada   comunicación  la   Parte
requerida  descubriera que  un proveedor  de servicios  de
otro  Estado  ha  participado  en  la  transmisión  de  dicha
comunicación,   dicha  Parte  revelará   rápidamente   a  la
Parte requirente  un volumen su?ciente de datos  relativos
al  trá?co  para que  pueda  identi?carse  al  proveedor  de
servicios, así  como la  vía por la que  la comunicación  ha
sido transmitida.
Título 3 – Red 24/7
Artículo 35 – Red 24/7
1.
Cada   Parte   designará   un   punto   de   contacto
2.
aplicación del párrafo 1 sólo podrá ser denegada si:
La   revelación  de   datos  relativos   al   trá?co  en
localizable las  24 horas  del día,  siete días  a la  semana,
con  el  ?n  de  garantizar  una  asistencia  inmediata  para
investigaciones relativas a delitos vinculados a sistemas y
datos informáticos, o para obtener las pruebas en formato
electrónico de un delito. Esta asistencia comprenderá toda
acción que facilite las medidas que ?guran a continuación,
a.  la  solicitud   se  re?ere  a  un   delito  que  la  Parte
requerida considera  de carácter político o  vinculado a un
delito de carácter político; o
10
NORMAS LEGALES
El Peruano
Domingo 22 de setiembre de 2019 /
o su aplicación directa si lo permite el derecho y la práctica
internos:
meses desde la  fecha en que el  Secretario General haya
recibido la declaración.
3.
Toda  declaración  formulada en  virtud  de  los  dos
a. asesoramiento técnico;
b.  conservación  de  datos,  de   conformidad  con  los
artículos 29 y 30; y
c. obtención de pruebas, suministro de  información de
carácter jurídico y localización de sospechosos.
párrafos  precedentes   podrá  ser   retirada,  respecto   de
cualquier  territorio  especi?cado  en  la  misma,  mediante
noti?cación dirigida  al Secretario General  del Consejo de
Europa.  La retirada  surtirá efecto  el  primer día  del  mes
siguiente a la expiración de un plazo de tres meses desde
la  fecha en  que  el  Secretario  General haya  recibido  la
noti?cación.
2.
a. El punto  de contacto de  una Parte dispondrá  de
los medios para comunicarse con el  punto de contacto de
otra Parte siguiendo un procedimiento acelerado.
b.  Si el  punto  de contacto  designado  por una  Parte
no depende de  la autoridad o autoridades  de dicha Parte
responsables de la asistencia  mutua internacional o de la
extradición, dicho punto de contacto se asegurará de poder
actuar coordinadamente con esta o  estas autoridades por
medio de un procedimiento acelerado.
Artículo 39 – Efectos del Convenio
1.
El  objeto del  presente Convenio  es  completar los
tratados o acuerdos  multilaterales o bilaterales aplicables
entre las Partes, incluidas las disposiciones:
del  Convenio Europeo  de Extradición,  abierto  a la
?rma el 13 de diciembre de 1957 en París (STE nº 24)
Materia Penal, abierto a la ?rma  el 20 de abril de 1959 en
Estrasburgo (STE nº 30),
del  Convenio  Europeo  de  Asistencia   Judicial  en
3.
Cada   Parte    garantizará   la   disponibilidad    de
personal  formado  y  equipado  con  objeto  de facilitar  el
funcionamiento de la red.
del  Protocolo  adicional  al   Convenio  Europeo  de
Asistencia Judicial  en Materia Penal, abierto  a la ?rma  el
17 de marzo de 1978 en Estrasburgo (STE nº 99).
Capítulo IV – Cláusulas ?nales
Artículo 36 – Firma y entrada en vigor
2.
Si dos  o más Partes  han celebrado ya  un acuerdo
o  un tratado  relativo  a  las cuestiones  contempladas  en
el presente  Convenio, o  han regulado  de otro  modo sus
relaciones al  respecto, o si  lo hacen en  el futuro, podrán
asimismo  aplicar el  citado  acuerdo  o  tratado, o  regular
sus  relaciones  de conformidad  con  el  mismo,  en  lugar
del  presente Convenio.  No  obstante, cuando  las  Partes
regulen sus  relaciones respecto de  las cuestiones objeto
del presente Convenio de forma distinta a la prevista en el
mismo, lo harán de modo que no sea incompatible con los
objetivos y principios del Convenio.
