“AÑO DE  LA UNIVERSALIZACIÓN    DE LA  SALUD”
Viernes  25 de setiembre  de 2020
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DECRETO SUPREMO
N° 011-2020-JUS
POLÍTICA NACIONAL
PENITENCIARIAAL 2030
SEPARATA ESPECIAL
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
DECRETO SUPREMO Nº 011-2020-JUS
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, conforme al artículo 1 y los numerales 21 y 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, la defensa de
la persona humana y el respeto de su dignidad son el ?n supremo de la sociedad y del Estado; y son principios y derechos
de la función jurisdiccional, el derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados; así como, que
el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad;
Que, la Séptima Política de Estado  del Acuerdo Nacional establece la erradicación de la violencia y el  fortalecimiento
del civismo y  de la seguridad ciudadana, la  Undécima Política de Estado está  orientada a la promoción  de la igualdad de
oportunidades sin discriminación, la Décimo Tercera Política de Estado se re?ere al acceso universal a los servicios de salud y
a la seguridad social, la Décimo Quinta Política de Estado está dirigida a la promoción de la seguridad alimentaria y nutrición,
la Vigésimo Cuarta Política de Estado sobre  a?rmación de un estado e?ciente y transparente, la Vigésima Séptima  Política
de Estado prioriza la erradicación de la producción, el trá?co y el consumo ilegal de drogas; y la Vigésima Octava Política de
Estado rea?rma la plena vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos y acceso a la justicia e independencia judicial;
Que, el Eje Estratégico 1 del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia
el 2021, aprobado por Decreto  Supremo Nº 054-2011-PCM, establece como objetivo nacional  la “plena vigencia de los
derechos fundamentales y la dignidad de las personas”; dentro del cual se considera como objetivos especí?cos 1, 2 y 4
a la “Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales”, el “Acceso garantizado a una justicia
autónoma e independiente, transparente, con?able, moderna, e?ciente, e?caz y predecible”, así como, la “Reducción de
las inequidades y de la pobreza y la pobreza extrema”;
Que,  asimismo, el  Eje  Estratégico 2  del  Plan Bicentenario,  considera  como objetivo  nacional  la  “Igualdad de
oportunidades y  acceso universal a los  servicios básicos”, dentro  del cual se  considera como objetivos especí?cos  1,
2,
3 y 4 al “Acceso equitativo  a una educación integral que permita el desarrollo pleno de  las capacidades humanas en
sociedad”, el “Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad”, la “ Seguridad alimentaria, con énfasis en la
nutrición adecuada de los  infantes y las madres gestantes”,  así como, el “Acceso universal  de la población a servicios
adecuados de agua y electricidad”;
Que, el  numeral  1 del  artículo 4  de la  Ley Nº  29158,  Ley Orgánica  del Poder  Ejecutivo, señala  que  el Poder
Ejecutivo tiene  la competencia exclusiva  de diseñar y  supervisar políticas nacionales  y sectoriales, las  cuales son de
cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno;
Que,  asimismo, el  referido  artículo, dispone  que  las  políticas nacionales  de?nen  los objetivos  prioritarios,  los
lineamientos,  los  contenidos principales  de  las  políticas  públicas, los  estándares  nacionales  de  cumplimiento  y la
provisión de servicios que  deben ser alcanzados y supervisados  para asegurar el normal desarrollo  de las actividades
públicas y privadas; y se aprueban por decreto supremo, con el voto del Consejo de Ministros;
Que, por Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM se aprueba la Política General de Gobierno al 2021, considerando entre
sus ejes el crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, y el desarrollo social y bienestar de la población;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM se aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales,
modi?cado por el Decreto Supremo Nº 038-2018-PCM, con la ?nalidad de desarrollar la rectoría de las políticas nacionales
en todo el territorio a ?n que sean implementadas por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, en bene?cio
de los ciudadanos;
Que, el numeral  10.2 del artículo 10  del acotado Reglamento señala  que las políticas nacionales,  previa opinión
técnica del  Centro Nacional  de Planeamiento  Estratégico -  CEPLAN, se  aprueban por  decreto supremo  con el  voto
aprobatorio del Consejo de Ministros y el refrendo del Ministro titular del sector o sectores competentes;
Que, con Resolución Ministerial Nº 0290-2019-JUS se aprueba la lista sectorial de Políticas Nacionales bajo la rectoría
o conducción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se precisa la vigencia de tres planes nacionales; entre estos
instrumentos, se tiene a la Política Nacional Penitenciaria y el Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2016-2020;
Que, de acuerdo al artículo 1 de la Ley Nº 29807, el Consejo Nacional de Política Criminal adscrito al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, está encargado de  plani?car, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal
del Estado. En ese ámbito, el artículo 4 de la referida ley establece como mandato y atribución, la formulación de políticas
y directrices criminológicas que deberán ser propuestas a los diversos sectores y entidades involucradas en el sistema de
control social, y, en particular, por aquellas que de manera directa se vinculan a la prevención, investigación y represión
del delito, a la justicia penal  y a la ejecución de penas y medidas de seguridad,  con la ?nalidad de establecer líneas de
trabajo orientadas hacia un mismo objetivo;
Que, atendiendo al contexto expuesto y de acuerdo con los numerales 28.1 y 28.2 del artículo 28 de los Lineamientos de
Organización del Estado, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, modi?cados por Decreto Supremo Nº
131-2018-PCM,
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió la Resolución Ministerial Nº 0452-2019-JUS, mediante
la cual conforma el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal para actualizar la Política Nacional Penitenciaria
que preside, cuyo producto especí?co consistía en la propuesta actualizada de la Política Nacional Penitenciaria;
Que, atendiendo a la  situación de emergencia del Sistema Penitenciario,  declarado mediante Decreto Legislativo
Nº 1325 y  prorrogado con Decreto Supremo  Nº 013-2018-JUS; la necesidad  de mejorar las condiciones  de vida de la
población penitenciaria; así como, a  la emisión de la sentencia del Tribunal  Constitucional recaída en el Expediente Nº
05436-2014-PHC/TC,
publicada el  04 de junio  de 2020,  mediante la cual  declara el estado  de cosas  inconstitucional
sobre el hacinamiento en establecimientos penitenciarios y exhorta elaborar un nuevo Plan Penitenciario; el citado Grupo
de Trabajo Multisectorial presentó, en la XVII Sesión del Consejo Nacional de Política Criminal de 27 de agosto de 2020,
la propuesta actualizada de la Política Nacional Penitenciaria, la misma que fue aprobada por unanimidad;
Que, con Informe Técnico Nº D000010-2020-CEPLAN-DNCPPN, el  Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -
CEPLAN emite opinión técnica  sobre la propuesta de la Política  Nacional Penitenciaria, validando la misma y  señalando
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que cumple con lo dispuesto en el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-
y la Guía de Políticas Nacionales, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00047-2018/
2018-PCM
CEPLAN/PCD, modi?cada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00057-2018-CEPLAN-PCD;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en la Ley Nº
29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos; y, en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 013-2017-JUS;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030
Apruébese la Política Nacional Penitenciaria al 2030, la misma que como Anexo forma parte integrante del presente
decreto supremo.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
La Política Nacional Penitenciaria al 2030  es de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado  y los
diferentes niveles de gobierno, conforme a su autonomía y competencias.
Artículo 3.- Rectoría y conducción de la Política Nacional Penitenciaria al 2030
La Política Nacional Penitenciaria al 2030 constituye una política nacional multisectorial, cuya rectoría y conducción
está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Artículo 4.- Seguimiento y evaluación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030
4.1.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lidera técnicamente el seguimiento y la evaluación de la Política
Nacional Penitenciaria al 2030.
4.2.
La  O?cina General  de  Planeamiento,  Presupuesto y  Modernización  (OGPM)  del Ministerio  de  Justicia  y
Derechos Humanos, realiza el seguimiento de la  Política Nacional Penitenciaria al 2030 con la información provista por
las entidades del Estado involucradas en su implementación y ejecución, y tiene a su cargo la remisión de los reportes de
cumplimiento, seguimiento y evaluación al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.
Artículo 5.- Implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030
Las entidades  del Estado responsables  de los objetivos  prioritarios, lineamientos y  proveedores de  los servicios de
la Política Nacional Penitenciaria 2020-2030, están  a cargo de la implementación y ejecución de la misma,  conforme a sus
funciones y competencias, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN). Para tal efecto, dichas
entidades coordinan con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la implementación de los servicios identi?cados y otras
acciones a ?n de contribuir al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Política Nacional Penitenciaria 2020-2030.
Artículo 6.- Financiamiento
La implementación de las medidas y acciones  en el marco de lo dispuesto en la Política Nacional  Penitenciaria al
se efectúa de manera progresiva, con cargo al Presupuesto Institucional de las entidades del Estado involucradas,
2030
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 7.- Publicación
Disponer la publicación del presente Decreto Supremo y su Anexo en el Diario O?cial El Peruano; asimismo, el mismo
día, se publican en  el Portal del Estado peruano  (www.peru.gob.pe), en el Portal Institucional del  Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus), y en el Portal Institucional del Instituto Nacional Penitenciario (www.gob.pe/inpe).
Artículo 8.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro del Interior,
el Ministro de Educación, la Ministra de  Salud, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, la Ministra  de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Relaciones Exteriores y, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- Elaboración del Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Penitenciaria al 2030
El  Poder Ejecutivo  aprueba  el Plan  Estratégico  Multisectorial  de la  Política  Nacional Penitenciaria  2020-2030
requerido para la implementación de la presente Política Nacional, mediante decreto supremo, dentro de los ciento veinte
(120)
días contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación del Decreto Supremo Nº 005-2016-JUS
Derógase el Decreto Supremo Nº 005-2016-JUS, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Penitenciaria
y el Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2016-2020.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil veinte.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
PATRICIA ELIZABETH DONAYRE PASQUEL
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación
CÉSAR AUGUSTO GENTILLE VARGAS
Ministro del Interior
ROSARIO SASIETA MORALES
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
ANA C. NEYRA ZEGARRA
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
MARIO LÓPEZ CHÁVARRI
Ministro de Relaciones Exteriores
JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
PILAR E. MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud
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POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
Contenido
Presentación
I.
Antecedentes
1.1.
1.2.
1.3.
Base legal
Metodología
Diagnóstico
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
Enunciado del problema público
Modelo del problema público
Conceptos claves
Situación actual del problema público
Situación futura deseada
Alternativas de solución seleccionadas
1.4.
Políticas relacionadas
1.4.1.
1.4.2.
Nivel vertical de alineamiento
Nivel horizontal de alineamiento
2.
3.
4.
Objetivos prioritarios y lineamientos
Provisión de servicios y estándares
Seguimiento y evaluación
Acrónimos
Anexos
Anexo Nº 01. Cálculo de los indicadores de la situación futura deseada.
Anexo Nº 02. Fichas técnicas de los indicadores de los objetivos prioritarios
Anexo Nº 03. Matrices de servicios y estándares de cumplimiento
Anexo Nº 04. Esquema del Plan de trabajo
Anexo Nº 05. Matriz de consistencia de la Política Nacional Penitenciaria
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Presentación
Como parte de un esfuerzo conjunto de las instituciones del Estado de mejorar la gestión  de todo el sistema de justicia,
el gobierno ha  puesto énfasis en reformar varias  instituciones comprometidas en proporcionar seguridad  y bienestar a
la sociedad. En ese sentido,  uno de los aspectos más complejos de abordar  desde la intervención político-criminal, sin
duda, es el mejoramiento del sistema penitenciario.
La situación comprometida del  sistema penitenciario ha sido materia de  atención de varias instituciones, entre ellas,  el
Tribunal Constitucional que, mediante Expediente Nº 5436-2014-PHC/TC declara inconstitucional “el permanente y crítico
hacinamiento de los establecimientos penitenciarios  y las severas de?ciencias en la capacidad de  albergue, calidad de
su infraestructura e instalaciones sanitarias, de  salud, de seguridad, entre otros servicios básicos, a  nivel nacional”. De
la misma manera, reiterados  informes de la Defensoría del  Pueblo  señalan las carencias  del sistema penitenciario en
1
temas de infraestructura y condiciones mínimas de atención. Todas estas  observaciones hacen notoria la necesidad de
contar con acciones  estratégicas enmarcadas en un  esfuerzo nacional que examine  estas de?ciencias y cumplan  con
atenderlas y subsanarlas.
El instrumento principal para esta labor es la Política Nacional Penitenciaria, la cual se instituyó, en un principio, mediante
Decreto Supremo Nº 005-2016-JUS, el mismo que signi?có un avance hacia una mejor gestión penitenciaria y la mejora
de las  condiciones básicas de  atención. No obstante,  el horizonte temporal  de la  política anterior no  fue el su?ciente
para abordar la extensión de problemáticas por resolver dentro de los establecimientos penitenciarios. Debido a ello, se
contempló la necesidad de proponer la presente actualización de la Política, la misma que es formulada como una acción
conjunta y participativa de las instituciones involucradas en el proceso de atención a la población privada de libertad . La
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cual, ha integrado mediante reuniones de trabajo multisectorial el proceso de actualización y validación por cada sector.
La actualización de la Política Penitenciaria, que aquí presentamos, tiene como objetivo principal el resolver el problema
de las  “Inadecuadas condiciones de  vida para favorecer  la reinserción de  las personas  privadas de libertad”,  pues el
propósito principal del  sistema penitenciario es la  resocialización de las  personas que han cometido  delitos y que, sin
las mínimas condiciones  de salud, aseo, educación,  habitación, entre otros servicios, dicha  meta se ve obstaculizada.
En consecuencia, la presente política propone, en un periodo de diez años (2020 – 2030), mejorar signi?cativamente las
condiciones básicas que permitan dar el soporte a las actividades del Sistema Penitenciario para que pueda cumplir con
la meta de lograr la reinserción  de las personas privadas de libertad. Para ello se  ha propuesto los siguientes objetivos
prioritarios:
Reducir signi?cativamente el hacinamiento en el sistema penitenciario, lo que implica, por un lado, racionalizar
la  lógica de  los  ingresos  al  sistema, mediante  el  desarrollo  y  adopción de  un  marco  normativo  que aplique
proporcional y excepcionalmente la prisión preventiva y la pena privativa de libertad, situación que incluye enfrentar
la “demagogia punitiva”; y,  por otro lado, mejorar la  infraestructura existente y reducir las  brechas en el acceso a
servicios.
Mejorar las condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad, incluye la mejora de la oferta de
servicios en salud para que responda a las necesidades de atención adecuada y oportuna de las/os internos acorde
a estándares internacionales.  Del mismo modo, en  este objetivo se considera  prioritario atender el cumplimiento
de los  estándares internacionales  respecto de  las condiciones  de albergue,  tratamiento y  condiciones de  vida;
y, en función  de ellos, responder a la  brecha en infraestructura, equipamiento y  acceso a servicios en el  sistema
penitenciario.
Asegurar  condiciones de  seguridad  y  convivencia de  la  población penitenciaria,  buscando  fortalecer  la
seguridad integral de las personas privadas de libertad, por medio de la implementación de mecanismos de control
e inteligencia, haciendo uso de recursos y equipos tecnológicos, y de coordinación interinstitucional entre el sistema
penitenciario y las entidades vinculadas al sistema de justicia.
Fortalecer habilidades para la  reinserción de las personas privadas  de su libertad que cumplen  penas en
los medios  cerrado y libre,  lo que  involucra la mejora  de los  programas de tratamiento  penitenciario tanto en
medio libre como  cerrado, bajo un enfoque  de intervención especializada que fortalezca  las habilidades sociales
y capacidades  de la  población penitenciaria.  Asimismo, dichas  intervenciones deben  considerar una  adecuada
valoración de los factores de riesgo y de las trayectorias  delictivas, así como la presencia de factores protectores,
a ?n de que  los programas de tratamiento estructurado puedan  plani?car su duración, frecuencia e intensidad  en
base a estas dimensiones.
Fortalecer la  gestión del conocimiento,  la interoperabilidad  y la transparencia  del sistema  penitenciario,
enmarcándolos  en los  principios  de  oportunidad, certeza,  coherencia  y  con?abilidad, para  desarrollar  gestión
del  conocimiento  y  mecanismos  de  transparencia,  que  cuenten  con  tecnología  digital  e  interconectada;  de
modo  que la  información  de las/os  internos, sus  características  personales, sus  sentencias,  estado de  salud,
seguridad, y tratamiento  en programas estructurados, este a  disposición de las/os autoridades y  funcionarios del
Sistema Penitenciario para  la toma de decisiones. Asimismo, se  propone la disposición de equipos  tecnológicos,
procedimientos; y, la existencia de reglas y/o protocolos de operación para la orientación del personal del INPE. Del
mismo modo, este incluye la  muy necesaria mejora de las condiciones laborales,  de seguridad y estabilidad para
los servidores del sistema penitenciario.
1
2
Informes Especiales Nº 08-2020-DP, Informes Especiales Nº 03-2020-DP, Informe de Adjuntía Nº 006-2018-DP/ADHPD.
Las instituciones  que participaron  en los grupos  de trabajo  fueron las siguientes:  INPE, MINJUSDH,  MINSA, MINEDU, MTPE,  MIDIS, MININTER,  MIMP,
Defensoría del Pueblo y DEVIDA.
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Mejorar  capacidades  para  la  reinserción  en  personas  que  han  cumplido  sus   penas,  considerando  el
acompañamiento y la generación de  iniciativas y programas de asistencia a las  personas que habiendo cumplido
sus sentencias en medio libre y cerrado,  requieran de apoyo para su reinserción. Esto supone proveer de medios
de trabajo y procurar  la atención social, educacional y  cultural de quienes han egresado del  sistema, a través de
redes y servicios interinstitucionales y comunitarios a nivel nacional. En este OP los subniveles de gobierno juegan
un papel relevante para su realización.
Finalmente,  creemos  que  el  arduo trabajo  de  todas  las  instituciones  involucradas  en  la  formulación  de la
actualización de esta  Política ha proporcionado el  soporte necesario para que  constituya un instrumento e?caz
de gestión  que permita la mejora  oportuna e integral  del sistema penitenciario  para así, asegurar  la adecuada
reinserción de las personas privadas de libertad en todo el país.
I.
Antecedentes
1.1.
Base legal
A continuación, se  presenta la revisión del  marco legal que sustenta  la Política Nacional Penitenciaria  al 2030 en  dos
niveles: i) normas nacionales, y ii) normas internacionales.
I.
Normas nacionales
La Política Nacional Penitenciaria al 2030 se sustenta en las siguientes normas nacionales:
a)
-
Normas  que reconocen  y  garantizan  los derechos  a  la salud,  a  la  integridad física  y  psicológica y  a  la  no
discriminación de las personas privadas de su libertad:
Constitución Política del Perú (artículo 1, artículo 2 incisos 1 y 2,  artículo 7, artículo 44, artículo 138, artículo 139
incisos 9, 11, 12, 14, 16, 19, 21 y 22).
Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el ?n supremo de la sociedad y del
Estado.
Artículo 2  Incisos 1  y 2.-  Toda persona  tiene derecho  a su  integridad moral,  psíquica  y física,  así como  a la
igualdad ante  la ley.  Nadie debe  ser discriminado  por  motivo de  origen, raza,  sexo, idioma,  religión, opinión,
condición económica o de cualquiera otra índole.
Artículo 7.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como
el deber de contribuir a su promoción y defensa.
Artículo  44.-  Son  deberes   primordiales   del  Estado:  defender  la  soberanía   nacional;  garantizar   la  plena
vigencia   de  los  derechos   humanos;  proteger   a  la  población   de  las  amenazas   contra  su  seguridad;   y
promover  el bienestar  general  que  se fundamenta  en  la justicia  y en el  desarrollo  integral  y equilibrado   de
la Nación.
Artículo 138.- La potestad de  administrar justicia emana del pueblo y se ejerce  por el Poder Judicial a través de
sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.
Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
Inciso 9.- La inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos.
Inciso 11.- La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de con?icto entre leyes penales.
Inciso 12.- A no ser condenado en ausencia.
Inciso 14.- A no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso.
Inciso 16.- La  gratuidad de la  administración de justicia y  de la defensa gratuita  para las personas  de escasos
recursos.
Inciso 19.- La  prohibición de ejercer función  judicial por quien no  ha sido nombrado en  la forma prevista por  la
Constitución o la ley.
Inciso 21.- El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.
Inciso 22.- El régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a
la sociedad.
-
Código de Ejecución Penal (Título Preliminar artículos I, II, III, IV, V, IX y X; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 76, 77,
78,
79, 80, 81, 82, 82-A, y, 92).
Título Preliminar Artículo I.- El  Código de Ejecución Penal, regula  la ejecución de las siguientes penas  dictadas
por los órganos jurisdiccionales competentes: 1.- Pena privativa de libertad, 2.- Penas restrictivas de libertad, 3.-
Penas limitativas de derechos. Comprende, también, las medidas de seguridad.
Título Preliminar Artículo II.- La  ejecución penal tiene por objeto la  reeducación, rehabilitación y reincorporación
del penado a la sociedad. La misma regla se aplica al procesado, en cuanto fuera pertinente.
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Título Preliminar Artículo  III.- La  ejecución penal y  las medidas  privativas de libertad  de los  procesados están
exentas de tortura  o trato inhumano o  humillante y de cualquier  otro acto o procedimiento  que atente contra la
dignidad del interno.
Título Preliminar Artículo IV.- El tratamiento penitenciario se realiza mediante el sistema progresivo.
Título  Preliminar Artículo  V.-  El  régimen penitenciario  se  desarrolla  respetando los  derechos  del  interno  no
afectados por la condena y está prohibida toda discriminación racial, social, política, religiosa, económica, cultural
o de cualquier otra índole.
Título Preliminar Artículo IX.- La interna gestante o madre y los hijos menores de ésta que conviven con ella gozan
de amplia protección del Sistema Penitenciario.
Título Preliminar Artículo X.- El Sistema Penitenciario acoge las disposiciones,  conclusiones y recomendaciones
de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente.
Artículo 1.-  El interno goza de  los mismos derechos  que el ciudadano  en libertad sin  más limitaciones que las
impuestas por la ley y la sentencia respectiva.
Artículo 2.- El interno ingresa al Establecimiento Penitenciario sólo por mandato judicial, en  la forma prevista por
la ley. Es ubicado en el Establecimiento que determina la Administración Penitenciaria.
Artículo 3.- El interno ocupa un ambiente adecuado y está sujeto a tratamiento integral desde su ingreso hasta su
liberación.
Artículo 4.- El interno debe ser llamado por su nombre.
Artículo 5.- El interno debe observar las disposiciones sobre orden, aseo y disciplina.
Artículo 6.- Al  ingresar al  Establecimiento Penitenciario, el  interno es  examinado por el  servicio de salud  para
conocer su estado físico y mental.
Artículo 17.- La Administración Penitenciaria proporciona al interno la alimentación preparada que cumpla con las
normas dietéticas y de higiene establecidas por la autoridad de salud.
Artículo 18.-  Dentro  del Establecimiento  Penitenciario se  promueve y  estimula la  participación  del interno  en
actividades de orden educativo, laboral, recreativo, religioso y cultural.
Artículo 76.- El interno tiene derecho a alcanzar, mantener o recuperar el bienestar físico y mental.
Artículo 77.- Todo establecimiento  penitenciario tiene un servicio médico básico  a cargo de un profesional de  la
salud, encargado de atender el bienestar del interno.
Artículo 78.- En los establecimientos penitenciarios donde se justi?que la necesidad de servicios especializados,
podrá contar  con profesionales  médicos especialistas  y otros profesionales  de la  salud, así  como el personal
técnico y auxiliar sanitario.
Artículo 79.- Los establecimientos penitenciarios están dotados de ambientes destinados a atenciones de urgencias
y emergencias,  ambulatorias y/o  de internamiento,  según sus necesidades,  con el  equipo, recurso  humano e
instrumental médico correspondiente; asimismo, deben estar de acuerdo a las categorías de establecimientos de
salud establecidos por el Ministerio de Salud y deben encontrarse registrados en el Registro Nacional de IPRESS
administrado por SUSALUD.
Artículo 80.-  El interno  puede solicitar,  asumiendo su  costo, los  servicios médicos  de profesionales  ajenos al
Establecimiento Penitenciario.
Artículo 81.- En los Establecimientos Penitenciarios para mujeres o  en los sectores destinados a ellas, existe un
ambiente dotado de material de obstetricia y ginecología.
En los Establecimientos  Especiales para madres con  hijos, existe un ambiente  y materiales necesarios para  la
atención infantil.
Artículo 82.-  La atención  médica especializada fuera  del Establecimiento  Penitenciario podrá realizarse  en un
centro asistencial público o privado. El director adoptará, en todos los casos, las medidas de seguridad adecuadas,
bajo responsabilidad.
Artículo  82-A.- Ante la  aparición de  alguna anomalía  psíquica  durante la reclusión  que  afecte gravemente  el
concepto de  la realidad  del interno,  procede el  traslado hacia  un centro hospitalario  especializado,  conforme
al  informe  médico  emitido   por  la  administración  penitenciaria   y  previa  decisión  del  juez  que  dispuso   el
internamiento.
Artículo  92.- La  asistencia psicológica  realiza  el estudio  de la  personalidad  del interno  y aplica  los  métodos
adecuados para alcanzar los ?nes del tratamiento.
-
Decreto Legislativo Nº 635, Código Penal (Título Preliminar artículos II, III, V, VI y IX)
Título Preliminar Artículo II.- Nadie será sancionado  por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente
al momento de su  comisión, ni sometido a  pena o medida de seguridad  que no se encuentren establecidas  en
ella.
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Título Preliminar Artículo  III.- No  es permitido la  analogía para cali?car  el hecho como  delito o  falta, de?nir un
estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les corresponde.
Título Preliminar Artículo V.- Sólo el Juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad; y no puede
hacerlo sino en la forma establecida en la ley.
Título  Preliminar Artículo  VI.- No  puede  ejecutarse  pena alguna  en  otra forma  que  la prescrita  por  la  ley y
reglamentos que la desarrollen. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicialmente.
Título Preliminar  Artículo IX.-  La pena  tiene función  preventiva, protectora  y resocializadora.  Las  medidas de
seguridad persiguen ?nes de curación, tutela y rehabilitación.
-
Decreto Legislativo Nº 957, Código Procesal Penal (Título Preliminar artículos II, V, y  VI; artículos 488, 489, 491,
540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 565 y 566)
Título Preliminar Artículo II.- Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente,
y debe  ser  tratada como  tal, mientras  no se  demuestre  lo contrario  y se  haya declarado  su responsabilidad
mediante sentencia  ?rme debidamente  motivada. Para  estos  efectos, se  requiere de  una su?ciente  actividad
probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.
En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado. Hasta antes de la sentencia
?rme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información
en tal sentido.
Título PreliminarArtículo V.- Corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y, especialmente,
del juzgamiento,  así  como expedir  las sentencias  y demás  resoluciones  previstas en  la Ley.  Nadie puede  ser
sometido a pena o medida de seguridad sino por resolución del órgano jurisdiccional determinado por la Ley.
Título Preliminar Artículo VI.- Las medidas que limitan  derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas
en la Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad judicial,  en el modo, forma y con las garantías previstas
por la  Ley. Se impondrán  mediante resolución motivada,  a instancia de  la parte procesal  legitimada. La  orden
judicial debe  sustentarse en su?cientes  elementos de convicción,  en atención a  la naturaleza y  ?nalidad de la
medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad.
Artículo 488.- Derechos en la ejecución de la sentencia
1.
sentencia condenatoria, los derechos y las facultades que este Código y las Leyes le otorgan.
El condenado,  el tercero  civil y  las personas jurídicas  afectadas podrán  ejercer, durante  la ejecución  de la
2.
Preparatoria los  requerimientos y  observaciones que legalmente  correspondan respecto  de la ejecución  de la
sanción penal, de la reparación civil y de las demás consecuencias accesorias impuestas en la sentencia.
El condenado  y las  demás partes  legitimadas están  facultadas a  plantear ante  el Juez de  la Investigación
3.
de las sanciones penales en general, instando las medidas de supervisión y control que correspondan, y formulando al
Juez de la Investigación Preparatoria los requerimientos que fueren necesarios para la correcta aplicación de la Ley.
Sin perjuicio de lo establecido en los numerales anteriores, corresponde al Ministerio Público el control de la ejecución
Artículo 489.- Ejecución penal de la sentencia
1.
La ejecución  de las  sentencias condenatorias  ?rmes, salvo  lo dispuesto  por el Código  de Ejecución  Penal
respecto de los bene?cios penitenciarios, serán de competencia del Juez de la Investigación Preparatoria.
2.
El Juez  de la  Investigación  Preparatoria está  facultado para  resolver todos  los incidentes  que se  susciten
durante la ejecución de  las sanciones establecidas en el  numeral anterior. Hará las comunicaciones dispuestas
por la Ley y practicará las diligencias necesarias para su debido cumplimiento.
Artículo 491.- Incidentes de modi?cación de la sentencia
1.
El Ministerio  Público, el  condenado y su  defensor, según  corresponda, podrán  plantear, ante  el Juez de  la
Investigación  Preparatoria incidentes  relativos a  la  conversión y  revocación de  la  conversión de  penas, a  la
revocación de la suspensión de  la ejecución de la pena y de  la reserva del fallo condenatorio, y a  la extinción o
vencimiento de la pena.
Artículo 540.- Bases y requisitos del cumplimiento de condenas
1.
Las sentencias de la justicia penal nacional que imponen penas privativas de libertad o  medidas de seguridad
privativas de libertad a nacionales de otro país pueden ser cumplidas en el país de origen de la persona condenada
o en  el que  acredite arraigo.  Asimismo, las  sentencias de  la justicia  penal extranjera  que impongan  penas y
medidas de seguridad privativas de libertad a peruanos pueden ser cumplidas en el Perú.
2.
Suprema expedida  con  acuerdo del  Consejo de  Ministros, previo  informe de  la  Comisión de  Extradiciones y
Traslado de Personas Condenadas.
CorrespondedecidireltrasladoactivoopasivodepersonascondenadasalPoderEjecutivo,medianteResolución
Artículo 541.- Jurisdicción del Perú sobre la condena impuesta
1.
y cualquier otro procedimiento que disponga la revisión o modi?cación de las sentencias dictadas por sus órganos
El Perú, cuando acepte el traslado del condenado extranjero, mantiene jurisdicción sobre la condena impuesta
judiciales. También retiene la facultad de indultar o conceder amnistía o redimir la pena a la persona condenada.
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2.
decisiones que sobre estos extremos adopte el Estado extranjero, previas consultas y coordinaciones.
La  Fiscalía de  la Nación,  en  coordinación con  el  Ministerio de  Justicia  y Derechos  Humanos,  acepta las
Artículo 542.- Condiciones para el traslado y cumplimiento de las condenas
1.
El traslado  de la persona condenada  es posible, si se  cumplen las siguientes  condiciones:  a) Que el hecho
que  origina la  solicitud  sea  punible  en ambos  Estados;  b) Que  el  reo no  haya sido  declarado  culpable  de
un delito  exclusivamente   militar;  c) Que  la parte  de  la condena  por  cumplirse  al momento  de  presentar  la
solicitud, sea  por lo menos de seis (06) meses.  Excepcionalmente,  las autoridades centrales  pueden convenir
el traslado,  aunque la  duración de la  condena por  cumplirse sea  inferior; y d)  Que la sentencia  se encuentre
?rme.
Artículo 543.- Trámite para disponer el traslado de extranjero condenado en el Perú
Artículo 544.- Trámite cuando el Perú solicita el traslado del nacional
Artículo 545.- Penas no privativas de libertad
1.
El condenado de nacionalidad peruana por un órgano jurisdiccional extranjero a cumplir una pena de condena
condicional o la suspensión del fallo condenatorio, o de prestación de servicios a la comunidad, o de limitación de
días libres, o una medida de seguridad no privativa de libertad, podrá cumplirla en el Perú bajo la vigilancia de la
autoridad competente.
2.
consecuencias accesorias, y a la aceptación del condenado prestada con asistencia de su abogado defensor.
La  aceptación  de  la  solicitud está  condicionada  al  cumplimiento  de  la  reparación  civil  y  de  las  demás
Artículo 546.- Cumplimiento de penas no privativas de libertad en el Perú
1.
El condenado  extranjero  por un órgano jurisdiccional   peruano a cumplir  una pena de condena  condicional
o  la suspensión   del  fallo  condenatorio,   o de  prestación  de  servicios   a la  comunidad,  o  de  limitación  de
días  libres,   o una  medida   de  seguridad  no  privativa   de  libertad,   podrá  ser  cumplido  en  el  país  de  su
nacionalidad.
Artículo 547.- Pena de multa y el decomiso
Artículo 548.- Pena de Inhabilitación
1.
a solicitud  de su autoridad  central, siempre que  se cumplan las condiciones  establecidas en el  numeral 1) del
artículo 532.
Las penas  de inhabilitación  impuestas por un  órgano jurisdiccional  extranjero serán ejecutadas  en el  Perú,
2.
el previsto  en los  artículos 530  y 532,  así como las  normas sobre  ejecución de  sentencia establecidas  en  el
Código.
El procedimiento  de  admisión  y el  de ejecución,  con la  intervención  necesaria  del Fiscal  Provincial,  será
Artículo 549.- Penas de multa e inhabilitación y decomiso objeto de cumplimiento en el extranjero
1.
requerir que se ejecute la condena en un país extranjero.
El órgano jurisdiccional  peruano que haya impuesto una  condena de multa, inhabilitación o  decomiso, podrá
Artículo 550.- Disposición de entrega vigilada al exterior
1.
La Fiscalía  Provincial del  lugar donde  ocurra el  hecho, previa  coordinación  con la  Fiscalía de  la Nación  y
mediando solicitud expresa y motivada de la autoridad competente extranjera, podrá autorizar la entrega vigilada
con el  ?n de  descubrir a  las personas  implicadas en  delitos de  naturaleza internacional  o transnacional  y de
entablar acciones penales contra ellas.
Artículo 565.- Cumplimiento de penas impuestas a nacionales
1.
nacionalidad peruana. Esta decisión requiere informe favorable de la Fiscalía de la Nación y Resolución Suprema
del Sector Justicia con aprobación del Consejo de Ministros.
El Estado Peruano podrá manifestar a la Corte Penal  Internacional su disposición para recibir condenados de
2.
de las  penas y  la aplicación  del régimen  jurídico de  su aplicación, así  como las  bases de  la supervisión  que
compete a la Corte Penal Internacional.
El Estado Peruano iniciará consultas con la Corte Penal Internacional para determinar el ámbito de la ejecución
Artículo 566.- Ejecución de las penas
1.
comunicarán a la Corte Penal Internacional el establecimiento penal de cumplimiento de la pena. Se acompañará
copia autenticada de la sentencia.
Si la  pena  es privativa  de libertad,  la  Fiscalía de  la Nación  en  coordinación con  el Ministerio  de Justicia,
2.
La ejecución de la pena  privativa de libertad dependerá del Acuerdo expreso a que  llegue el Estado Peruano
con la Corte  Penal Internacional. La pena no  puede ser modi?cada por la  jurisdicción peruana. Todo pedido de
revisión, uni?cación de penas, bene?cios penitenciarios, traslado para la detención en otro país y otros incidentes
de ejecución,  así como los recursos,  son de competencia  exclusiva de la  Corte Penal Internacional.  El interno
podrá dirigir los  pedidos a la Fiscalía  de la Nación, órgano que  los trasladará inmediatamente a  la Corte Penal
Internacional.
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-
Decreto Supremo  Nº 006-2016-MIMP, que  aprueba el Protocolo  Intersectorial entre  el Ministerio de  la Mujer y
Poblaciones Vulnerables y el Instituto Nacional  Penitenciario para la atención oportuna de hijas o hijos  menores
de edad de las madres internas en Establecimientos Penitenciarios
Este instrumento permite brindar la protección especial que requieren las niñas o niños que permanecen con sus
madres en los Establecimientos Penitenciarios, frente a  situaciones de vulnerabilidad, como es la desprotección
familiar, a ?n de restituir sus derechos vulnerados, especialmente el de vivir en familia, articulando el trabajo que
realiza el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Instituto Nacional Penitenciario en el marco de sus
competencias.
-
-
Ley Nº 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Esta ley  establece  el marco  normativo, institucional  y de  políticas públicas  en los  tres niveles  de  gobierno a
través del cual  se busca garantizar el  ejercicio del derecho a  la igualdad, dignidad, libre  desarrollo, bienestar y
autonomía, impidiendo toda forma de discriminación en cualquier ámbito.
Ley Nº 30287, Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú (artículos 25, 26, 27 y 28).
Artículo 25.- Implementación de los servicios de salud existentes en los centros penitenciarios.
Artículo 26.- Tratamiento médico antituberculosis como criterio de ubicación o reubicación del interno.
Artículo 27.-  Continuidad del  tratamiento médico antituberculosis  de las  personas que  egresan de los  centros
penitenciarios.
Artículo 28.- Bene?cios al personal que labora en los servicios de salud de los centros penitenciarios.
-
Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Título Preliminar artículos II y III).
Título Preliminar Artículo II.- Principio de servicio al ciudadano
Las entidades del Poder  Ejecutivo están al servicio de las  personas y de la sociedad; actúan  en función de sus
necesidades, así como del interés general de la nación, asegurando que su actividad se realice con arreglo a los
principios de  e?cacia, e?ciencia, simplicidad, sostenibilidad  ambiental, predictibilidad, continuidad,  rendición de
cuentas, prevención y celeridad.
Título Preliminar Artículo III.- Principio de inclusión y equidad
El Poder Ejecutivo  a?rma los derechos fundamentales  de las personas y  el ejercicio de sus responsabilidades,
procurando inclusión y equidad.
-
Decreto Legislativo  Nº 1328,  Decreto Legislativo que  fortalece el  Sistema Penitenciario  Nacional y  el Instituto
Nacional Penitenciario (artículos 27 inciso 3, artículo 29 inciso 2, artículo 32 incisos 1 y 2).
Artículo 27 Inciso 3.- Todo centro de reinserción social debe contar con infraestructura adecuada que permita a la
administración brindar servicios de  calidad en tratamiento, seguridad y salud  que garanticen las condiciones de
vida de la población penitenciaria.
Artículo 29  Inciso 2.- En  el caso de  los establecimientos  penitenciarios, comprende obligatoriamente  espacios
especialmente diseñados para las tareas de administración, tratamiento, registro penitenciario, salud y seguridad,
de acuerdo a  su ubicación geográ?ca  y al régimen establecido  en el Código de  Ejecución Penal; así  como las
condiciones que permitan la implementación de políticas, planes, programas, proyectos y actividades que busquen
concretar una reinserción social.
Artículo 32 Inciso 1.-  La población penitenciaria tiene derecho,  sin discriminación, al acceso de  los servicios de
salud para la prevención, promoción y recuperación. El Estado, a través del sistema nacional de salud, garantiza
el acceso y las prestaciones con infraestructura, equipamiento y recursos humanos capacitados.