1.
El presente Convenio  está abierto a la  ?rma de los
Estados miembros del Consejo de Europa y de los Estados
no miembros que hayan participado en su elaboración.
2.
El  presente Convenio  estará  sujeto a  rati?cación,
aceptación o aprobación. Los instrumentos de rati?cación,
aceptación  o  aprobación  se   depositarán  en  poder  del
Secretario General del Consejo de Europa.
3.
El  presente  Convenio  entrará  en  vigor  el  primer
día  del  mes  siguiente  a  la  expiración  de  un  plazo  de
tres meses  desde la fecha  en que  cinco Estados, de  los
cuales al  menos tres deberán  ser miembros del  Consejo
de  Europa,   hayan  expresado   su  consentimiento  para
quedar vinculados por el Convenio, de conformidad con lo
dispuesto en los párrafos 1 y 2.
exprese
ulteriormente su consentimiento para quedar vinculado por
el Convenio,  éste entrará  en vigor el  primer día  del mes
siguiente a la expiración de un plazo de tres meses desde
la fecha en que haya expresado  dicho consentimiento, de
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 y 2.
3.  Nada  de  lo   dispuesto  en  el  presente  Convenio
afectará  a  otros derechos,  restricciones,  obligaciones  y
responsabilidades de cada Parte.
Artículo 40 – Declaraciones
4.
Para
todo
Estado
signatario
que
Mediante declaración por  escrito dirigida al Secretario
General del  Consejo de  Europa, cualquier  Estado podrá
declarar,  en  el momento  de  la  ?rma o  del  depósito  de
su  instrumento de  rati?cación,  aceptación, aprobación  o
adhesión, que se  acoge a la facultad  de exigir, llegado el
caso, uno  o varios elementos  complementarios previstos
en los artículos 2, 3, 6.1.b), 7, 9.3 y 27.9.e).
Artículo 37 – Adhesión al Convenio
Artículo 41 – Cláusula federal
1.
A partir de la entrada en vigor del presente Convenio,
el  Comité  de  Ministros  del  Consejo  de  Europa  podrá,
previa consulta con los Estados contratantes del Convenio
y  habiendo obtenido  su  consentimiento unánime,  invitar
a adherirse al  presente Convenio a cualquier  Estado que
no sea  miembro  del Consejo  de Europa  y  que no  haya
participado  en  su elaboración.  La  decisión  se  adoptará
respetando la  mayoría establecida en el  artículo 20.d del
Estatuto  del Consejo  de  Europa y  con  el voto  unánime
de  los  representantes  de los  Estados  contratantes  con
derecho a formar parte del Comité de Ministros.
1.
Un  Estado federal  podrá  reservarse el  derecho  a
cumplir  las  obligaciones especi?cadas  en  el  Capítulo  II
del presente  Convenio  en la  medida en  que éstas  sean
compatibles con los principios fundamentales por los que se
rijan las relaciones entre su gobierno central y los estados
que lo constituyen u otras entidades territoriales análogas,
a condición de que pueda garantizar la cooperación según
lo previsto en el Capítulo III.
2.
Cuando formule una reserva en virtud del párrafo 1,
un Estado federal  no podrá hacer uso  de los términos de
dicha reserva para excluir  o reducir de manera sustancial
sus obligaciones  en virtud  del Capítulo  II. En  todo caso,
se dotará  de medios amplios  y efectivos  para aplicar las
medidas previstas en el citado Capítulo.
2.
Para  todo Estado  que se  adhiera  al Convenio  de
conformidad  con  el  párrafo  1  precedente,  el  Convenio
entrará  en  vigor  el  primer  día  del   mes  siguiente  a  la
expiración  de  un  plazo  de  tres  meses  desde  la  fecha
del  depósito del  instrumento  de  adhesión  en poder  del
Secretario General del Consejo de Europa.
3.
En  lo  relativo   a  las  disposiciones   del  presente
Convenio  cuya   aplicación  sea   competencia  legislativa
de   cada  uno   de  los   estados   constituyentes  u   otras
entidades  territoriales análogas,  que no  estén  obligados
por  el sistema  constitucional de  la  federación a  adoptar
medidas  legislativas,  el  gobierno federal  pondrá  dichas
Artículo 38 – Aplicación territorial
1.
En  el  momento  de   la  ?rma  o  del  depósito   del
instrumento   de  rati?cación,   aceptación,   aprobación   o
adhesión,  todo Estado  podrá  designar el  territorio  o los
territorios a los que se aplicará el presente Convenio.
disposiciones
en
conocimiento
de
las
autoridades
competentes de  los estados  constituyentes  junto con  su
opinión  favorable,  alentándolas  a  adoptar  las   medidas
adecuadas para su aplicación.
2.
Posteriormente,  todo  Estado  podrá,  en  cualquier
momento  y  por   medio  de  una   declaración  dirigida  al
Secretario
General
del
Consejo
de
Europa,
hacer
Artículo 42 – Reservas
extensiva la aplicación del  presente Convenio a cualquier
otro territorio especi?cado  en la declaración.  El Convenio
entrará en  vigor respecto de  dicho territorio el  primer día
del  mes  siguiente  a  la expiración  de  un  plazo  de  tres
Mediante noti?cación por  escrito dirigida al  Secretario
del Consejo  de Europa, cualquier  Estado podrá declarar,
en el momento de la ?rma o del depósito de su instrumento
El Peruano / Domingo 22 de setiembre de 2019
NORMAS LEGALES
11
de  rati?cación,  aceptación, aprobación  o  adhesión,  que
se acoge  a una  o varias  de las  reservas previstas  en el
párrafo 2 del artículo 4, el párrafo 3 del artículo 6, el párrafo
b.  el  intercambio   de  información  sobre  novedades
jurídicas, políticas  o técnicas  importantes observadas  en
el ámbito de la  delincuencia informática y la obtención  de
pruebas en formato electrónico;
4
del artículo  9, el  párrafo 3  del artículo 10,  el párrafo  3
del artículo 11, el párrafo 3 del artículo 14, el  párrafo 2 del
artículo 22,  el párrafo 4  del artículo  29 y el  párrafo 1 del
artículo 41. No podrá formularse ninguna otra reserva.
c. el  estudio de la  posibilidad de ampliar  o enmendar
el Convenio.
2.
Se  informará  periódicamente  al  Comité  Europeo
Artículo  43   –   Mantenimiento  y   retirada  de   las     para  Problemas Criminales  (CDPC) del  resultado de  las
consultas mencionadas en el párrafo 1.
En   caso   necesario,   el   Comité   Europeo   para
Problemas  Criminales   (CDPC)   facilitará  las   consultas
mencionadas  en  el  párrafo  1   y  adoptará  las  medidas
necesarias  para  ayudar  a las  Partes  en  sus  esfuerzos
por ampliar  o enmendar  el Convenio.  Expirado un  plazo
de tres años  como máximo desde la  entrada en vigor del
presente Convenio,  el CDPC  procederá, en  cooperación
con las  Partes, a una revisión  de todas las  disposiciones
de la Convención y propondrá,  si procede, las enmiendas
pertinentes.
reservas
3.
1.
Una  Parte  que  haya  formulado   una  reserva  de
conformidad  con   el  artículo  42  podrá   retirarla  total  o
parcialmente mediante  noti?cación  por escrito  dirigida al
Secretario General del Consejo de Europa.  Dicha retirada
surtirá  efecto en  la  fecha  en que  el  Secretario General
reciba la  noti?cación.  Si en  la noti?cación  se indica  una
fecha a partir de la cual  ha de hacerse efectiva la retirada
de una reserva  y esta fecha  es posterior a la  fecha en la
que  el Secretario  General  ha recibido  la  noti?cación,  la
retirada se hará efectiva en dicha fecha posterior.
4.
Salvo cuando el Consejo  de Europa los asuma, los
2.
Una Parte  que haya formulado  una reserva  de las
gastos que ocasione la aplicación de las disposiciones del
párrafo 1 serán sufragados por las Partes, en la forma que
ellas mismas determinen.
mencionadas  en  el   artículo  42  retirará   dicha  reserva,
total  o  parcialmente,  tan  pronto   como  lo  permitan  las
circunstancias.