Artículo 32 Inciso 2.- El  INPE articula y coordina con las entidades del sistema  nacional de salud e instituciones
prestadoras para  una adecuada  atención de  la población  penitenciaria. El  reglamento regula  la organización,
competencia, funciones, ?nanciamiento y los mecanismos de articulación y coordinación del INPE con el sistema
nacional de salud.
-
-
Decreto  Legislativo   Nº  1325,  Decreto  Legislativo   que  Declara  en   Emergencia  y  Dicta   Medidas  para  la
Reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (artículo 3).
Artículo 3.- Durante la declaratoria de emergencia se realizan las siguientes acciones  en materia de condiciones
de salud: programas y acciones de salud en establecimientos penitenciarios, atención y tratamiento en materia de
salud mental, tratamiento especializado de población penitenciaria vulnerable, fortalecimiento de los servicios de
salud en los establecimientos penitenciarios, mejoramiento integral de la alimentación y servicios básicos para la
población penitenciaria y evaluación médica anual.
Decreto Supremo  Nº  013-2018-JUS, Decreto  Supremo que  prorroga la  emergencia dispuesta  por el  Decreto
Legislativo Nº 1325, para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario.
Al haberse declarado en emergencia y dictado medidas para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario
y el Instituto Nacional Penitenciario por razones de seguridad, salud, hacinamiento y de?ciente infraestructura por
el período de veinticuatro meses, a ?n de revertir la aguda crisis que atraviesan los establecimientos penitenciarios
a nivel nacional; y subsistiendo las razones que motivaron la dación del mencionado decreto legislativo, resultaba
necesario prorrogar la indicada emergencia por un plazo igual; por lo que se prorroga por única vez, por un plazo
adicional de veinticuatro  meses, la declaratoria  de emergencia dispuesta por  el Decreto Legislativo  Nº 1325, a
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?n de  revertir la aguda  crisis que atraviesan  los establecimientos penitenciarios  a nivel nacional;  prórroga que
empezará a regir a partir del 07 de enero de 2019.
-
Decreto Legislativo  Nº 1513,  Decreto Legislativo  que establece disposiciones  de carácter  excepcional para  el
deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus COVID-19.
El presente decreto legislativo tiene por objeto establecer diversas medidas destinadas a impactar favorablemente
en el  nivel  de hacinamiento  de los  centros penitenciarios  y  centros juveniles  a nivel  nacional,  las que  están
orientadas a  personas privadas de  su libertad por  sentencia condenatoria  o medida de  coerción personal, así
como las que cuenten con una medida de internamiento por infracción a la Ley penal o medida de internamiento
preventivo, a ?n de preservar la vida y salud de las personas privadas de su libertad, así como de los funcionarios
y servidores que brindan servicios en estos establecimientos.
-
-
Decreto Supremo Nº 008-2012-JUS, Reglamento del Consejo Nacional de Política Criminal (artículo 3).
Artículo  3.-  Son principios  rectores  del  Consejo  Nacional  de Política  Criminal  y  de  la Política  Criminal  del
Estado,  los siguientes:  a. Garantía  de los  derechos fundamentales  y  de la dignidad  humana; b.  Principio  de
mínima intervención  y  subsidiariedad;  c. Principio  de tolerancia;  d. Principio  de humanidad  de las sanciones
penales;  e.  Principio  de  acción   multiagencial;  f.  Principio   de resocialización;   g.  Principio   de e?ciencia   y
racionalidad;  h. Principio  de legalidad;  i. Principio  de proporcionalidad;  y, j.  Coordinación horizontal  entre  las
instituciones.
Sentencia  EXP.   N.º  04007-2015-PHC/TC   del  Tribunal  Constitucional   sobre  atención   en  salud   mental  a
establecimientos penitenciarios.
El Tribunal  Constitucional  considera que  el  derecho a  la salud  mental,  como derecho  social,  es también  un
derecho fundamental y, por  tanto, de e?cacia vinculante para todas  las personas. Por ende, no puede  excluirse
de su protección a las personas privadas de libertad en centros penitenciarios. Respecto de tales personas, solo
operan las restricciones de derechos  que se hayan dispuesto en la  respectiva resolución judicial o las previstas
en la respectiva  ley de ejecución penal. El TC  declara estado de cosas inconstitucional  sobre la situación de la
salud mental de personas  internadas en establecimientos penitenciarios. La  comisión de un delito no habilita  el
desconocimiento de derechos  como a la  salud y a la  integridad personal. Ahora bien,  para que tales derechos
sean adecuadamente  cautelados se  requiere necesariamente de  condiciones adecuadas  de internamiento. Si
bien queda establecido que la reclusión por sentencia judicial o por prisión preventiva conlleva varias restricciones
al ejercicio de derechos y libertades fundamentales, todas las personas privadas de libertad conservan un mínimo
de aquellos cuyo goce no puede ser limitado o relativizado.
-
Sentencia EXP. Nº 05436-2014-PHC/TC del Tribunal Constitucional que declara estado de cosas inconstitucional
sobre el hacinamiento de establecimientos penitenciarios.
El Tribunal Constitucional  reconoce que existe  un estado de  cosas inconstitucional respecto  del permanente y
crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas de?ciencias en la capacidad de albergue,
calidad de su  infraestructura e instalaciones sanitarias,  de salud, de seguridad,  entre otros servicios básicos, a
nivel nacional.
-
-
-
-
Ley Nº 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar”.
Decreto Legislativo Nº 1164. Decreto  Legislativo que establece Disposiciones para la Extensión de la  Cobertura
Poblacional del Seguro Integral de Salud en Materia de A?liación al Régimen de Financiamiento Subsidiado.
Decreto de Urgencia Nº  017-2019. Decreto de Urgencia que establece  medidas para la Cobertura Universal  de
Salud.
Decreto  Legislativo  Nº  1466,  Decreto   Legislativo  que  aprueba  Disposiciones  para  fortalecer   y  facilitar  la
implementación  del  Intercambio  Prestacional  en  salud  en  el  Sistema  Nacional  de  Salud,  que  permitan  la
adecuada y plena prestación  de los servicios de salud  para las personas contagiadas  y con riesgo de contagio
por COVID-19.
b)
-
Normas que contribuyen a garantizar la reinserción social y laboral de las personas privadas de su libertad:
Código de Ejecución Penal (artículos 60, 61, 62, 64, 65, 69, 71, 71-A y 85).
Artículo 60.- El tratamiento penitenciario  tiene como objetivo la reeducación, rehabilitación y  reincorporación del
interno a la sociedad.
Artículo  61.- El  tratamiento  penitenciario  es  individualizado y  grupal.  Consiste  en  la utilización  de  métodos
médicos, biológicos, psicológicos, psiquiátricos,  pedagógicos, sociales, laborales y todos aquéllos  que permitan
obtener el objetivo del tratamiento de acuerdo a las características propias del interno.
Artículo 62.- Para individualizar el tratamiento se hace el estudio integral del interno mediante la observación y los
exámenes que correspondan, a efecto de formular el diagnóstico y pronóstico criminológico.
Artículo  64.-  La clasi?cación  del  interno  es  contínua,  de  acuerdo a  su  conducta  (fácilmente  readaptable  y
difícilmente readaptable).
Artículo 65.- El trabajo es un derecho y un deber del interno, contribuye a su rehabilitación, se organiza y plani?ca
atendiendo a  su aptitud y  cali?cación laboral compatible  con la seguridad  del establecimiento  penitenciario. El
trabajo que realicen los internos procesados tiene carácter voluntario.
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Artículo 69.-  En cada  Establecimiento  Penitenciario se  promueve la  educación del  interno para  su formación
profesional o capacitación ocupacional. Los programas que se  ejecutan están sujetos a la legislación vigente en
materia de educación.
Artículo 71.- El interno que no tenga profesión u o?cio conocidos, está obligado al aprendizaje técnico, de acuerdo
a sus aptitudes, intereses y vocación.
-
Decreto Legislativo  Nº 1328,  Decreto Legislativo que  fortalece el  Sistema Penitenciario  Nacional y  el Instituto
Nacional Penitenciario (artículos 30, 31, Tercera Disposición Complementaria Final).
Artículo 30.-  El tratamiento  penitenciario son  actividades encaminadas a  lograr la  disminución de  los factores
de riesgo  criminógeno de la población  penitenciaria, con el  ?n de reeducarla,  rehabilitarla y reincorporarla a  la
sociedad, y evitar la reincidencia en el delito, utilizando métodos biológicos, psicológicos, psiquiátricos, educativos,
sociales, laborales  y todos  aquéllos que permitan  obtener el  objetivo de  la ejecución  penal, de acuerdo  a las
características propias de la población penitenciaria.
Artículo 31.- La población penitenciaria tiene derecho a recibir una educación que responda a sus necesidades y
potencialidades en el marco de una efectiva igualdad de oportunidades, de acuerdo a las posibilidades materiales
de la  administración.  El Estado,  a través  del sistema  educativo  peruano, garantiza  el acceso  a los  servicios
educativos en sus diversas etapas, niveles, modalidades, ciclos o programas.
Tercera Disposición Complementaria Final.- El INPE y las entidades públicas o privadas establecerán mecanismos
de coordinación para que las personas que hayan cumplido su pena consoliden su proceso de reinserción social,
previniendo la reincidencia delictiva.
-
-
Decreto  Legislativo   Nº  1325,  Decreto  Legislativo   que  Declara  en   Emergencia  y  Dicta   Medidas  para  la
Reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (artículo 14).
Artículo 14.- El INPE y las entidades públicas o privadas establecen mecanismos de coordinación para que las personas
que hayan cumplido su pena  consoliden su proceso de reinserción social a través  de sus programas y actividades,
previniendo la reincidencia delictiva. Todos los sectores del Poder Ejecutivo y los diferentes niveles de gobierno deben
adecuar sus programas, proyectos y actividades para contribuir con los objetivos de la Política Nacional Penitenciaria.
Decreto Legislativo Nº 1343, Decreto Legislativo para la promoción e implementación de cárceles productivas.
El desarrollo de actividades  productivas a través del trabajo penitenciario  forma parte del tratamiento, con el  ?n
de reeducarlo, rehabilitarlo y  reincorporarlo a la sociedad, y evitar la  reincidencia en el delito; en ese  sentido se
aprueba el Decreto Legislativo para la Promoción e Implementación deTalleres Productivos en los Establecimientos
Penitenciarios y de Medio  Libre; a ?n de fortalecer el  tratamiento penitenciario y post penitenciario, a  través del
desarrollo de actividades productivas con participación del sector público, privado y la sociedad civil.
c)
-
Normas que contribuyen al deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios:
Código de Ejecución Penal (artículos 42, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 57-A, 59-A, y, 59-B).
Artículo 42.- Los  bene?cios penitenciarios son  el permiso de salida,  la redención de  la pena por el  trabajo y la
educación, la semilibertad, la liberación condicional, la visita íntima, entre otros.
Artículo 57-A.- Los bene?cios penitenciarios de semilibertad y liberación condicional se aplican conforme a la ley
vigente en el momento de la sentencia condenatoria ?rme.
Artículo 59-A.- Procedimiento de revisión de la pena cadena perpetua
La pena de cadena perpetua será revisada de o?cio o a petición de parte cuando el condenado haya cumplido 35
años de privación de libertad por el órgano jurisdiccional que impuso la condena.
Artículo 59-B.- Procedimiento de revisión de la condena de inhabilitación perpetua
La condena de inhabilitación perpetua es revisada, de o?cio o a petición de parte, por el órgano jurisdiccional que
impuso la condena, cuando el condenado cumpla veinte años de pena de inhabilitación.
-
Decreto  Legislativo   Nº  1325,  Decreto  Legislativo   que  Declara  en   Emergencia  y  Dicta   Medidas  para  la
Reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (artículos 6 y 7).
Artículo 6.- Se faculta al INPE  para la construcción de pabellones para incrementar las unidades  de alojamiento
que mejoren  las  condiciones de  habitabilidad y  seguridad  en aquellos  establecimientos penitenciarios  donde
exista  área disponible.  El  INPE de?ne  y  aprueba los  establecimientos  y proyectos  penitenciarios  que serán
priorizados a ?n de focalizar estratégicamente el desarrollo y la implementación de las acciones.
Artículo 7.- Durante la declaratoria de emergencia se realiza la identi?cación de terrenos  y registro de inmuebles
destinados  a  infraestructura  penitenciaria,  la   adquisición  de  nuevos  predios  o  terrenos,  se   promoverá  la
participación del sector privado y se cooperará con los sectores del Poder Ejecutivo.
-
-
Decreto Supremo  Nº  013-2018-JUS, Decreto  Supremo que  prorroga la  emergencia dispuesta  por el  Decreto
Legislativo Nº 1325, para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario.
Decreto Legislativo  Nº 1459, Decreto  Legislativo que  optimiza la aplicación  de la  conversión automática de  la
pena para personas condenadas  por el delito de omisión de  asistencia familiar, a ?n de reducir el  hacinamiento
penitenciario y evitar contagios de COVID-19.
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NORMAS LEGALES
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A efectos de coadyuvar con la prevención del riesgo de contagio del COVID-19 y, a su vez, optimizar la atención a
las condiciones de sobrepoblación, es necesario potenciar la aplicación de medidas de  egreso penitenciario que
no impliquen perjuicios  sociales como el caso de  la conversión automática de  la pena aplicable a las  personas
condenadas por  el delito de  omisión de asistencia  familiar regulada en  el artículo 3  del Decreto Legislativo  Nº
1300,
Decreto Legislativo que regula el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por
penas alternativas, en ejecución de condena.
-
Decreto Supremo Nº  004-2020-JUS, Decreto Supremo  que establece supuestos especiales  para la evaluación
y propuesta  de  recomendación de  Gracias Presidenciales,  y  determina su  procedimiento, en  el marco  de  la
emergencia sanitaria por COVID-19.
Las condiciones de  hacinamiento y salud  durante la aguda  crisis que vienen atravesando  los establecimientos
penitenciarios  a nivel  nacional,  convierten  a  las internas  y  los  internos,  así como  al  personal  penitenciario
(agentes de  seguridad,  administrativos y  personal de  salud), en  focos  de contagio  masivo de  enfermedades
altamente infecciosas como  el COVID-19; para prevenir  el riesgo de contagio de  enfermedades y evitar la  fácil
propagación de  COVID-19, como se puede  presentar en las  actuales condiciones de  salud y hacinamiento  en
los establecimientos penitenciarios  y, a su vez, optimizar  la atención a las condiciones  de sobrepoblación en el
presente contexto de emergencia  sanitaria nacional, es necesario incorporar  supuestos especiales a ?n de que
la Comisión de Gracias Presidenciales proceda a evaluar  y proponer el otorgamiento de indultos comunes y por
razones humanitarias, así como conmutaciones de penas, que no impliquen perjuicios sociales, sino que atiendan
-de manera excepcional- las actuales condiciones de emergencia sanitaria nacional.
-
Decreto Supremo  Nº  006-2020-JUS, Decreto  Supremo que  establece criterios  y procedimiento  especial para
la  recomendación de  Gracias  Presidenciales para  los  adolescentes  privados de  libertad,  en el  marco  de la
emergencia sanitaria por COVID-19.
Las condiciones de hacinamiento  y salud durante la aguda crisis que  vienen atravesando los Centros Juveniles
de Medio Cerrado a  nivel nacional, convierten a adolescentes  internas e internos, así como  a los profesionales
que trabajan en ellos  (agentes de seguridad, administrativos y personal de  salud), en focos de contagio masivo
de enfermedades altamente infecciosas como el COVID-19; para prevenir el riesgo de contagio de enfermedades
y evitar  la fácil  propagación de  COVID-19, como  se puede  presentar en  las actuales  condiciones de  salud y
hacinamiento en los Centros Juveniles de  Medio Cerrado y, a su vez, optimizar la atención a  las condiciones de
sobrepoblación en  el presente  contexto de  emergencia sanitaria  nacional,  es necesario  incorporar supuestos
especiales a  ?n de que  la Comisión  de Gracias Presidenciales  proceda a  evaluar y  proponer el otorgamiento
de indultos comunes y por razones humanitarias,  así como conmutaciones de medidas socioeducativas, que no
impliquen perjuicios sociales, sino que atiendan -de manera excepcional- las actuales condiciones de emergencia
sanitaria nacional.
-
-
Decreto Legislativo  Nº 1513,  Decreto Legislativo  que establece disposiciones  de carácter  excepcional para  el
deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus COVID-19.
Decreto Legislativo Nº 1514, Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica
personal como medida coercitiva personal y sanción penal a ?n de reducir el hacinamiento.
El presente decreto legislativo  tiene por objeto modi?car  el Código Penal, el Código Procesal  Penal, el Decreto
Legislativo Nº 1300, Decreto Legislativo que regula el procedimiento  especial de conversión de penas privativas
de libertad por penas alternativas, en ejecución de condena; y el Decreto Legislativo Nº 1322, Decreto Legislativo
que regula  la  vigilancia electrónica  personal;  para  optimizar la  evaluación  y utilización  de dicha  medida  por
parte de los jueces penales,  como alternativa a la prisión  preventiva, en el caso de las  personas procesadas, y
como pena sustitutoria  a la de prisión efectiva, para el caso de las personas  sentenciadas y de aquellos que se
acogen a un bene?cio  penitenciario, conversión  de pena o cualquier otra medida  de liberación anticipada.
d)
-
Normas  referidas a  la  organización de  los establecimientos  penitenciarios  y normas  que  contribuyen a  esta
organización:
Código de Ejecución Penal (artículos 106, 107, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 131, 132 y 133).
Artículo106.-ElEstablecimientoPenitenciariotieneunDirector,unSub-Director,órganostécnicosyadministrativos
y el personal que determine la Administración Penitenciaria.
Artículo 107.-  El Director  es la  máxima autoridad  del Establecimiento  Penitenciario y  es el  responsable de la
seguridad y administración, así como de la aplicación del Código y su Reglamento.
Artículo  108.-  El Órgano  Técnico  de  Tratamiento  está integrado  por  los  profesionales  de  la administración
penitenciaria.
Artículo 109.- El Consejo Técnico Penitenciario está integrado por el Director, que lo preside, el Administrador, el
Jefe de Seguridad Penitenciaria, el Jefe del Órgano Técnico de Tratamiento y los profesionales que determine el
Reglamento.
Artículo 129.- La Administración Penitenciaria cuenta con el personal necesario y debidamente cali?cado para el
cumplimiento de las  disposiciones del presente Código  y su Reglamento. Las  plazas son cubiertas por  estricta
línea de carrera, conforme al escalafón.
Artículo 130.-  El personal penitenciario es  seleccionado, formado y  capacitado permanentemente en  el Centro
Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario. La carrera penitenciaria
comprende al personal de tratamiento, de administración y de seguridad.
-
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (artículos 3, 4, 5, 6, 12, 23 y 24).
14
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
En su organización interna, toda entidad del Poder Ejecutivo aplica normas generales de organización, así como
cuenta con competencias exclusivas, competencias compartidas con los gobiernos regionales y locales.Asimismo,
se reconoce la iniciativa  legislativa del Presidente de la República,  las funciones y la estructura  orgánica de los
ministerios.
-
Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (artículos 4, 6, 7
y 15).
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la  entidad competente en las siguientes materias: a) Derechos
Humanos, b) Defensa jurídica del Estado, c) Acceso a la justicia, d) Política Penitenciaria,  e) Regulación notarial
y registral y supervisión de fundaciones, f) Defensa, coherencia y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico g)
Relación del Estado con  entidades confesionales, y h) Reinserción social  de las y los adolescentes en  con?icto
con la Ley  Penal. Los organismos  públicos adscritos al Ministerio  de Justicia y  Derechos Humanos se regulan
conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la correspondiente norma de creación. Los organismos públicos
adscritos al  Ministerio  de Justicia  y Derechos  Humanos son:  a) Instituto  Nacional Penitenciario  –  INPE, y  b)
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp.
-
Ley Nº 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal (artículos 1, 2 y 4).
El Consejo Nacional de Política Criminal es el ente encargado de plani?car, articular, supervisar y dar seguimiento
a la  política criminal  del Estado.  Dicho Consejo  Nacional estará  adscrito al  Ministerio de  Justicia. El Consejo
Nacional de  Política Criminal  tiene los  siguientes mandatos  y atribuciones:  Estudiar el  fenómeno criminal  del
Perú y elaborar el  Diagnóstico Nacional sobre las causas  del delito y los factores  que inciden en su expansión.
Diseñar, aprobar y supervisar la ejecución del  Programa Nacional de Política Criminal, a partir de la información
de la realidad nacional. Formular políticas y directrices criminológicas que deberán ser propuestas a los diversos
sectores y entidades  involucradas en el sistema  de control social,  y, en particular, por  aquellas que de manera
directa se vinculan a la prevención, investigación y represión del delito, a la justicia penal y a la ejecución de penas
y medidas de seguridad, con la ?nalidad de establecer líneas de trabajo orientadas hacia un mismo objetivo.
-
Decreto Legislativo  Nº 1328  Decreto Legislativo  que fortalece  el Sistema  Penitenciario Nacional  y el  Instituto
Nacional Penitenciario (artículos 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 37, 38, 39 y 40).
El INPE tiene competencia a nivel nacional en la ejecución de las medidas privativas de libertad, la pena privativa
de libertad  efectiva y  suspendida, penas  limitativas de  derechos, las  medidas alternativas  a la  pena privativa
de libertad  y vigilancia electrónica personal,  con la ?nalidad  de alcanzar la  reinserción social. Dirige  y controla
técnica y administrativamente el Sistema Penitenciario Nacional, asegurando una adecuada política penitenciaria.
El Poder Judicial y  el Instituto Nacional Penitenciario establecen  los mecanismos permanentes de coordinación
para una adecuada aplicación de la detención, prisión preventiva y las medidas alternativas a la pena privativa de
libertad, para evitar la sobrepoblación y el hacinamiento en las instalaciones penitenciarias, así como mecanismos
de vigilancia electrónica personal  y videoconferencia. Los gobiernos regionales  y locales cooperan con el INPE
para el logro de sus objetivos.
-
Decreto  Legislativo   Nº  1325,  Decreto  Legislativo   que  Declara  en   Emergencia  y  Dicta   Medidas  para  la
Reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (artículos 12, 13 y 15).
El INPE fortalece el órgano competente para articular las  acciones de supervisión, investigación, control interno,
asuntos disciplinarios, funcionales, y lucha contra la corrupción y cuenta con un Tribunal de Disciplina Penitenciaria
que se rige por la ley de la  materia. A tal efecto el INPE dota de los recursos necesarios para la implementación
de las medidas de transparencia, prevención, investigación y lucha contra la corrupción.
-
-
Decreto Supremo  Nº  013-2018-JUS, Decreto  Supremo que  prorroga la  emergencia dispuesta  por el  Decreto
Legislativo Nº 1325, para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario.
Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, modi?cado por
Decreto Supremo Nº 131-2018-PCM (artículos 5, 6, 7, 8, 9, 43 y 44).
El diseño de las entidades públicas consiste en analizar las características de la entidad para identi?car un modelo
de organización  que más  se ajuste a  esta y  facilite la elaboración  o modi?cación  de su estructura  orgánica o
funcional. Asimismo, se regulan niveles organizacionales que re?ejan dependencia jerárquica entre sus unidades
de organización, y cuentan con documentos de gestión organizacional tales como el Reglamento de Organización
y Funciones (ROF).
-
Decreto Supremo Nº 008-2012-JUS, Reglamento del Consejo Nacional de Política Criminal (artículos 4, 5, 6, 7, 8,
9,
10, 14, 15, 16, 17, 18 y 19).
El Consejo Nacional de Política Criminal, se presenta como una instancia articuladora y coordinadora que permitirá
una mejor actuación del Estado para enfrentar los injustos penales y construir un país con mejores estándares en
lo que compete a la lucha contra la delincuencia, a partir de estudios de situaciones objetivas.
-
Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM Reglamento que regula las Políticas Nacionales
e)
-
Normas referidas a la seguridad y a la mejora de los sistemas de información en los establecimientos penitenciarios:
Código de Ejecución Penal (artículos 112, 112-A, 112-B, 112-C, 113, 114, 115, 115-A, 116 y 117).
El  órgano de  seguridad  del  Establecimiento  Penitenciario es  el  encargado  de proporcionar  las  condiciones
óptimas para  desarrollar  las acciones  de tratamiento.  Aplica las  medidas que  garantizan la  seguridad  de las
personas, instalaciones y comunicaciones. La seguridad  de los Establecimientos Penitenciarios y dependencias
conexas, está a  cargo del personal  penitenciario de seguridad.  Excepcionalmente, la seguridad exterior  de los
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
15
Establecimientos Penitenciarios,  a solicitud del  Instituto Nacional  Penitenciario, está a  cargo del Ministerio  del
Interior. Comprende  la  vigilancia y  control de  las zonas  externas  contiguas al  perímetro del  Establecimiento.
La seguridad exterior  de los Establecimientos Penitenciarios de  mujeres está a cargo de  personal femenino. El
personal de seguridad puede hacer uso de la fuerza y  de las armas, en la medida estrictamente necesaria, para
controlar situaciones de violencia o alteraciones del orden generadas por los internos o que afecten la seguridad
del Establecimiento Penitenciario.
-
-
Ley Nº 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal (artículo 7).
Artículo 7.- El  Ministerio Público, el Poder Judicial,  el Ministerio de Justicia  y el INPE informan trimestralmente,
según les corresponda, al Consejo Nacional de Política Criminal, sobre el número de denuncias que son archivadas,
los procesos concluidos mediante  mecanismos alternativos de terminación anticipada  de los procesos penales,
las excarcelaciones por bene?cios  penitenciarios y el número de  los internos que salen de  los penales del país
indicando el motivo.
Decreto Legislativo  Nº 1328,  Decreto Legislativo que  fortalece el  Sistema Penitenciario  Nacional y  el Instituto
Nacional Penitenciario (artículos 24, 25,  26, 29 incisos 1, 4 y 5; artículo  33, Cuarta Disposición Complementaria
Final, Octava Disposición Complementaria Final).
El INPE está  facultado a emplear medios  tecnológicos, soluciones informáticas y sistemas  de comunicaciones,
de  videovigilancia, telefonía,  videoconferencia,  Internet, aplicativos  informáticos,  aplicaciones móviles,  ?rmas
digitales, DNI electrónico, multibiometría  y otros, para el cumplimiento de  sus funciones y para que  viabilicen la
interoperabilidad con entidades del Estado. El INPE implementa el Registro Nacional Penitenciario, que contiene
la carpeta digital individual de la población penitenciaria nacional. La infraestructura de los centros de reinserción
social debe  garantizar un adecuado  tratamiento y seguridad  penitenciaria, que permita la  resocialización de la
población penitenciaria.
-
Decreto  Legislativo   Nº  1325,  Decreto  Legislativo   que  Declara  en   Emergencia  y  Dicta   Medidas  para  la
Reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (artículos 9, 10, 11).
Por motivos de  seguridad, hacinamiento y a ?n  de evitar situaciones que  pongan en riesgo la  seguridad de los
establecimientos penitenciarios  y la  seguridad ciudadana,  el INPE  se encuentra  facultado a  adoptar medidas
extraordinarias,  así  como  a realizar  operativos  de  seguridad  a  nivel  nacional  y  actividades  de inteligencia
penitenciaria.
-
-
Decreto Supremo  Nº 013-2018-JUS,  Decreto  Supremo que  prorroga la  emergencia dispuesta  por el  Decreto
Legislativo  Nº   1325,  para  la  reestructuración   del  Sistema  Nacional   Penitenciario  y  el  Instituto   Nacional
Penitenciario.
Decreto Legislativo Nº 1514, Decreto Legislativo que optimiza la aplicación de la medida de vigilancia electrónica
personal como medida coercitiva personal y sanción penal a ?n de reducir el hacinamiento.
f)
-
Normas referidas al presupuesto y a los recursos necesarios para el Sistema Penitenciario:
Decreto Legislativo  Nº  654, aprueba  el Código  de  Ejecución Penal  (artículo 140),  modi?cado  por el  Decreto
Legislativo Nº 1328.
Constituyen recursos del Instituto Nacional Penitenciario:  La quinta parte de los bienes y el  dinero decomisados
y de las multas impuestas por la comisión de delitos y faltas, y el monto de la reparación civil que no hubiera sido
reclamada por su bene?ciario dentro de los dos años siguientes a su consignación.
-
-
Decreto Legislativo  Nº 1328,  Decreto Legislativo que  fortalece el  Sistema Penitenciario  Nacional y  el Instituto
Nacional Penitenciario (artículo 34, artículo  35, Segunda Disposición Complementaria Final y  Sexta Disposición
Complementaria Final).
El Instituto Nacional Penitenciario se constituye en Pliego Presupuestal, tiene autonomía económico-?nanciera y
administrativa para el cumplimiento de sus funciones; formula, aprueba y ejecuta su presupuesto anual, aprobado
por el Congreso de la República y los incorporados por el Titular del Pliego.
DecretoLegislativoNº1325,DecretoLegislativoquedeclaraenemergenciaydictamedidasparalareestructuración
del Sistema  Nacional Penitenciario  y  el Instituto  Nacional Penitenciario  (Novena Disposición  Complementaria
Final).
Se autoriza a las instituciones públicas propietarias de los bienes inmuebles que actualmente tenga en posesión
el INPE a realizar la transferencia de la propiedad a título gratuito a favor del INPE.
g)
-
Normas que contribuyen a la creación de políticas relacionadas con el Sistema Penitenciario:
Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM Reglamento que regula las Políticas Nacionales
-
Decreto Supremo Nº  005-2016-JUS, Decreto Supremo que aprueba  la Política Nacional Penitenciaria y  el Plan
Nacional de la Política Penitenciaria 2016-2020.
La Política  Nacional constituye el  principal marco orientador  de la Política  Penitenciaria del Estado  peruano, y
establece lineamientos  generales y  especí?cos para  su desarrollo, la  misma que  tiene por  objeto racionalizar
el ingreso  y salida al  sistema penitenciario,  incrementar la cobertura  y calidad  del tratamiento diferenciado  de
la población penitenciaria  de régimen cerrado y  régimen abierto, así como  promover la reinserción social  de la
población que ha culminado la sanción recibida, a través de una visión sistémica e intervención interinstitucional,
multisectorial e intergubernamental en el sistema penitenciario.
16
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
-
Ley Nº 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal.
El Consejo Nacional de Política Criminal es el ente encargado de plani?car, articular, supervisar y dar seguimiento
a la política criminal del Estado. Dicho Consejo Nacional está adscrito al Ministerio de Justicia.
-
Decreto Supremo Nº 008-2012-JUS, Aprueban Reglamento del Consejo Nacional de Política Criminal.
Debe ser prioridad  del Estado la determinación  de una política  criminal que se establezca  como manifestación
de un e?caz control  social y solución de con?ictos,  dirigida hacia las acciones humanas  consideradas violentas
o nocivas las que entorpecen el desarrollo armónico de nuestra sociedad; en ese  sentido se establecen mejores
marcos de de?nición de la persecución de los delitos y las penas, así como la adaptación permanente del sistema
penal para enfrentar los fenómenos delictivos desde una perspectiva técnica y proporcional a los bienes jurídicos
protegidos de nuestro sistema legal, buscando la protección de la sociedad.
II.
Normas e instrumentos internacionales
Las normas  sobre  derechos y  las libertades  reconocidas  por la  Constitución se  interpretan de  conformidad  con los
tratados de derechos humanos  rati?cados por el Estado (Cuarta  Disposición Final y Transitoria de la  Constitución), los
cuales forman parte del derecho nacional (artículo 55 de la Constitución; artículo 3 de la Ley Nº 26647), en concordancia
con las  decisiones adoptadas por los  tribunales internacionales sobre  derechos humanos constituidos  según tratados
de los que  el Perú es parte (artículo  V del Título Preliminar  del Código Procesal Constitucional, sentencia  del Tribunal
Constitucional Exp. Nº 5854-2005-AA/TC).
En ese sentido,  se presentan las siguientes  normas e instrumentos internacionales  que sustentan la Política  Nacional
Penitenciaria al 2030:
-
Convención Americana de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1969)
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1.
2.
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
Nadie debe  ser sometido  a  torturas ni  a penas  o tratos  crueles, inhumanos  o degradantes.  Toda persona
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3.
4.
La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
Los procesados  deben estar separados  de los condenados,  salvo en circunstancias excepcionales,  y serán
sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.
5.
Cuando los menores  puedan ser procesados, deben ser  separados de los adultos y  llevados ante tribunales
especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6.
Las penas privativas de  la libertad tendrán como ?nalidad  esencial la reforma y la readaptación  social de los
condenados.
Artículo 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre
1.
mujeres están prohibidas en todas sus formas.
Nadie puede ser  sometido a esclavitud o  servidumbre, y tanto éstas,  como la trata de  esclavos y la trata  de
2.
Nadie debe  ser constreñido  a ejecutar un  trabajo forzoso  u obligatorio. En  los países  donde ciertos delitos
tengan señalada pena  privativa de la  libertad acompañada de trabajos  forzosos, esta disposición no  podrá ser
interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente.
El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.
3.
No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:
a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia
o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo
la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición
de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;
b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que
la ley establezca en lugar de aquél;
c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad,
y
d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.
-
Pacto Internacional  de Derechos  Civiles y  Políticos (Naciones  Unidas, 1996), aprobado  por el  Perú mediante
Decreto Ley Nº 22129 del 28 de marzo 1979.
-
-
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (Naciones Unidas, 1990).
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) (Naciones
Unidas, 2016).
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
17
-
-
-
-
Reglas mínimas de las naciones unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) (Naciones
Unidas, 1990c).
Reglas de  la Naciones Unidas  para el  tratamiento de las  reclusas y  medidas no privativas  de la  libertad para
mujeres delincuentes y sus comentarios (Reglas de Bangkok) (Naciones Unidas y UNODC, 2011).
Reglas mínimas  de las  Naciones Unidas para  la administración  de la  justicia de menores  (Reglas de  Beijing)
(Naciones Unidas, 1985).
Reglas de las  Naciones unidas para  la protección de los  menores privados de libertad  (Reglas de La Habana)
(Naciones Unidas, 1990b).
-
-
-
Reglas Penitenciarias Europeas (Consejo de Europa, 2006).
Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en las Cárceles (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2013).
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección  de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (CIDH,
2008).
-
Convención Contra  la Tortura  y Otros  Tratos o  Penas Crueles,  Inhumanos o  Degradantes (Naciones  Unidas,
1984),
aprobado por el Perú mediante Decreto Ley Nº 22129 del 28 de marzo 1979.
-
Conjunto de  Principios para  la protección  de todas las  personas sometidas  a cualquier  forma de  detención o
prisión (Naciones Unidas, 1988).
-
Orientaciones técnicas para la plani?cación de establecimientos penitenciarios (UNOPS, 2016).
1.2.
Metodología
La actualización  de la  Política Nacional  Penitenciaria se  desarrolla siguiendo  lo establecido  por la  Guía de  Políticas
Nacionales  (CEPLAN, 2018).  Esta  señala  que la  actualización  de  una Política  debe  seguir cuatro  etapas  (diseño,
formulación, implementación, seguimiento y evaluación) y doce (12) pasos presentados para la formulación de Políticas.
Imagen Nº 01. Etapas para la formulación de las Políticas Nacionales
Fuente. Ceplan 2018
3
La  ejecución de  las  actividades para  cumplir  con las  etapas  y pasos,  se  desarrolla a  cargo  del Grupo  de Trabajo
Multisectorial para  la actualización de  la Política  Nacional Penitenciaria, del  cual el  Ministerio de Justicia  y Derechos
Humanos ejerce la Secretaría Técnica . El Grupo de Trabajo se reúne en sesiones que sirven como espacio de discusión
4
y revisión de los avances. Estas reuniones, a su vez, funcionan como talleres y espacios de decisión sobre los contenidos
y forma de la Política.
Al respecto, el  Grupo de Trabajo Multisectorial para la  actualización de la Política Nacional  Penitenciaria, se reunió en
ocho (08) oportunidades:
1)
2)
El 19 de diciembre de 2019. Sesión 1: se instaló el Grupo de Trabajo.
El 21 de enero  de 2020. Sesión 2: el  Instituto Nacional Penitenciario presentó el diagnóstico  de la situación del
sistema penitenciario.
3
4
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. Guía de Políticas Nacionales. Lima, 2018, CEPLAN.
Resolución Ministerial  Nº 0452-2019-JUS,  del 02  de diciembre  del 2019, que  crea el  Grupo de  Trabajo Multisectorial  para la actualización  de la  Política
Nacional Penitenciaria.
18
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
3)
El 06 de febrero de  2020. Sesión 3: se presentó el modelo del  problema público, y se acordó realizar reuniones
multisectoriales.
4)
El 06  de marzo de  2020. Sesión 4:  se presentó la  nueva versión del  modelo del problema  público. Se acordó
enviar al grupo los primeros documentos de la Política.
5)
6)
El 27 de mayo de 2020. Sesión 5: se discutieron los objetivos y lineamientos de la Política Nacional Penitenciaria.
El 08 de junio  de 2020. Sesión 6: se  presentaron las versiones modi?cadas de  los objetivos y lineamientos. Se
acordó llamar a una sesión para revisar las versiones ?nales.
7)
8)
El 24  de agosto  de 2020.  Sesión 7:  se presentó  al Grupo  de Trabajo,  el documento  preliminar de  la Política
Nacional Penitenciaria.
El 26  de agosto  de 2020.  Sesión 8: se  discutieron los  últimos detalles  del documento  de la Política  Nacional
Penitenciaria y  se dio por  validada la versión  ?nal, ante el  levantamiento de las  observaciones y comentarios,
ofrecidos en la séptima sesión.
Como aspectos importantes, que se enmarcaron en los encuentros de estas sesiones, se tienen:
La evaluación de la Política y el Plan vigente.
El  diagnóstico del  sistema  penitenciario por  parte  del Instituto  Nacional  Penitenciario  (INPE): Hacinamiento,
prisión preventiva, necesidad de separación de internos y seguridad.
La visibilización de  la población vulnerable, entre ellos,  las madres con hijos  privadas de libertad, y,  el enfoque
de género e  interseccional en el tratamiento  penitenciario señalado por el  Ministerio de la  Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP).
La necesidad de establecer criterios para limitar la prisión preventiva y  el uso de grilletes electrónicos, desde las
opiniones del Poder Judicial (PJ) y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
La  necesidad de  proveer  servicios  de  salud y  tratamiento  diferenciado  y  especializado, de  acuerdo  con  lo
planteado por la Defensoría del Pueblo.
La necesidad (urgente) de trabajar los problemas y  las soluciones identi?cadas respecto de la infraestructura de
los Establecimientos Penitenciarios (EP).
Y, la implementación de un sistema de seguimiento post penitenciario, así como la necesidad de atención especial
y diferenciada a los grupos de especial protección como: madres con hijos y gestantes, mujeres, adultos mayores,
personas con discapacidad, migrantes, LGTBI, población con VIH / TB, entre otros tantos aportes.
Se suma a lo anterior,  en la metodología de trabajo utilizada,  la recolección de información primaria y secundaria,  y su
procesamiento y análisis que permitieron describir la situación actual del sistema penitenciario. Se hace, igualmente, una
revisión bibliográ?ca extensa de literatura especializada, normas y herramientas de gestión, así como de recomendaciones
internacionales sobre la administración de los sistemas penitenciarios.
También se desarrollaron, reuniones interinstitucionales con funcionarios y funcionarias de diversos sectores, que tenían
implicancias en  los mismos temas  tratados por  la Política Nacional  Penitenciaria, especialmente, en  la prestación  de
servicios. Estas  reuniones, tuvieron como  ?nalidad, la  discusión pormenorizada de  los aspectos a  considerar para  el
desempeño de una  mejor labor en temas  como la salud, infraestructura,  educación, trabajo y seguridad  en el sistema
penitenciario, entre otros aspectos. En total, se concretaron doce (12) encuentros, bajo esta dinámica.
Tabla Nº 01. Reuniones interinstitucionales
Fechas
Temas
Salud
Participantes
11.02.2020
13.02.2020
19.02.2020
MINSA, INPE, DEVIDA, MINJUSDH
INPE, MINJUSDH
Infraestructura
Educación
EDUCACIÓN, INPE, MINJUSDH
26.02.2020
26.02.2020
Trabajo
MTPE, MIDIS, INPE, MINJUSDH
DEFENSORÍA, INPE, MINJUSDH DERECHOS
HUMANOS, MINJUSDH POLÍTICA
CRIMINOLÓGICA
Derechos Humanos y Poblaciones Vulnerables
en establecimientos penitenciarios
28.02.2020
03.03.2020
Seguridad
MININTER, INPE, MINJUSDH
SINDICATOS INPE, MINJUSDH
Condiciones de trabajo de servidores
Poblaciones Vulnerables en establecimientos
penitenciarios
20.04.2020
MIMP, MINJUSDH
11.06.2020
18.06.2020
Tratamiento Penitenciario
MINJUSDH, INPE
MINJUSDH, INPE
Modernización en Asistencia Penitenciaria
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
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Fechas
Temas
Participantes
MINJUSDH, INPE
MINJUSDH, INPE
18.06.2020
24.06.2020
Modernización en Trabajo Penitenciario
Medio Libre
Fuente: Dirección de Política Criminológica, 2020.
Un tercer  conjunto de  reuniones se  llevó a cabo  con profesionales  provenientes de  la academia,  para identi?car  los
principales  problemas  y alternativas  de  intervención  en  el  sistema  penitenciario.  Este Grupo  de  Expertos,  estuvo
conformado por  Miguel Sarre, de  México; Juan Morey,  de Argentina; Mauricio  Sánchez, de  Chile; Muriel Jourdan,  de
Francia, y,  Olga Espinoza  y Julio Corcuera,  de Perú.  Estos profesionales, junto  al equipo  de la Dirección  de Política
Criminológica del MINJUSDH, lograron sesionar en tres (03) ocasiones.
1)
2)
3)
El 09 de mayo de 2020. Sesión 1.
El 15 de mayo de 2020. Sesión 2.
El 21 de mayo de 2020. Sesión 3.
La primera sesión tuvo por objeto iniciar la interrelación de los  participantes, y en las siguientes sesiones se discutieron
aspectos especí?cos de la propuesta de la Política Nacional Penitenciaria.
Las discusiones con este Grupo de Expertos, incluyeron el balance de la situación generada por el Covid-19 con respecto
a los establecimientos penitenciarios. Ello se  ha re?ejado en la discusión sobre las medidas de urgencia  que se vienen
adoptando en las  cárceles de la Región con  respecto a la emergencia  sanitaria, y a cómo las  acciones a proponer en
la Política Nacional Penitenciaria deben  atender lo inmediato de la emergencia, con  los problemas estructurales de los
sistemas penitenciarios.
Además, se validó con el grupo la propuesta del modelo público y se identi?caron prácticas prometedoras, las cuales se
han considerado como lineamientos  de la Política. Entre estas  propuestas, se señalaron: la necesidad  de actualizar el
paradigma de tratamiento, el enfoque de mejora de condiciones que no se limite solo a buscar disminuir el hacinamiento,
y, proponer  penales con una  cobertura y capacidad  de albergue de  mediano tamaño, en  contraste a la  propuesta de
megapenales.
Finalmente, se generó un espacio de debate y discusión, donde los miembros del  Grupo de Expertos, los profesionales
del INPE y la representante del MINSA, ante el Grupo de Trabajo Multisectorial, compartieron  su experticia y opiniones,
en el Seminario Internacional: “Nuevos desafíos de la Política Penitenciaria”.
El mencionado evento se desarrolló en dos fechas. La primera, el miércoles  15 de julio de 2020, con la participación de
Miguel Sarre con el tema “Justicia de ejecución: la experiencia  de México”; Mauricio Sánchez con el tema “Intervención
penitenciaria: desafíos de modernización, a la luz de la evidencia internacional”; Muriel Jourdan con el tema “Estándares
internacionales y experiencias de reinserción social en el ámbito internacional”; y, Julio Corcuera con el tema “Aproximación
a la situación de los agentes penitenciarios en el Perú”.
La segunda fecha, se realizó  el viernes 17 de julio de 2020,  con la participación de Abelardo Urbina de la  Dirección de
Seguridad Penitenciaria del INPE, con el tema “Desafíos de la Seguridad en  el Sistema Penitenciario”; Hernán Hidalgo,
de la  Dirección de  Registro penitenciario  del INPE,  con el  tema “Desafíos  del Registro  Penitenciario en  la situación
actual”; Verónica Oviedo, de  la Dirección de Tratamiento del INPE,  con el Tema “Desafíos en la  atención y tratamiento
del sistema penitenciario”; John Mendoza, de la O?cina de Sistemas de Información del INPE, con el tema “Desafíos en
los sistemas de información penitenciaria”;  y, Margarita Talledo, del MINSA, con el tema  “Desafíos de la asistencia a la
salud en el sistema penitenciario”.
Estos diversos espacios de discusión permitieron un debate amplio sobre la situación actual del sistema penitenciario, así
como de las líneas de acción a seguir, para  el logro de la situación futura deseada, que apoyado en otras herramientas
5
sugeridas por el mismo CEPLAN, dan como resultado lo plasmado en el documento presente .
Justamente, el panorama de  la situación actual permitió delimitar y  de?nir el enunciado del problema público,  teniendo
en cuenta su nivel de complejidad, donde la información diagnóstica presentada por los diversos miembros del Grupo de
Trabajo Multisectorial fue un factor relevante. En este ejercicio, el diagnóstico presentado por el INPE, sobre la situación
penitenciaria, hizo posible que se percibiera con mayor claridad, el problema público a atender.
Una vez  enunciado el  problema  público, se  procedió a  su estructuración,  haciendo uso  de la  herramienta del  árbol
de problemas.  En esta  lógica, se discutieron  en diversas  sesiones con el  Grupo de Trabajo  y el  Grupo de Expertos,
el  modelo del  problema público  (causas,  subcausas y  efectos), modi?cándose  en  función a  las sugerencias  de  los
diversos sectores. La delimitación de las causas y subcausas tiene su fundamento en la evidencia encontrada mediante
la búsqueda y  recolección de información  proveniente de fuentes bibliográ?cas  y estadísticas, nacionales, en  algunos
casos, con tendencia incluso internacional; así, como por la experticia planteada desde cada sector.
5
El Plan de trabajo detallado, del proceso de actualización de la Política Nacional Penitenciaria, podrá revisarse en la parte de los Anexos.
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Generado el modelo del problema público  y habiendo identi?cado de forma concreta, las causas asociadas,  uno de los
pasos siguientes se relacionó con la selección de alternativas de solución. En este proceso, se identi?caron, en principio,
producto de  la discusión  en el  Grupo de  Trabajo, así como  de la  revisión de  literatura especializada  y de  los casos
comparados con países de la Región, una serie de alternativas que podían responder o mitigar, las causas relacionadas
al problema público enunciado.
Cabe señalar, que luego de una evaluación de  estas alternativas y teniendo presente que la selección debía responder
a opciones efectivas  y viables, se  prosiguió a la  elección del conjunto de  alternativas propuestas para  la atención del
problema público. Es  de destacar, que esta selección  respondió casi a la  totalidad del conjunto de alternativas  que se
proponían, toda vez que, en esta  actividad, se había focalizado, desde el inicio, en las alternativas  que se presentaban
como las más acordes para el caso en cuestión.
1.3.
Diagnóstico
1.3.1.
Enunciado del problema público
Siguiendo lo señalado por la Guía de Políticas Públicas , se ha llegado a la enunciación del problema público atendiendo
6
a las características  deseadas de ser: breve,  claro y preciso; contener una  sola variable central; y  planteado como un
problema que puede resolverse.
Se ha establecido, así, un enunciado del problema público que propone identi?car la principal situación problemática del
Sistema Nacional Penitenciario, el cual es consecuencia de  lo que ocurre en todas las instituciones que lo conforman y
participan de él, por lo que no está acotado a una única institución.
Vale mencionar que, este problema público se encuentra alineado con el marco normativo e institucional del país, el cual
reconoce en la Constitución Política, artículo 139, inciso 22, que el régimen penitenciario tiene por sentido la reeducación,
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
El  foco   del  problema,   se  encuentra,   en  las   condiciones   de  vida   de  los  privados   de  libertad,   que   resultan
inadecuadas   para  dar  cumplimiento   al sentido   del  régimen  penitenciario,   señalado   anteriormente.   Esto  se  ha
evidenciado  en los  planteamientos  estipulados  en  la “Situación  actual del  problema  público”,  donde la realidad  de
los ámbitos  de  habitabilidad  y albergue,  salud,  seguridad  y tratamiento,   entre  otros, dejan  ver las  limitaciones  en
cuanto  a espacio  y funcionamiento,   que  contrario  a favorecer,  dificulta  el  proceso  de reinserción  de  la población
privada  de libertad.
En concordancia, habiendo realizado el análisis  previo de la situación y considerado el marco normativo e  institucional,
se arribó al siguiente enunciado de problema público:
Inadecuadas condiciones de vida para favorecer la reinserción de las personas
privadas de libertad
1.3.2.
Modelo del problema público
Problema público
El problema público identi?cado “inadecuadas condiciones de vida para favorecer la reinserción de las personas privadas
de libertad”, incluye un conjunto  de elementos que generan malestar a un  grupo importante de la población, aquel  que
producto de la investigación o con?rmación de comisión de un hecho delictivo, se encuentra cumpliendo medida privativa
de libertad, al interior de alguno de los 68 establecimientos penitenciarios del país.
Convivir en estos espacios cerrados con un número importante de personas, exige al Estado el proveer las condiciones
adecuadas de  vida y ubicación  de los internos,  como garante de  los derechos humanos  y de la  seguridad , mientras
7
permanezcan en dichos establecimientos.
No obstante, y como se  podrá evidenciar en la información procesada, la  situación actual del sistema penitenciario, da
cuenta de que  las condiciones de vida  de las personas privadas  de libertad, son inadecuadas  para lograr los ?nes de
este. Bajo estas condiciones, las posibilidades de reinserción se presentan limitadas.
6
7
CEPLAN, (2018). op. cit.
Artículo 44 de la Constitución Política del Perú.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
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El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Causas y subcausas
Causa 1. Hacinamiento en establecimientos penitenciarios:
Gran parte, de las situaciones problemáticas que se suceden al interior de los establecimientos penitenciarios, se generan
y/o se agravan por la situación  de hacinamiento carcelario, esto básicamente por responder, a una sobrepoblación  que
supera en demasía (llegando  a marzo del 2020, a 243%),  la capacidad y alcance de los  servicios brindados. Servicios
que, ante esta situación, resultan insu?cientes, quedando sin atención parte de la población privada de libertad.
Sub causa 1.1. Alto  uso de prisión preventiva: el  frecuente uso de la  prisión en los casos que  aún se encuentran bajo
proceso de  investigación, es uno  de los  factores que explican  el incremento de  la población  privada de libertad,  que
comparte el  espacio con la  población que ya  se encuentra con  sentencia ?rme por  una diversidad de  delitos. Es, sin
embargo, un recurso cuyo uso debe llevarse a cabo de forma extraordinaria.
Sub causa 1.2. Endurecimiento de penas y reducción de acceso a bene?cios penitenciarios: la política penal ha repercutido
en la sobrepoblación crítica de los establecimientos penales. Por un lado, el endurecimiento de penas, alarga la estadía
de los sancionados por delitos que, anteriormente, no tenían una pena de tan larga duración; por el otro, la reducción de
acceso a los bene?cios penitenciarios limita a su vez, la cantidad  de personas que podrían salir anticipadamente de los
establecimientos penitenciarios, como bene?ciarios de estos. Ambas tendencias pueden enmarcarse como prácticas de
populismo penal, a las que se suman la criminalización de nuevos comportamientos; estas prácticas dejan de lado en sus
acciones, el análisis de la situación real del sistema penitenciario a nivel nacional.
Sub causa  1.3. Limitado  uso de medidas  alternativas a  la privación  de libertad: en  este mismo  sentido, las  medidas
alternativas a  la privación  de libertad,  tienen un ámbito  normativo muy  restringido  y,  por ende,  sus posibilidades  de
8
aplicación son limitadas.
Causa 2. Pobres condiciones de atención en salud y servicios penitenciarios
La salud, es uno de los servicios  más importantes dentro del sistema penitenciario, en el cual rse  equiere una atención
inmediata y especializada para todas las personas. No obstante, serias limitaciones institucionales como el poco personal
de salud y espacio insu?ciente, así como  el hacinamiento existente, reducen cada vez más la cantidad y  calidad de los
servicios que se prestan a la población penitenciaria. Este escenario, favorece la vulneración de derechos fundamentales
de los internos.
Sub causa 2.1  Limitado acceso a servicios de  salud: el servicio de  salud para la población privada  de libertad, resulta
insu?ciente  (como se  evidencia  en  el Entregable  Nº  1);  esta situación  es  generada  por el  insu?ciente  número  de
profesionales (a  veces, uno  solo por  establecimiento penitenciario),  frente a  la cantidad  de personas  a atender.  Del
mismo modo, las atenciones médicas especializadas son muy escasas, lo cual resulta preocupante si se comprende que
en la población interna prevalecen algunas enfermedades de urgente atención.
Sub causa 2.2. Insu?ciente cobertura de servicios básicos en EEPP: se incluyen dentro de los servicios básicos, el agua,
desagüe o  saneamiento y  la electricidad;  los mismos que  han de  brindar condiciones  mínimas para  desenvolver las
actividades y necesidades diarias. No obstante, los mismos no se brindan de la forma correcta por diversidad de motivos,
como la falta de mantenimiento, poco presupuesto, desborde de la capacidad de albergue, entre otros.
Sub causa 2.3. Inadecuadas condiciones de alojamiento: respecto a este servicio, las malas condiciones de infraestructura
y el hacinamiento  di?cultan las condiciones de habitabilidad  mínimas, además de representar  un riesgo para la  propia
salud e integridad de los sujetos.
Sub causa 2.4.  Inadecuado servicio de alimentación: este  resulta problemático, toda vez que  no se garantiza, en  todo
momento, la  cantidad y calidad  nutritiva de los  alimentos, situación que,  evidentemente, repercute  en la salud  de los
privados de libertad.
Sub causa 2.5.  Inadecuada atención de  necesidades de poblaciones vulnerables:  la población privada  de libertad, en
sí, es un grupo de especial protección por sus propias condiciones;  más aún, dentro de ellos, existen otras poblaciones
vulnerables que requieren del sistema  penitenciario atenciones particulares. Bajo esta premisa,  el sistema ha de evitar
que estas  personas lleven  su  día a  día bajo  un círculo  concéntrico de  vulnerabilidades, por  lo que  garantizar la  no
discriminación y protección de estos grupos, resulta aún, de suma urgencia.
Sub causa 2.6. Inadecuada separación de población penitenciaria intramuros de distintos per?les y  trayectoria delictiva:
En la actualidad, no se cumplen los estándares internacionales establecidos en materia de separación y clasi?cación de
internos, y, aunque en la praxis se realiza alguna clasi?cación, esta no evita la contaminación criminógena.
Causa 3. Inseguridad en establecimientos penitenciarios
Los establecimientos  penitenciarios cumplen  una doble  función en  atención a  la seguridad.  En  un primer  momento,
deben garantizar la seguridad de la sociedad, asegurando el cumplimiento de la sanción impuesta a las personas frente
a la ejecución de un delito y evitando, al mismo tiempo, que desde este espacio se sigan cometiendo otros nuevos. Pero
también, en un segundo momento, el sistema penitenciario debe garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos
que se encuentran al interior de los EEPP; en ambos casos, se debe procurar el respeto de los derechos de los internos.
8
La suspensión  de la ejecución  de la  pena, solo puede  aplicarse a penas  concretas no  mayores a 04  años de privación  de libertad,  y la reserva  del fallo
condenatorio a delitos con penas  abstractas no mayores de 03 años de privación  de libertad. La prisión preventiva puede imponerse  a partir de 04 años de
pronóstico probable de pena.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
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En concordancia,  el Estado peruano,  tiene algunos temas  que atender al  respecto, entre  ellos, la falta  de personal y
equipamientos, los problemas propios de la convivencia  en situación de encierro y las debilidades en la infraestructura,
los sistemas de información y carencia de procesos de tecnología e inteligencia, entre otros.
Sub  causa  3.1. Insu?ciente  uso  de  medios  tecnológicos  para el  control:  la  tecnología  hoy  día resulta  una  aliada
fundamental en el proceso de  garantizar la seguridad de los espacios y las  personas, más aún, en el caso del  Instituto
Nacional Penitenciario, los recursos tecnológicos resultan insu?cientes, limitados u obsoletos. Esto restringe la acción de
los agentes penitenciarios en el control, tanto de la población penitenciaria al interior y con su contacto externo, como de
la propia visita y lo que pudiera ingresar al EEPP, por ejemplo.
Subcausa3.2.ComerciodebienesprohibidosenEEPP:partedelmismoproblemadeldébilcontrolymedidasdeseguridad,
se ve re?ejado en el comercio y circulación de bienes prohibidos al interior  de los establecimientos penitenciarios, entre
los que se  incluyen las sustancias  psicoactivas (que fomentan el  inicio y mantenimiento de  adicciones), y los  equipos
telefónicos o celulares, que pueden usarse para conexiones de negocios ilícitos dentro y fuera del establecimiento. Esta
situación, puede traer consigo problemas de convivencia y de seguridad.
Sub causa 3.3.Alta demanda de seguridad para atender visitas a establecimientos penitenciarios: la cantidad de personas
privadas de libertad implica una gran movilización de agentes penitenciarios en los días de visitas; esto, especialmente,
para garantizar el derecho de los internos al contacto con sus seres cercanos, y, para evitar que estos no ingresen algún
bien prohibido. Sin  embargo, el desarrollo de las  visitas implica la demanda del  trabajo del personal que  se encuentra
encargado del resguardo  o labor en otra  área, debiendo algunas de ellas  suspenderse, lo que al  ?nal también genera
insatisfacción entre los internos.
Causa 4. Limitaciones en tratamiento penitenciario en medios abierto y cerrado
El camino  a la  reinserción, implica una  serie de  acciones y actividades  a desarrollar,  que fortalezcan las  habilidades
sociales y capacidades de las personas privadas de libertad; por ello, el estudio, el trabajo y el conjunto de programas de
intervención son fundamentales en este proceso. No obstante, el tratamiento penitenciario (tanto en medio cerrado como
en medio libre), cuenta con sus propias limitaciones, relacionadas a falta de presupuesto, personal cali?cado y espacios
adecuados para llevar a cabo las acciones, entre otros.
Sub causa 4.1. Limitada oferta de  programas estructurados de tratamiento intramuros: bajo la lógica señalada, el  INPE
cuenta con una serie de programas estructurados, que si bien, responden a situaciones de interés, estas son especí?cas
y se  aplican  a un  grupo reducido.  Las  personas a  las que  los  programas van  dirigidos, por  temas  presupuestales,
representan  una población  muy pequeña  frente  al total  de  la población  del  sistema penitenciario;  asimismo, no  se
evidencian los planes de optimización, al no contar con líneas de evaluación claras.
Subcausa4.2.De?cienteinfraestructurapararealizaractividadesdetratamientopenitenciario:comoyasehamencionado,
los establecimientos  penitenciarios cuentan  con una  infraestructura inadecuada  para establecer  condiciones de  vida
favorables a la reinserción, lo que incluye, falta de espacios para el desarrollo de actividades y, programas que permitan
hacer productivo el tiempo  y dotar de habilidades a los  sujetos; de ahí que estas condiciones  sean consideradas en el
Plan de Infraestructura de la institución.
Sub causa 4.3. Limitada oferta de atención para población que cumple medidas en medio abierto: las di?cultades no solo
se presentan en medio cerrado, pues, en medio libre también se experimentan algunas  limitaciones para cumplir con la
?nalidad del sistema penitenciario, constitucionalmente establecida. Bajo las medidas que se ejecutan, se encuentran el
servicio de diversos programas  que no llegan a tener  una cobertura cercana a la necesitada,  con poco personal y con
ausentes evaluaciones que den cuenta de su éxito, replicándose los mismos inconvenientes que se presentan en medio
cerrado.
Sub  causa 4.4.  Limitada  participación de  las  entidades públicas,  el  sector  privado y  la  sociedad civil,  respecto  de
actividades de  tratamiento: existe poca  vinculación entre  los diversos sectores  público, privado  y sociedad civil,  para
atender los temas relacionados  con el ámbito penitenciario. Si bien,  desde el sector privado existen algunas  iniciativas
para el  desarrollo de  actividades productivas, y,  desde la  sociedad civil,  también hay algunos  grupos interesados  en
colaborar, la realidad es que se requiere de una mayor articulación y participación de todos.
Sub  causa  4.5.  Elevado  incumplimiento  de  ejecución  de medidas  en  medio  abierto:  el  efectivo  cumplimiento  de
las  medidas que  se llevan  a  cabo y  supervisan  por el  equipo  de medio  libre  del INPE,  es todo  un  desafío. Estos
profesionales no  cuentan con el personal  ni con las capacidades  para poder hacer frente  a la situación y/o garantizar
el cumplimiento.
Causa 5. Información poco con?able para administración y gestión del sistema penitenciario
La falta de información certera y los problemas de gestión, en los que se incluyen los sistemas de información de?cientes,
la carente  interoperabilidad y los  casos de corrupción,  di?cultan, sin duda,  el correcto  desarrollo de las  funciones del
sistema penitenciario.
Sub causa 5.1. De?ciencias en interoperabilidad de los sistemas: estas traen consigo el no conocimiento, necesario,  de
la trazabilidad de los datos, así como la no articulación de información entre las diversas instituciones que conforman  el
Sistema de Justicia Penal, situación de interés para la toma de decisiones adecuadas en el combate contra la delincuencia.
Sub causa 5.2. Insu?ciente cantidad de personal para atender procesos penitenciarios: los servicios que brinda el  INPE
y la  correspondiente gestión de  la información  generada, requieren para  su adecuada  oferta y ejecución,  un número
importante de personal que operativice las acciones. No obstante, la mayor parte del personal se ocupa de las acciones
de seguridad, mientras  que el número más  reducido se encarga de las  actividades de tratamiento y  a la gestión de  la
información institucional.
Sub causa 5.3. Insu?ciente capacitación y especialización del personal: asimismo,  el personal del sistema penitenciario
tiene aún carencias en el campo de la capacitación y formación especializada en materia penitenciaria, siendo limitadas
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
las ofertas de  capacitación, lo que  incide en el  escaso procesamiento y calidad  de la información  administrativa, y se
re?eja en limitaciones para gestionar el sistema penitenciario.
Sub  causa  5.4. Débil  control  de  acciones  de  corrupción:  como  es de  conocimiento,  la  corrupción  es  uno de  los
grandes  males dentro  del  sistema penitenciario,  y  las medidas  anticorrupción  del  INPE, resultan  insu?cientes,  por
las  debilidades  en los  sistemas  de  información,  gestión,  control  y vigilancia.  La  presencia  de  la  corrupción  resta
?abilidad a la  información y di?culta la  gestión de la seguridad,  el tratamiento y la  correcta prestación de los  servicios
penitenciarios en  general.
Sub causa 5.5.  De?cientes condiciones laborales:  estas de?ciencias se  encuentran representadas en dos  situaciones
concretas. Por  un lado,  las diferencias  existentes entre  los diversos regímenes  laborales, cada  uno con  sus propios
bene?cios y limitaciones; y, por el otro, la  baja remuneración en función del servicio laboral prestado y del riesgo que el
mismo representa. Estos factores inciden en la escasa estabilidad del personal, en la continuidad de los procesos y en la
adecuada gestión del sistema penitenciario.
Causa 6. Limitado soporte para reinserción en ámbito pospenitenciario
El sistema penitenciario y su actuación, no acaba en el momento en el que una persona abandona los establecimientos
penitenciarios.  Contrariamente,  parte  de la  labor  más relevante  del  mismo, es  acompañar  a esta  población  en su
reincorporación  a  la  sociedad y  trabajar  con  las  comunidades  para que,  de  igual  forma,  sean  elementos activos
en  el  proceso  que  busca   reducir  al  máximo  las  posibilidades   de  reincidencia.   Lamentablemente,  los  servicios
pospenitenciarios,  debido  a la  suma de  motivos previamente  señalados,  son  los que  poseen menor  posibilidad  de
desarrollo.
Sub  causa  6.1.  Pobre  oferta de  servicios  para  los  egresados  del  sistema  penitenciario:  parte  de las  situaciones
problemáticas que enfrentan las personas sancionadas por la comisión de  un ilícito, se relacionan directamente con las
escasas oportunidades para desenvolverse en sociedad, luego de su cumplimiento. Las ofertas de empleo son reducidas
y/o precarias, el acceso a la salud limitado y la protección o seguridad a la que pueden recurrir de manera o?cial es aún
más limitada.
Sub causa  6.2. Estigmatización  del egresado  del sistema  penitenciario: todo  lo anterior  es una  clara representación
del grado  de estigmatización  que padece  la población  penitenciaria a  su egreso  o cumplimiento  de la  sanción. Una
estigmatización que  además  de limitar  el acceso  a los  servicios  necesarios, también  condiciona algunas  relaciones
familiares e interpersonales.
Efectos
Efecto 1. Vulneraciones a los derechos de las personas privadas de libertad
Uno de los principales efectos del  problema público identi?cado y que se asocia, aunque no  de manera determinista, a
la causa del  hacinamiento en el sistema  penitenciario, es la vulneración  de los derechos  de las personas privadas  de
libertad. Esto evidenciado en las inadecuadas condiciones de vida que actualmente experimentan y que van desde el no
contar de manera e?ciente con los servicios mínimos como agua y electricidad, o recibir de manera precaria los servicios
básicos como alimentación y albergue, hasta no poder acceder todos a las oportunidades que brindan la participación en
programas psicosociales, de cara a un proceso progresivo de reinserción.
Efecto 2. Contagio de enfermedades infectocontagiosas en establecimientos penitenciarios y visitantes
Junto al  hacinamiento, las  pobres condiciones  de atención  en salud  y servicios  penitenciarios generan  un ambiente
que origina y facilita el contagio de enfermedades al interior de los establecimientos penitenciarios, entre internos, entre
internos y  personal y  entre estos  y las visitas.  Visto de  esta manera,  es una  situación preocupante  al crearse focos
de contagio  que  van más  allá del  control al  interior de  los  EEPP. De  ahí, la  importancia recalcada  en la  adecuada
atención y cobertura de estos servicios para el total de la población, donde identi?car a las personas con padecimientos
infectocontagiosos y brindar la asistencia especializada, es una acción de urgente demanda.
Efecto 3. Vulneraciones a la seguridad en establecimientos penitenciarios
El insu?ciente uso de medios tecnológicos  para el control, así como el poco personal y/o  personal cali?cado en el área
de seguridad,  hace  más probable  que se  genere  una situación  de inseguridad  o de  vulnerabilidad  de la  seguridad
en  los establecimientos  penitenciarios.  A  su  vez, esta  situación  trae  como consecuencias,   el comercio  de  bienes
prohibidos  en  el interior  e  inconvenientes  en  la convivencia,  para  la  adquisición,  negociación  o  control  de estos.
Asimismo, se  limita el control del  personal en la protección  de los internos,  en la protección  de la ciudadanía  y en su
propia protección.
Efecto 4. Aumento de compromiso delictual
Factores como el hacinamiento, la ausencia de clasi?cación y separación adecuada de la población privada de libertad y
las limitaciones en el tratamiento penitenciario, pueden asociarse a un incremento del compromiso delictual; pues, por un
lado, se encuentra a merced de la contaminación criminógena al compartir espacios con per?les variados de delincuentes
más y menos experimentados  en su trayectoria delictiva, y, por el  otro, cuenta con gran tiempo de  ocio, al encontrarse
reducidas sus oportunidades de participación en actividades productivas al interior de los EEPP.
Efecto 5. De?ciente provisión de servicios a personas privadas de libertad y ciudadanía
Asociado a todo  lo anterior, el  problema público de inadecuadas  condiciones de vida  para favorecer la reinserción  de
las personas  privadas de  libertad acompaña de  manera intrínseca  el efecto de  una de?ciente  provisión de servicios,
pues, es justamente esta carencia la que, entre otras cosas, promueve las condiciones de vida actual de esta población.
Satisfacer, no  obstante, esta  provisión, requiere  de la  articulación de  diversos sectores  e instituciones,  asociadas al
sistema penitenciario.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
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Efecto 6. Di?cultades para conseguir empleo luego del egreso
Finalmente, otro de los efectos que pueden plantearse en relación con el problema público identi?cado y relacionado con las
causas, es precisamente, la di?cultad para conseguir empleo, por parte de  la población privada de libertad, a su egreso del
establecimiento. Esta situación se encuentra fomentada por las insu?cientes oportunidades de formación laboral al interior, pero
también, por la pobre oferta de este servicio a nivel pospenitenciario y la estigmatización de la que es receptor, el egresado.
1.3.3
Conceptos claves
Conforme a lo establecido por la Guía de Políticas Nacionales
9
, se presentan los conceptos clave del Problema Público.
Administración penitenciaria: Aparato organizativo  de la administración pública, que  tiene a su cargo el  seguimiento
y dirección de todas las  actividades dirigidas a la ejecución de penas privativas de  libertad y otras. De la misma forma,
la administración  Penitenciaria se  desarrolla sobre  los servicios  que forman  parte de  las necesidades  básicas de  la
Población Penitenciaria e incluye la acción de diversos sectores. La participación público - privada, en este nivel, abarcará
la alimentación, limpieza, mantenimiento, lavandería, control de plagas, material logístico y tecnológico, y cualquier  otro
servicio que permita tener las condiciones mínimas para llevar un adecuado sistema de reinserción social  .
10
Capacidad de  albergue, sobrepoblación, hacinamiento:  La capacidad de  albergue se re?ere  al aforo máximo  que
tiene el Sistema Penitenciario  para albergar a los internos;  se dice que hay sobrepoblación cuando  se excede el aforo
máximo. Cuando la sobrepoblación excede o es igual al 20% de la capacidad de albergue, se denomina sobrepoblación
crítica, lo que el Comité Europeo para los Problemas Criminales ha denominado hacinamiento  .
11
Condiciones de  vida digna  en establecimientos penitenciarios:  Esta categoría  se re?ere a  las características  de
habitabilidad con  las que debe  cumplir un establecimiento  penitenciario para respetar  las condiciones de  dignidad de
la vida  humana en el  respeto a  sus derechos fundamentales.  Para la Política  Penitenciaria se  establece que existen
adecuadas condiciones de vida cuando hay acceso a los servicios físicos de agua potable, saneamiento y electricidad; y
acceso a servicios de calidad de salud y alimentación.
Consejo  Técnico  Penitenciario:  El  Consejo  Técnico  Penitenciario  integrado   por  el  Director,  que  lo  preside,  el
Administrador, el Jefe de Seguridad Penitenciaria, el Jefe del Órgano Técnico de Tratamiento, entre otros profesionales,
cumple funciones de  asesoramiento sobre acciones de administración,  tratamiento y seguridad; investigar  y sancionar
las faltas  disciplinarias; evaluar  informes de  tratamiento y  proponer bene?cios  penitenciarios; proponer el  cambio de
régimen o  el traslado a  otro Establecimiento  Penitenciario. Asimismo, el  Consejo Técnico Penitenciario  establece los
días y horarios de  visitas, así como el ingreso  de dietas y del material  de trabajo, determinando el número  máximo de
visitantes a que tiene derecho cada interno/a, de acuerdo con la capacidad y seguridad del penal  .
12
Enfoque de género:  es una forma de  mirar la realidad identi?cando los  roles y tareas que  realizan los hombres y  las
mujeres en  una  sociedad, así  como las  asimetrías,  relaciones de  poder e  inequidades que  se  produce entre  ellos.
Permite conocer  y explicar las  causas que  producen esas asimetrías  y desigualdades, y  formular medidas  (políticas,
mecanismos, acciones a?rmativas, normas, etc.), que contribuyan a superar las brechas de género  .
13
Justicia restaurativa: Es un proceso mediante el cual todas las partes involucradas en una ofensa y/o el delito participan
juntos  en encontrar  una  solución  que atienda  tantos  sus consecuencias  como  sus  implicancias futuras   . La  justicia
14
restaurativa es una opción de hacer justicia que da prioridad a la reparación del daño causado por el crimen; se opta por una
de?nición de resultados antes que una de  procesos esto signi?ca que podemos arribar a soluciones que reparen el  daño
aun cuando procesos participativos han fracasado
Restaurativa en Materia Penal (Resolución 2002/12 del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas), de?ne a todo
programa de justicia restaurativa como aquel que “utilice procesos restaurativos e intente lograr resultados restaurativos”
15
. Los Principios Básicos sobre la Utilización de Programas  de Justicia
16
.
Justicia terapéutica: La Justicia Terapéutica (JT) estudia el rol del derecho como agente terapéutico, analizando el impacto
que una determinada  ley, norma o proceso,  provoca sobre la vida  emocional y el bienestar  psicológico de las personas
afectadas por su aplicación. La visión que tiene la JT del derecho como un potencial agente terapéutico la lleva a incorporar
al ordenamiento jurídico principios e instrumentos propios de las ciencias de  la conducta (por ejemplo, la psicología) pero
sin vulnerar en ningún caso los derechos de las personas y siempre dentro del respeto al debido proceso .
17
En este sentido  la JT propone principios: i)  Mayor ?exibilidad e interés de  las autoridades dentro del procedimiento;  ii)
Empatía para conocer las preocupaciones de los sujetos procesales; iii) Integración de servicios dentro del procedimiento;
(iv) Intervención judicial continua mediante la supervisión directa e inmediata  de los participantes en el proceso, incluso
después de terminado el mismo; (v) Esfuerzo multidisciplinario; (vi) Colaboración de grupos comunitarios y organizaciones
gubernamentales; y,  (vii) Preferencia  de las  medidas de socialización  sobre las  medidas represivas   . Las Cortes  de
18
Drogas o Tribunales de Tratamiento de Drogas son cortes asociadas a esta de?nición.
9
CEPLAN (2018). Op. cit.
10
Decreto Supremo Nº 007-2016-JUS. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1229, que declara de interés público y prioridad
nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios.
11
12
13
14
15
16
Instituto Nacional Penitenciario – INPE (2020a). Informe Estadístico marzo 2020. p. 11.
Defensoría del Pueblo. Retos del sistema penitenciario peruano. Lima, 2018. Defensoría del Pueblo. p. 97.
Resolución Directoral Nº 002-2019-MIMP-DGTEG. Aprueba el “Glosario de Términos para la transversalización del enfoque de género”.
Marshall, T. Restorative Justice. An Overview. 1999. Home Of?ce.
Walgrave, L. Reconstruir la Justicia Juvenil en base a la Justicia Restaurativa. Justicia para Crecer. 2010, Nº 16, pp 26 – 35.
Resolución 2002/12  del Consejo  Económico y  Social de  las Naciones  Unidas (ECOSOC), sobre  los principios  básicos del  uso de  programas de  justicia
restaurativa en materia penal.
17
18
Pillado, E. Aproximación al concepto de justicia  terapéutica. En Hacia un proceso penal más reparador y socializador:  avances desde la justicia terapéutica.
2019,
DYKINSON. pp.13-24.
Cobo, S.  Hacia un  modelo jurídico-terapéutico  de intervención a  los adolescentes  infractores. En  Justicia terapéutica: experiencias  y aplicaciones.  2014,
Instituto Nacional de Ciencias Penales, pp-79-92.
26
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Medidas alternativas:  Conjunto de procedimientos y  mecanismos normativos, que  tienen como función  común la de
eludir o  limitar  la aplicación  o la  ejecución de  penas privativas  de libertad,  de corta  o  mediana duración;  estas son
denominadas medidas alternativas,  las mismas que son  facultativas del juez. Son  medidas alternativas la Suspensión
de la Ejecución de la Pena, la  Reserva del Fallo Condenatorio, el Procedimiento Especial de Conversión de  Penas y la
Vigilancia Electrónica Personal   En el contexto de la prisión preventiva, las “Medidas alternativas” constituyen medidas u
19.
opciones de tipo procesal que permiten que la persona imputada se encuentre en libertad mientras se tramita el proceso
penal  .
20
Medidas limitativas  de derechos:  Son  penas que  limitan el  ejercicio de  determinados derechos  civiles, políticos  y
económicos, así como el disfrute total del tiempo libre. Se aplican a personas que han cometido faltas o delitos de menor
21
gravedad  .
Persona privada  de libertad:  Son las  personas que por  resolución judicial  se encuentran  internadas en  centros de
privación de libertad, lo que incluye cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización o custodia de una
persona, por delitos e infracciones a la ley, ordenada por autoridad judicial cumplida en una institución pública o privada,
en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria  .
22
Población  penitenciaria extramuros:  Personas  sentenciadas a  penas limitativas  de  derechos o  suspensión  de la
ejecución de la pena privativa de libertad, sujetas a tratamiento penitenciario, fuera de un establecimiento  penitenciario.
La población que cumple penas limitativas de derechos se encuentra a cargo la Dirección de Medio Libre del INPE.
Población penitenciaria intramuros: Personas que  cumplen una pena privativa de libertad o prisión  preventiva en un
establecimiento penitenciario.
Prisión preventiva: Es una medida cautelar personal de privación de libertad, a ?n de garantizar la efectiva investigación
23
del delito, el juzgamiento del imputado y el eventual cumplimiento de la pena  .
Procesados: Persona contra la cual existe una imputación por una infracción penal. Es decir, es la persona comprendida
en un proceso penal, en relación con la cual existe una imputación de cargos en proceso de investigación y/o juzgamiento
24
.
Reincidencia: Cali?cación  jurídica referida  de la  persona después de  haber cumplido  en todo  o en parte  una pena,
incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de cinco años. Tiene igual condición quien después de haber
sido condenado  por falta dolosa,  incurre en  nueva falta o  delito doloso  en un lapso  no mayor  de tres años.  El plazo
25.