5.
Consejo de  Europa  en el  ejercicio de  las funciones  que
dimanan del presente artículo.
Las  Partes recibirán  asistencia  del  Secretario del
3.
El Secretario General del Consejo  de Europa podrá
solicitar periódicamente a las Partes que hayan formulado
una o varias reservas conforme a lo dispuesto en el artículo
42,
información sobre las perspectivas de su retirada.
Artículo 47 – Denuncia
Artículo 44 – Enmiendas
1.
Las Partes podrán denunciar en cualquier momento
el  presente  Convenio   mediante  noti?cación  dirigida   al
1.
Cada Parte podrá  proponer enmiendas al  presente
Secretario General del Consejo de Europa.
2.
siguiente a la expiración de un plazo de tres meses desde
la  fecha en  que  el  Secretario  General haya  recibido  la
noti?cación.
Convenio,  que   el  Secretario  General   del  Consejo   de
Europa comunicará  a los Estados  miembros del Consejo
de   Europa,  a   los  Estados   no   miembros  que   hayan
participado en  la elaboración  del presente  Convenio y  a
cualquier Estado  que se  haya adherido  o que  haya sido
invitado a  adherirse de  conformidad con  lo dispuesto  en
el artículo 37.
Dicha denuncia surtirá  efecto el primer día del  mes
Artículo 48 – Noti?cación
2.
Toda   enmienda   propuesta   por   cualquiera    de
las  Partes   será  comunicada  al   Comité  Europeo  para
Problemas Criminales (CDPC), quien  someterá al Comité
de Ministros su opinión sobre la enmienda propuesta.
El Secretario General del Consejo de Europa noti?cará
a  los  Estados miembros  del  Consejo  de  Europa, a  los
Estados
no   miembros   que  hayan   participado   en   la
elaboración del  presente Convenio, así como  a cualquier
Estado que  se haya adherido  o que haya  sido invitado a
adherirse al mismo:
3.
El  Comité  de   Ministros  examinará  la  enmienda
propuesta y  la opinión presentada  por el CDPC  y, previa
consulta  con   los  Estados  no   miembros  Partes   en  el
presente Convenio, podrá adoptar la enmienda.
a. cualquier ?rma;
b. el depósito de  cualquier instrumento de rati?cación,
aceptación, aprobación o adhesión;
c.  cualquier fecha  de  entrada  en  vigor del  presente
Convenio de conformidad con los artículos 36 y 37;
d.  cualquier  declaración  presentada de  conformidad
con el artículo  40 o cualquier reserva  formulada en virtud
del artículo 42;
e.  cualquier  otro   acto,  noti?cación  o  comunicación
relativos al presente Convenio.
4.
El  texto  de  cualquier  enmienda  adoptada  por  el
Comité de  Ministros de  conformidad con lo  dispuesto en
el párrafo 3 del presente artículo será remitido a las Partes
para su aceptación.
5.
Toda  enmienda  adoptada  de conformidad  con  el
párrafo  3  del  presente  artículo  entrará  en  vigor  treinta
días después de que todas  las Partes hayan informado al
Secretario General de su aceptación.
Artículo 45 – Solución de controversias
En
fe   de   lo   cual,   los   infrascritos,   debidamente
1.
Se  mantendrá informado  al  Comité Europeo  para
autorizados a tal efecto, ?rman el presente Convenio.
Problemas  Criminales  (CDPC)  del  Consejo  de  Europa
acerca  de la  interpretación  y  la aplicación  del  presente
Convenio.
Hecho  en  Budapest,  el  23  de  noviembre  de  2001,
en versión  francesa  e inglesa,  ambos textos  igualmente
auténticos, y  en un  ejemplar único que  se depositará  en
los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General
del Consejo  de  Europa remitirá  copia certi?cada  a cada
uno  de  los Estados  miembros  del  Consejo  de  Europa,
a los  Estados no  miembros que  hayan participado  en la
elaboración del Convenio  y a cualquier  Estado invitado a
adherirse al mismo.
2.