De lo contrario,  la mera recurrencia  de delitos sin las
?jado para la  reincidencia no es  aplicable a los delitos  graves
condiciones antes señaladas es reiteración delictiva
26
.
Reinserción: Proceso de acciones para reintegrar a la sociedad a aquella persona condenadas por infringir la ley penal.
Es el  medio  por el  cual los  prisioneros pasan  de  estar privados  de la  libertad internos  a  vivir en  la comunidad.  La
27
reinserción se da al ?nalizar el encarcelamiento, a veces bajo supervisión formal, y a veces sin ninguna asistencia  .
Sanción Penal:  Es la pena  que se aplica  por la comisión  de un  delito, la misma  que se establece  en una sentencia
condenatoria emitida  por un Juez competente,  luego de un  debido proceso con  las garantías constitucionales  que se
28
otorgan a quién es procesado por un ilícito penal  .
Sentenciados: Son  las personas  con sentencia  condenatoria debido  a la  comisión de  un delito  y que cumplen,  por
disposición judicial, la sentencia intramuros o extramuros en el sistema penitenciario.
SistemadeJusticiaPenal:Conjuntodeinstituciones,principios,normas,procedimientos,técnicas,instrumentosyactores
tendientes a establecer  las consecuencias jurídicas del delito  en un proceso judicial, emitiendo  fallo correspondiente y
asegurando su cumplimiento.
Sistema  Penitenciario:   Conjunto  de  principios,   instituciones,  normas,  procedimientos,   técnicas  e  instrumentos,
establecidos para el cumplimiento de las  penas, con el objeto de lograr la reeducación,  rehabilitación y reincorporación
del penado a la sociedad. Es decir, tiene  como objeto indicar cómo debe ser llevado a cabo el ?n asignado  a la función
penal  .
29
Sistema post penitenciario: Es el conjunto de principios, instituciones, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos
destinados a controlar,  asistir y evaluar a las  personas que recuperaron su libertad  con el ?n de facilitar  el proceso de
reinserción social.
19
20
21
22
INPE, 2020a. Op. Cit. P. 69.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Guía Práctica para reducir la prisión preventiva. 2016, CIDH. p. 22.
INPE, 2020a. Op. Cit. P. 69.
19
O?cina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito – UNODC. Derecho a la participación para las personas privadas de libertad. 2013a, UNODC.
p. 3.
23
24
25
Instituto de Defensa Legal. La prisión preventiva en el Perú. Lima, 2015, IDL. p. 8.
Poder Judicial del Perú. Diccionario Jurídico. Recuperado en: https://historico.pj.gob.pe/servicios /diccionario/palabras_letra.asp?letra=P
O?cina de las Naciones  Unidas contra las Drogas y el Delito  – UNODC. Guía de introducción a  la prevención de la reincidencia y  la reintegración social de
delincuentes. 2013b, UNODC, p. 162.
26
Martínez, F.  Reincidencia y Política Criminal.  En: Villagra, C.;  Espinoza, O.; y  Martínez, F. La  medición de la reincidencia  y sus implicancias  en la Política
Criminal. Chile, 2014, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana. p. 20.
27
28
29
UNODC (2013b). Op. Cit. p. 162.
Poder Judicial del Perú. Diccionario Jurídico. Recuperado en: https://historico.pj.gob.pe/servicios /diccionario/palabras_letra.asp?letra=S
López-Rey, M. Criminología. Tomo I. 1975, Editorial Aguilar. p. 492.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
27
Tratamiento penitenciario  especializado:  Son las  actividades realizadas  para lograr  un  cambio conductual  en las
personas  que han  recibido  una  sanción penal,  reconociendo  la  situación  particular, la  personalidad  individual  y la
infracción o delito cometido, generando un programa de atención idóneo para la rehabilitación de la persona sancionada
penalmente.
1.3.4
Situación actual del problema público
Tendencias mundiales en cuanto a población penitenciaria
En las  últimas décadas se  constata el aumento  mundial de  la población penitenciaria  con un 24%  de aumento  entre
2000
y 2018 (Walmsley, 2019). Se estima que son más de 10 millones de personas que se encuentran en esta condición
(Penal Reform  International, 2019).  Esto ocurre  en un  contexto en  el que  las cifras  de crimen  en algunos  casos no
aumentan, sino  que tienden a  disminuir (Wacquant, 2010).  Por otra  parte, también es  cierto que se  registran nuevas
formas delictivas o la expansión de algunas otras como delitos ambientales, crimen organizado, ciberdelincuencia, entre
otras. En base a esto, podemos decir que en el contexto de la delincuencia a nivel global ciertos delitos se encuentran en
expansión y la respuesta ante  ellos requerirá nuevas formas de respuesta penal.  La respuesta ante las nuevas formas
delictivas podrá tener el efecto de mantener la tendencia creciente del número de personas privadas de libertad.  Puede
mencionarse que en el caso de Perú se ha registrado un aumento en la tasa de homicidios por 100 habitantes entre  los
años 2011 (5,4) y 2017 (7,8)  .
30
Por otro lado, se constata que la gran mayoría de personas privadas de su libertad cuentan con un historial de pobreza y
marginalidad; el aumento del hacinamiento en las prisiones, y un  considerable crecimiento de las cifras que dan cuenta
del encarcelamiento  de mujeres  y niñas  .  Si bien  disminuye el  uso de  la pena  de muerte, se  han incrementado  las
31
sentencias a cadena perpetua (Penal Reform International, 2019).
La tasa  mundial de  personas privadas de  libertad se  encuentra en  145 por cada  100 mil  habitantes; no obstante,  la
realidad penitenciaria es distinta en cada continente, siendo América el continente con la mayor tasa de encarcelamiento
que alcanza a 376 personas por cada 100 mil habitantes
32
.
Tabla Nº 02. Población penitenciaria en el mundo
Población Penitenciaria
(30/09/2018)
Población Nacional en
millones de habitantes (2018)
Tasa de Población Penitenciaria
(por cada 100,000 habitantes)
Continente
África
1,162,440
3,787,059
4,164,323
1,565,643
64,154
1,200.85
1,006.42
4,302.61
835.09
97
376
97
Américas
Asia
Europa
187
157
145
Oceanía
40.95
Mundo
10,743,619
7,385.92
Fuente: Walmsley, R. 2019
33
Si bien América  es el  continente con mayor  número de  personas en establecimientos  de detención  o custodia, cabe
mencionar que los países de Oceanía han aumentado sus cifras en cuanto al uso de la privación de la libertad. En líneas
generales, podemos observar que en todos los continentes ha aumentado el hacinamiento carcelario, con excepción de
Europa que registra un decrecimiento del 22% de su población penitenciaria.
Tabla Nº 03. Niveles de población penitenciaria mundial: cambio desde aproximadamente el año 2000
Población
Penitenciaria
estimada al 2000
Población
Penitenciaria
(30/09/2018)
Variación de Población     Variación en Población
Penitenciaria desde el    Nacional desde el 2000 al
Continente / país
2000 al 2018
2018 (Naciones Unidas)
África
902,500
787,500
1,162,440
1,101,440
3,787,059
1,665,459
4,164,323
+28.8%
+57.5%
Sin Ruanda
Américas
Sin USA
Asia
+39.9%
2,690,300
752,818
+40.8%
+21.1%
+21.8%
+121.2%
+37.7%
3,023,500
30
31
32
Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC. Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno 2011-2017. Lima, 2018. CEIC.
Se evidencia un crecimiento de 53% entre 2000 y 2017 condición (Penal Reform International, 2019).
El aporte de Estados Unidos al dato  estadístico es muy grande, ya que cuenta con una población  penitenciaria de más de dos millones de personas, lo que
equivale a una tasa de 655 reclusos/as por cada 100 mil habitantes Walmsley, R. World Prison Population list. Twelfth edition. London, 2019.
Ibidem, p. 17
33
28
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Población
Penitenciaria
estimada al 2000
Población
Penitenciaria
(30/09/2018)
Variación de Población     Variación en Población
Penitenciaria desde el    Nacional desde el 2000 al
Continente / país
2000 al 2018
+58.2%
-22.0%
2018 (Naciones Unidas)
Sin China e India
Europa
1,324,014
2,013,600
953,196
2,094,896
1,565,643
982,754
+4.4%
Sin Rusia
Oceanía
+3.1%
34,400
64,154
+86.5%
+24.0%
+32.1%
Mundo
8,664,300
10,743,619
+24.2%
Fuente. Fuente: Walmsley, R. 2019
34
Situación en América Latina y El Caribe en población penitenciaria
La realidad penitenciaria de América Latina y el Caribe nos muestra que somos la segunda región en el mundo con una
mayor tasa de encarcelamiento por 100 mil  habitantes  , alcanzando a 262 encarcelados por cada 100  mil (BID, 2019).
35
Las condiciones de vida en las prisiones de la región revelan hacinamiento, falta de servicios básicos, alta población sin
condena, inadecuada separación de reclusos, entre muchos otros problemas.
En América Latina y el Caribe hoy hay un millón y medio de personas encarceladas. Nuestras prisiones no sólo hacinan
presos en  poco  espacio, también  aglutinan entre  sus paredes  un microcosmos  de desafíos  que son  la  puerta para
resolver el  problema de  inseguridad en  nuestras calles. Las  cárceles de  nuestra región  están repletas de  presos en
espera de su sentencia. No hay divisiones apropiadas entre delincuentes de diferentes niveles de  peligrosidad. A veces
faltan alimentos, agua potable y espacios para recibir visitas familiares y para realizar actividades educativas”
36
Grá?co Nº 02. Tasa por 100 000 habitantes en las cárceles
Fuente. Alvarado, N. y Vélez, V. (2019)
37
Nota: El resultado promedio para América Latina y el  Caribe (ALC) incluye a los 26 países miembros prestatarios del  BID. El promedio de América
incluye a todos los países de ese continente, de acuerdo con el reporte de Walmsley, R. (2019)
Los delitos  más frecuentes –  en América Latina-  por los que  se dispone encarcelamiento  son: robo (34%),  homicidio
(24%),
delitos contra la  salud (incluye delitos  relacionados a drogas) (15%);  y, delitos sexuales  (11%). Este escenario
muestra la alta incidencia de los delitos patrimoniales como un factor extendido en la región, e igualmente de los delitos
contra la vida: homicidios
38
.
34
35
36
37
38
Walmsley, R. (2019). Op. Cit. p. 17
Solo somos superados por Estados Unidos, considerando a este país como una región en sí mismo.
Alvarado, N. y Vélez, V. Encuestas dentro de la cárcel: una mirada al otro lado de las rejas. 2019, BID.
Ibídem, p.7.
América Latina y el Caribe es la región con la mayor tasa de homicidios a nivel mundial y con ello la región con más violencia criminal del planeta.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
29
Grá?co Nº 03. Porcentaje de personas recluidas según delito
Fuente. BID 2019
El informe Dentro de las prisiones de América Latina y El Caribe señala que el 32% de las personas privadas de libertad
39
en América  ya  había estado  anteriormente  en un  establecimiento  penitenciario, asimismo  se  muestra que  muchos
recibieron una primera condena a  los 22 años; y, que muchos no  culminaron la educación básica. También señala que
es una población con problemas de consumo de drogas,  encontrándose que el 35% de los internos consumió drogas o
40
alcohol en las seis horas antes  previas a cometer un delito  . En el  caso de los jóvenes internos se muestra una mayor
prevalencia de  consumo, ya que  el 70%  de ellos a?rma  haber consumido  sustancias ilícitas, frente  a un  53% de los
mayores. Estos mismos  jóvenes presentan relaciones con  pares o familiares inmersos  en delincuencia o crecieron  en
barrios con mayor presencia de bandas delictivas
41
Sobre las condiciones de vida en los establecimientos penitenciarios se encuentra que en las celdas viven 45% más  de
personas de las que debería haber; solo 42% de los internos duermen en una cama; y, solo el 80% tiene acceso a agua
potable. Los datos de victimización en las cárceles arrojan que el 46% ha sufrido robos, el 16% palizas y un 1%  ha sido
víctima de un  delito sexual. Se menciona también  que un 16% de los  internos consume sustancias ilícitas  (marihuana
es la primera en la lista, seguida de alcohol),  y que en la mitad de los casos estos productos son proporcionados por  el
personal penitenciario  .
42
La  situación de  las mujeres  en  las cárceles  indica  que la  mayoría  se encuentra  por  delitos relacionados  a  drogas
(alrededor de la tercera parte). También se muestra que las mujeres presentan menor reingreso a las cárceles (19%) en
comparación a los  hombres (33%), y a  la vez se muestra  que muchas de  estas mujeres tienen parejas  sentimentales
vinculadas a la delincuencia; ya que  el 39% de las mujeres privadas de libertad tienen  a su pareja sentimental también
en un establecimiento delictivo penitenciar  .
43
El  informe sobre  los Derechos  Humanos  de las  Personas  Privadas de  Libertad, de  la  Comisión Interamericana  de
Derechos Humanos  , ha identi?cado los principales problemas de los sistemas penitenciarios en las Américas:
44
El hacinamiento y la sobrepoblación.
Las de?cientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como relativas a la falta de provisión de servicios básicos.
Los altos índices de violencia carcelaria y la falta de control efectivo de las autoridades.
El empleo de la tortura con ?nes de investigación criminal.
El uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en los centros penales.
El uso excesivo de la detención preventiva, lo cual repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria
La ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables.
La falta  de programas laborales y  educativos, y la  ausencia de transparencia  en los mecanismos de  acceso a
estos programas; y,
La corrupción y falta de trasparencia en la gestión penitenciaria.
El informe  muestra que  existe una situación  muy crítica  en los sistemas  penitenciarios de  las Américas. Estos  están
caracterizados por incumplir de  manera consistente con los estándares internacionales para  el tratamiento de las y los
reclusos, afectándose  así de manera  continua los derechos  de las personas  privadas de libertad.  Se menciona en  el
Informe que esta situación es consecuencia de décadas de  desatención al problema de las cárceles en las Américas, y
se llama a la necesidad de plantear políticas públicas que atiendan a este problema.
39
40
41
42
43
44
Alvarado, N. y Vélez, V. (2019). Op. Cit.
Ibídem, p. 11
Ibídem, p. 15
Ibídem, p. 16
Ibídem, p. 12
Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. Informe sobre los Derechos Humanos  de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. España,
2011.
CIDH, p. 1
30
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Problemática del Sistema Penitenciario
El sistema  penitenciario peruano  arrastra  problemas y  afronta grandes  desafíos que  resultan inherentes  a la  propia
concepción que da origen  al sistema, sus objetivos, métodos  y tecnologías de las penas  que implementaba (Foucault,
, Melossi  & Pavarini, 1980   ). La literatura  más reciente ahonda  sobre las relaciones  entre los
47
y las consecuencias del encarcelamiento.
1975
45
, Garland,  1985
46
sistemas económico, social y penitenciario
48
Sobre los establecimientos penitenciarios en Perú podemos mencionar que han sido objeto de una relevante producción
tanto académica como  literaria. Sobre los orígenes  de la cárcel moderna en  Perú recientemente se publicó  el libro de
49
; una descripción densa de la cárcel y sus actores para los años de 1990, se encuentra en Pérez
Carlos Aguirre (2020)
Guadalupe (1994)   . Respecto a  las cárceles y  los internos  por terrorismo en  los años 80  y 90  se encuentra el  texto
de José  Luis Rénique  (2003)  . A su  vez desde  la literatura también  se ha  retratado diversos  momentos del sistema
penitenciario peruano (Arguedas, 1961)
50
51
52
.
Para efectos de elaborar  la Política Nacional Penitenciaria se  tiene como referencia el escenario actual  de la situación
penitenciaria, que  incluye  un importante  número de  establecimientos  con sobrepoblación  y hacinamiento,  así  como
brechas  de  atención  en  los  servicios  correspondientes  respecto  a  la  población  privada  de  libertad,  motivos  que
coadyuvaron a la declaración en crisis de los establecimientos penitenciarios, formalmente desde el año 2017  .
53
Adicionalmente,  debemos considerar  que  la Sentencia  EXP.  Nº 05436-2014-PHC/TC  de  fecha  4 de  junio  de 2020
del  Tribunal  constitucional declaró  el  estado  de  cosas  inconstitucional  sobre  el  hacinamiento en  establecimientos
penitenciarios y  ordenó elaborar  un nuevo  Plan Penitenciario.  Esto ha  generado que  se agregue  esta exigencia  del
Tribunal al proceso de actualización de la  Política Nacional Penitenciaria que venía en desarrollo. Cabe mencionar que
anteriormente la sentencia  EXP. Nº 04007-2015-PHC/TC de junio  de 2019 declaró inconstitucional  el estado de cosas
respecto a la situación de salud mental de las personas privadas de libertad. El TC ordenó al MINJUSDH, MINSA e INPE
elaborar Plan de acción para asegurar disponibilidad y accesibilidad de servicio de salud mental en los establecimientos
penitenciarios.
En cuanto a los aspectos organizativos del Instituto Nacional Penitenciario cabe resaltar que este tiene a su cargo los 68
establecimientos penitenciarios del país, y que para ?nes administrativos cuenta con ocho o?cinas regionales, las cuales
a su vez agrupan a los establecimientos penitenciarios según la indica la siguiente tabla.
Tabla Nº 04. Establecimientos penitenciarios por O?cinas Regionales
O?cina Regional
Establecimientos penitenciarios
Regiones
Nº de Establecimientos
penitenciarios
NORTE - CHICLAYO
Tumbes, Piura,  Sullana, Chiclayo,  Trujillo, Tumbes,
Piura,
11
Mujeres  Trujillo,  Pacasmayo,  Cajamarca,  Lambayeque,  La  Libertad,
Chota, Jaén, San Ignacio.
Cajamarca.
LIMA - LIMA
Huaraz,  Chimbote,   Callao,  Base  Naval,  Ancash, Lima, Ica.
17
Mujeres
Chorrillos,
Anexo
de
Mujeres
Chorrillos,
Lurigancho,
Castro    Castro,
Virgen
de   Fátima,    Ancón,   Barbadillo,
Ancón  II,  Virgen  de  la Merced,  Huacho,
Cañete, Huaral, Ica, Chincha.
SUR - AREQUIPA
Arequipa,  Mujeres  Arequipa,  Moquegua,  Arequipa, Moquegua, Tacna
Tacna, Mujeres Tacna.
6
CENTRO - HUANCAYO
Huancayo,
Mujeres
de
Concepción,  Junín,
Huancavelica,
10
Chanchamayo,
Jauja,
Satipo,    Tarma,  Ayacucho
Oroya,
Río
Negro,
Huancavelica,
Ayacucho, Huanta.
ORIENTE - HUANUCO
Huánuco,  Cerro  de Pasco,  Cochamarca,  Huánuco, Pasco, Ucayali
Pucallpa
4
7
SUR ORIENTE - CUSCO   Abancay,   Andahuaylas,  Cusco,   Mujeres  Apurímac, Cusco, Madre de
Puerto  Dios
Cusco,
Sicuani,
Quillabamba,
Maldonado.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Foucault, M. Vigilar y castigar. Argentina, 1975, Siglo XXI Editores, S.A. de C.V.
Garland, D. Castigar y asistir. Argentina, 1985.
Melossi, D. y Pavarini, M. Cárcel y fábrica: los orígenes del sistema penitenciario, siglos XVI – XIX. 1980
Wacquant, Loïc; g. Buenos Aires, 2010, Siglo XXI.
Aguirre, C. Donde se amansan los guapos: las cárceles de Lima, 1850 – 1935. Lima, 2020, Fondo Editorial Universidad del Pací?co.
Pérez, J. Faites y atorrantes: una etnografía del penal de Lurigancho. Lima, 1994, Centro de Investigaciones Tecnológicas.
Rénique, J. La voluntad encarcelada: las “luminosas trincheras de combate” de Sendero Luminoso del Perú. Lima, 2003, IEP.
Arguedas, J. El Sexto. Lima, 1961, Editorial Juan Mejía Baca.
La declaratoria más reciente de crisis en del Sistema Penitenciario se dio en el 6 de enero del año 2017 a través del Decreto Legislativo Nº 1325.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
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O?cina Regional               Establecimientos penitenciarios
Regiones
Nº de Establecimientos
penitenciarios
NOR
MARTIN
ORIENTE
-
SAN  Moyobamba,
Sananguillo,
Yurimaguas,
Grande.
Juanjuí,
Tarapoto,  San
Iquitos,  Amazonas.
Bagua
Martín,
Loreto,
9
Iquitos,
Mujeres
Chachapoyas,
ALTIPLANO - PUNO
Puno, Lampa, Juliaca, Challapalca
Puno, Tacna.
4
Funte: INPE, 2020a Elaboración: Dirección de Política Criminológica, 2020
Si bien  existe esta delimitación  territorial administrativa para  el INPE en  el presente documento  se considera que  los
problemas del  sistema penitenciario son  nacionales, ya que  su extensión  afecta a todo  el sistema (si  bien a  algunos
ámbitos territoriales con mayor intensidad). Asimismo, las alternativas frente a los problemas del sistema deben tratarse
de modo nacional, lo que en la práctica implica realizar una plani?cación centralizada que sea implementada a través de
las o?cinas regionales de INPE.
Tabla Nº 05. Establecimientos penitenciarios del País
1
Establecimiento Penitenciario
E.P. de Tumbes
2
E.P. de Piura
3
E.P. de Sullana
4
E.P. de Chiclayo
5
E.P. de Trujillo
6
E.P. de Mujeres de Trujillo
E.P. de Pacasmayo
E.P. de Cajamarca
E.P. de Chota
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
E.P. de Jaen
E.P. de San Ignacio
E.P de Huaraz
E.P. de Chimbote
E.P. de Callao
CEREC - Base Naval
E.P. de Mujeres de Chorrillos
E.P. Anexo de Mujeres de Chorrillos
E.P de Lurigancho
E.P Miguel Castro Castro
E.P Virgen de Fátima
E.P de Ancón
E.P de Ancon II
E.P Virgen de la Merced
E.P. de Huacho
E.P. de Cañete
E.P de Huaral
E.P. de Ica
E.P. de Chincha
E.P. de Arequipa
E.P. de Mujeres de Arequipa
E.P. de Camaná
E.P. de Moquegua
E.P. de Tacna
E.P de Mujeres de Tacna
E.P. de Huancayo
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45
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Establecimiento Penitenciario
E.P. Mujeres de Concepción
E.P. de Chanchamayo
E.P. de Jauja
E.P. de Tarma
E.P. de la Oroya
E.P. de Río Negro
E.P. de Huancavelica
E.P. de Ayacucho
E.P. de Huanta
E.P. de Huánuco
E.P. de Cerro de Pasco
E.P. de Cochamarca
E.P. de Pucallpa
E.P. de Abancay
E.P. de Andahuaylas
E.P. de Cusco
E.P. de Mujeres de Cusco
E.P. de Sicuani
E.P. de Quillabamba
E.P. de Puerto Maldonado
E.P. de Moyobamba
E.P. de Juanjui
E.P. de Tarapoto
E.P. de Sananguillo
E.P. de Iquitos
E.P. Mujeres de Iquitos
E.P. de Yurimaguas
E.P. de Chachapoyas
E.P. de Bagua Grande
E.P de Puno
E.P. de Lampa
E.P de Juliaca
E.P de Challapalca
Funte: INPE, 2020a Elaboración: Dirección de Política Criminológica, 2020
Demodogeneralpuedemencionarsequelossistemaspenitenciariosafrontanlosproblemastransversalesdehacinamiento,
presupuesto, falta de personal e inadecuada infraestructura y equipamiento (Walmsley, 2019 , Observatorio Nacional de
Política Criminal, 2020  ). Pero, sobre todo, y con diferentes particularidades, de graves debilidades y limitaciones en sus
54
55
sistemas de registro y de información  certera de manera que permita fortalecer los servicios  de seguridad, tratamiento,
redistribución POPE; y,  sobre todo, transparencia.  Los niveles de corrupción  en el sistema  penitenciario en países de
56
américa latina tienen importantes consecuencias negativas en los procesos de resocialización (CIDH, 2011)  .
En ese entendido, se presenta esta  sección que aborda la información general del sistema penitenciario  peruano, para
luego caracterizar y problematizar sus aspectos especí?cos.
La población penitenciaria ha venido creciendo  a lo largo de las últimas décadas. En quince años,  la tasa de población
penitenciaria es mayor al 100%, esto quiere decir que pasó de 120.8 a 293.9 por 100 00 habitantes.
54
55
Walmsley, R. 2019. Op. Cit.
Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA. Apuntes para una política penitenciaria. Problemas y  propuestas de solución, desde la perspectiva de
los directores y directoras de establecimientos penitenciarios en el Perú. Lima, 2020, MINJUSDH.
Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. (2011). Op. Cit.
56
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
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Tabla Nº 06. Crecimiento de la población penitenciaria
Población Penitenciaria en
medio cerrado
Tasa de Población Penitenciaria
por cada 100 mil habitantes
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
33,594
37,445
41,546
43,466
44,254
46,198
52,700
61,390
67,597
71,961
77,242
82,023
85,811
90,934
95,493
120.8
133.0
145.9
150.9
151.9
156.8
176.9
203.7
221.8
233.5
248.0
260.5
269.6
282.7
293.9
Fuente: Boletines Informativos (INPE) y Boletín de Análisis Demográ?co N.º 36 (INEI, 2009)
Nota: Se usó el documento “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050” (INEI, 2009), para calcular la tasa de población penitenciaria,
siendo necesario utilizar cifras de una misma serie.
En principio, la  población penitenciaria total para marzo  de 2020 es de 129,855  personas; de las cuales 97,493  (75%)
se encuentran  internas en establecimientos  penitenciarios; y, 32,362  (25%) cumplen medidas  en establecimientos de
57
medio libre  .
Grá?co Nº 04. Población penitenciaria
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
La población  en establecimientos penitenciarios  que no tiene  condena alcanza a  35,931 personas, lo  que representa
el 37% de toda esta  población. Esto muestra que más de un  tercio de las personas aún se encuentran en  situación de
procesados. Si bien el porcentaje de internos procesados se ha venido reduciendo, la cifra de personas en esta condición
jurídica es aún bastante alta.
57
INPE (2020a). Op. Cit.
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NORMAS LEGALES
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Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Grá?co Nº 05. Población penitenciaria por situación jurídica
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
La composición  de población intramuros por  sexo muestra que  un 95% de  la misma son  hombres, y un 5%  mujeres.
A pesar de que las  mujeres representan un porcentaje mínimo  del total de internos, las  condiciones particulares de su
58
privación de libertad las tornan más vulnerables. Este problema abordará en detalle más adelante  .
Grá?co Nº 06. Población intramuros por sexo
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
A su vez la composición de la población  en medio libre muestra que el grueso de ellos  corresponde a penas limitativas
de derechos (79%)  , seguida por la asistencia post penitenciaria (18%), y por último las medidas alternativas (3%). Esta
59
distribución nos indica que hay un bajo uso de medidas alternativas y asistencia post  penitenciaria, lo cual evidencia un
?cit de implementación relevante que debe corregirse para mitigar el hacinamiento en establecimientos penitenciarios.
58
59
Esto se aborda en la sección de poblaciones vulnerables en establecimientos penitenciarios.
Art. 31  al 40  del Código Penal,  sanciones que  limitan el  ejercicio de determinados  derechos económicos,  políticos y  civiles y el  uso del  tiempo libre.  La
limitación de derechos puede darse  mediante prestación servicios a la comunidad, limitación  de días libres; e, inhabilitación (incapacidades y  suspensiones
que pueden imponerse).
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
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Grá?co Nº 07. Composición de población de medio libre
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
La distribución de la población intramuros por edades muestra  una población concentrada entre los 20 y 44 años, tanto
en hombres como en mujeres. Entre los hombres este rango de edad concentra al 74,3%  de la población, y en mujeres
este rango alcanza 69,5%. Este último dato muestra una población más numerosa de  personas mayores de edad entre
las mujeres que entre los varones.
Grá?co Nº 08. Distribución de la población penitenciaria intramuros
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
La  composición   de la  población   penal  por  tipos  de  delitos  muestra   hallazgos  relevantes,   siendo   la población
de  varones  muy   superior  en  cantidad,   los  datos  generales   de  internamiento   por  tipo  de  delitos   muestran   el
sesgo  masculino.  De este  modo, notamos  que  los principales  delitos  causantes  del  internamiento  son  los de tipo
patrimonial:  robo  agravado  24  808 (25,4%)  y  tentativa  de robo  agravado  5 246  (5,4%),  en  este grupo  de delitos
también  se  debe  sumar  al  hurto  agravado  2  958  (3%)  y  su modalidad   de  tentativa  1  258  (1,3%).  El  segundo
lugar  lo ocupan  los delitos  sexuales:   violación  de menor  de edad  9 658  (9,9%),  violación  sexual  4 269  (4,4%),  y
actos contra  el pudor  contra  menores  y mayores  de 14 años  4 261(4,4%).  El tercer  grupo de  delitos  se encuentra
asociado  a las  drogas:  tráfico  ilícito  de  drogas  87104 (8,3%),  tráfico  ilícito  de  drogas  – formas  agravadas  3  311
(3,4%),
y micro  comercialización   o micro producción   1 365 (1,4%).
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Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Grá?co Nº 09. Distribución de delitos de población penitenciaria general
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
Tal como  se indicó  antes, al  ser la población  masculina superior  en cantidad  es necesario desagregar  los datos  por
género para apreciar el dimensionamiento del fenómeno de manera diferenciada. De este modo, se podrá notar que los
delitos patrimoniales y delitos sexuales son los que han generado mayor número de población penitenciaria.
Grá?co Nº 10. Distribución de delitos de población penitenciaria masculina
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
La información permite identi?car las tres grandes familias de delitos que concentra el sistema penitenciario no obstante
es también  evidencia de la  necesidad de avanzar en  la funcionalidad de  los sistemas de  información de manera  que
podamos identi?car  otros grupos  pequeños y  subgrupos de  tipos de  delitos en  el sistema  penitenciario que  pueden
alcanzar a 12 188 personas grupadas en otros delitos  .
60
Al observar la distribución de las mujeres internas se encuentra una composición distinta. Entre ellas, el principal motivo
de internamiento es por delitos  vinculados a drogas: trá?co ilícito de drogas  1 494(28,3%), promoción o favorecimiento
al trá?co ilícito de drogas  698 (13,2%), formas agravadas de trá?co ilícito de  drogas 454 (8,6%), microcomercialización
o microproducción 141 (2,7%). El segundo grupo de delitos motivo de internamiento son delitos de tipo patrimonial: robo
agravado 506 (9,6%), hurto agravado 125 (2,4%), extorsión 118 (2,2%), tentativa de robo agravado 113 (2,1%), tentativa
de hurto agravado 71 (1,3%). El resto de los delitos se distribuyen con mayor dispersión.
60
INPE. (2020a). Op. Cit.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
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Grá?co Nº 11. Distribución de delitos de población penitenciaria de mujeres
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
Con relación a la composición  de la población penitenciaria, de acuerdo con  el número de ingresos a establecimientos
penitenciarios, podemos observar que el  75% de la POPE registra un único ingreso  a un penal; mientras que el 15,7%
posee hasta dos ingresos;  y, el 5% cuenta con  un tercer ingreso. La tabla  nos permite ver que al interior  de estos tres
grupos ya se concentra más del 95% del total de la población privada de libertad.
Tabla Nº 07. Número de ingresos en Establecimientos Penitenciarios
Nº de ingresos
Población
73,066
15,280
4,845
2,053
1,038
505
Porcentaje
74.9%
15.7%
5.0%
1
2
3
4
2.1%
5
1.1%
6
0.5%
7
306
0.3%
8
160
0.2%
9
95
0.1%
10
11
58
0.1%
25
0.0%
12
a más
62
0.1%
Total
97493
100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
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NORMAS LEGALES
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Viernes 25 de setiembre de 2020 /
En cuanto a los reingresos,  vistos por delitos, podemos notar un patrón general  alrededor del motivo de internamiento;
lo que signi?ca  que la mayor cantidad de  reingresos se encuentra asociado  a delitos patrimoniales, delitos  sexuales y
delitos vinculados a drogas.
Tabla Nº 08. Distribución de delitos de población penitenciaria
Nº de Ingresos
%
delitos
por
Delitos especí?cos
Total
12 a
más
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total
100.0%
25.4%
97,493
24,808
73,066
17,204
15,280
4,707
4,845
1,626
2,053
670
1,038
287
505
143
306
83
160
37
95
20
58
14
25
8
62
9
Robo agravado
Violación sexual de menor de
edad
9.9%
9,658
8,334
1,093
143
49
12
11
8
4
1
1
1
1
Trá?co ilícito de drogas
8.3%
5.4%
8,104
5,246
6,628
3,614
939
270
325
115
136
69
69
34
28
16
20
13
12
10
6
5
4
5
5
Robo agravado - grado tentativa
1,026
1
2
1
Promoción o favorecimiento al
trá?co ilícito de drogas
5.2%
4.4%
3.4%
5,109
4,269
3,311
4,138
3,595
2,809
598
514
350
166
94
82
38
28
57
9
27
10
7
14
3
10
3
7
2
3
5
Violación sexual
Trá?co ilícito de drogas - formas
agravadas
90
17
4
2
1
3
Homicidio cali?cado – asesinato
Tenencia ilegal de armas
Hurto agravado
3.2%
3.1%
3.0%
3,073
3,068
2,958
2,370
1,942
1,537
446
643
691
155
259
302
46
85
29
68
14
24
54
6
2
8
1
8
3
3
7
1
4
6
22
32
2
6
184
103
24
12
Incumplimiento de la obligación
alimentaria
2.8%
2.8%
2,774
2,708
2,263
2,316
369
302
93
57
31
17
10
7
2
3
3
2
1
2
2
Actos contra el pudor en
menores de 14 años
2
Actos contra el pudor
Homicidio simple
1.6%
1.5%
1,553
1,455
1,318
1,062
180
258
36
71
8
5
1
2
2
5
2
3
1
30
18
4
7
2
2
2
Microcomercialización o
microproducción
1.4%
1,365
602
314
200
103
63
37
24
8
1
1
4
Hurto agravado - grado tentativa
Extorsión
1.3%
1.2%
0.8%
0.8%
0.8%
13.6%
1,258
1,181
786
488
850
353
196
155
133
85
184
59
101
40
62
15
5
22
12
7
16
7
14
1
3
1
12
Lesiones graves
Secuestro
551
43
22
1
1
1
5
752
515
46
23
18
2
10
8
4
2
1
Organización criminal
Otros delitos
750
578
49
22
3
2
1
8
13,307
10,352
1,928
577
223
113
49
31
9
10
2
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
Sobre la duración de las penas, encontramos que las penas privativas de libertad menores a los cinco años representan
el 17% del total de sentencias. Por otro lado,  las penas privativas de libertad efectivas entre 5 y 10 años representan el
37%,
de sentencias. El cuadro nos muestra  también a las sentenciados y los sentenciadas a  cadena perpetua, cuyo número
asciende a 1152 personas privadas de libertad, las que su vez representan el 1.9% del total de sentenciados.
mientras que las sentencias que establecen internamientos entre los 5 y 20 años representan casi el 70% del total
Tabla Nº 09. Duración de las penas
Tiempo de la pena
Internos
51
%
% acumulado
0.1%
0
6
1
2
3
4
5
a 6 meses
meses a 1 año
a 2 años
0.1%
1.5%
1.6%
2.3%
4.1%
7.3%
37.0%
22.1%
897
1.5%
979
3.1%
a 3 años
1,396
2,526
4,483
22,782
13,598
5.4%
a 4 años
9.5%
a 5 años
16.8%
53.8%
75.9%
a 10 años
10
a 15 años
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
39
Tiempo de la pena
Internos
6,315
%
% acumulado
86.1%
15
20
25
30
a 20 años
a 25 años
a 30 años
a 35 años
10.3%
5.0%
4.6%
2.3%
1.9%
100,0%
3,091
91.2%
2,850
95.8%
1,442
98.1%
Cadena perpetua
Total
1,152
100.0%
61,562
Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
El nivel  de instrucción  entre las  personas privadas  de libertad  muestra que  se trata  de una  población cuyo  proceso
educativo básico  no concluyó  debidamente. Así,  podemos ver  que existen  1528 internos  e  internas en  situación de
analfabetismo, mientras que  un 21% re?ere haber alcanzado  la educación primaria, y el  68% la educación secundaria
(completa e incompleta). Cabe mencionar también que solo cerca del 10% de la población ha cursado estudios de nivel
superior en  algún momento. A partir  de estos datos  es posible establecer  relaciones entre los  niveles educativos, los
bajos ingresos y una inserción precaria en el mercado laboral,  tal como lo demuestran los datos de ocupación antes de
ingresar a los establecimientos penitenciarios.
Grá?co Nº 12. Grado de educación de la población penitenciaria
Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
En cuanto a los o?cios desempeñados, encontramos que más del 90% de los internos reporta haberse dedicado a o?cios
diversos (que no requieren nivel de instrucción  superior), antes de ingresar a los establecimientos penitenciaros. Cerca
del 3%  reporta haberse dedicado  a labores técnicas  y un  2% a labores  profesionales. Del mismo  modo, el 1%  de la
población manifestó no haber estado laborando y un 2% señalaron ser estudiantes.
Grá?co Nº 13. Profesión de la población penitenciaria
Elaboración propia.
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
40
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Emergencia sanitaria por Covid-19 en el sistema penitenciario peruano
El Estado Peruano alberga, al interior de sus establecimientos penitenciarios, a un importante grupo de personas privadas
de su libertad que  vienen enfrentando la pandemia de COVID-19  en condiciones preocupantes de hacinamiento  y con
de?ciencias sanitarias;  lo cual requiere  de una respuesta  rápida desde el Gobierno,  en salvaguarda de  sus derechos
fundamentales.
Las principales  acciones realizadas  a nivel  normativo para enfrentar  la emergencia  sanitaria han  apuntado a  reducir
el hacinamiento en  los establecimientos penitenciarios. Muestra de  ello es lo realizado a  través de la promulgación de
los Decretos Legislativos:  1459 “Decreto legislativo que  optimiza la aplicación de  la conversión automática de  la pena
para personas condenadas por el delito  de omisión de asistencia familiar, a ?n de reducir el  hacinamiento penitenciario
y evitar contagios  de covid-19”; 1513 “Decreto  legislativo que establece disposiciones  de carácter excepcional para  el
deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus covid-19”; y 1514
“Decreto legislativo que  optimiza la aplicación  de la medida de  vigilancia electrónica personal como  medida coercitiva
personal y sanción penal a ?n  de reducir el hacinamiento”. Asimismo, se promulgó el Decreto Supremo  004-2020-JUS,
“Decreto Supremo que  establece supuestos especiales  para la evaluación y  propuesta de recomendación  de Gracias
presidenciales, y determina su procedimiento, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19”.
A nivel operativo, cabe indicar la formulación de un plan especí?co en el INPE, orientado a realizar acciones especí?cas
para atender  la emergencia  sanitaria, a partir  del cual  se han desarrollado  acciones como  la compra de  insumos de
limpieza y  protección  personal para  las personas  privadas de  libertad y  los  servidores penitenciario;  además, de  la
aplicación de pruebas para  detectar el virus entre los trabajadores y  las personas privadas de libertad. Estas  medidas,
también incluyó la implementación de áreas para el aislamiento de pacientes con Covid-19; además de la activación del
ex – establecimiento penitenciario de San Jorge como área para tratar internos con Covid–19, entre otros.
No obstante, las acciones realizadas, las  críticas condiciones del sistema penitenciario siguen facilitando determinados
escenarios negativos, tales como el suscitado en agosto de  2020, mes en el que se han registrado contagios en 21648
internos y en 2868 servidores del INPE. Así también, el número de fallecidos  ha alcanzado a 346 personas privadas de
libertad y a 39 servidores del sistema penitenciario. Esta situación ha generado angustia y violencia en los establecimientos
penitenciarios, en los cuales se habían registrado un total de 17 motines en lo que va del año.
Causa 1. Hacinamiento en sistema penitenciario
La población al interior  de los establecimientos penitenciarios ha  venido creciendo sostenidamente durante los  últimos
años. Si  tomamos como referencia  el año 2001  y hacemos la  comparación al año  2020, veremos que  en un periodo
de casi  20 años la  población penitenciaria se ha  poco más que  triplicado. Como se  ha mencionado con  anterioridad,
el  hacinamiento es  el  gran problema  de  casi  todos los  sistemas  penitenciarios, y  afecta  a  todos los  aspectos  del
funcionamiento de una prisión. En el modelo público propuesto, esta causa responde a tres subcausas que la sostienen,
entre las que cabe mencionar: el alto uso de la prisión efectiva, el endurecimiento de las penas y reducción de accesos a
bene?cios penitenciarios, y ?nalmente, el limitado uso de medidas alternativas a la privación de libertad.
A marzo de 2020  la población penal (intramuros)  ha alcanzado los 97493  internos, contándose con una capacidad  de
albergue
61
de 40137  internos. La sobrepoblación en  los establecimientos penitenciarios  alcanza a los  57356 internos,
representando esto un índice de sobrepoblación de 243%; y, 143% de hacinamiento.
Si bien los  datos muestran que  el sistema penitenciario cuenta  con un grave  problema de hacinamiento es  necesario
identi?car  que esta  realidad es  muy  especí?ca de  cada establecimiento  penitenciario,  puesto que  hay penales  que
superan en 500% el hacinamiento y otros en los que  no encontramos situaciones de hacinamiento. De los 68 penales
62
que existen en el país,  49 (72%) se encuentran en condición de hacinamiento,  mientras que los 19 (28%) restantes no
han alcanzado esta condición.
Grá?co Nº 14. Hacinamiento de establecimientos penitenciarios
Elaboración propia.
Fuente. Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
61
62
La capacidad de albergue en Perú está de?nida como la presencia de una cama para un interno.
Se debe considerar  que la capacidad de albergue  de estos establecimientos es muy  variada. Hay establecimientos excepcionales con  capacidad para dos
internos, otros para 50, y otros para más de 3000 internos. INPE (2020a). Op. Cit.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
41
El 73% de los  penales de varones, de un total de  44, se encuentra en condición de  hacinamiento, mientras que en los
penales de mujeres
63
esta condición se encuentra en un idéntico porcentaje de 50% de un total de 14 establecimientos.
Grá?co Nº 15. Hacinamiento de establecimientos penitenciarios varones
Elaboración propia.
Fuente. Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
Grá?co Nº 16. Hacinamiento de establecimientos penitenciarios mujeres
Elaboración propia.
Fuente. Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
Grá?co Nº 17. Hacinamiento de establecimientos penitenciarios mixtos
Elaboración propia.
Fuente. Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
63
En cuanto a  establecimientos penitenciarios construidos  únicamente para mujeres,  solo se considera el  E.P. de Chorrillos.  Los otros establecimientos son
pabellones o instalaciones para mujeres, denominados penales mixtos. Esta distribución de los penales conlleva complicaciones que se abordan en la sección
de poblaciones vulnerables.
42
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Sub causa 1.1 Alto uso de prisión preventiva
Es conocido, por la experiencia internacional comparada, que el alto uso de la prisión preventiva es una causa directa del
hacinamiento en las prisiones  . Los principios  internacionales mencionan que la prisión preventiva debe ser un recurso
extraordinario y bien sustentado para aplicarse  , de modo que debería representar un porcentaje menor de la población
64
65
internada; no  obstante, la  cantidad de personas  detenidas preventivamente  asciende 35  931 internos e  internas, los
que a su vez representan el 37% del total de la población penitenciaria. Al observar las cifras desagregadas por sexo se
observa que en  la población de mujeres la  prisión preventiva comprende al 39%  del total, mientras que el  caso de los
hombres es del 37%.
Grá?co Nº 18. Situación jurídica hombres
Elaboración propia.
Fuente. Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
Grá?co Nº 19. Situación jurídica mujeres
Elaboración propia.
Fuente. Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
Sub causa 1.2. Endurecimiento de penas y reducción de acceso a bene?cios penitenciarios
El endurecimiento  de las penas  y la reducción  de los  bene?cios suele ser  la consecuencia de  la práctica  reconocida
como populismo penal, la cual consiste  es desarrollar un discurso y aprobar leyes de “mano  dura contra el crimen”, sin
atender a las necesidades de los sistemas penitenciarios, dejando de lado las probables causas del delito y la violencia.
El reporte  de INPE de  marzo de 2020  muestra cómo las  leyes aprobadas  durante los últimos  años han tenido  como
consecuencia el aumento de la población  penal, la cual estará interna por más tiempo, y con  menores posibilidades de
acceder a bene?cios penitenciarios.
“Existen internos  que por el delito  sentenciado no pueden  acceder a bene?cios  penitenciarios, de manera que
deben cumplir la totalidad de la condena impuesta por el  sistema judicial. Este grupo por lo general ha cometido
delitos graves y  sus penas son  elevadas, por esta razón  se consideran de  tipo peligroso proclives a  fugas o a
alteraciones de orden interno.
64
65
Walmsley, R. (2019). Op. Cit
De acuerdo con las normas internacionales esta población debe recibir un trato especial, deben considerarse inocentes hasta tener una sentencia condenatoria.
Estas consideraciones serán abordadas en la sección sobre clasi?cación y separación de la población penitenciaria.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
43
La dación de la Ley Nº 30054, vigente desde el 01 de julio de 2013, modi?có el Código de Ejecución
Penal y el acceso a los bene?cios  penitenciarios para los condenados por trá?co ilícito de drogas incursos  en el
tipo básico (artículo 296 del Código Penal); esto supuso la prohibición de solicitar redención de pena, semilibertad
y liberación condicional. Debido a que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que la ley aplicable para
obtener los bene?cios es aquella vigente al momento de solicitarlos judicialmente, los efectos de la Ley Nº 30054
recaían sobre los condenados que no  cumplían aun los requisitos para iniciar el procedimiento  administrativo, e
incluso sobre los ya iniciados. Si bien existía una discrepancia relativa a la vigencia de esta norma sobre la Ley Nº
26320,
que sí permitía los bene?cios para el artículo 296,  esta controversia se zanjó con la Ley Nº 30076 del 19
de agosto de 2013, que repetía la  prohibición y ordenaba la derogación de todas las leyes anteriores que  se les
opusieran.
Sin embargo, la modi?cación  más grande se dio justamente  con la mencionada Ley Nº 30076,  que expandió el
alcance de las prohibiciones de acceso a más delitos en el Código de Ejecución Penal:
Artículo 48.-Semilibertad
(...)
El bene?cio de semilibertad es inaplicable a los  reincidentes, habituales y a los agentes de los delitos tipi?cados
en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 200, 279-
A, 279-B, 296, 297, 317, 317-A, 319 a 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal.
Artículo 53.- Liberación condicional
(...)
El bene?cio de liberación  condicional es inaplicable a los  reincidentes, habituales y a los  agentes de los delitos
tipi?cados en los artículos 107, 108, 108-A,  121, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186,189, 195, 200,
279-A,
279-B, 296, 297, 317, 317-A, 319 a 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal.
Al incluir el vocablo “agentes” dentro del nuevo texto,  la prohibición engloba también al condenado primario y ya
no solo a los  reincidentes y habituales. La consecuencia principal  es el incremento exponencial de la  población
penitenciaria sin  acceso futuro  a bene?cios, pues  si con  la Ley  Nº 30054 los  internos por  el artículo 296º  del
Código Penal quedaban impedidos (alrededor de 8,000), a partir de la vigencia de la Ley Nº 30076 la prohibición
cubre a la mayor parte de la población penitenciaria. A modo de ejemplo, solamente robo agravado representa el
25.6%
de la población intramuros.
La situación que se presenta es muy seria, pues a largo plazo el probable resultado consistirá en un ascenso del
hacinamiento, al ser la  población penitenciaria con acceso a bene?cios un  grupo reducido. No obstante, resulta
más preocupante es el impacto negativo que estas modi?caciones legislativas puedan tener sobre los programas
de tratamiento, educación y trabajo penitenciario”.
66
Tabla Nº 10. Población penal sin acceso a bene?cio penitenciario por situación jurídica según delito
Delito
Total
Sentenciado
9,401
2
Tortura
Desaparición forzada
Terrorismo - Ley 25475
Trata de personas agravada
Violación sexual de menor de edad
6
216
20
6,758
13
Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave
Comercialización y cultivo de amapola y marihuana y su siembra compulsiva
Trá?co ilícito de drogas - formas agravadas
38
2,348
Elaboración propia.
Fuente. Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
Sub causa 1.3 Limitado uso de medidas alternativas a la privación de libertad
El uso de medidas alternativas alcanza a 32362 personas que se encuentran bajo supervisión de la Dirección de  Medio
Libre del  INPE.  De estas  personas, 25614  tienen condenas  a penas  limitativas  de libertad,  mientras que  1025 han
67
recibido directamente medidas alternativas  .
El uso de penas limitativas y medidas alternativas se presenta como problemático, porque es una práctica poco extendida,
considerando que las posibilidades de aplicación son bastante reducidas  porque solo proceden en delitos con penas no
mayores a los cuatro años de privación de libertad, siempre y cuando no se trate de reincidentes o habituales.
68
66
67
68
INPE (2020a). Op Cit. p. 31.
Ibídem
Cabe mencionar que el Poder Judicial a través del Acuerdo Plenario 02-2019/CJ-116 del 10 de septiembre de 2019 ha impulsado entre los jueces la aplicación
de la vigilancia electrónica personal con el objetivo de disminuir el congestionamiento en los establecimientos penitenciarios.
44
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
La pena de prestación de servicios a la comunidad se aplica en el 99.4% de la totalidad de penas limitativas de derechos.
La información disponible  nos permite ver que  la limitación de  días libres solo se  ha utilizado en 151  casos (0,6% del
69
total)  .
Grá?co Nº 20. Penas limitativas
Elaboración propia.
Fuente. Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a).
Entre las  medidas  alternativas, encontramos  que el  mayor porcentaje  se encuentra  asociado a  la suspensión  de  la
ejecución  de  la  pena (43.7%),  seguida  del  procedimiento  de  conversión  de penas  (32.3%)  y  la  reserva  del  fallo
condenatorio (21.9%). La  medida usada en menor  porcentaje es la  vigilancia electrónica personal que  llega solo a 22
casos, los cuales representan  el 2.1% de las medidas alternativas.  Sobre esta última medida hay un  consenso en que
debe promoverse; no obstante, se desarrollan múltiples discusiones sobre su forma ideal de provisión.
Grá?co Nº 21. Medidas alternativas
Elaboración propia.
Fuente. Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020a)
69
INPE (2020ª). Op Cit.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
45
Causa 2. Pobres condiciones de atención en salud y servicios penitenciarios
Las condiciones de vida en los establecimientos penitenciarios son un tema fundamental, pues de un lado esto responde
a una  situación de derechos  básicos de los  internos, cuya dignidad  debe respetarse bajo  toda circunstancia. De  otro
lado, contar con los elementos básicos para la  vida es una precondición para lograr la reinserción de los internos, y  así
generar un estímulo hacia la participación en programas  de reinserción. Por el contrario, cuando estas condiciones son
inadecuadas los internos están expuestos a condiciones insalubres que conducen a una convivencia tensa y violenta.
Esta causa  del  problema público  cuenta con  seis  sub causas:  el limitado  acceso  servicios de  salud, la  insu?ciente
cobertura  de  servicios básicos  en  establecimientos  penitenciarios,  las inadecuadas  condiciones  de  alojamiento,  el
insu?ciente  servicio  de  alimentación, la  limitada  atención  a  las  necesidades  de  las  poblaciones  vulnerables, y  la
inadecuada separación  de la población penitenciaria  intramuros, tomando en  consideración los distintos  per?les y las
trayectorias delictivas. En las siguientes secciones se presenta la información disponible por estas áreas.
Sub causa 2.1 Limitado acceso a servicios de salud
Los estándares  internacionales hacen  un gran  énfasis en  la provisión  de servicios  de salud  en los  establecimientos
penitenciarios.  Estos  mencionan   que  debe  garantizarse  el   acceso  gratuito  a  la   salud,  y  que  deben   cumplirse
procedimientos como realizar  exámenes médicos al ingreso  de todo interno a los  establecimientos penitenciarios, con
el objetivo  de determinar  sus necesidades  de salud y  asegurar que  sean atendidas  durante el  periodo de  reclusión.
Asimismo, la atención  a la salud  de los internos es  de gran importancia  por tres razones fundamentales;  la primera y
la más  importante está  relacionada a  las actuales condiciones  sanitarias puestas  en riesgo  por la  pandemia que  ha
generado el coronavirus  en el año 2020. La  segunda razón, por otro lado,  se re?ere a la relevancia  de la salud en  las
prisiones, en  relación con  la salud  de toda  la comunidad;  es decir,  los internos  por muchas  razones muestran  altas
70
prevalencias de enfermedades y  condiciones que son amenazas para  la salud  ; si es  que no son atendidas al  interior
de los establecimientos penitenciarios,  y se trasladan con ellos  hacia el exterior, llegado el momento  de la reinserción.
Finalmente, la  última razón  se vincula al  sentido de  justicia social que  debe guiar  nuestra visión sobre  las prisiones;
siendo conocedores de que  la mayoría de los internos  vienen de segmentos desfavorecidos de  la sociedad, lo que ha
impedido el acceso adecuado a la atención en educación, empleo o salud. En ese sentido, el internamiento se convierte
en una oportunidad  en la que, por  primera vez, puedan recibir  servicios de salud profesionales  o que puedan atender
integralmente sus condiciones de salud prexistentes, constituyéndose en una alternativa para  reducir la desigualdad en
la atención de salud  .
71
Hemos mencionado que todo el sistema penitenciario se encuentra afectado por los problemas transversales de falta de
presupuesto, personal e infraestructura; y que afectan a la atención de la salud de los internos. Sobre cada uno de estos
aspectos problemáticos, y otros relacionados, se brindará información disponible para ilustrar la magnitud del problema.
Sobre el personal de salud,  tenemos conocimiento que el INPE cuenta con 60  médicos como personal que cumplen la
atención de la totalidad de población penitenciaria. Esto equivale a una razón de un médico  por cada 1593 internos. No
obstante, debe mencionarse que los internos pueden recibir atención no sólo por parte de los médicos de INPE, sino que
pueden atenderse por el sistema de salud público o privado . La provisión del servicio de salud se hace problemática por
72
sí misma al dar cuenta de los diversos actores que pueden participar en ella.
En primera instancia, un interno puede atender una situación de salud en un establecimiento de salud ubicado al interior
del penal, pero también puede  recibir la atención por parte del personal  del Ministerio de Salud, cuando este ingresa  a
los penales. En casos de emergencias, los internos son evacuados a hospitales, lo cual es bastante demandante para la
seguridad del establecimiento penitenciario   ; y por otras atenciones los internos también podrían recibir tratamiento  en
73
las instalaciones del sistema nacional de salud.
La atención de salud brindada por el sistema nacional y el INPE se encuentra coordinada a través de experiencias como
la a?liación de la Población Privada de Libertad (PPL) al  Sistema Integral de Salud (SIS). Al tercer trimestre de 2019, la
74
población a?liada a este seguro llegaba al 92% del total  .
De acuerdo con el Código de Ejecución Penal, los establecimientos penitenciarios deben contar con establecimientos de
salud en los que puedan brindarse adecuadamente este servicio. En este punto se encuentra una di?cultad administrativa
para la gestión de estos espacios, ya que existen estándares que deben cumplir los establecimientos de salud, los mismos
que son  dictados por  el Ministerio de  Salud, bajo  la denominación de  “categorización”. En  torno a  esta clasi?cación,
sabemos que, al tercer trimestre de 2019, solo 35 centros contaban con categorización activa (51%), otros 17 (25%) con
licencia de categorización  vencida, 12 (18%) en proceso  de obtener licencia, y 4  (6%) reportados como no aptos  para
categorizar.
La categorización  es un proceso complejo,  pues resulta bastante  demandante cumplir los  requisitos, y a  juicio de los
funcionarios del  INPE,  cumplirlos excede  la capacidad  de servicio  de determinados  establecimientos  penitenciarios.
Por ello, consideran que  podría darse una categorización especial  para los centros de salud que  se encuentran en los
establecimientos penitenciarios.
70
En las condiciones  de nuestro sistema  penitenciario es además  probable que personas que  ingresan sin malestares  mayores salgan de las  prisiones con
alguna enfermedad grave o contagiosa.
71
72
73
74
World Health Organization - WHO. Prisons and Health. World Health Organization Regional Of?ce for Europe. 2014, WHO, p. 2.
Siempre y cuando cuente la persona privada de libertad cuente con un seguro de este tipo.
La persona privada de libertad debe contar en todo momento con vigilancia continua hasta el retorno al establecimiento penitenciario.
INPE (2020a). Op. Cit.
46
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Grá?co Nº 22. Categorización de salud en INPE
Elaboración propia.
Fuente. Tratamiento penitenciario. Informe tercer trimestre 2019. INPE (2019a)
75
Sobre la población con graves problemas de salud, conocemos que a enero de 2020 se encuentran en los establecimientos
penitenciarios, un total de 3270  internos con TBC, los cuales se encuentran en su  mayoría ubicados en los penales de
Lurigancho, Castro Castro, Huaral, Callao, Ica, Huacho Chiclayo, Varones Trujillo, Ancón I, Cañete, Chimbote y Pucallpa.
Este número de personas con TBC representa aproximadamente el 3,4% de la población penal intramuros. Por su parte,
los internos detectados como portadores de VIH / SIDA alcanza la cifra de 828 personas.
Estas cifras resultan preocupantes, ya que la morbilidad  por esta enfermedad en los establecimientos penitenciarios es
36
la coordinación con el Ministerio de salud que cuenta con el programa presupuestal 016TBC-VIH/SIDA.
veces más alta que la cifra nacional. Cabe mencionar que, el tratamiento de TBC y VIH/SIDA se conduce a través de
Sobre los principales malestares de salud atendidos en el sistema penitenciario (atenciones al tercer trimestre de 2019),
76
encontramos que  los más  recurrentes son:  gastritis (1753),  faringitis aguda (1523),  y lumbago  (1370). No  se cuenta
con información especí?ca sobre población con enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión, otras),
pero el personal de  INPE ha manifestado que estas  vienen en aumento, y que  existe un serio dé?cit de  recursos para
atenderlas.
Grá?co Nº 23. Principales atenciones de salud en sistema penitenciario
Fuente. Tratamiento penitenciario. Informe tercer trimestre 2019. INPE
Además de las cifras de atenciones que provienen de  los registros de INPE, se cuenta con información proveniente del
Censo Penitenciario que realizó  el INEI (2016)  .  Estos registros, aunque son de autoreporte  por parte de los internos,
77
ayudan a dar cuenta de la morbilidad en el sistema penitenciario  .
78
Consultados sobre las enfermedades que padecen, la mayoría de los internos reportó sufrir males de salud mental, entre
los que cabe  mencionar: depresión (9,6%) y  ansiedad (8,7%). Estos males  eran seguidos por enfermedades  crónicas
pulmonares (8,4%) e hipertensión (7%).
75
76
77
78
INPE. Informe Estadístico de Tratamiento. Cuarto Trimestre 2019. Lima, 2019, INPE.
INPE, 2019a
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Perú: Primer Censo Nacional Penitenciario 2016. Per?l de la población penal. Lima, 2016, INEI.
Para hacer referencia a este reporte usaremos los porcentajes reportados, ya que las estimaciones a la población penitenciaria ya no corresponden a los datos
disponibles.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
47
Grá?co Nº 24. Principales enfermedades autoreportadas en establecimiento penitenciario
Fuente. Censo Penitenciario 2016. INEI
Al  consultarles  sobre  si  contaban  con  diagnósticos   médicos  para  las  enfermedades  declaradas,   la  mayoría  de
quienes  reportaron   enfermedades   crónicas   (como  bronquitis,   hipertensión,   diabetes  u  otras)   y  enfermedades
infectocontagiosas  (TBC,  VIH/SIDA,  ITS) mencionaron  que sí contaban  con dichos  diagnósticos.  A su vez, quienes
reportaron  padecer  enfermedades   de salud  mental,  reportaron  los  menores  porcentajes  en  cuanto  a  contar  con
elementos  diagnósticos.
Tabla Nº 11. Enfermedades diagnosticadas por personal de salud
Enfermedad diagnosticada por un profesional de la salud
Tipo de enfermedad
Total
No
Abs.
%
Abs.
%
Enfermedades crónicas
Enfermedad  pulmonar  crónica  tal  como
asma, bronquitis o en?sema
6,416
4,660
72.6
1,756
27.4
Hipertensión
5,312
2,191
3,574
1,897
67.3
86.6
1,738
294
32.7
13.4
Diabetes
Enfermedades infecto contagiosas
Tuberculosis
3,267
647
3,104
480
95.0
74.2
88.5
163
167
41
5.0
25.8
11.5
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
VIH/SIDA
357
316
Otras enfermedades
Depresión
7,321
6,581
2,174
673
2,141
1,489
569
29.2
22.6
26.2
82.8
85.9
73.0
5,180
5,092
1,605
116
70.8
77.4
73.8
17.2
14.1
27.0
Ansiedad
Adicción a sustancias psicoactivas
Hepatitis
557
Cáncer 1/
270
232
38
Otro 2/
7,080
5,166
1,914
1/
2/
Comprende cáncer al colón, útero, mama, estómago, piel, próstata entre otros.
Comprende alergias, anemia, apéndice, entre otros.
Fuente. Censo Penitenciario 2016. INEI
La misma encuesta del INEI muestra que existe un porcentaje considerable de internos que reportan no recibir tratamiento
médico para atender sus problemas de salud.
48
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Tabla Nº 12. Población penitenciaria que recibe tratamiento médico
Actualmente recibe tratamiento médico 1/
Tipo de enfermedad
Total
4,660
No
Abs.
%
Abs.
%
Enfermedades crónicas
Enfermedad  pulmonar  crónica  tal  como
asma, bronquitis o en?sema
2,240
48.1
2,420
51.9
Hipertensión
3,574
1,897
2,203
1,304
61.6
68.7
1,371
593
38.4
31.3
Diabetes
Enfermedades infecto contagiosas
Tuberculosis
3,104
480
1,649
249
53.1
51.9
82.0
1,455
231
57
46.9
48.1
18.0
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
VIH/SIDA
316
259
Otras enfermedades
Depresión
2,141
1,489
569
1,141
778
53.3
52.2
45.5
23.5
49.6
47.6
1,000
711
46.7
47.8
54.5
76.5
50.4
52.4
Ansiedad
Adicción a sustancias psicoactivas
Hepatitis
259
310
557
131
426
Cáncer 2/
232
115
117
Otro 3/
5,166
2,458
2,708
1/
Comprende medicina, terapia, etc.
2/
3/
Comprende cáncer al colón, útero, mama, estómago, piel, próstata entre otros.
Comprende alergias, anemia, apéndice, entre otros.
Fuente. Censo Penitenciario 2016. INEI
El consumo  de  drogas ilegales  es un  gran  problema en  todos los  sistemas penitenciarios;  teniendo  en cuenta  que
muchos internos  llegan con  problemas de  consumo problemático o  adicción, y  que las  prevalencias de consumo  de
drogas legales e ilegales son superiores en la población penitenciaria frente a la población general , sin contar que otros
79
internos desarrollan el consumo a partir del internamiento.
Actualmente, en el país no es posible conocer el porcentaje de internos con consumo problemático o adicción, y tampoco
el porcentaje  simple  de consumidores.  El más  reciente reporte  de tratamiento  de INPE   , muestra  que el  programa
80
destinado a atender  el consumo de drogas  que funciona en los  penales peruanos ha conseguido  trabajar únicamente
con 626 internos.
Este  número resulta  insu?ciente  frente  a la  magnitud  del  problema, pero  existen  limitaciones  presupuestales para
extender su cobertura, y también falta información sobre las características del consumo en esta población para justi?car
su incremento. Si tan solo el 5% de la población fuera dependiente o tuviera consumo problemático, se debería trabajar
con más de 4700 internos  , y es de suponerse que la necesidad es incluso mayor. Un tema adicional sobre el programa
81
de drogas  es la falta de  evaluación de este   , ya que  no se puede  decir algo concreto  sobre la efectividad de  este al
momento presente.
82
Concretamente,  sobre el  problema  de la  salud  mental  en establecimientos  penitenciarios,  la situación  se  presenta
crítica por la falta de  personal especializado que pueda atender a la población.  Con las limitaciones existentes igual se
cuenta con la  información de las atenciones que  se brinda, y estas  muestran que al cuarto trimestre  de 2019 se tenía
diagnosticado a un total  de 516 pacientes con diagnóstico psiquiátrico  (no inimputable), de los cuales más  del 50% de
los casos son cuadros  de depresión. Sobre los casos de  población cali?cada como inimputable y que  se encuentra en
condición de privada de libertad, se tienen identi?cados 90 casos, compuestos por 86 hombres y 4 mujeres  .
83
79
80
81
82
83
UNODC (2010). Op. Cit.
INPE (2019a). Op. Cit.
Si suponemos que el problema afectaría al 10% de la población, entonces debería trabajarse con más de 9500 personas privadas de libertad.
El Programa se desarrolla en conjunto con DEVIDA.
INPE (2019a). Op. Cit.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
49
Grá?co Nº 25. Casos de salud mental por sexo (no inimputable)
Elaboración propia. Fuente. Tratamiento penitenciario. Informe tercer trimestre 2019. INPE
La situación de salud ha sido reconocida como crítica por una sentencia reciente del Tribunal Constitucional (2019). El TC
ha ordenado que las instituciones del Sistema de Justicia y Salud tomen medidas e implementen políticas públicas para
atender la situación de salud mental al interior de los establecimientos penitenciarios.
Cabe mencionar,  que el  INPE  ha venido  coordinando con  el Ministerio  de Salud,  que viene  implementando el  Plan
Nacional de  Fortalecimiento de Salud  Mental Comunitaria, para atender  esta problemática, la  misma que implicará  el
desarrollo de acciones en el marco del Programa Presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental.
Sub causa 2.2. Insu?ciente cobertura de servicios básicos en establecimientos penitenciarios
Se  entenderán  como   servicios  básicos  en  los   establecimientos  penitenciarios  a   los  siguientes:  agua,  desagüe
o saneamiento,  y  electricidad. Los  servicios básicos  al interior  de las  prisiones deben  estar garantizados,  pues  son
manifestación del  respeto a  la dignidad  de los  internos, y  constituyen un  factor básico  para favorecer  la reinserción
social  ; no  obstante, se hacen  presentes determinados factores problemáticos  de todo el sistema,  tales como la  falta
84
de presupuesto y las  carencias de mantenimiento. Esto, sumado al  hacinamiento, genera un mayor deterioro y  un uso
inadecuado de los ambientes.
En el Plan de Infraestructura del INPE se realizó el diagnóstico de estas instalaciones, teniendo en cuenta las siguientes
variables para estos servicios:
Tabla Nº 13. Diagnóstico de los servicios básicos en los Establecimientos Penitenciarios
Componente
Agua
Variable
Fuente de abastecimiento de agua del Establecimiento Penitenciario
Cantidad de horas al día que dispone de agua el Establecimiento Penitenciario
Porcentaje de cobertura del servicio de agua en el Establecimiento Penitenciario
Antigüedad promedio de las redes de agua
Cantidad de reservorios de agua y su estad
Antigüedad promedio de las redes de desagüe
Frecuencia con la que se presentan atoros o retornos en la mayoría de los desagües del
Establecimiento Penitenciario
Desagüe o alcantarillado
Tipo de disposición ?nal de las aguas residuales
Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Frecuencia con la que se presentan cortes de energía por la concesionaria
Antigüedad promedio del cableado
Electricidad
Grupo electrógeno
Frecuencia de Mantenimiento de los pozos a tierra
Fuente. Plan Infraestructura INPE (2019b).
85
El mencionado Plan de Infraestructura explica con claridad la relevancia de este componente para la convivencia en los
establecimientos penitenciarios, y las consecuencias que implica su desatención.
84
85
Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR. Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles. Suiza, 2013. CICR.
INPE. Plan Infraestructura Penitenciaria 2019 – 2924. Lima, (2019b), INPE
50
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Cabe precisar que este eje, resulta uno de los de mayor preponderancia al momento de determinar la calidad de
la infraestructura penitenciaria, ya que su incidencia,  no solo se restringe a la provisión de los servicios básicos,
sino que  además  trasciende y  afecta a  otras  áreas como  el tratamiento,  la  seguridad, habitabilidad  y salud,
ya que  en un  recinto  penitenciario, donde  se presente  una falta,  interrupción o  limitación en  el acceso  a los
servicios básicos,  el  tratamiento penitenciario  resultaría inviable,  así mismo  el malestar  que  se genere  en la
población penitenciaria, se constituiría  como causal para amotinamientos u otros  problemas que se constituyen
como un grave riesgo que atenta contra la seguridad del mismo establecimiento penitenciario, así mismo tanto la
condiciones de habitabilidad de los internos, como del personal INPE en el recinto penitenciario se vería afectada,
y ?nalmente y en especial caso de los servicios básicos orientados a la higiene (agua y desagüe), generarían que
se afecte la salud de la población penal
86
Los  resultados del  diagnóstico  para  el abastecimiento  de  agua muestran  que  ningún  establecimiento penitenciario
encuentra su abastecimiento de agua en buena condición. El 29% de los establecimientos cuenta con mal abastecimiento
y el 71% se encuentra en la categoría de regular.
Grá?co Nº 26. Estado de infraestructura de servicio de agua
Fuente: MINJUSDH. OIP - INPE/ Plan de Infraestructura Penitenciaria 2019-2024
La evaluación de la infraestructura del servicio de desagüe revela que solo el 4% de los establecimientos se encuentran en
buena condición, mientras que el 46%, encuentran este servicio en condición de regular, y el 50% en malas condiciones.
Grá?co Nº 27. Estado de infraestructura de servicio de desagüe
Fuente: MINJUSDH. OIP - INPE/ Plan de Infraestructura Penitenciaria 2019-2024
Por su  parte, la  infraestructura eléctrica  de los penales  encuentra que  únicamente el  1% de los  establecimientos se
encuentra en buena condición. El 22% se encuentra en condición de regular, mientras que el 76% se encuentra en malas
condiciones.
86
Ibídem, p. 2.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
51
Grá?co Nº 28. Estado de infraestructura de servicio de electricidad
Fuente: MINJUSDH. OIP - INPE/ Plan de Infraestructura Penitenciaria 2019-2024
Sub causa 2.3 Inadecuadas condiciones de alojamiento
Las  condiciones de  alojamiento  de los  internos, entendidas  como  las instalaciones  donde  pernoctan los  internos
87
,
constituyen los espacios básicos donde  los internos pasan mucho tiempo. Estas instalaciones  sufren un gran deterioro
a causa de su  antigüedad y del propio hacinamiento. En el  sistema penitenciario peruano se denominan cuadras  a los
espacios para pernoctar, los cuales suelen ser colectivos.
Vale mencionar que el INPE  ha realizado un diagnóstico de la situación  de sus instalaciones para la formulación de  su
Plan de Infraestructura.  Uno de los ejes comprendidos  en el análisis es  el internamiento, entendido como  condiciones
de alojamiento, y para ello ha considerado tres variables: estado de conservación de los ambientes de celdas / cuadras,
estado de  hacinamiento y antigüedad. El  resultado de este  análisis también ha  sido recogido por  una publicación del
MINJUSDH que identi?ca brechas de servicios e infraestructura de parte del Ministerio   . Estos resultados muestran las
88
condiciones de internamiento catalogadas  como buenas, regulares o malas, en  función al número de establecimientos
penitenciarios que se encuentran en dichas categorías.
El resultado muestra  que únicamente el 7% de  los EP cali?ca como con  buenas condiciones de alojamiento,  mientras
que el 63% cali?can como regulares y 23% como malas. Atender a estos elementos resulta indispensable, toda vez que
la desatención contribuye al agravamiento  de otros riesgos, tales como los riesgos  sanitarios, los riesgos de seguridad
interna y externa, la limitación de realizar programas adecuados de tratamiento, y afectando a la vez a la percepción que
se tiene del país, desde el exterior, en materia de respeto a los derechos humanos.
Grá?co Nº 29. Estado de infraestructura del servicio de internamiento
Fuente: MINJUSDH. OIP - INPE/ Plan de Infraestructura Penitenciaria 2019-2024
Sub causa 2.4 Inadecuado servicio de alimentación
Las normas internacionales señalan que los internos deben recibir alimentación gratuita y con un adecuado valor nutricional
para mantenerse  saludables.  No obstante,  la alimentación  en los  establecimientos  penitenciarios es  usualmente un
área problemática, ya sea porque  la provisión de alimentos no alcanza para toda  la población  , o porque se  considera
89
87
88
89
Ibídem
INDAGA (2020). Op. Cit.
Esto puede estar vinculado a acciones de corrupción por parte de la administración penitenciaria.
52
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
que dichos  alimentos son de  mala calidad. Esto  suele llevar a  que muchos  internos se provean  de alimentos ya  sea
comprándolos o cocinando en el establecimiento penitenciario.
El Censo  Penitenciario de 2016  dejó datos sobre  la percepción de  los internos sobre la  calidad de los  alimentos que
reciben en los establecimientos penitenciarios. El resultado muestra que el 60% de los internos la consideran mala o muy
mala, mientras que el 40% la consideraban buena o muy buena.
Grá?co Nº 30. Percepción de la calidad de alimentos
Elaboración propia.
Fuente. Censo Penitenciario 2016. INEI
Sub causa 2.5. Inadecuada atención de necesidades de poblaciones vulnerables
El Plan Nacional  de Derechos Humanos 2018-2021   , establece que  los grupos de especial  protección en el país  son
90
los siguientes:
1.
2.
3.
4.
Personas adultas mayores
Población afrodescendiente
Personas con discapacidad
Mujeres
5.
6.
7.
8.
Niñas, niños y adolescentes
Personas privadas de libertad
Personas con VIH/SIDA y personas con TBC
Trabajadoras y trabajadores del hogar
Personas LGTBI
9.
10.
11.
12.
13.
Defensoras y defensores de derechos humanos
Pueblos indígenas
Personas en situación de movilidad
Personas víctimas de la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000
Como se advierte, un grupo está constituido expresamente por las personas privadas de libertad, pero este grupo puede
ser concurrente  con otros,  ubicándose en  una  situación de  mayor vulnerabilidad.  La Defensoría  del Pueblo  (2011
, 2020   ) ha  advertido de  esta situación  y ha  señalado la  ausencia de medidas  para atender  las necesidades
diferencias de los grupos de especial protección en establecimientos penitenciarios.
91
,
2018
92
93
Las personas  privadas de  libertad, a  su vez, pueden  pertenecer simultáneamente  a otros  grupos de especial
protección,  por ser  mujeres,  adultas  mayores, personas  con  discapacidad,  de  pueblos indígenas,  personas
LGBTI, entre  otros. Esto requiere una  especial atención por  parte del Instituto  Nacional Penitenciario (INPE)  y
el Estado en  su conjunto; sin embargo,  no se cuenta con  normas, planes, programas y  proyectos enfocados a
atender sus necesidades diferenciadas y prevenir actos de discriminación en su contra, siendo en muchos casos
invisibles frente al Estado y la sociedad
94
90
91
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUSDH. Plan Nacional de Derechos Humanos 2018 - 2021. Lima, 2018. MINJUSDH
Defensoría del  Pueblo.  El sistema  penitenciario: componente  clave  de la  seguridad y  la  política criminal.  Problemas, retos  y  perspectivas. Lima,  2011.
Defensoría del Pueblo
92
93
94
Defensoría del Pueblo. Retos del Sistema Penitenciario Peruano:  Un diagnóstico de la realidad carcelaria de mujeres y varones. Lima, 2018.  Defensoría del
Pueblo
Defensoría del  Pueblo. Situación de  las personas privadas  de libertad a  propósito de la  declaratoria de emergencia  sanitaria. Lima,  2020. Defensoría del
Pueblo
Defensoría del Pueblo (2018). Op. Cit. p. 40.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
53
Un ejemplo de cómo se refuerzan los componentes de vulnerabilidad y discriminación tomamos es el caso de las mujeres
en establecimientos penitenciarios. El  informe de Defensoría del Pueblo revela una  menor participación de la mujer en
las actividades laborales y educativas,  así mismo muestra restricciones al derecho de la  visita íntima para las mujeres,
las cuales no se aplican a los varones
95
Así como es el caso para las mujeres, otros grupos de especial protección muestran necesidades que no son atendidas,
como por  ejemplo las personas  con discapacidad que  se encuentran en  establecimientos donde la  infraestructura no
es adecuada, o las  personas con VIH/SIDA y TBC, que más  allá de recibir el tratamiento  necesario están sometidas a
condiciones de vida que agravan su situación.