En caso  de controversia  entre las  Partes sobre  la
interpretación o  la aplicación  del  presente Convenio,  las
Partes intentarán llegar a un acuerdo mediante negociación
o por cualquier otro medio pací?co de su elección, incluida
la  sumisión  de  la  controversia  al  CDPC,  a  un  tribunal
arbitral cuyas decisiones serán vinculantes para las Partes
en  litigio,  o a  la  Corte  Internacional  de  Justicia,  según
acuerden dichas Partes.
Artículo 46 – Consultas entre las Partes
Declaraciones y Reservas del Perú
al Convenio de Budapest
1.
Las  Partes se  consultarán  periódicamente, según
sea necesario, con el ?n de facilitar:
I. DECLARACIONES CONFORME AL ARTÍCULO 40
DEL CONVENIO:
a. la  utilización y  la aplicación  efectivas del  presente
Convenio, incluida la  identi?cación de cualquier problema
Art. 2, Acceso ilícito
al
respecto,   así    como   las   repercusiones    de   toda
declaración  o reserva  formulada  de  conformidad con  el
presente Convenio;
“Cada  Parte  adoptará las  medidas  legislativas  y  de
otro tipo que resulten necesarias para tipi?car  como delito
12
NORMAS LEGALES
El Peruano
Domingo 22 de setiembre de 2019 /
en  su  derecho interno  el  acceso  deliberado  e  ilegítimo
a  la totalidad  o  a  una parte  de  un sistema  informático.
Cualquier  Parte  podrá   exigir  que  el  delito   se  cometa
infringiendo  medidas  de seguridad,  con  la  intención  de
obtener datos informáticos o con otra intención delictiva, o
en relación con un sistema informático que esté conectado
a otro sistema informático”.
numeral 9  del Convenio  deberán dirigirse a  su autoridad
central".
II. RESERVAS  CONFORME  AL ARTÍCULO  42 DEL
CONVENIO:
Art. 6, Abuso de los dispositivos
Texto de declaración:
“3. Cualquier  Parte podrá reservarse  el derecho  a no
aplicar lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo,
siempre que la reserva no afecte a la venta, la distribución
o  cualquier otra  puesta  a  disposición  de los  elementos
indicados en el apartado 1.a.ii) del presente artículo”.
“De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  2 del
Convenio sobre la Ciberdelincuencia, la República del Perú
declara que  su legislación  exige que  el delito  de acceso
ilícito se cometa infringiendo medidas de seguridad”.
Texto de reserva:
Art. 3, Interceptación ilícita
“De conformidad  con lo dispuesto  en el  párrafo 3 del
artículo  6  del  Convenio  sobre   la  Ciberdelincuencia,  la
República del Perú se  reserva el derecho de no aplicar el
artículo 6, párrafo 1, literal b del Convenio”.
“Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro
tipo que  resulten necesarias para  tipi?car como delito  en
su derecho interno la interceptación deliberada e ilegítima,
por medios  técnicos, de  datos informáticos comunicados
en  transmisiones  no  públicas  efectuadas  a un  sistema
desde   un   sistema   informático   o   dentro
del  mismo,   incluidas  las   emisiones  electromagnéticas
procedentes  de   un  sistema  informático   que  contenga
dichos  datos  informáticos.  Cualquier  Parte  podrá exigir
que el  delito  se haya  cometido con  intención delictiva  o
en relación  con un  sistema informático  conectado a  otro
sistema informático”.
Art.  9,   Delitos  relacionados   con  la  pornografía
infantil
informático,
“4. Cualquier  Parte podrá reservarse  el derecho  a no
aplicar, en todo o en parte, las letras d) y e) del apartado 1,
y las letras b) y c) del apartado 2”.
Texto de reserva:
Texto de declaración:
De conformidad  con el  numeral 4  del artículo  9° del
Convenio  sobre  la  Ciberdelincuencia,  la  República   del
Perú considera que el bien jurídico tutelado  en el derecho
interno con respecto a la pornografía  infantil es la libertad
y/o indemnidad  sexual  de un  menor, por  lo que  formula
una reserva  a  los apartados  b) y  c) del  citado  numeral,
debido  a  que   las  conductas  contempladas   en  dichas
disposiciones  no involucran la participación  de un menor
de edad”.