A  nivel especí?co,  sobre  la  situación  de las  niñas  y  niños  de hasta  tres  años  que  viven  en los  establecimientos
penitenciarios, se encuentra que se trataría de 169 personas; de los cuales 90 son hombres y 79 mujeres (informe INPE
marzo 2020). La Defensoría del Pueblo ha señalado que se viene incumpliendo lo dispuesto en el Reglamento del Código
de Ejecución Penal que dispone acondicionar lugares especiales y separados al interior de las cárceles para las niñas y
niños que viven con sus madres; ya que en las supervisiones realizadas se encontró que la gran mayoría estos menores
de edad duermen en las celdas junto a sus madres y las demás internas
96
Sobre la  situación de los  adultos mayores en  establecimientos penitenciarios, se tiene  identi?cado que la  Ley 30490,
Ley de la Persona Adulta Mayor, reconoce que las personas adultas mayores tienen derecho a condiciones de reclusión
adecuadas, no obstante, a la  fecha no se cuenta con una normativa  especí?ca que coadyuve en la implementación de
dichas condiciones
97
En lo concerniente  a las personas  privadas de libertad con  discapacidad, se ha identi?cado  que esta población no  se
encuentra reconocida  como tal,  lo cual  es un  pilar para poder  atenderse adecuadamente.  Se han  realizado algunas
experiencias  para  reconocer  y  atender  especialmente   a  esta  esta  población  (establecimientos  penitenciarios  de
Lurigancho y Mujeres Chorrillos I),  y se instaló una mesa de trabajo que  atienda este tema en el sistema penitenciario,
pero no se han implementado medidas a nivel de todo el sistema
98
La población extranjera que se encuentra en los establecimientos penitenciarios del país, afronta la situación de no contar
con apoyo ?nanciero durante su reclusión, y sobrellevar este periodo alejada del grupo familiar, el cual suele ser un muy
importante soporte para la reinserción. La Defensoría de Pueblo (2018) identi?có que esta población también encontraba
di?cultades para su atención médica  en los establecimientos penitenciarios mediante el Seguro Integral  de Salud - SIS
debido a los requisitos de contar con carnet de extranjería que se les exigía para su inscripción; y por el  vencimiento de
las inscripciones temporales al SIS a las que lograban acceder, pero que no se renovaban automáticamente, dejándolos
sin atención  médica.  Cabe señalar  que recientemente  se aprobó  la Ley  30219, “Ley  que crea  y regula  el  bene?cio
especial de  salida del  país para extranjeros  que cumplen  pena privativa  de libertad y  modi?ca diversos  artículos del
Decreto Legislativo 703, Ley de extranjería, la cual permite (considerando ciertos requisitos) que los extranjeros puedan
obtener el bene?cio especial de salida del país para facilitar su proceso de reinserción en su país de origen.
La Defensoría del Pueblo, reportó que en las supervisiones realizadas a establecimientos penitenciarios las autoridades
no suelen tener identi?cadas a las poblaciones indígenas, lo cual conlleva la invisibilización de estas y de sus necesidades.
Asimismo, se  indica que la  Política de Transversalización  del Enfoque Intercultural  del año 2015  proponer establecer
mecanismos de acción a favor de los pueblos  indígenas, las cuales también deben atenderse en situación de privación
de libertad.
En lo referente a la población LGTBI se encuentra que, en el Censo Penitenciario de 2016, 562 personas se reconocieron
como bisexuales y  366 como homosexuales;  no obstante, el reconocimiento  de esta población  no ha sido tomado  en
cuenta por la  administración penitenciaria. Asimismo, la Defensoría del  Pueblo señaló haber recibido de  denuncias de
actos discriminatorios contra esta población, especialmente en establecimientos penitenciarios de mujeres  .
99
Sub causa 2.6. Inadecuada separación  de población penitenciaria intramuros de distintos  per?les y trayectoria
delictiva
Sobre la contaminación criminógena debe decirse que las normas internacionales y el propio código de ejecución penal
peruano  establecen separaciones  que deben  realizarse  entre la  población  penal (hombres  de  mujeres, jóvenes  de
adultos, procesados de condenados, entre otras) por motivos de seguridad y para evitar la contaminación criminógena; no
obstante, por motivos del hacinamiento esto no logra cumplirse y la población intramuros termina junta, si bien clasi?cada
en el régimen penitenciario que le asigna INPE de acuerdo al código de ejecución penal, que puede ser régimen cerrado
100
ordinario o cerrado  especial   , dentro  los cuales también se  subdivide la población por  niveles de seguridad (mínima,
media y máxima para el régimen ordinario; y A,B,C para el régimen especial).
Cabe mencionar  que  para el  personal del  INPE resulta  problemático  el tránsito,  cambio, regresión  o evolución  que
101
realizan los internos entre los distintos regímenes pues ello implica movilizarlos y alterar las rutinas de los internos   .
La clasi?cación de la población penitenciaria al tercer trimestre de 2019 correspondía a la siguiente distribución:
95
Ibídem
96
Ibídem
97
Ibídem
98
Ibídem
99
Ibídem
100
101
Esta clasi?cación no obedece necesariamente a una evaluación realizada siguiendo herramientas de valoración del riesgo de reincidencia.
INDAGA (2020). Op. Cit.
54
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Grá?co Nº 31. Distribución por tipo de régimen
Elaboración propia.
Fuente. Tratamiento penitenciario. Informe tercer trimestre 2019. INPE
Grá?co Nº 32. Distribución en Régimen Cerrado Ordinario
Elaboración propia.
Fuente. Tratamiento penitenciario. Informe tercer trimestre 2019. INPE
Grá?co Nº 33. Distribución en Régimen Cerrado Especial
Elaboración propia. Fuente. Tratamiento penitenciario. Informe tercer trimestre 2019. INPE
Causa 3. Inseguridad en establecimientos penitenciarios
La seguridad en los establecimientos penitenciarios es un elemento fundamental. Uno de los ?nes de la prisión es con?nar
a la población que ha cometido delitos, a ?n de prevenir su escape y evitar que puedan seguir realizando acciones ilícitas
desde el con?namiento  (a esto se denomina  carácter o efecto  incapacitador de la prisión  o prisión especial negativa).
La ciudadanía espera que se cumpla el efecto de la prisión,  y gran parte de la con?anza en las autoridades del sistema
de justicia y penitenciaria  depende de ello. Se espera  que los internos considerados de riesgo  no tengan la capacidad
de seguir dirigiendo sus actividades ilícitas desde los establecimientos penitenciarios, ya que dichas actividades pueden
representar riesgo para la sociedad y también para los procesos judiciales que afrontan.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
55
La seguridad  penitenciaria   se refiere,  no  solo a  una forma  de evitar  fugas  de internos,  sino  también  a una  forma
de tomar las  medidas necesarias  para  evitar que prisioneros  de  alto riesgo dirijan  actividades  delictivas  que tienen
lugar  fuera de  la prisión.  Dicha  actividad  criminal  puede  incluir  conducir  el crimen  organizado,   dirigir actividades
terroristas  o  de pandillaje,  el  tráfico  ilícito  de drogas,  tratar  de intimidar   o corromper  testigos,  jueces,  abogados,
entre  otros
102
.
A su vez,  las normas  internacionales  señalan  que la vida  en las prisiones  debe  ser lo más  parecida a la  vida fuera
de ellas,  y  que en  la medida  de todo  lo  posible, las  condiciones  deben  ser lo  menos  restrictivas  posibles  para la
protección  del  público, de  otros  prisioneros  y el  personal  de los  establecimientos.  El  enfoque  de derechos  actual
enfatiza  en  que  es  perfectamente  posible   mantener  la  seguridad  en  establecimientos   penitenciarios  y  respetar
los  derechos  de  los internos;   incluso,  el  respeto  a los  mismos  y  las  buenas  relaciones  con  ellos  son  parte  del
componente  dinámico  de la  seguridad,  sin  que ello  signi?que  deban  dejar de  realizarse  acciones  de seguridad  e
inteligencia  penitenciaria
103
.
No obstante, el enfoque sobre las situaciones ideales de la seguridad en establecimientos penitenciarios, nuestro sistema
presenta numerosos  problemas, los  mismos  que derivan  de los  problemas transversales  identi?cados: presupuesto,
personal,  equipamiento.  Estas  carencias  ocasionan  que  no  se  pueda  tener  un  control efectivo  al  interior  de  los
establecimientos  penitenciarios, sobre  todo en  aquellos  donde las  condiciones de  hacinamiento  son mayores.  Esto
conduce a que gran parte de la convivencia en los establecimientos penitenciarios sea administrada por la organización
propia de los internos, la cual en efecto cuenta con reconocimiento institucional.
Es también problemático el control externo de los establecimientos penitenciarios, pues si bien se ha dispuesto que esta
deba estar  totalmente a cargo  de INPE, en  la actualidad 13  establecimientos cuentan con  seguridad externa a  cargo
de la Policía Nacional  del Perú. Otro problema vinculado  a la seguridad es la corrupción,  ya que permite que ingresen
elementos inseguros o que permiten la comisión de nuevos ilícitos.
Sobre  la infraestructura  de  seguridad se  cuenta con  datos  provenientes del  Plan  de Infraestructura  de  INPE. Esta
dimensión de la estructura fue evaluada para conocer la situación en que se encuentra. Las variables utilizadas para este
104
ejercicio fueron las siguientes   :
Tabla Nº 14. Infraestructura de seguridad
Dimensión
Variable
Seguridad Pasiva
Este tipo de infraestructura se encuentra constituida por aquella que tiene por objeto disuadir e  impedir
a  los internos  el efectuar  desplazamientos  no autorizados  en el  recinto  penitenciario, se  constituye
principalmente cercos de mallas, muros perimetrales, concertinas, estado de tierra de nadie y torreones.
Prevención
Esta infraestructura se encuentra destinada al control de ingreso de las personas, tanto de visitas como
de internos  del Establecimiento Penitenciario, por  lo que se  han considerado dentro  de la evaluación
de este  grupo de infraestructura  los siguientes  elementos: Garita, Prevención  de la Policía  Nacional,
Ambientes  de la  Policía  Nacional  o de  seguridad  externa,  Registro de  visitas,  Prevención  INPE o
Seguridad interna y, ?nalmente el área para los cubículos de revisión corporal.
Seguridad
Seguridad Complementaria
La cali?cación del estado de conservación de este tipo de infraestructura se realiza toda vez que tanto las
alcaidías o las rotondas de control, son ambientes o estadios de control para la población penitenciaria,
donde el personal INPE  se da soporte, con ello se  complementa la seguridad de los  Establecimientos
Penitenciarios
El resultado de la evaluación de la infraestructura de seguridad arrojó lo siguientes resultados. En cuanto a la seguridad
pasiva o perimetral  se encontró que  únicamente el 9%  de los establecimientos penitenciarios  cuentan con ella  buena
condición, mientras que 69% se encuentran en condición regular, y un 22% en mala condición.
102
103
104
UNODC (2014). Op. Cit.
Ibídem
INPE (2019b). Op. Cit.
56
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Grá?co Nº 34. Estado de infraestructura de seguridad perimetral
Fuente: MINJUSDH. OIP - INPE/ Plan de Infraestructura Penitenciaria 2019-2024
La infraestructura de prevención muestra que solo el 9% cuenta con ella en buena  condición, mientras que la condición
de regular se encuentra en el 49% de los establecimientos penitenciarios y es mala en el otro 43%.
Grá?co Nº 35. Estado de infraestructura de seguridad de prevención
Fuente: MINJUSDH. OIP - INPE/ Plan de Infraestructura Penitenciaria 2019-2024
En lo referente a la  infraestructura de seguridad complementaria, las condiciones de est,  se encuentran distribuidas de
manera idéntica a  las de infraestructura  de prevención con  porcentajes de: buena para  9% de establecimientos,  49%
para regular y 43% para malas condiciones.
Grá?co Nº 36. Estado de infraestructura de seguridad complementaria
Fuente: MINJUSDH. OIP - INPE/ Plan de Infraestructura Penitenciaria 2019-2024
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
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Sub causa 3.1. Insu?ciente uso de medios tecnológicos para el control
Latecnologíaesunaherramientamuye?cazparamejorarlascondicionesdeseguridadenestablecimientospenitenciarios.
Puede utilizarse para  ?nes de seguridad preventiva  como en el  uso de escáneres corporales  y de paquetes  de modo
que se impida o  di?culte el ingreso de contrabando  a los establecimientos. También puede  utilizarse con cámaras que
registren el  desplazamiento y  comportamiento de  los internos,  reduciendo la  necesidad de  contar  con personal  que
deba realizar la vigilancia de manera presencial. Otro ejemplo de uso lo encontramos facilitando medidas alternativas al
encarcelamiento a través de grilletes electrónicos, ya que esta medida ayuda a reducir el hacinamiento y con ello reducir
la presión sobre la seguridad.
Los funcionarios y trabajadores de INPE han manifestado que se cuenta con insu?ciente equipamiento tecnológico para
ayudar a las funciones de seguridad. Asimismo, el equipamiento con que se cuenta muchas  veces deviene en obsoleto
o  deja de  utilizarse  por falta  de  mantenimiento. Asimismo,  las  experiencias de  uso  de  tecnología más  ambiciosas
implementadas recientemente: bloqueo de señal de telefonía  móvil e implementación de vigilancia personal electrónica
(grilletes) han mostrado limitaciones.
Sobre el bloqueo de celulares en  establecimientos penitenciarios los funcionarios de INPE reportan serias de?ciencias,
como que este realmente no es efectivo, ya que es posible realizar llamadas desde los penales en donde se han instalado
los bloqueadores. Asimismo,  señalan que  las acciones de  control que realizan  (requisas) se encuentran  celulares en
estos establecimientos penitenciarios, lo que evidencia  que el este mecanismo de control no funciona adecuadamente.
Se ha manifestado también que existe un descontento por cómo se gestiona el uso de esta tecnología, ya que la misma
no es administrada por INPE, sino directamente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos   .
105
De otra parte, el uso de la vigilancia electrónica personal (grilletes electrónicos) ha venido siendo utilizado se manera muy
reducida; no alcanza a más de 30 personas, lo que signi?ca que prácticamente no viene contribuyendo como medida que
permita reducir el hacinamiento.
Sub causa 3.2. Comercio y circulación de bienes prohibidos en establecimientos penitenciarios
El comercio de bienes prohibidos al interior de los establecimientos penitenciarios es una fuente de inseguridad, ya  que
genera disputas internas y el consumo de sustancias como alcohol  y drogas ilegales puede llevar a un comportamiento
violento, especialmente considerando que parte de la población presenta consumo problemático o dependencia.
Asimismo, a través de las visitas o del personal de INPE se puede introducir objetos que permitan la comisión de delitos,
como los  celulares. Si bien el  contrabando y el  comercio de bienes  prohibidos es una  realidad en todas las  prisiones
del mundo, este  se hace especialmente problemático en  condiciones de gran hacinamiento como  el caso peruano, ya
que gran parte de la convivencia recae  en las normas informales impuestas por los propios internos. Esto tiene  efectos
críticos hacia la seguridad ya que pueden producirse enfrentamientos por controlar actividades ilícitas como el comercio
de drogas al interior de los establecimientos.
La  herramienta usual  para combatir  el  comercio y  circulación  de estos  bienes suelen  ser  las requisas  (comunes  y
especiales   ). Sin embargo,  las autoridades declaran que el gran obstáculo para realizarlas es la corrupción, ya que es
106
muy difícil realizarlas  sin que los  internos se enteren de  las mismas y puedan  ocultar los bienes  prohibidos, o incluso
armas que se encuentren en su poder.
Sub causa 3.3. Alta demanda de seguridad para atender visitas a establecimientos penitenciarios
Las visitas de los familiares son altamente valoradas por los internos, recibirlas constituye un derecho y son  además un
elemento valioso para  la reinserción social,  ya que son  una red de soporte  emocional para los  internos. No obstante,
debido a que muchos penales presentan altos  niveles de hacinamiento los días de visita se vuelven muy  demandantes
para la seguridad.
Las visitas y el propio personal de INPE suelen ser vehículos por los cuales ingresa contrabando a los establecimientos.
Por ello se requiere un gran despliegue del personal de seguridad para realizar revisiones y realizar vigilancia en los días
de visita. En penales con gran población se puede recibir hasta 5000 visitantes en un día.
Las autoridades de INPE reportan que la alta demanda de personal para atender las visitas, de varias veces a la semana,
también genera  que otras  actividades de  los establecimientos  no puedan  realizarse, como  el  funcionamiento de  los
talleres.
Ante dicha situación  INPE ha tomado  algunas medidas como  solicitar una lista de  visitantes a cada  interno, de modo
que se  tenga un control  más adecuado  sobre las personas  que ingresan  a los establecimientos.  Asimismo, se viene
coordinando con  la Policía Nacional  del Perú para  realizar el  control biométrico de  las visitas de  modo se  identi?que
plenamente a los visitantes  de los internos, que se detenga  a personas con requisitorias por delitos,  y que se generen
datos para alimentar la inteligencia penitenciaria.
Causa 4. Limitaciones en tratamiento penitenciario en medios abierto y cerrado
Los objetivos de las medidas  de privación de libertad de: protección  de la sociedad y reducción de la  reincidencia, son
solo alcanzables si dicho tiempo de reclusión se utiliza de modo productivo. Es decir, si durante dicho periodo los internos
105
106
La gestión de los bloqueadores es llevada por el MINJUSDH a través de un contrato con la empresa Prison Tech.
La diferencia  radica en  que las primeras  son realizadas  únicamente con la  participación de  INPE, mientras que  las segundas  requieren participación  del
Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú.
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Viernes 25 de setiembre de 2020 /
tienen la posibilidad  de desarrollar acciones  formativas, laborales o de  otro tipo que favorezcan  su reinserción; de  allí
el carácter fundamental del tratamiento  penitenciario. La relevancia de este componente se  encuentra expresada en la
Regla 4 de las Reglas Mandela:
Regla 4
1.
Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el
delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de
libertad para lograr, en lo  posible, la reinserción de los ex reclusos  en la sociedad tras su puesta en  libertad, de
modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo.
2.
Para  lograr  ese propósito,  las  administraciones  penitenciarias  y  otras  autoridades competentes  deberán
ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles,
incluidas las de carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte. Todos esos
programas, actividades y servicios se ofrecerán en atención a las necesidades de tratamiento individuales de los
reclusos (Naciones Unidas, 2016).
Al igual  que  en otros  ámbitos del  sistema penitenciario,  el tratamiento  tiene grandes  limitaciones impuestas  por  los
problemas estructurales: presupuesto,  personal, infraestructura; e incluso  el hacinamiento. Asimismo, es relevante  ver
las necesidades del tratamiento penitenciario tanto al interior de los establecimientos penitenciarios como en los espacios
de medio  libre, donde  las personas  afectadas por  penas limitativas  de libertad  requieren la  asistencia para  evitar la
reincidencia delictiva.
Sub causa 4.1. Limitada oferta de programas estructurados de tratamiento intramuros
Los programas estructurados son aquellos que tienen rutas, procedimientos, per?les de?nidos, entre otras características,
que deben generar un  efecto positivo hacia la reinserción de  los internos. En el INPE se  desarrollan cuatro programas
estructurados intramuros: CREO, PPTCD-DEVIDA
, TAS y CHASCA
107                                                 108
Tabla Nº 15. Programas estructurados intramuros
Programa
Objetivo
Público objetivo
Programa de Prevención y  El
programa
busca
físico,
mejorar
psicológico,
en
el
interno
su  Se
familiar,  privados
social  y  académico   -  laboral.  Del  mismo   modo,  condición
considerará
prioritariamente
a
los
la
Tratamiento del Consumo
de Drogas -PPTCD-
DEVIDA
funcionamiento
de
libertad
que
tengan
de
sentenciado
por
delitos
articula  modalidades de  tratamiento  ambulatorio y  contra  el  patrimonio,  con   un  máximo  de
residencial; está dirigido a la Población Penitenciaria dos ingresos,  próximo a  salir, con historial
privada de  libertad  consumidora y  dependiente de  delictivo asociado al consumo de drogas
drogas ilegales.
Programa “C.R.E.O”
(Construyendo Rutas
de Esperanzas y
Con la  intervención del  programa CREO  se busca  Personas  de  18   a  29  años,  con  delitos
generar  hábitos   y   comportamientos  adaptativos,  primarios, sin problemas adictivos
incremento de los  niveles de empleabilidad, mejora  ni trastornos psiquiátricos
de  las habilidades  cognitivas  y  sociales positivos,
Oportunidades)
prevención del consumo de drogas, encaminadas  a
lograr una adecuada y productiva administración del
tiempo libre,  promoviendo la  práctica de  estilos de
vida saludables y de desarrollo personal.
Programa de Tratamiento    El  principal objetivo  que  se  busca al  implementar  Este
Programa
de
Tratamiento
para
de
en Agresores Sexuales
-T.A.S.
este  programa es  disminuir  la  tasa de  víctimas  y  Agresores   Sexuales-   TAS,   es   uno
prevenir la comisión de delitos graves que se derivan  los  programas  que  se  implementó  en  el
de estos, como puede ser los seguidos de muerte.    Establecimiento Penitenciario de Lima: San
Jua de Lurigancho, dirigido a una población
focal, sentenciados, primario,  recluidos por
delitos sexuales.
Programa de intervención
CHASCA
Programa
de
intervención
para
población
con  Este programa  está  dirigido para  internos
altos  factores  de   riesgo,  dirigido  a   la  población  con  TBC   y  problemas   de   consumo  de
penitenciaria con problemas de consumo de drogas, drogas,
enfermos de TBC.
sólo
el   Establecimiento   Penitenciario   de
se
tiene
implementado
en
Lurigancho.
Fuente. Tratamiento penitenciario. Informe tercer trimestre 2019. INPE
107
108
Este programa se ?nancia mediante el Programa Presupuestal
INPE (2019a). Op. Cit.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
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Estos programas buscan trabajar con poblaciones especí?cas para tener un máximo rendimiento. No obstante, enfrentan
problemas de presupuesto para ampliar su cobertura, ya que alcanzan a una parte mínima de la población (1726 internos)
en un número reducido de establecimientos penitenciarios.
Tabla Nº 16. Atenciones en los programas de tratamiento
Total
atendidos
Programa INPE/
DEVIDA
Programa
CREO
Programa
CHASCA
Establecimientos Penitenciarios
Programa TAS
Total
O?cina Regional Norte
E.P. Piura
1,726
333
626
92
866
241
145
198
36
145
E.P. Chiclayo
27
161
691
257
71
27
65
272
72
71
25
104
87
31
17
39
60
60
E.P. Trujillo (Varones)
O?cina Regional Lima
E.P. Ancón II
185
198
36
185
E.P. Cañete
E.P. Mujeres de Chorrillos
E.P. Lurigancho
25
338
180
124
17
198
36
O?cina Regional Sur
E.P. Arequipa (Varones)
E.P. Mujeres Tacna
E.P. Tacna (Varones)
O?cina Regional Centro
E.P. Huancayo
93
93
39
195
195
156
60
135
135
156
60
O?cina Regional Oriente
E.P. Huánuco
E.P. Pucallpa
96
96
O?cina Regional Sur Oriente
E.P. Cusco (Varones)
O?cina Regional Nor Oriente
E.P. Sananguillo
84
84
84
31
31
84
87
56
31
E.P. Juanjui
56
56
Fuente: Tratamiento penitenciario. Informe tercer trimestre 2019. INPE
El otro problema que presentan estos programas es de gestión. Los programas estructurados no cuentan con evaluaciones
que den cuenta de su efectividad, y por ello es complicado también, realizar las gestiones para solicitar mayores recursos
y ampliar  su cobertura. Cabe  considerar que  el correcto funcionamiento  de un programa  no depende  únicamente de
contar con un buen diseño,  sino que este debe actuar en  conjunto con el número de adecuados de  profesionales para
ejecutarlo, y deben darse las condiciones para  que tenga un efecto óptimo. Estos son elementos que se consideran  en
las evaluaciones de los programas de intervención.
Sub causa 4.2. De?ciente infraestructura para realizar actividades de tratamiento penitenciario
La infraestructura para el tratamiento penitenciario es de gran importancia, pues sin ambientes o equipamiento adecuado
para fortalecer  las capacidades de  los internos no  se logra  aprovechar de manera  productiva el tiempo  de reclusión,
aumentando las posibilidades de reiterancia y reincidencia delictiva.
El INPE ha trabajado en su Plan de Infraestructura  el diagnóstico de la infraestructura para el tratamiento penitenciario.
Para dicho análisis se han considerado las siguientes variables:
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NORMAS LEGALES
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Tabla Nº 17. Variables del diagnóstico de la infraestructura.
Dimensión
Variable
O?cina de Trabajo y Producción
Los  responsables  de   trabajo  y  producción,  requieren   de  un  ambiente  donde   efectuar  tanto  la
programaciónycoordinacionesdelasactividadesproductivasquesedesarrollenenlosEstablecimientos
Penitenciarios, por tal  motivo, es necesario considerar estos  ambientes dentro de la evaluación  de la
infraestructura de trabajo, considerándose que en espacios en buen estado, la función del responsable
de trabajo  podrá  ser desempeñada  de manera  aún más  apropiada, resaltándose  en  tal sentido,  la
importancia del estado de conservación de dichos ambientes.
Talleres Laborales
Trabajo
La presente variable,  considera el estado en el  cual se encuentran los  talleres productivos donde los
internos de  los Establecimientos Penitenciarios,  desarrollan todas las actividades  de producción que
posteriormente les permitirán  incorporar ingresos y  así mismo les  permite desarrollar las habilidades
técnico - productivas que les facilitará su reinserción social, desde el ámbito económico, en tal sentido,
el presente punto evalúa el estado de conservación de estos talleres productivos.
Área de exposición venta
Con  el  objeto  de  impulsar  los  trabajos  y  productos efectuados  en  los  talleres  productivos  de  los
Establecimientos Penitenciarios, se requiere de los ambientes y espacios adecuados para poder efectuar
su promoción y venta, por tal motivo que resulta fundamental contar con ambientes en buen estado que
permitan concluir con el círculo productivo que se generan en los Establecimientos Penitenciarios.
Educación
O?cinas
Los profesores  que brindan  las clases,  requieren de  espacios para  poder efectuar  la programación
de clases y atender  y brindar asistencia a la población  penal que recibe el servicio  de educación, por
tal motivo es que  se requieren de contar con  este tipo de infraestructura en  buen estado, puesto que
además también es donde se almacenan en muchos casos los insumos usados para impartir las clases,
en tal sentido, es que es muy importante cali?car el estado de conservación de esta infraestructura
Aulas CEBA
Son los espacios  o ambientes donde se brinda  la educación básica alternativa a  aquellos internos que
por diversas razones,  no han podido culminar sus  estudios básicos, siendo esta una  principal limitante
en su desarrollo personal, por lo cual durante su transcurso en el recinto penitenciario, resulta importante
como parte de  su tratamiento, que estos puedan  concluir su educación básica, con  lo cual se requiere
de ambientes  en  condiciones mínimas  para que  facilite y  propicie su  aprendizaje, aunado  a  ello, es
necesario precisar que debido al convenio suscrito con el MINEDU, es responsabilidad del INPE, contar y
brindar con los espacios apropiados para el desarrollo de las clases, es decir contar con espacios, con la
su?ciente capacidad para atender a la población demandante de este servicio, y que estos ambientes no
atenten, ni vulneren la integridad y seguridad de la población penal, y del profesor que brinda las clases.
Aulas CETPRO
Es otro de los factores más relevante al momento de evaluar la calidad de la infraestructura educativa:
estos ambientes,  que se  encuentran orientados  a brindar  la capacitación  técnico -  productiva a  los
internos que no cuentan con habilidades técnicas que les permitan solventarse de manera independiente,
por lo que se hace necesario que el interno, dentro de su proceso de tratamiento, desarrolle y adquiera
la experiencia que le facilitaran su inserción en la actividad laboral.
Asistencia
O?cinas
Penitenciaria
Este grupo  considera tanto los ambientes  para OTI (Órgano  técnico de tratamiento),  como la o?cina
de clasi?cación,  ambos se  re?eren a ambientes  de o?cina,  donde el personal  del INPE,  efectúa las
funciones de coordinación  y planteamiento de las acciones  de tratamiento que se  llevarán a cabo en
cada establecimiento penitenciario, así como a la clasi?cación de los internos.
Ambientes para consultorios
Son los espacios donde los profesionales que brindan tanto la asistencia legal, psicológica y de trabajo
social, interactúan con los internos, es decir,
es donde  propiamente  se efectúa  y se  presta el  servicio hacia  los  internos, en  función de  esto, la
cali?cación del estado de conservación de esta infraestructura,
Ambientes de dinámicas o talleres
La cali?cación del  estado de conservación  de estos ambientes, los  cuales se encuentran  destinados
al desarrollo de las  dinámicas individuales y grupales para los  internos, se ha incorporado, ya que  es
mediante estos espacios  donde los internos pueden  mediante la asistencia psicológica  acceder a un
mayor nivel en su tratamiento.
El resultado  del  diagnóstico de  la infraestructura  para  estas tres  dimensiones del  tratamiento  penitenciario: trabajo,
educación  y asistencia  penitenciaria  muestra los  siguientes  resultados. La  infraestructura  de servicio  de trabajo  se
encuentra en malas condiciones en el 59% de los penales, en condiciones regulares en el 40%, mientras que solo un 1%
tiene buenas condiciones.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
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Grá?co Nº 37. Estado de infraestructura de servicio de trabajo
Fuente: MINJUSDH. OIP - INPE/ Plan de Infraestructura Penitenciaria 2019-2024
La infraestructura del servicio de  educación muestra que el 46% de los establecimientos  penitenciarios cuenta con ella
en malas condiciones, 53% es en condiciones regulares, y únicamente el 1% en buenas condiciones. Sobre la educación
en los  penales  es necesario  considerar que  esta debería  cumplir los  mismos estándares  nacionales en  criterios  de
pedagógicos y de infraestructura que lo centros educativos regulares. No obstante, estas condiciones no se cumplen por
las duras condiciones que se enfrentan.
Grá?co Nº 38. Estado de infraestructura de servicio de educación
Fuente: MINJUSDH. OIP - INPE/ Plan de Infraestructura Penitenciaria 2019-2024
La infraestructura  de la  asistencia penitenciaria muestra  un mayor  porcentaje de establecimientos  penitenciarios con
malas condiciones 93%, condiciones regulares en 6%, y buenas únicamente en el 1%.
Grá?co Nº 39. Estado de infraestructura de asistencia penitenciaria
Fuente: MINJUSDH. OIP - INPE/ Plan de Infraestructura Penitenciaria 2019-2024
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Sub causa 4.3. Limitada oferta de atención para población que cumple medidas en medio abierto
Las medidas  no  privativas de  libertad, tal  como son  descritas  por las  Reglas de  Tokio (Naciones  Unidas,  1990) se
promueven bajo un enfoque que busca integrar a las personas que han cometido delitos con la comunidad, promoviendo
con ello  el  sentido de  responsabilidad entre  estas personas.  Estas medidas  buscan alcanzar  un equilibrio  entre  los
derechos de los delincuentes, las víctimas y el  interés de la sociedad en la seguridad pública y la prevención del  delito.
Asimismo, etas medidas buscan reducir  la aplicación de medidas de privación de libertad y  racionalizar las políticas de
justicia penal.
REGLAS  MÍNIMAS  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS  SOBRE  LAS  MEDIDAS NO  PRIVATIVAS  DE  LA  LIBERTAD
(REGLAS DE TOKIO)
1.
Objetivos fundamentales
Las presentes  Reglas mínimas  contienen una  serie de  principios básicos  para promover  la aplicación  de
1.1
medidas no  privativas de la  libertad, así como  salvaguardias mínimas para  las personas a  quienes se aplican
medidas sustitutivas de la prisión.
1.2
penal, especialmente  en el  régimen aplicable a  los delincuentes,  así como  fomentar entre los  delincuentes el
sentido de su responsabilidad hacia la sociedad.
Las Reglas tienen  por objeto fomentar una mayor  participación de la comunidad  en la gestión de la  justicia
1.3
Las Reglas se  aplicarán teniendo en cuenta  las condiciones políticas, económicas,  sociales y culturales de
cada país, así como los propósitos y objetivos de su sistema de justicia penal.
Al aplicar estas  Reglas, los Estados  Miembros se esforzarán por  alcanzar un equilibrio adecuado  entre los
1.4
derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas y el interés de la sociedad en la seguridad pública y la
prevención del delito.
1.5
Los Estados Miembros  introducirán  medidas no privativas de la libertad en sus respectivos  ordenamientos
jurídicos  para  proporcionar  otras  opciones,  y de esa  manera  reducir  la aplicación  de  las penas  de prisión,
y racionalizar   las políticas   de justicia  penal,  teniendo  en  cuenta  el respeto  de  los derechos  humanos,  las
exigencias   de  la  justicia  social   y  las  necesidades   de  rehabilitación   del  delincuente   (Naciones   Unidas,
1990)
.
Como lo mencionan las  Reglas de Tokio las medidas no privativas  buscan ser una alternativa efectiva y  funcional ante
la privación de  libertad. Siempre deben ser medidas  que se orienten a  generar en el delincuente las  condiciones para
su reinserción  plena a  la sociedad. Asimismo,  deben cumplir un  papel de  bisagra entre la  comunidad y  quienes han
traspasado sus normas.
El INPE tiene como función ejecutar estas medidas alternas a la privación de libertad y cuenta con cuatro programas para
cumplir dichos objetivos.
Tabla Nº 18. Programas asociados a las medidas alternativas a la privación de libertad
Programa
Objetivo
Población
atendida
Programa
competencias
Fortalecimiento
sociales
de  Buscar
para  incrementen  su repertorio  de  habilidades  sociales  básicas (cortesía,
la  no  reincidencia  delictiva  en  dar           gracias,    hacer   cumplidos,   presentarse),    e   intermedias
liberados - FOCOS
fortalecer
competenciales
para
que
los
participantes
543
las
(asertividad,   control  de  la  ira,   elección  de  amistades,   expectativa
de  estilo de  vida,  razonamiento  crítico),  que les  permita  mejorar  su
comportamiento  acorde  con  lo  requerido  en las  relaciones  sociales
y laborales  positivas,  así como  dirijan  su desarrollo  moral a  un nivel
convencional.
Programa
de
intervención  Tiene como objetivo que el individuo fortalezca capacidades personales
40
Recuperando e?cacia,  tomando  y  sociales  para  rechazar  el  consumo  de  drogas,  que  mejoren  sus
oportunidades – RETO
relaciones  interpersonales,  aprenda  a pensar,  desarrolle  habilidades
cognitivas y sociales  de manera que pueda percibir  los riesgos para la
recaída en consumo, así como mejorar su relación con su entorno
Programa
personales
situaciones de riesgo - CAPAS     logrando relaciones sociales positivas
Capacidades  Tiene  como  objetivo   que  el  individuo  fortalezca   capacidades  para
para       afrontar  afrontar  situaciones  de  riesgo  a  conductas trasgresoras  de  normas,
403
174
Programa
de   intervención
No  El objetivo  del programa  es que  estas personas  convivan de  manera
más problemas, pensar antes de pací?ca en diversos contextos y situaciones y con todas las personas sin
actuar no es difícil
distinción, es  decir solucionen  sus con?ictos interpersonales  de modo
pací?co y constructivo  para convivir respetando al otro  con quien tiene
diferencias.
Fuente. Tratamiento penitenciario. Informe tercer trimestre 2019. INPE (2019a)
Como se observa en la Tabla, el gran problema con estos programas se encuentra en su poca cobertura, ya que, de una
población que supera  las 30 mil personas, solo  se atienden, bajo estos programas  de intervención a un  total de 1160;
funcionando estos solo en un número reducido de establecimientos de Medio Libre.
Igual situación sucede en el caso de los establecimientos penitenciarios, donde los programas existentes no logran cubrir
la demanda de la población penitenciaria, al mismo tiempo que existen escasas evaluaciones que permitan corroborar la
efectividad de estos, para argumentar basados en evidencia, la necesidad de ampliar su cobertura.
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NORMAS LEGALES
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Sub causa 4.4. Limitada participación de las entidades públicas, el sector privado y la sociedad civil respecto de
actividades de tratamiento
El sistema penitenciario está compuesto por varias instituciones del sector justicia, seguridad, salud, y participan también
en él otras entidades de la sociedad civil y el sector privado. Ante las di?cultades institucionales muchas veces se recibe
el apoyo  de la  sociedad civil  para atender  necesidades de  la población  penitenciaria. No  obstante;  es un  consenso
de que  existe una insu?ciente  vinculación entre las entidades  públicas, de la  sociedad civil y  privadas con el  sistema
penitenciario. Ello  no es  de extrañar en  mayor medida,  pues estos son  centros con  un alto nivel  de estigmatización,
además de considerarse inseguros muchas veces. In?uye en esta situación lo extendida que se encuentra la idea de que
las prisiones deben ser lugares de castigo, antes que espacios que favorezcan la readaptación.
Si bien INPE es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, participan en bene?cio de la población
penitenciaria, otras  entidades del  Estado, relacionadas,  por  ejemplo, con  el sector  salud y  educación. Por  su parte,
también interviene la sociedad civil como ente relevante para hacer frente a ciertas carencias, sin suplir, evidentemente,
la necesidad de desarrollar una  oferta amplia de servicios orientados a una mejor  calidad de vida y un camino hacia  la
reinserción de la población penitenciaria.
Desde el lado privado, se ha venido  trabajando en los últimos años un acercamiento muy importante con empresas  las
109
a través de  convenios que promueven las  actividades
productivas al interior de los establecimientos penitenciarios. Se cuenta con más de 180 convenios con empresas.
cuales se han  vinculado al programa de  cárceles productivas
Sub causa 4.5 Elevado incumplimiento de ejecución de medidas en medio libre
Se debe mencionar que la  ejecución de las medidas referidas en esta sección  estando a cargo de INPE representa un
reto en cuanto a lograr su cumplimiento. Si bien  el no cumplir con las reglas impuestas puede conducir a regresar a los
centros de internamiento, el porcentaje de personas que incumplen estas medidas (65%) es muy alto e INPE tiene poca
capacidad para imponer el cumplimiento.
Grá?co Nº 40. Cumplimiento de medidas alternativas
Elaboración propia.
Fuente. Informe Estadístico marzo 2020 INPE (2020ª)
Causa 5. Información poco con?able para administración y gestión del sistema penitenciario
En las discusiones  sostenidas con el grupo de  trabajo y con especialistas muestra  la existencia de un componente  de
gestión muy relevante para mejorar las condiciones de los establecimientos penitenciarios.  En esta causa se enmarcan
problemas referidos a la  interoperabilidad de los sistemas, personal penitenciario, formación  de personal penitenciario,
control de la corrupción y condiciones laborales.
Sub causa 5.1. De?ciencias en interoperabilidad de los sistemas
La interoperabilidad es un  problema conocido de nuestro sistema de justicia.  Las de?ciencias a este nivel impiden  que
haya una  trazabilidad adecuada de  los delitos, generando  con ello duplicidades  de trabajo y  pérdida de  datos. Estos
problemas alcanzan y  se presentan en  el sistema penitenciario.  Las de?ciencias de interoperabilidad  generan que no
haya un cruce de información apropiado entre el Ministerio Público, Poder Judicial e INPE, generando potenciales riesgos
en la gestión de la libertad de los internos.
Consideremos que en el momento que el Poder Judicial ordena la libertad de una persona, en ese momento este Poder
del Estado no cuenta  con la información para saber si  esa misma persona tiene otra condena.  Dicha veri?cación debe
hacerla INPE  buscando en sus  registros, que  pueden estar repartidos  en distintas o?cinas  regionales. Esta  situación
genera demoras, y peligros en la administración de la justicia.
109
El 7 de enero del 2017, se publicó el Decreto Legislativo Nº 1343 – Ley para la promoción e implementación de Cárceles Productivas
64
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El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Así como se observa la de?ciencia de interoperabilidad a nivel interinstitucional, también se ha identi?cado la necesidad
de compartir  y gestionar la información  a nivel de  INPE. Los funcionarios  han reportado que  cierta información no  se
actualiza de  manera  oportuna, por  lo que  realmente no  se cuenta  con información  exacta en  algunos  ámbitos. Por
110
ejemplo, a  nivel de educación   ,  se ha identi?cado  que se presentan  los datos de  ingreso al penal,  pero estos no  se
actualizan cuando los internos culminan sus estudios, por lo que las cifras de nivel educativo pueden re?ejar desfases.
Durante el  escenario de la  pandemia generada por  el Covid-19 también  se ha  hecho muy notorio  el problema de  no
contar con información sistematizada sobre la progresividad en el tratamiento de las personas privadas de libertad y los
cambios en su clasi?cación. Motivo que ha  hecho complejo que esta información sea utilizada como elemento de  juicio
para otorgar bene?cios penitenciarios.
Sub causa 5.2. Insu?ciente cantidad de personal para atender procesos penitenciarios
La información presentada por  INPE muestra que en enero  de 2020 el personal total de  esta institución era de 10,434
servidores. De los cuales 6,808   (65%) pertenecen al área de seguridad; mientras que 1,862 son personal administrativo
111
y, 1,764 son personal de  tratamiento (17%). La proporción general de personal  de seguridad por internos es un
(18%);
personal por cada 14 internos; no obstante, esto varía de acuerdo con la situación de cada penal, ya que algunos están
mucho más hacinados que otros.
Grá?co Nº 41. Distribución de personal INPE
Fuente. Presentación INPE (2020b)
112
Sub causa 5.3. Insu?ciente capacitación y especialización del personal
Un factor de gran importancia para la  reinserción de las personas privadas de libertad es la calidad del tratamiento  que
reciben. Así, como es relevante la infraestructura y el equipamiento para el tratamiento penitenciario, también lo es contar
con personal que reciba un entrenamiento especí?co y adecuado para estas funciones.
La  especialización del  personal  se considera  un  componente  crucial en  determinados  modelos de  reinserción.  No
obstante, partimos de una situación en la cual existe poca oferta  de especialización, y en muchos casos también pocos
113
profesionales que ya cuenten con alguna formación especí?ca sobre temas penitenciarios   .
Sub causa 5.4. Débil control de acciones de corrupción
La  corrupción  es un  peligro  constante  en  todos  los  establecimientos penitenciarios.  Este  problema  tiene  grandes
consecuencias para las condiciones de seguridad, pues conduce a la proliferación de actividades ilícitas al interior de los
establecimientos penitenciarios. Los funcionarios de seguridad  de INPE re?eren que el control de la corrupción  impone
que deba mantenerse una vigilancia permanente hacia los internos, como hacia los trabajadores.
La literatura sobre seguridad en establecimientos penitenciarios  muestra que siempre existe la voluntad de los internos
de aprovechar posibilidades y desavenencias entre el personal penitenciario para usarlas en provecho propio. Asimismo,
muestran que, en  efecto, la vigilancia  sobre el propio personal  es necesaria. También se  identi?can algunas prácticas
comunes para  disuadir y  detectar actos  como de corrupción,  tales como:  establecer mecanismos  claros y  anónimos
de denuncia de la  corrupción, cambio de locaciones del personal  penitenciario (rotación), además de asegurar buenos
salarios para el personal, entre otros.
Los riesgos  de corrupción pueden  ser contrarrestados  con la capacitación  adecuada del  personal que trabaja
en y para  los establecimientos penitenciarios. También  es necesario garantizar un grado  adecuado de rotación
y  movilidad  del  personal,  de  modo  que  no  estén  expuestos al  contacto  con  los  prisioneros  por  períodos
110
También hay un problema de interoperabilidad en cuanto a educación, ya que no se puede conocer el nivel educativo de una persona por medio de un cruce
de información con MINEDU. Por ello, el nivel educativo que se registra de los internos corresponde a una declaración.
Es preciso detallar que los servidores de INPE trabajan en una modalidad bajo la cual laboran una jornada de 24 horas y descansan 48.
INPE. Presentación de datos realizados  en la segunda sesión del Grupo de Trabajo  Multisectorial para la actualización de la Política  Nacional Penitenciaria
(2020b).
111
112
113
Sobre la capacitación al personal de INPE cabe considerar que es una acción del Programa Presupuestal 0123 Mejora de las competencias de la “Población
Penitenciaria para su reinserción social positiva”.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
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innecesariamente lagos. Los procedimientos claros para disuadir y detectar la corrupción,  incluye una búsqueda
selectiva de  una  rutina aleatoria  para todo  el personal  que ingresa  a las  cárceles y  un  sistema funcional  de
medidas disciplinarias contra el personal que participe  en actividades de corrupción u otras actividades ilegales.
Todo ello es un componente clave para implementar estrategias  que tienen como objetivo prevenir la corrupción
y la manipulación del personal.
También se debe tener en cuenta que la gestión de los reclusos siempre se debilita cuando explotan los con?ictos
del personal,  que  a menudo  surgen debido  a los  diferentes enfoques  y acciones  del personal  en  relación al
tratamiento de  los reclusos.  Lo ideal es  evitar los  con?ictos antes  de que  estos se produzcan  y conduzcan  a
un desequilibro  perjudicial para los  diferentes enfoques  que se le  da al  tratamiento de los  internos. Se deben
organizar reuniones  y debates  regulares entre las  diferentes categorías  del personal para  lograr mantener  un
equilibrio adecuado entre estos y los enfoques que se le pueda dar al tratamiento.
Otra medida importante contra la corrupción es garantizar que el personal penitenciario que entre en contacto con
los reclusos reciba un nivel  salarial satisfactorio y que disfruten de  todas las condiciones de trabajo adecuadas.
Esto puede  evitar  la vulnerabilidad  del personal  ante los  sobornos. Un  buen  salario también  asegura que  el
personal esté satisfecho y realice mejor sus tareas, llevándolas a cabo de manera efectiva, contribuyendo así a la
prevención de fugas y el mantenimiento del orden y la disciplina en las cárceles
114
Cabe mencionar  que, en  el Sistema  penitenciario se realizan  acciones anti  corrupción. No  obstante, las  limitaciones
del sistema  hacen complejo poder  ejercer un  control total en  los establecimientos penitenciarios,  sin contar  la propia
situación de los trabajadores que genera riesgos en muchos casos.
Sub causa 5.5. De?cientes condiciones laborales
El personal de INPE se encuentra repartido entre 5 regímenes laborales distintos, lo cual genera una primera di?cultad en
la gestión de los recursos humanos, ya que existen diferencias de bene?cios, duración de las jornadas, y remuneraciones.
Dicha situación  crea necesariamente un  malestar entre  los trabajadores, quienes  lo han  manifestado a través  de los
representantes de sus sindicatos.
Los sindicatos manifestaron su pedido de que se realice una migración desde distintos regímenes laborales al de la Ley
de Carrera Especial Pública Penitenciaria, la misma que permite desarrollar una carrera en el ámbito penitenciario.
Otro motivo de  malestar tiene que ver con  el nivel de las remuneraciones,  que son reconocidas como  una de las más
bajas en el ámbito público. Especialmente este componente resulta problemático, pues es una situación que intenta ser
utilizada por determinados internos, con el objetivo de ofrecer sobornos. Un punto adicional de preocupación se re?ere a
las condiciones de seguridad laboral para  los servidores, ya que como se ha mostrado, laboran en  ambientes donde la
seguridad es precaria, están expuestos a pacientes con infecciones y enfermedades contagiosas, no contando con  una
adecuada infraestructura de servicios básicos, y las propias áreas de trabajo no cuentan con infraestructura adecuada.
Causa 6. Limitada oferta de servicios pospenitenciarios
La privación de libertad, si bien persigue ?nes de proteger a la sociedad y prevenir la reincidencia delictiva, tiene efectos
que pueden ser muy regresivos sobre las capacidades de las personas, sobre todo cuando el tiempo de reclusión no les
ha brindado oportunidades para reinsertarse en la sociedad en buenas condiciones.
Las Reglas  mínimas para  el tratamiento de  los reclusos,  o Reglas  Mandela   , mencionan  aspectos relevantes  de la
115
ayuda pospenitenciaria, que empiezan por reconocer que el  deber de la sociedad para con los reclusos no termina con
la liberación, sino que requieren de apoyo en la etapa posterior.
Regla 107
Se tendrá debidamente en cuenta, desde el comienzo de la ejecución de la pena, el porvenir del recluso después
de su  liberación, y  se alentará y  ayudará al  recluso a  que mantenga o  establezca relaciones  con personas u
organismos externos que puedan favorecer su reinserción social y el interés superior de su familia.
Regla 108
1.
Los servicios y organismos, o?ciales o no, que ayuden a los reclusos liberados a reinsertarse en la sociedad
velarán por que se proporcione a estos,  en la medida de lo posible, los documentos y papeles  de identidad
necesarios, alojamiento y trabajo  dignos y ropa apropiada para el clima  y la estación, así como los  medios
necesarios para que lleguen a su  destino y puedan subsistir durante el período inmediatamente posterior  a
su puesta en libertad.
Es justo  en  esta etapa,  de conclusión  de las  medidas de  privación  de libertad  en donde  menos oferta  de  atención
se encuentra.  Un  periodo se  encuentra estrechamente  conectado a  la  intervención que  se desarrolla  en el  periodo
de reclusión,  ya que  los esfuerzos realizados  por brindar  formación y  educación a las  personas privadas  de libertad
durante su reclusión pueden ser totalmente infructuosas cuando el ambiente  no acoge a estas personas. Asimismo, las
experiencias de trabajo al interior de los establecimientos penitenciarios pueden ser infructuosas para la vida civil. Estas
situaciones pueden generar efectos regresivos sobre el riesgo de reincidencia delictiva   .
116
114
115
UNODC. Handbook on Dynamic Security and Prison Intelligence. 2015, UNODC, p. 38
Asamblea General de las Naciones Unidas. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos – Reglas Nelson Mandela. Aprobadas
en 2015 y publicadas en 2016.
116
O?cina de las Naciones Unidas - ONU. Manual introductorio sobre prevención de la reincidencia y reintegración social de los delincuentes. 2019, ONU.
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Sub causa 6.1. Pobre oferta de servicios para los egresados del sistema penitenciario
Probablemente el aspecto más preocupante que enfrenta una persona al salir del establecimiento penitenciario tiene que
ver con conseguir un empleo, o  los medios que le permitan sostenerse en libertad. Aunque no  es lo único preocupante
tras la  liberación, ya que  durante la reclusión  el interno puede  haber participado de  programas de tratamiento  que lo
hayan ayudado a controlar situaciones de salud o de control de consumo problemático de sustancias, es probable que la
libertad suponga nuevamente problemas.
Además del empleo, otros temas relevantes para el periodo de liberación son: la vivienda, la reintegración familiar  , y la
117
continuidad de la atención  médica y de consumo de sustancias    . Necesariamente la atención a estos  temas empieza
118
desde el periodo en reclusión, por ello, hay una continuidad en el tratamiento de la persona privada de libertad, y se justi?ca
una atención especializada en el periodo previo a la  liberación. En estos aspectos en el país falla el involucramiento de
las entidades para brindar soporte a las personas egresadas de los establecimientos penitenciarios.
Para este proceso los Gobiernos subnacionales pueden jugar un rol muy relevante, ya que además serán los encargados
de recibir de regreso a estos ciudadanos, y enfrentaran problemas de seguridad si estos reinciden en el comportamiento
delictivo.  Más allá  de algunas  pocas  experiencias con  Gobiernos Regionales  y  Gobiernos locales,  no se  han  dado
experiencias que puedan ser identi?cadas como exitosas en el país.
Sub causa 6.2. Estigmatización del egresado del sistema penitenciario
Un  aspecto conocido  y  preocupante de  la  vida tras  haber  salido  de una  prisión  es el  estigma  que conlleva  dicho
periodo. Esta  es una situación  problemática a nivel  de relaciones  personales, pero que  también tiene consecuencias
muy desfavorables  a  nivel laboral,  ya que  una gran  cantidad  de empleadores  no quieren  contratar a  personas  con
antecedentes penales.
Tras  su puesta  en  libertad,  los delincuentes  deben  hacer frente  a  una  serie de  problemas  prácticos,  como
conseguir un alojamiento adecuado con medios muy limitados, salir adelante, desde el punto de vista ?nanciero,
con pocos ahorros o sin ellos  hasta que empiecen a percibir un salario, satisfacer  una variedad de necesidades
cotidianas y tener acceso a servicios y apoyo para sus requerimientos especí?cos. Las investigaciones sobre las
variables que in?uyen en la reintegración satisfactoria  han revelado la interdependencia del empleo, la vivienda,
el tratamiento de las  adicciones y el apoyo de las redes  sociales. A falta de apoyo material, psicológico  y social
durante este período de transición, es probable que muchos delincuentes se vean atrapados en un círculo vicioso
de liberación y nueva detención   .
119
El estigma de  pasar por establecimientos penitenciarios,  de gran importancia  en el ámbito laboral,  puede llevar a que
el tipo  de trabajo que  consigan estas personas  sea de baja  calidad; incluso, más  que contar con  trabajo o no  tras la
liberación, lo asociado a reducir el riesgo de reincidencia es obtener un empleo que brinde buenas condiciones laborales.
1.3.5
Situación futura deseada
En las  sesiones  desarrolladas por  el Grupo  de Trabajo  se identi?caron  los  componentes deseados  para el  sistema
penitenciario. Se consideró  que se debe  superar la situación actual  de vulneración de derechos;  por ello, alcanzar  un
estado de respeto pleno de los mismos, así  como asegurar que el sistema penitenciario brinde oportunidades efectivas
de solución a las personas que ingresan en él, es la dirección correca.
Se respetan plenamente los derechos y se brinda oportunidades de reinserción a las
personas privadas de libertad
1.3.6
Alternativas de solución seleccionadas
Las alternativas de solución se constituyen en los posibles cursos de acción para la solución del problema público. Siendo
ello así, se  han evaluado y seleccionado las  alternativas más efectivas y viables,  mediante los criterios de evaluación:
Viabilidad Política,  Viabilidad Social, Viabilidad  administrativa y Efectividad.  El puntaje más  alto registrado es de  18 y
el más bajo de  9. En base a las alternativas  de solución por cada causa se construyeron  2 alternativas conjuntas para
atender la situación futura deseada
Tabla Nº 19. Causa 1: Hacinamiento del sistema penitenciario
Criterios de evaluación
Alternativas de solución
Viabilidad
política
Viabilidad
social
Viabilidad
Efectividad
TOTAL
administrativa
Impulsar
respecto
modi?cación
normativa
de
los
tipos
penales
y
5
4
5
4
18
agravantes
117
118
119
En el caso de las mujeres la reintegración puede ser más compleja a nivel familiar y comunitario, ya que sufren una mayor estigmatización.
ONU (2019). Op. Cit.
Ibídem, p. 53
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
67
Criterios de evaluación
Alternativas de solución
Viabilidad
política
Viabilidad
social
Viabilidad
administrativa
Efectividad
TOTAL
Impulsar
que
alternativas a la privación de libertad
reformas
normativas
permitan
el
uso
de
medidas
5
4
5
5
4
4
18
18
Desarrollar unidades,  procedimientos
judiciales  y  servicios  de  tratamiento
5
4
para
población   con   problemas  de
salud mental
Promover modi?caciones normativas/
administrativas
habiliten bene?cios penitenciarios.
que
restablezcan
o
3
5
3
4
4
3
5
3
3
4
3
3
16
15
12
Fortalecer
la
implementación
de
mecanismos electrónicos  alternativos
a la privación de libertad.
Habilitar
órganos
para
tramitar
bene?cios penitenciarios y conversión
de penas.
Establecer  la   prohibición  normativa
de  la  ocupación   por  encima  de   la
2
2
1
3
8
capacidad
de   los   establecimientos
penitenciarios.
Fuente: Dirección de Política Criminológica, 2020.
Importantes organismos internacionales como la O?cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han
señalado, en más de una oportunidad, sobre la necesidad de implementar ajustes importantes a los marcos  normativos
de los diferentes  países de América Latina, que permitan  generar alternativas al encarcelamiento. Desde  perspectivas
como esta,  la formulación  o implementación de  “cárceles modelo”  adoptan importantes componentes  que se  alinean
a diagnósticos más  especí?cos, unidas a su  vez a estrategias subnacionales  de articulación interinstitucional que,  por
último, proporcionan mejores orientaciones a los Estados para adoptar estas opciones alineadas a las recomendaciones
internacionales.
Sobre este punto, destacamos la Opinión Técnica Consultiva ex o?cio No. 006/2013, dirigida a los Estados deAmérica Latina
(2013),
formulada por la UNODC; así como los Principios y  Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privas
de Libertad en las Américas (2008), a  cargo de la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos. Ambos instrumentos
resaltan la importancia de promover opciones como las que señalamos en el cuadro, con relación a esta política.
Tabla Nº 20. Causa 2: Pobres condiciones de atención en salud y servicios penitenciarios
Criterios de evaluación
Alternativas de solución
Viabilidad
política
Viabilidad
social
Viabilidad
Efectividad
TOTAL
administrativa
Mejorar  servicio   de  salud  y  cobertura
de
penitenciaria.
servicios
básicos
para
población
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
16
Establecerlacreacióndenuevosmodelos
de
modernos
internacionales.
establecimientos
y
penitenciarios
a
4
4
4
16
16
15
acordes
estándares
Optimizar
equipamiento
penitenciarios.
la
infraestructura
de   los   establecimientos
y
el
Implementar
estrategia   de    reducción
de  daños en  salud  para  población  con
problemas  de   salud  mental,   consumo
problemático u otros.
Generar
protocolos
e
instrumentos
de
gestión   que   orienten   la   atención
diferenciada y especializada de grupos de
especial  protección en  establecimientos
penitenciarios.
4
4
4
3
3
3
3
4
14
14
Promover
enfoques
espacios   y    servicios    con
transversales
de   protección
a
grupos
vulnerables   (perspectiva  de
género, etaria y de discapacidad).
68
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Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Criterios de evaluación
Alternativas de solución
Viabilidad
política
Viabilidad
social
Viabilidad
administrativa
Efectividad
TOTAL
12
Ampliar
las
unidades
de
penitenciarios
albergue
en
establecimientos
4
3
2
3
2
2
3
existentes para mejorar condiciones.
Continuar
la
construcción
de
los
4
11
megapenales.
Fuente: Dirección de Política Criminológica, 2020.
Es  importante proponer  acciones  contundentes  frente  a la  situación  de las  condiciones  de  atención en  salud,  así
como frente  a  los servicios  penitenciarios  indispensables  que contribuyan  a los  procesos  de resocialización  de las
personas privadas de  su libertad. En ese sentido, tal  como re?ere la O?cina de las Naciones  Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC), resulta  indispensable que los esfuerzos  que realizan los Estados por promover  nuevos modelos
120
y  servicios  penitenciarios,  además  de mejorar  condiciones  de  infraestructura,  se  deban  regir  por  un conjunto  de
principios  adecuados  a la  legislación  penitenciaria  y sus  equivalentes,  considerando  también que  estas  iniciativas
resultan ser bastante  efectivas para atender a problemas de este  tipo, toda vez que evitan que el deterioro  de la salud
y de  la detención en  estos espacios,  afecte a  la convivencia y  al tratamiento  resocializador durante  el cumplimiento
de la medida    .
121
Del  mismo  modo,  instituciones  como  Reform  Penal  International han  hecho  alusión  a  la  relevancia  de  asegurar
infraestructuras de servicios  que brinden oportunidades y calidad  de vida a nivel de  visitas, comunicación, y consultas
legales, entre otras, por ser indispensables para asegurar condiciones de reclusión dignas (2002).
Tabla Nº 21. Causa 3: Inseguridad en establecimientos penitenciarios
Criterios de evaluación
Alternativas de solución
Viabilidad
política
Viabilidad
social
Viabilidad
Efectividad
TOTAL
administrativa
Instalar, implementar y supervisar
equipos tecnológicos para el sistema de
seguridad penitenciaria.
5
5
4
4
3
3
4
16
Mejorar inteligencia penitenciaria entre
entidades encargadas de la persecución
del delito.
4
16
Mejorar el sistema de visitas y
mecanismos de control de acuerdo al
tipo de establecimiento penitenciario.
4
4
4
1
4
3
4
3
16
11
Limitar las visitas a los establecimientos
penitenciarios.
Fuente: Dirección de Política Criminológica, 2020.
La seguridad es uno de  los aspectos problemáticos más recurrentes  al interior de los recintos  penitenciarios, y en ese
sentido, las acciones que desempeñe el Estado  para atender a estas necesidades giran principalmente en torno al uso
de tecnologías  y a la implementación  de mecanismos  que aseguren o  potencien el control  y la seguridad.  La O?cina
de las  Naciones  Unidas  de Servicios  para  Proyectos (UNOPS)  ha  destacado la  importancia  de brindar  niveles  de
seguridad proporcionales al riesgo que planteen las personas privadas  de libertad en el entorno (2016)
122
; mientras que
la O?cina de  las Naciones Unidas  contra la Droga  y el Delito (UNODC)  ha hecho énfasis  en la relevancia  que tienen
las acciones de gestión de la inteligencia  en el ámbito penitenciario desde  el ángulo de la prevención de los con?ictos,
y de toda forma o  actividad que pueda alterar  el orden dentro de estos espacios.
120
La perspectiva  de discapacidad como  enfoque transversal, es  el núcleo de  la efectividad de  toda acción  promotora de los  derechos de las  personas con
discapacidad, debido a que orienta la actuación estatal para identi?car las barreras del entorno y actitudinales que limitan o impiden el ejercicio de los derechos
de dicha  población, para que  se adopten medidas  desde las políticas  y gestión públicas que  permitan eliminarlas; y  así lograr la  inclusión efectiva de  las
personas con discapacidad en la sociedad.
121
122
UNODC. Medidas privativas y no privativas de la libertad: El sistema penitenciario. Manual de instrucciones para la evaluación de la justicia penal (2010).
Orientaciones técnicas para la plani?cación de establecimientos penitenciarios: Consideraciones técnicas y prácticas basadas en las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
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Tabla Nº 22. Causa 4: Limitaciones en tratamiento penitenciario en medio abierto y cerrado
Criterios de evaluación
Alternativas de solución
Viabilidad
política
Viabilidad
social
Viabilidad
administrativa
Efectividad
TOTAL
Implementar
programas
de
tratamiento  especializados en  el
sistema penitenciario.
4
3
5
4
5
17
16
Fortalecer
institucionales
oportunidades
incentivos
que      brinden
laborales
y
4
4
4
formativas
para   las    personas
privadas de libertad.
Adaptar
infraestructura
que
facilite la ejecución de programas
de tratamiento.
4
4
3
3
4
4
4
4
15
15
Promover
inversión
que
en
facilite
y
infraestructura
actividades
formativas.
laborales
Diseñar y ejecutar intervenciones
restaurativas
restaurativos,
(círculos
4
3
3
4
14
prestación
de
servicios comunitarios, etc.).
Fortalecer
institucional
la
del
capacidad
sistema
4
3
3
2
3
3
4
2
14
10
penitenciario para la ejecución de
medidas del medio abierto.
Fomentar oferta privada formativa
para
personas
privadas
de
libertad.
Fuente: Dirección de Política Criminológica, 2020.
Generar alternativas que permitan reducir o eliminar las limitaciones del tratamiento penitenciarios en los medios abierto
y cerrado  del ámbito  penitenciario, corresponden  a las  principales preocupaciones  de una  política que  pretenda ser
e?ciente a  la vez que cierra  brechas entre las  personas que son  privadas de libertad  y los medios y/o  entornos a los
que retornarían luego de  transcurrida la pena. En este plano destacan  los esfuerzos de la política en  cuanto a mejorar
las actividades y servicios formativos, así como de empleabilidad; tanto con quienes se encuentran situados intramuros,
como con aquellos y aquellas que cumplen medida extramuros.
La Corte Interamericana de  Derechos Humanos (CIDH) ha destacado  el derecho a la educación en  las cárceles como
garantía de la educación como derecho humano, a la par que reduce las posibilidades de reincidir o retomar actividades
que contravienen la norma pues contribuye a la comprensión de los derechos de las otras personas (2002).
En esa  línea,  la educación  básica alternativa
123
es una  modalidad  que se  desarrolla en  el marco  del enfoque  de la
educación a lo largo  de toda la vida. Atiende a jóvenes y  adultos, así como adolescentes en extraedad  escolar a partir
de los 14  años, que compatibilizan estudio y  trabajo. Conforme a su  marco legal, tiene los mismos  objetivos y calidad
equivalente a la Educación Básica Regular, en los niveles de Educación Primaria y Secundaria. Esta modalidad promueve
la continuidad  educativa de  los estudiantes del  Programa de Alfabetización  y la  movilidad de los  estudiantes a  otras
modalidades del sistema educativo.
Los  estudiantes de  Educación  Básica Alternativa  son  aquellos que  no  se insertaron  oportunamente  en  el Sistema
Educativo, no pudieron culminar la Educación Básica, requieren compatibilizar el trabajo con el estudio, desean continuar
sus estudios después de un proceso de alfabetización o se encuentran en extraedad para la Educación Básica.
123
Son características de la Educación Básica Alternativa:
a) Relevancia  y pertinencia,  porque, siendo  abierta al  entorno, tiene como  opción preferente  a los  grupos vulnerables  de áreas  rurales y  periurbanas, y
responde a la diversidad de  los actores educativos con una oferta especí?ca que  tiene en cuenta los criterios de edad, género,  lengua materna, intereses y
necesidades de los diversos tipos de población con características  especiales (adultos mayores, personas privadas de libertad, con necesidades educativas
especiales asociadas a discapacidad, entre otros).
b) Participativa, porque los  estudiantes intervienen en forma organizada y democrática,  a través de sus organizaciones, en  la toma de decisiones sobre los
criterios y procesos de la acción educativa, involucrando a los otros agentes de la comunidad.
c) Flexible,  porque la  organización de  los servicios  educativos, tipos  de educación,  calendarización, horarios,  formas de  atención, turnos  y jornadas  del
estudiante son diversas, responden a la heterogeneidad de los estudiantes y sus contextos. El proceso educativo se imparte en instituciones educativas de la
modalidad, en diversos ámbitos e instituciones de la comunidad, enfatizando el desarrollo de capacidades emprendedoras de los estudiantes.
70
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Los programas  de Educación Básica Alternativa  atienden las demandas, características,  necesidades y diversidad  de
los estudiantes de  la modalidad, y  son: Programa de  Educación Básica Alternativa de  Jóvenes y Adultos (PEBAJA)  y
Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa.
En la misma línea, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsa y recomienda generar políticas que revaloricen
el derecho  al trabajo dentro  de los establecimientos  penitenciarios, considerando  el carácter voluntario  y formativo al
amparo de la ley, lo que conlleva el respeto a los derechos laborales con perspectivas inclusivas, que a la vez promuevan
la reinserción del interno al mundo del trabajo (2011)   .
124
Tabla Nº 23. Causa 5: Información poco con?able para administración y gestión del sistema penitenciario
Criterios de evaluación
Alternativas de solución
Viabilidad
política
Viabilidad
social
Viabilidad
Efectividad
TOTAL
administrativa
Establecer procedimientos claros y
detallados respecto de las conductas
susceptibles de sanciones disciplinarias.
4
4
4
4
4
4
4
16
Establecer procedimientos
administrativos para la gestión de
procesos de bienes y servicios.
4
16
Garantizar el desarrollo tecnológico
necesario para la implementación de
iniciativas interoperables.
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
15
15
15
Fortalecer las condiciones de trabajo
para los servidores penitenciarios.
Desarrollar programas de formación,
capacitación y especialización para
personal penitenciario.
Fuente: Dirección de Política Criminológica, 2020.
No existe posibilidad de potenciar  y/o mejorar la intervención del Estado en el  ámbito de las cárceles, si es que ello  no
viene atado a la  mejora de la situación de aquellas  instituciones que intervienen directamente en  el funcionamiento de
estos espacios.  Tanto los aspectos  de administración —relacionados  a los servidores  y trabajadores  penitenciarios—
así como  la necesidad de  hacer interoperable todo  el Sistema, forman  parte de las  preocupaciones esenciales, pues
atenderse, coadyuvarían a reducir la descon?anza sobre las formas en las que se desenvuelven estos establecimientos.
Instituciones  como el  International  Centre for  Prison  Studies, del  King’s  College  de London  (2002)  han llamado  la
atención sobre  la necesidad  de contar  con el personal  adecuado, bajo  condiciones adecuadas;  destacando el  papel
que  desempeñan  los funcionarios  frente  a  la  población  penitenciaria. No  atender  a  estos  aspectos  (capacitación,
remuneración, control de transparencia y corrupción, entre otros) conllevarían, según esta institución a la generación de
peligros que ponen en juego a todo el sistema de administración penitenciaria   .
125
Tabla Nº 24. Causa 6: Limitado soporte para reinserción en ámbito pospenitenciario
Criterios de evaluación
Alternativas de solución
Viabilidad
política
Viabilidad
social
Viabilidad
administrativa
Efectividad
TOTAL
Generar
mecanismos
de
acompañamiento
pospenitenciario.
y
servicios
4
4
3
3
3
2
3
3
2
5
15
Generar incentivos a instituciones
y gobiernos  regionales  y locales
que promuevan la  reinserción de
personas  que han  cumplido  sus
condenas.
5
2
15
9
Desarrollar
sistemas
de
supervisión  para  egresados  del
sistema penitenciario.
Fuente: Dirección de Política Criminológica, 2020.
Finalmente, existen muchos retos aún pendientes por asegurar la reinserción luego de que las personas sentenciadas o
condenadas cumplan con las medidas impuestas. En ese sentido, ante la falta de recursos y medios que faciliten la labor
pospenitenciaria, encontramos que determinados servicios y/o incentivos  con articulación interinstitucional, favorecen a
124
125
El derecho a la educación en las cárceles como garantía de la educación en derechos humanos.
La administración penitenciaria en el contexto de los derechos Humanos: Manual para el personal penitenciario.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
71
la reinserción. En esa línea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, a través de un  documento titulado
Un  modelo de  atención postpenitenciaria:  contexto,  bases y  estrategias  de implementación,  ha alcanzado  notables
aportes a la cohesión e  involucramiento de diversos actores institucionales, organizados y  no organizados, frente a los
retos de la resocialización de las personas que cumplen medida, ya sea en medio cerrado o en medio abierto, apostando
por el trabajo en el campo de la prevención, del diálogo, así como de la capacitación del personal penitenciario   .
126
Análisis de costo - efectividad
Para su formulación,  se ha realizado la evaluación  económica de las 2  alternativas de solución planteadas en  la tabla
siguiente, bajo el criterio costo efectividad. La metodología permite estimar el retorno de cada una de las alternativas para
poder decidir por aquella que ofrece la mayor rentabilidad.
Tabla Nº 25. Alternativas de solución de la política penitenciaria
Alternativa I
Alternativa II
Impulsar  modi?cación
agravantes
normativa
respecto
de
los
el
tipos  penales   y  •  Establecer   la   prohibición   normativa   de   la   ocupación
por   encima  de   la   capacidad   de  los   establecimientos
Impulsar
reformas
normativas
que
permitan
uso
de
medidas
penitenciarios.
alternativas a la privación de libertad
•  Implementar estrategia  de  reducción  de  daños  en salud
unidades,   procedimientos    judiciales    y   servicios    de     para población  con problemas  de salud  mental, consumo
problemático u otros.
Desarrollar
tratamiento para población con problemas de salud mental.
Promover modi?caciones  normativas/administrativas que restablezcan  •  Generar protocolos e instrumentos de gestión que  orienten
o habiliten bene?cios penitenciarios.                                                             la  atención  diferenciada   y  especializada  de   grupos  de
Fortalecer la implementación de mecanismos electrónicos alternativos a    especial protección en establecimientos penitenciarios.
la privación de libertad                                                                                • Promover espacios  y servicios con enfoques transversales
Habilitar órganos para tramitar bene?cios penitenciarios y conversión de   de protección a grupos vulnerables (perspectiva de género,
penas.
etaria y de discapacidad).
Mejorar
servicio
de
salud
y
cobertura
de
servicios
básicos
para  •  Ampliar  las  unidades   de  albergue   en  establecimientos
penitenciarios existentes para mejorar condiciones.
•  Continuar la construcción de los megapenales.
población penitenciaria
Establecer la creación de nuevos
Modelos de establecimientos penitenciarios modernos y acordes
estándares internacionales
a
•  Instalar,  implementar  y  supervisar   equipos  tecnológicos
para el sistema de seguridad penitenciaria.
Optimizar la  infraestructura y el  equipamiento de los  establecimientos  • Mejorar
encargadas de la persecución del delito.
Implementar estrategia de reducción de daños en salud para población  •  Mejorar el  sistema de visitas  y mecanismos  de control de
con problemas de salud mental, consumo problemático u otros.                 acuerdo con el tipo de establecimiento penitenciario.
Generar protocolos e instrumentos de  gestión que orienten la atención  •  Limitar las visitas a los establecimientos penitenciarios.
diferenciada  y  especializada   de  grupos  de  especial  protección   en  • Fomentar  oferta privada formativa  para personas privadas
inteligencia
penitenciaria
entre
entidades
penitenciarios.
establecimientos penitenciarios.
de libertad.
Promover espacios y servicios con enfoques transversales de protección  •  Establecer procedimientos claros y detallados respecto de
a grupos vulnerables (perspectiva de género, etaria y de discapacidad).    las conductas susceptibles de sanciones disciplinarias.
Ampliar  las unidades  de albergue  en  establecimientos penitenciarios  •  Establecer procedimientos  administrativos  para la  gestión
existentes para mejorar condiciones.
Continuar la construcción de los megapenales.
de procesos de bienes y servicios.
•  Garantizar  el   desarrollo  tecnológico   necesario  para   la
Instalar, implementar y supervisar equipos tecnológicos para el sistema     implementación de iniciativas interoperables.
de seguridad penitenciaria.
Mejorar  inteligencia  penitenciaria  entre  entidades  encargadas  de  la
persecución del delito.
•  Fortalecer las  condiciones de  trabajo  para los  servidores
penitenciarios.
•  Desarrollar
programas   de    formación,   capacitación    y
Mejorar el sistema de  visitas y mecanismos de control de acuerdo  con     especialización para personal penitenciario.
el tipo de establecimiento penitenciario.
•  Desarrollar  sistemas  de  supervisión  para  egresados  del
sistema penitenciario.
Limitar las visitas a los establecimientos penitenciarios.
Implementar  programas de  tratamiento  especializados en  el  sistema
penitenciario.
Fortalecer
incentivos
institucionales
que
brinden
oportunidades
laborales y formativas para las personas privadas de libertad.
Adaptar  infraestructura   que  facilite  la   ejecución  de  programas   de
tratamiento.
Promover inversión en infraestructura que  facilite actividades laborales
y formativas.
Diseñar
y ejecutar intervenciones restaurativas (círculos restaurativos,
prestación de servicios comunitarios, etc.).
Fortalecer la  capacidad institucional  del sistema  penitenciario para  la
ejecución de medidas del medio abierto.
Establecer procedimientos claros y detallados respecto de las conductas
susceptibles de sanciones disciplinarias.
Establecer procedimientos administrativos para  la gestión de procesos
de bienes y servicios.
Garantizar el  desarrollo tecnológico necesario  para la implementación
de iniciativas interoperables.
Fortalecer las condiciones de trabajo para los servidores penitenciarios.
Desarrollar  programas  de  formación,  capacitación  y  especialización
para personal penitenciario.
Generar mecanismos de acompañamiento y servicios postpenitenciario.
Generar incentivos a instituciones y gobiernos regionales y locales que
promuevan la reinserción de personas que han cumplido sus condenas.
126
Un modelo de atención postpenitenciaria: contexto, bases y estrategias de implementación
72
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
El análisis  de costo-efectividad  (ACE) es una  forma de  análisis económico que  compara los  costos relativos  con los
resultados (efectos)  de dos o más  cursos de acción.  Los costos relativos  se comparan por  medio del Valor Actual  de
Costos (VAC), que trasladan los  costos de distintos periodos al periodo inicial  considerando sus costos de oportunidad
(i =9%).
El cálculo de  los costos de  las alternativas de  la política penitenciaria se  ha efectuado considerando  cada uno de  los
sectores que participan en ella. Los cálculos aproximados consideran los principales servicios planteados.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Instituto Nacional Penitenciario (INPE)
Ministerio de Salud (MINSA)
Ministerio de Educación (MINEDU)
Ministerio del Interior (MININTER)
Ministerio Público Fiscalía de la Nación (MPFN)
Poder Judicial (PJ)
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)
Operativamente, el  Índice de Costo  Efectividad (ICE) se  obtiene de la  división entre el  VAC y el  total de la  población
bene?ciaria durante el periodo de análisis.
Para el calculo de los costos, primero se realiza una proyección de la población penitenciaria mediante el métodoARIMA
127
para un periodo de 10 años, estos datos nos marcan la situacion inicial sin ningún tipo de actuación de la política. Como
segundo paso se realiza una aproximación de la evolución de la población penitenciaria bajo las 2 alternativa planteadas,
especí?camente en las alternativas planteadas para el des hacinamiento.
La primera alternativa plantea una serie de medidas legales para reducir el ingreso de ciudadanos al sistema penitenciario,
ofreciendo  otras alternativas  de  encarcelación  en  caso se  viera  conveniente,  además de  bene?cios  penitenciarios
para acelerar  la salida. Tomando estas  consideraciones se espera  que las medidas  tengan un efecto  en la población
penitenciaria  en un  periodo  de 3  años,  después del  cual disminuirán  en  proporción a  la  población total  tendencial
progresivamente hasta un 55% en el año 10.
La  segunda alternativa  plantea  la prohibición  de  la ocupación  de cárceles  por  encima de  su  capacidad. Bajo  este
escenario y luego de la aplicación de la normativa en 1 año, se espera que la población penitenciaria tenga una pequeña
disminución en  sus tasas de  crecimientos por un  periodo de 3  años constituida básicamente por  un 50% del  total de
ingresos, después del cual continuará su crecimiento a sus tasas habituales.
Tabla Nº 26. Proyección de la población penitenciaria por cada alternativa planteada
Número de presos proyección
tendencial
Número de presos
alternativa I
Número de presos
alternativa II
AÑO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
99.117
102.909
106.702
110.495
114.287
118.058
121.835
125.611
129.379
133.260
137.257
99.117,00
102.909,00
106.702,00
102.241,00
97.967,00
93.871,00
89.008,00
84.397,00
79.181,00
74.287,00
68.953,00
99.117
101.909
105.702
109.495
113.387
117.278
121.147
125.022
128.896
132.762
136.744
127
La proyección se realiza en base a la población penitenciaria por situacion jurídica, considerando las siguiente función: Proyección de la población penitenciaria
= ARIMA (población procesada) + ARIMAX(población sentenciada = f(población procesada))
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
73
Como segundo paso se realizó el cálculo aproximado de los costos de la política para cada uno de sus actores:
-
El INPE,  actualmente gasta un  promedio de  9388 soles por  cada Persona  recluida de su  libertad, uno  de los
montos mas bajos de inversion en America. Atendiendo a la propuesta de la política se proyecta incrementar este
costo unitario a 20,000 soles por cada persona recluida, para amabas alternativas de solución.