De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  3 del
Convenio  sobre  la  Ciberdelincuencia,   la República  del
Perú  declara  que su  legislación  exige  que  el  delito  de
interceptación   ilícita  se  cometa  con  intención  delictiva
y  que  dicho  delito   puede  cometerse   en  relación  con
sistema    informático   conectado    a   otro    sistema
informático ”.
Art. 7, Falsi?cación informática
un
Art. 29, Conservación rápida de datos informáticos
almacenados
“Cada  Parte  adoptará las  medidas  legislativas  y  de
otro  tipo   que  resulten   necesarias  para   tipi?car  como
delito en su  derecho interno, cuando se cometa  de forma
deliberada e ilegítima,  la introducción, alteración, borrado
o supresión de datos informáticos que dé lugar a datos no
auténticos, con la intención de que sean tenidos en cuenta
o utilizados a  efectos legales como si  se tratara de datos
auténticos,  con independencia  de que  los  datos sean  o
no  directamente  legibles  e  inteligibles.  Cualquier  Parte
podrá  exigir que  exista  una intención  fraudulenta  o una
intención delictiva similar para que se considere que existe
responsabilidad penal”.
“4.   Cuando  una   Parte   exija   la  doble   tipi?cación
penal  como   condición  para   atender  una   solicitud   de
asistencia  mutua  para el  registro  o el  acceso  de forma
similar,  la con?scación   o la  obtención  de  forma similar
o  la   revelación   de  datos   almacenados,   dicha   Parte
podrá
reservarse,   en   relación    con   delitos   distintos
de  los previstos   con arreglo  a  los  artículos  2  a 11  del
presente  Convenio,   el  derecho  a  denegar  la  solicitud
de  conservación  en  virtud  del presente   artículo  en los
casos en  que tenga motivos  para creer  que la condición
de  la doble  tipi?cación  penal  no  podrá cumplirse   en el
momento de  la revelación”.
Texto de declaración:
Texto de reserva:
De conformidad  con lo dispuesto  en el artículo  7 del
Convenio  sobre  la  Ciberdelincuencia,  la  República   del
Perú  declara que  podrá  exigir  que exista  una  intención
fraudulenta o  delictiva similar,  conforme  a lo  establecido
en su derecho interno, para que las conductas descritas en
dicho artículo generen responsabilidad penal”.
Conforme al  numeral 4  del artículo  29 del  Convenio
sobre  la   Ciberdelincuencia,  la  República   del  Perú  se
reserva el derecho a denegar la  solicitud de conservación
en virtud  de dicho artículo  en el  caso que tenga  motivos
para  creer   que,  en  el   momento  de   la  revelación  de
los  datos, no  se  cumplirá  con  la condición  de  la  doble
Art. 27,  Procedimientos relativos  a las solicitudes      tipi?cación penal”.
de
asistencia   mutua    en   ausencia    de   acuerdos
INTERNACIONALES aplicables
e) En  el momento de  la ?rma  o el depósito  de su
1809507-1
“9.
instrumento   de  rati?cación,   aceptación,   aprobación   o
adhesión, cada Parte podrá informar al Secretario General
del Consejo  de Europa  de que,  por razones  de e?cacia,
las solicitudes formuladas en virtud  del presente apartado
deberán dirigirse a su autoridad central”.
ENTRADA EN VIGENCIA
Entrada
en
vigencia
"Convenio
sobre
la
Ciberdelincuencia" (en  adelante,  el Convenio),  adoptado
el 23  de  noviembre de  2001 en  la ciudad  de  Budapest,
Hungría;  aprobado  mediante  Resolución  Legislativa  N°
Texto de declaración:
30913,
del 12  de  febrero de  2019; y,  rati?cado  a través
del Decreto Supremo N° 010-2019-RE, del 9 de  marzo de
Entrará en vigor el 1 de diciembre de 2019.
De conformidad  con lo establecido  en el  artículo 27,
numeral9,literale)delConveniosobrelaCiberdelincuencia,
la República del Perú  declara que, en aras de  la e?cacia,
las solicitudes  efectuadas en virtud  de lo dispuesto  en el
2019.
1809511-1