Además para cumplir con la sentencia del TC, se debe ampliar la capacidad de albergue de los establecimientos
penitenciarios, solucionando el  problema de hacinamiento hasta  el 2025; por lo  que cada alternativa planteada
realiza un calculo del monto de inversion. Actualmente se tiene una capacidad de albergue para 40,137 personas,
por lo que en el caso de la Alternativa I se debe de construir o ampliar establecimientos penitenciarios para 25573
personas en un  solo periodo. En el  caso de la Alternativa II  se debe de ampliar  la capacidad de albergue  para
71.205
personas en 2 periodos. El costo unitario usado para el calculo de los costos de contruccion o ampliacion
de establecimientos  penitenciarios fue  de 66.667  soles por cada  persona    (construccion  de establecimientos
128
penitenciarios desde 0 = 100,000 por persona; ampliacion = 33,333 por persona).
-
-
El MINSA para atender efectivamente a la población penitenciaria bajo los parámetros planteados, debe atender
anualmente a un promedio del 30% de la población penitenciaria con un costo unitario de 3,300 soles por persona.
129
que realiza
El monto usado para el cálculo toma en consideración el estudio de Sridhar, Cornish & Fazel (2018)
una amplia revisión de los costos del servicio de salud en Prisión.
El MINEDU  cuenta con servicios educativos  en centros penitenciarios.  Para el año  2020, el monto  asciende a
S/ 5,825,250, que  resulta de dividir  primero 5178 estudiantes (2714  CEBA y 2464 CETPRO),  entre un número
promedio de aula de 40 alumnos, obteniendo un resultado de 129 docentes. Este último valor, multiplicado por el
sueldo promedio de S/ 3000, en un periodo de 15 meses. Para el crecimiento anual, se cuanti?ca la variación de
presos año entre los del año anterior, multiplicado por el sueldo promedio de S/ 3,000 por una razón de 15 meses.
-
-
-
-
El MININTER se encarga de la seguridad en determinadas cárceles. Para el año 2020, el monto de S/ 40,000,000
resulta  de multiplicar  el  número  de policías  en  el  país en  2020  de  133,333 por  un  porcentaje  destinado a
penitenciario (que se propuso de 0.5%), con lo cual  el resultado fue de 667 policías en el año 2020 y ese monto
multiplicado por el sueldo promedio de S/ 4000 por una razón de 15 meses. Para el crecimiento anual, se cuanti?ca
la variación de presos año entre los del año anterior multiplicado por el sueldo promedio de S/ 4,000 por una razón
de 15 meses.
EL MPFN se relaciona con el número de ?scales destinados al ámbito penitenciario. Para el año 2020, el monto de
S/ 85,620,000 resulta del número total de ?scales en 2020: 1427, multiplicado por un porcentaje destinado a cada
centro penitenciario (que se propuso de 20%); con lo cual se alcanza a 285 ?scales en el año 2020, multiplicando
ello por el sueldo promedio de S/ 20,000, por una razón de 15  meses. Para el crecimiento anual, se cuanti?ca la
variación de presos año entre los del año anterior multiplicado por el sueldo promedio de S/ 20,000 por una razón
de 15 meses.
EL PJ se relaciona con el  número de ?scales destinados al ámbito penitenciario. Para  el año 2020, el monto de
S/ 192,900,000  resulta del  número total de  jueces en  2020: 3215,  multiplicado por un  porcentaje destinado  a
penitenciario (que se propuso de 20%), con lo cual se alcanza a 643 jueces en el año 2020, valor que se multiplica
luego por el sueldo promedio de S/ 20,000,  por una razón de 15 meses. Para el crecimiento anual, se cuanti?ca
la variación de presos  año entre los del año anterior, multiplicado  por el sueldo promedio de S/  20,000, por una
razón de 15 meses.
DEVIDA se relaciona con la población atendida  en adicciones y prevención de consumo de drogas. Para  el año
2020,
el monto de S/  10,171,350 resulta del porcentaje de presos  en 2020 vinculado a drogas  (que se propuso
de 5%), multiplicado por el costo anual del tratamiento individual de S/ 2,100 (USD 600), tomando como base los
costos en EE.UU (NIDA, DRUGABUSE) de USD 6,000, multiplicado  por un porcentaje destinado a penitenciario
en Perú (que se propuso de 10%) a  un tipo de cambio de S/ 3,50/ USD. Para el crecimiento anual,  se cuanti?ca
el número de presos por año multiplicado por el costo individual de S/ 2,100 por el porcentaje propuesto de 5%.
128
129
https://elcomercio.pe/economia/peru/carceles-peruanas-gasta-s-1-3-mlls-sobrepoblacion-penitenciaria-noticia-545829-noticia/?ref=ecr
https://evstudio.com/construction-cost-per-square-foot-for-jails-2/
U.S. Department of Justice (1986). The drunk drive and Jail- Option for Expanding Residential Facilities.
Sridhar, Cornish &  Fazel (2018). The costs of  Healthcare in Prison and Custody:  Systematic review of current  estimates and proposed guidelines for  future
reporting.
74
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Costo Efectividad de las alternativas propuestas
Tabla Nº 27. Costo Efectividad Alternativa I
POBLACIÓN
PENITENCIARIA
INPE
INFRAESTRUCTURA
AÑO
INPE
MINSA
MINEDU
MININTER
MPFN
PJ
DEVIDA
COSTO TOTAL
2020
99.117
102.909
106.702
102.241
97.967
93.871
89.008
84.397
79.181
74.287
68.953
930.513.263
2.058.180.000
2.134.040.000
2.044.820.000
1.959.340.000
1.877.420.000
1.780.160.000
1.687.940.000
1.583.620.000
1.485.740.000
1.379.060.000
98.125.830
101.879.910
105.634.980
101.218.590
96.987.330
92.932.290
88.117.920
83.553.030
78.389.190
73.544.130
68.263.470
5.825.250
6.048.111
6.271.031
6.008.852
5.757.663
5.516.935
5.231.129
4.960.134
4.653.582
4.365.955
4.052.468
40.000.000
85.620.000
88.895.634
92.172.132
88.318.597
84.626.598
81.088.360
76.887.567
72.904.458
68.398.733
64.171.161
59.563.504
192.900.000
200.279.933
207.661.812
198.979.881
190.661.887
182.690.314
173.226.018
164.252.160
154.100.860
144.576.231
134.195.281
10.407.285
10.805.445
11.203.710
10.735.305
10.286.535
9.856.455
9.345.840
8.861.685
8.314.005
7.800.135
7.240.065
1.363.391.628
2.507.619.346
4.304.891.361
2.491.341.958
2.387.195.916
2.287.387.261
2.168.888.851
2.056.531.012
1.929.430.929
1.810.177.131
1.680.201.700
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
41.530.313
43.061.029
41.260.732
39.535.902
37.882.906
35.920.377
34.059.546
31.954.559
29.979.519
27.826.912
1.704.846.667
COK =
8%
Nº de Bene?ciarios =
998633
SVAC =
17.958.080.234
C.E =
17.982,66
Fuente: Dirección de Política Criminológica, 2020
Tabla Nº 28. Costo Efectividad Alternativa II
POBLACIÓN
PENITENCIARIA
INPE
INFRAESTRUCTURA
AÑO
INPE
MINSA
MINEDU
MININTER
MPFN
PJ
DEVIDA
COSTO TOTAL
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
99.117
101.909
105.702
109.495
113.387
117.278
121.147
125.022
128.896
132.762
136.744
930.513.263
2.038.180.000
2.114.040.000
2.189.900.000
2.267.740.000
2.345.560.000
2.422.940.000
2.500.440.000
2.577.920.000
2.655.240.000
2.734.880.000
98.125.830
100.889.910
104.644.980
108.400.050
112.253.130
116.105.220
119.935.530
123.771.780
127.607.040
131.434.380
135.376.560
5.825.250
5.989.340
6.212.260
6.435.180
6.663.919
6.892.598
7.119.985
7.347.724
7.575.405
7.802.615
8.036.643
40.000.000
85.620.000
88.895.634
92.172.132
88.318.597
84.626.598
81.088.360
76.887.567
72.904.458
68.398.733
64.171.161
59.563.504
192.900.000
200.279.933
207.661.812
198.979.881
190.661.887
182.690.314
173.226.018
164.252.160
154.100.860
144.576.231
134.195.281
10.407.285
10.700.445
11.098.710
11.496.975
11.905.635
12.314.190
12.720.435
13.127.310
13.534.080
13.940.010
14.358.120
1.363.391.628
2.486.465.575
6.939.770.923
2.644.791.416
2.713.387.071
2.782.599.002
2.848.749.912
4.083.862.978
2.981.090.676
3.047.143.917
3.114.242.812
41.530.313
43.061.029
41.260.732
39.535.902
37.882.906
35.920.377
34.059.546
31.954.559
29.979.519
27.826.912
4.360.880.000
65.413
1.167.960.000
5791,6
COK =
8%
Nº de Bene?ciarios =
1291459
SVAC =
24.358.649.520
C.E =
18.861,34
Fuente: Dirección de Política Criminológica, 2020.
Tabla Nº 29. Resumen Costo Efectividad
INDICADORES
Alternativa I
17.958.080.234
998.633,00
Alternativa II
24.358.649.519,63
1.291.459,00
VACT en S/.
Nº de bene?ciarios
Costo Efectividad
17.982,66
18.861,34
Fuente: Dirección de Política Criminológica, 2020
Basado en el análisis costo efectividad la alternativa ganadora es la Alternativa I.
A continuación, se explicará a continuación el diseño de cada cálculo al interior de la política multisectorial:
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
75
Tabla Nº 30. Diseño de Cálculos
Institución
Metodología
Servicios brindados por INPE  a excepción del servicio de infraestructura:  S/ 20,000 x el Nº de  la
población penal anual.
INPE
Servicio de infraestructura: S/ 66.667 x la sobrepoblación al año 5 y al año 10.
Servicio de  salud en  establecimientos penitenciarios: S/  3,300 x  el 30% del  Nº de  la población
penal anual.
MINSA
Servicios educativos en centros penitenciarios.
En 2020: 5178 estudiantes (2714 CEBA y 2464 CETPRO). 5178
MINEDU
/
40 alumnos = 129 docentes x S/ 3,000 sueldo promedio x 15 meses.
Contracción anual: Variación de presos año n / año n-1 x S/ 3,000 sueldo promedio x 15 meses
Seguridad en Cárceles.
Nº de policías 2020: 133,333 x 0.5% porcentaje destinados a penitenciario = 667 policías año n
Contracción anual: Variación de presos año n / año n-1 x Nº de policías año n-1 En 2020: policías
destinados a penitenciario año n x S/ 4,000 sueldo promedio x 15 meses.
MININTER
Nº de ?scales 2020: 1427 x 20% porcentaje destinados a penitenciario = 285 ?scales año n
Contracción anual: El número de ?scales no crece.
MPFN
En 2020: ?scales destinados a penitenciario año n x S/ 20,000 sueldo promedio x 15 meses.
Nº de jueces 2020: 3,215 x 20% porcentaje destinados a penitenciario = 643 jueces año n
Contracción anual: El número de jueces no crece.
PODER JUDICIAL
En 2020: jueces destinados a penitenciario año n x S/ 20,000 sueldo promedio x 15 meses.
Población atendida en adicciones y prevención de consumo de drogas.
En 2020: Nº de presos 2020 x 10% de costo de tratamiento individual en USA (USD 6,000) x TC de
S/ 3.5 / USD (o S/2100) Contracción: 5% promedio de población comprometida x Nºde
Presos año n x S/ 2100.
DEVIDA
Fuente: Dirección de Política Criminológica, 2020
1.4.
Políticas relacionadas
1.4.1
Nivel vertical de alineamiento
Visión al Perú 2050
En  cuanto  al alineamiento  vertical  con  las  Políticas, partimos  por  organizarnos,  fundamentalmente,  de  cara a  los
consensos del Acuerdo Nacional; así, el 29 de abril del 2019, se presenta la VISIÓN DEL PERÚ AL 2050, que incorpora
los cinco  (05) ejes  que orientan la  mejora continua  de políticas que  guían las  acciones del Estado:  1) Las  personas
alcanzan su  potencial  en igualdad  de oportunidades  y  sin discriminación  para gozar  de una  vida  plena; 2)  Gestión
sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático; 3) Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía
con la  naturaleza; 4)  Sociedad democrática, pací?ca,  respetuosa de  los derechos humanos  y libre  del temor  y de la
violencia; y, 5) Estado moderno,  e?ciente, transparente y descentralizado que garantiza una sociedad  justa e inclusiva,
sin corrupción y sin dejar a  nadie atrás. En torno a estos cinco ejes, la  Política Nacional Penitenciaria al 2030, muestra
articulación con tres de ellos.
Tabla Nº 31. Alineamiento vertical (Visión del Perú al 2050)
VISIÓN DEL PERÚ AL 2050
EJE TEMÁTICO                         POLÍTICA DE ESTADO
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
OBJETIVO PRIORITARIO
LINEAMIENTO
Optimizar
los  sistemas,   los  recursos   tecnológicos   y
procedimientos de registro de información del INPE
Desarrollar
la    interoperabilidad    de    los    sistemas
de
información   penitenciarios    con   el   Sistema    de
Administración de Justicia.
Promover  mecanismos de  transparencia  en  la gestión
Nuestra
democracia
garantiza
derechos
de
Eje
4.
Sociedad
democrática,
la
vigencia
de
los
O.P.5.
Fortalecer
la
gestión
del  penitenciaria.
conocimiento,  la  interoperabilidad
pací?ca,
respetuosa
de
los
fundamentales,
el
imperio
Fortalecer medidas  para prevenir  y sancionar  acciones
sistema  de  corrupción en el sistema penitenciario (declaraciones
anuales de  bienes  e ingresos, ?scalización,  órgano  de
control, otras).
derechos  humanos y  Libre del
temor y de la violencia
la
Ley,
el
acceso
a
la
justicia
y
la
transparencia
del
y  la   gobernabilidad,  en  toda   la
República.
penitenciario.
Mejorar  condiciones  de  trabajo  de  los  servidores  del
sistema penitenciario
Contar
con
personal
su?ciente,
capacitado
y
especializado para realizar labores penitenciarias
76
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
VISIÓN DEL PERÚ AL 2050
EJE TEMÁTICO                         POLÍTICA DE ESTADO
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
OBJETIVO PRIORITARIO
LINEAMIENTO
Fortalecer  uso  de  recursos tecnológicos  para  mejorar
procedimientos
penitenciarios.
de    seguridad    en    establecimientos
O.P.3.
seguridad
población penitenciaria
Asegurar
y   convivencia   de
condiciones
de
la
Fortalecer inteligencia penitenciaria en coordinación  con
entidades de  persecución  del delito  (Policía, Fiscalía  y
Poder
Judicial)  en   establecimientos   penitenciarios  y
zonas aledañas.
Racionalizar régimen de visitas y control de visitantes en
establecimientos penitenciarios.
Asegurar atención en  salud y servicios básicos  para las
personas privadas de libertad
Concretar  la  construcción de  nuevos  establecimientos
penitenciarios  acordes  a  estándares  internacionales  y
necesidades de la población penitenciaria.
Mejorar
infraestructura   y   equipamiento   del   sistema
penitenciario  que  asegure  adecuadas  condiciones  de
2.   Mejorar  las   condiciones  vida.
O.P.
de  vida  digna  para  las  personas
privadas de libertad.
Optimizar
atención   en  salud   mental   (enfermedades
mentales, consumo problemático, dependencia,  otros) e
implementar estrategia de reducción del daño.
Establecer  lineamientos  especí?cos  para  atención  de
grupos
de   especial   protección   en   establecimientos
penitenciarios
(mujeres,   niños  menores   de   3  años,
adultos mayores, población con discapacidad, población
LGTBI,
población
indígena
u
originaria   y    pueblo
afroperuano).
Racionalizar
uso
de
prisión
preventiva    mediante
herramientas normativas.
Establecer
medidas   de  racionalización   de   penas  e
inclusión de atenuantes penales
Fortalecer
mecanismos    de    acceso    a    bene?cios
O.P.1.
Reducir
signi?cativamente  penitenciarios.
el
penitenciario.
hacinamiento
en
el
sistema  Favorecer  el uso de  medidas alternativas a  la privación
de libertad (grilletes electrónicos, otros).
Implementar  Justicia   de  Ejecución  Penal   (jueces  de
ejecución penal).
Implementar
justicia   terapéutica  para   población   con
problemas  de  salud  mental  (consumo  problemático  o
dependencia a drogas, y otros).
Fortalecer
desarrollo   de   programas   especí?cos   de
tratamiento acordes a las características de  la población
penitenciaria en los medios cerrado y abierto.
Implementar  prácticas  de   justicia  restaurativa  en   los
medios abierto y cerrado.
O.P. 4. Fortalecer habilidades  para  Adecuar infraestructura del  sistema penitenciario acorde
la
privadas
cumplen
reinserción
de
penas
de
su
en   los   medios
las
libertad    que   otros) y formativas.
personas
a  necesidades   de  tratamiento   (cárceles  intermedias,
cerrado y libre
Fortalecer
capacidad
institucional
del
sistema
penitenciario  para  la  ejecución  de  medidas en  medio
abierto.
Concertar
la
participación
interinstitucional,
de
la
sociedad   civil   y  el   sector   privado   para   brindar
oportunidades educativa, formativas o laborales dirigidas
a las personas privadas de libertad.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
77
VISIÓN DEL PERÚ AL 2050
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
OBJETIVO PRIORITARIO                                          LINEAMIENTO
EJE TEMÁTICO
POLÍTICA DE ESTADO
Diseñar
e
Implementar
sistema
interinstitucional
de
O.P.6. Mejorar capacidades para la  apoyo pospenitenciario.
reinserción  en  personas  que  han  Promover formación de redes de apoyo pospenitenciario
cumplido sus penas
130
con  participación de  gobiernos  regionales  y  locales   ,
sociedad civil y el sector privado.
Optimizar
los  sistemas,   los  recursos   tecnológicos   y
procedimientos de registro de información del INPE
Desarrollar
la    interoperabilidad    de    los    sistemas
de
Administración de Justicia.
información   penitenciarios    con   el   Sistema    de
El
descentralizado  actúa en  todo  el
territorio nacional de manera
Estado
unitario
y
Eje
5.
Estado
moderno,
Promover  mecanismos de  transparencia  en  la gestión
penitenciaria.
e?ciente,
transparente
y
principiose?ciente  ydetransparente,economía socialbajo  losde   O.P.5. Fortalecer la gestión del
descentralizado
que
garantiza
conocimiento, la interoperabilidad
mercado, libre
una sociedad  justa e  inclusiva,
y  y la transparencia del sistema
subsidiariedad
Fortalecer medidas  para prevenir  y sancionar  acciones
de corrupción en el sistema  penitenciario (declaraciones
anuales de  bienes  e ingresos, ?scalización,  órgano  de
control, otras).
Competencia,
sin
corrupción
y
sin
dejar
a
penitenciario.
solidaridad, y garantiza la igualdad
de oportunidades.  Es una gestión
moderna  que usa  tecnologías de
la información
nadie atrás
Mejorar  condiciones  de  trabajo  de  los  servidores  del
sistema penitenciario
Contar
con
personal
su?ciente,
capacitado
y
especializado para realizar labores penitenciarias
Fuente: Dirección de Política Criminológica, 2020.
Tabla Nº 32. Alineamiento vertical (Acuerdo Nacional)
Políticas de Estado del Acuerdo Nacional
Política de Estado
Objetivo prioritario de la Política
Nacional Penitenciaria al 2030
Eje temático
7.
Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana
Literales:
OP
3.
Asegurar
condiciones
de
(b) propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia, sensibilizando      seguridad y convivencia  de la  población
a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco de estabilidad social que a?ance los
penitenciaria
derechos y deberes de los peruanos;
OP  4.   Fortalecer   habilidades  para   la
I. Democracia y
(c) pondrá especial énfasis  en extender los mecanismos legales para combatir  prácticas violentas  reinserción  de las personas  privadas de
Estado de Derecho     arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación contra la integridad física y mental de niños,   su  libertad  que  cumplen  penas  en  los
ancianos y mujeres;
medios cerrado y libre
(d) garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la violencia;
(e) fomentará  una cultura de paz  a través de  una educación y  una ética públicas  que incidan en
OP
reinserción
6.
Mejorar
en
capacidades
para
han
la
personas
que
el  respeto irrestricto  de los  derechos  humanos, en  una recta  administración  de justicia  y en  la  cumplido sus penas
reconciliación;
11.
Promoción de igualdad de oportunidades sin discriminación
Literales:
(a) combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades;
(c) fortalecerá una institución al más alto  nivel del Estado en su rol rector de políticas y programas
para la promoción de la igualdad  de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, equidad  de
género;
OP  2. Mejorar  las  condiciones  de  vida
digna
para
las
personas
privadas
de
libertad.
II. Equidad y Justicia
Social
(d) dará acceso equitativo a las mujeres a recursos productivos y empleo;
OP  4.   Fortalecer   habilidades  para
la
(e)desarrollará  sistemas que  permitan  proteger a  niños,  niñas, adolescentes,  adultos  mayores,  reinserción  de las personas  privadas de
mujeres responsables de hogar, personas  desprovistas de sustento, personas con discapacidad y   su  libertad  que  cumplen  penas  en  los
otras personas discriminadas o excluidas; y
medios cerrado y libre
(f) promoverá y protegerá los derechos de los integrantes de las comunidades étnicas discriminadas,
impulsando programas de desarrollo social que los favorezcan integralmente.
130
Estas acciones no tienen relación actual con el PP 0123
78
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
Políticas de Estado del Acuerdo Nacional
Política de Estado
Objetivo prioritario de la Política
Nacional Penitenciaria al 2030
Eje temático
13.
Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social
Literales:
(a) potenciará la  promoción de la salud,  la prevención y  control de enfermedades transmisibles  y
crónico degenerativas;
(b)  promoverá  la  prevención  y  el  control  de  enfermedades  mentales  y de  los  problemas  de
drogadicción;
(c)  ampliará  el  acceso  al  agua  potable  y  al  saneamiento  básico  y  controlará  los  principales
contaminantes ambientales;
(d)  desarrollará un  plan  integral  de control  de  las  principales enfermedades  emergentes  y  re-
emergentes, de acuerdo con las necesidades de cada región;
(e) promoverá hábitos de vida saludables;
(f) ampliará  y descentralizará los  servicios de salud,  especialmente en las  áreas más pobres  del
país, priorizándolos hacia las madres, niños, adultos mayores y discapacitados;
(i) promoverá  el acceso  gratuito y  masivo de  la población a  los servicios  públicos de  salud y  la
participación regulada y complementaria del sector privado;
OP  2. Mejorar  las  condiciones  de  vida
digna
para  las   personas  privadas   de
libertad.
(j) promoverá el acceso universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo de salud para atender
a la población que no es asistida por los sistemas de seguridad social existentes;
(k) desarrollará políticas de salud ocupacionales, extendiendo las mismas a la seguridad social;
(l) incrementará progresivamente el porcentaje del presupuesto del sector salud;
(m)  desarrollará una  política  intensa  y sostenida  de  capacitación  oportuna y  adecuada  de  los
recursos humanos involucrados  en las acciones de salud  para asegurar la calidad y  calidez de la
atención a la población.
14.
Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición
Literales:
(b)  garantizará  que los  alimentos  disponibles  sean  económicamente  asequibles, apropiados  y
su?cientes para satisfacer las necesidades de energía y nutrientes de la población;
vigilancia(e)  aplicará,sobrejuntola producción,con  los gobiernoscomercialización,locales  y almacenamientola  sociedad  organizada,y distribucióncontrolesde alimentosde  calidadparay   OP 2.  Mejorar  las  condiciones  de  vida
digna
para
las
personas
privadas
de
consumo humano, que aseguren la idoneidad y condiciones sanitarias de los mismos;
(j) hará posible que las familias y las personas expuestas a la inseguridad alimentaria satisfagan sus  libertad.
necesidades alimenticias y nutricionales,  y prestará asistencia a quienes  no estén en condiciones
de hacerlo;
(o) capacitará y educará a la población en temas de nutrición, salud, higiene, vigilancia nutricional y
derechos ciudadanos, para lograr una
alimentación adecuada.
24.
A?rmación de un Estado E?ciente y Transparente
Literales:
(f) mejorará la  capacidad de gestión del  Estado mediante la reforma  integral de la administración   OP
5.
conocimiento,  la   interoperabilidad  y  la
transparencia del sistema penitenciario.
Fortalecer
la
gestión
del
pública en todos sus niveles;
(g) reducirá los costos de acceso a los bienes y servicios públicos.
OP
3.
Asegurar
condiciones
de
seguridad y  convivencia de la  población
(c) promoverá sistemas de  prevención del consumo de drogas y  de rehabilitación de los fármaco-   penitenciaria
IV.  Estado  E?ciente,  dependientes;
(g) combatirá toda relación existente entre el trá?co ilícito de drogas y la corrupción de funcionarios  OP        Fortalecer   habilidades  para   la
y  o ex funcionarios del Estado
27.
Erradicación de la Producción, el Trá?co y el Consumo Ilegal de Drogas Literales:
4.
Transparente
Descentralizado
reinserción de  las personas privadas  de
su  libertad  que  cumplen  penas  en  los
medios cerrado y libre
28.
Plena vigencia de  la Constitución y de  los Derechos Humanos  y Acceso a la Justicia  e
Independencia Judicial Literales:
(b) promoverá la designación  transparente de las autoridades judiciales,  así como su valorización
y permanente capacitación;
(c) promoverá entre la justicia comunal y el Poder Judicial una relación que respete la interculturalidad  OP
1.
hacinamiento en el sistema penitenciario.
Reducir
signi?cativamente   el
y regulará las competencias, atribuciones y limitaciones de aquélla;
(g)  establecerá  mecanismos  de  vigilancia  al  correcto  funcionamiento  de la  administración  de
justicia, al respeto de los derechos humanos, así como para la erradicación de la corrupción judicial
en coordinación con la sociedad civil.
Fuente: Dirección de Política Criminológica, 2020.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
79
Tabla Nº 33. Alineamiento Vertical (Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Plan Bicentenario)
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL
Objetivo Prioritario de la Política Nacional
Penitenciaria al 2030
Objetivo Nacional
Objetivo Nacional Especí?co
OP 1.  Reducir signi?cativamente el  hacinamiento
en el sistema penitenciario.
O.E.
derechos y libertades fundamentales.
1:
Vigencia
plena
y
ejercicio
efectivo
de
los
OP 2. Mejorar  las condiciones de vida digna  para
las personas privadas de libertad
OP
3.   Asegurar  condiciones   de   seguridad   y
convivencia de la población penitenciaria
Plena  vigencia  de   los  derechos  fundamentales  y  la   O.E.  2: Acceso  garantizado  a  una  justicia  autónoma  OP  5.  Fortalecer la  gestión  del conocimiento,  la
e
e?ciente, e?caz y predecible.
independiente,
transparente,
con?able,
moderna,
interoperabilidad  y  la  transparencia  del  sistema
penitenciario
dignidad de las personas.
OP
3.   Asegurar  condiciones   de   seguridad   y
convivencia de la población penitenciaria
O.E. 4: Reducción de las inequidades y de la pobreza y   sistemaOP 1.  Reducirpenitenciario.los niveles  de hacinamiento en  el
la pobreza extrema.
OP 2. Mejorar  las condiciones de vida digna  para
las personas privadas de libertad.
O.E. 1: Acceso equitativo a  una educación integral que
permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas
en sociedad.
OP 1.  Reducir signi?cativamente el  hacinamiento
O.E. 2: Acceso universal a servicios integrales de salud   en el sistema penitenciario.
Igualdad  de  oportunidades  y  acceso  universal  a   los  con calidad.
servicios básicos.
OP 2. Mejorar  las condiciones de vida digna  para
O.E. 3: Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición las personas privadas de libertad.
adecuada de los infantes y las madres gestantes.
O.E.  4: Acceso  universal  de  la  población a  servicios
adecuados de agua y electricidad.
Estado  democrático   y  descentralizado   que  funciona
O.E.   1:   Agilidad,   transparencia    y   e?cacia   de   la
con  e?cacia,   e?ciencia  y  articuladamente   entre  sus   administración pública en todos  sus niveles, al servicio   OP 5.  Fortalecer  la  gestión del  conocimiento,  la
diferentes  sectores  y  los  tres  niveles  de  gobierno  al  de  los derechos  de las  personas en  general  y de  los  interoperabilidad  y  la  transparencia  del  sistema
servicio de  la ciudadanía  y el  desarrollo,  garantizando
la seguridad nacional.
emprendedores   e   inversionistas   en  particular,   con   penitenciario
revaloración de los servidores y funcionarios públicos.
Economía
competitiva   con  alto   nivel  de   empleo   y  O.E.  5: Incremento de  los empleos adecuados  para la   OP 6. Mejorar capacidades para la  reinserción en
productividad.
modernización inclusiva.                                                    personas que han cumplido sus penas
Fuente: Dirección de Política Criminológica, 2020.
1.4.2
Nivel horizontal de alineamiento
A nivel horizontal, la Política Nacional Penitenciaria al 2030, se alineó con las siguientes políticas relacionadas:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Plan Nacional de Derechos Humanos
Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Crimen Organizado
Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017-2021 (DEVIDA)
Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018-2021
Política Nacional de Seguridad Ciudadana (2019-2023)
Política Nacional de Igualdad de Género
Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción
Política Nacional de Juventud
Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 “Perú, país saludable”
Tabla Nº 34. Alineamiento Horizontal
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2018 - 2021
OBJETIVOS
PRIORITARIOS
NOMBRE DE LA
POLÍTICA
LINEAMIENTOS
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
Acción
ESTRATÉGICO   cobertura   del  acceso   a   la   justicia
Estratégica
1:
Ampliar
la
y
OP
1:
Nacional
de
LINEAMIENTO
Derechos Humanos
2018 - 2021
Garantizar el acceso a la justicia.
2
Objetivo
Estratégico
03:
mejorar la  calidad al  servicio de defensa
pública,  con  énfasis en  la  población  en
situación de pobreza y de vulnerabilidad.
hacinamiento  en  el  sistema  ejecución penal (jueces de ejecución).
penitenciario.
Relación y/o
complementariedad en los    de libertad es considerada población vulnerable, por ello el sistema de justicia debe actuar siguiendo los componentes de justicia que coadyuven a
reducir los niveles de hacinamiento en los E.P.
Los lineamientos se relacionan porque ambos  implementan el acceso a la justicia de la  población vulnerable. En ese sentido, la población privada
lineamientos:
OP
condiciones
para  las  personas  privadas
de libertad.
2:
Mejorar
las   Asegurar  atención  en  salud  y  servicios
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO
Acción
Plan
Nacional
de
Nº   2  Objetivo   Estratégico  Nº   04:
básicos  para  las   personas  privadas  de   Derechos Humanos                                                                cobertura
Estratégica
de   aseguramiento    para
2:
Ampliar
la
la
de
vida
digna
Garantizar  el  disfrute  del  más  alto
nivel posible de salud física y mental.  protección en salud.
libertad
2018 - 2021
80
NORMAS LEGALES
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2018 - 2021
El Peruano
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
OBJETIVOS
PRIORITARIOS
NOMBRE DE LA
POLÍTICA
LINEAMIENTOS
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
Relación y/o
complementariedad en los    Los lineamientos se relacionan porque ambos están referidos a contribuir con la protección del derecho a la salud de la población privada de libertad.
lineamientos:
OP
condiciones
para  las  personas  privadas
de libertad.
2:
Mejorar
las   Mejorar
ESTRATÉGICO   Acción  Estratégica   Nº   1:  Asegurar   el
acceso de todas las personas a viviendas
13:   y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles.
infraestructura
penitenciarios
y   equipamiento   Plan   Nacional   de   LINEAMIENTO
de
vida
digna
de
establecimientos
que
Derechos Humanos   Nº  2   Objetivo  Estratégico   Nº
asegure adecuadas condiciones de vida.     2018 - 2021
Garantizar una vivienda adecuada.
Relación
lineamientos:
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Nº 3
Personas  adultas mayores  Objetivo
Establecer
lineamientos   para   atención
de
grupos   de   especial   protección   en
OP
2:
Mejorar
las
Estratégico
01:
Garantizar
establecimientos  penitenciarios (mujeres,
Plan
Derechos Humanos
2018 - 2021
Nacional
de
Acción
Estratégica  Nº   3:  Promover   la
condiciones
de
vida
digna
y
promover
la
autonomía
e
salud y  garantizar la atención  integral de
niños
menores
de
3
años,
adultos
para  las  personas  privadas
de libertad.
independencia, mejorando la calidad   la salud de las personas adultas mayores.
mayores,
población
originaria y pueblo afroperuano)
población
con
discapacidad,
de vida y el pleno ejercicio de los
LGTBI,
población  indígena   u
derechos
de  las   personas  adultas
mayores, con su participación.
Los  lineamientos se  relacionan porque  el  segundo está  interesado  en promover  la  salud y  la  atención de  las personas  adultas  mayores por
y/o
considerarlas población  vulnerable.  En ese  sentido, el  primer lineamiento  está  abocado a  la protección  de población  vulnerable dentro  de  los
Relación
complementariedad en  los   establecimientos penitenciarios,  como  lo  son las  personas  adultas  mayores.  Por ese  motivo,  ambos  lineamientos  contribuyen a  mejorar  las
lineamientos:
condiciones de vida de los internos.
Establecer
lineamientos   para   atención
de
establecimientos  penitenciarios (mujeres,
niños
mayores,
población
grupos
de
especial
protección
en
LINEAMIENTO
Nº  3  Personas  con  discapacidad
Derechos Humanos   Objetivo Estratégico Nº 01: Promover
y proteger los derechos  humanos de
ESTRATÉGICO
Acción
acceso
Estratégica
2:
Asegurar
el
en
y
OP
condiciones
para  las  personas  privadas
de libertad.
2:
Mejorar
las
digna
Plan
Nacional
de
a
los
servicios   de   salud
Nacional
de
vida
menores
de
3
años,
adultos
el
Sistema
Coordinado
población
con
población
discapacidad,
indígena
2018 - 2021
Descentralizado
de
Salud
para
las
LGTBI,
u
las personas con discapacidad.            personas con discapacidad.
originaria y pueblo afroperuano)
Los lineamientos  se  relacionan porque  el segundo  está interesado  en  promover la  salud y  la  atención de  las personas  con discapacidad  por
y/o   considerarlas población  vulnerable. En  ese sentido,  el  primer lineamiento  está abocado  a la  protección de  población  vulnerable dentro  de los
Relación
complementariedad en  los   establecimientos penitenciarios,  como  lo son  las  personas  con discapacidad.  Por  ese motivo,  ambos  lineamientos contribuyen  a  mejorar  las
lineamientos:
condiciones de vida de los internos.
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO   Nº
3
Personas  privadas  de   libertad
Objetivo Estratégico Nº 02: Promover  Acción  estratégica   Nº  1:  Garantizar   el
Derechos Humanos   y  proteger  el  goce  efectivo  de  los   acceso  a  la  salud   de  las  privadas  de
asegure adecuadas condiciones de vida.     2018 - 2021                 derechos  de  las  personas privadas
OP
condiciones
para  las  personas  privadas
de libertad.
2:
Mejorar
las   Mejorar
de   vida  digna
de
infraestructura
establecimientos   penitenciarios   que
y
equipamiento
Plan
Nacional
de
libertad.
de
libertad    en    establecimientos
penitenciarios.
Relación
y/o
Los lineamientos  se encuentran relacionados porque  mediante el primero  de ellos, es  decir, mejorando la  infraestructura y el equipamiento  para
complementariedad en  los   que los internos puedan alcanzar mejores niveles de vida, es que se hace posible llegar a garantizar el acceso a  la salud de las personas privadas
lineamientos:
de libertad.
Adecuar
penitenciario
tratamiento  (cárceles  intermedias,  otros)   2018 - 2021
LINEAMIENTO
3  Personas  privadas   de  libertad
Objetivo Estratégico Nº 02: Promover
Derechos Humanos   y  proteger  el  goce  efectivo  de  los
ESTRATÉGICO   Nº
OP 4: Fortalecer  habilidades
infraestructura
del
sistema
de
Acción
Estratégica
2:
Garantizar
para
personas
la
reinserción
privadas
de
de
las
su
Plan
Nacional
de
acorde
a
necesidades
el
y
calidad
de
la   educación   básica
de
las
personas   privadas  libertad   en
libertad  que cumplen  penas   y formativas
derechos  de  las personas  privadas
establecimientos penitenciarios.
en los medios cerrado y libre
de
libertad    en    establecimientos
penitenciarios.
Relación
lineamientos:
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO   Nº
OP 4: Fortalecer  habilidades
3  Personas  privadas   de  libertad
Objetivo Estratégico Nº 02: Promover
Derechos Humanos   y  proteger  el  goce  efectivo  de  los
derechos  de  las personas  privadas
Adecuar
penitenciario
tratamiento  (cárceles  intermedias,  otros)   2018 - 2021
infraestructura
del
sistema
de
Acción
Estratégica
técnico
3:
productivo
Promover
de
en
para
personas
la
reinserción
privadas
de
de
las
su
Plan
Nacional
de
acorde
a
necesidades
la
educación
las
personas   privadas  de   libertad
libertad  que cumplen  penas   y formativas
establecimientos penitenciarios.
en los medios cerrado y libre
de
libertad    en    establecimientos
penitenciarios.
Relación
lineamientos:
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO   Nº
3
Nacional   de   Objetivo Estratégico Nº 02: Promover
Derechos Humanos   y  proteger  el  goce  efectivo  de  los
derechos  de  las personas  privadas
establecimientos   en establecimientos penitenciarios.
de
Personas  privadas  de   libertad
OP  6:  Mejorar  capacidades  Promover  formación  de  redes  de  apoyo
Acción
incrementar
personas  las personas  privadas  libertad
Estratégica
competencias
4
Fortalecer
laborales
e
de
Plan
para
la
reinserción
en
pospenitenciario
con
participación
de
personas  que han  cumplido   gobiernos regionales  y  locales, sociedad   2018
- 2021
sus penas
civil y el sector privado
libertad    en
penitenciarios.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
81
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2018 - 2021
OBJETIVOS
LINEAMIENTOS
PRIORITARIOS
NOMBRE DE LA
POLÍTICA
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
Relación
y/o
Los lineamientos  se encuentran  relacionados  porque para  promover la  reinserción de  las personas  que han  cumplido sus  condenas, se  debe
complementariedad en  los   fortalecer e incrementar las competencias laborales de las personas privadas de libertad, para que, al cumplir sus condenas, les sea mucho más fácil
alcanzar niveles de vida adecuados y así evitar la reincidencia.
lineamientos:
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO   Nº
3
Personas  privadas  de   libertad
Acción
OP
2:
Mejorar
las   Mejorar
Estratégica   Nº    5:   Mejorar   e
infraestructura
y   equipamiento   Plan   Nacional   de   Objetivo Estratégico Nº 02: Promover
incrementar
condiciones
de
vida
digna
las   unidades  de   albergue
y  proteger  el  goce  efectivo  de  los   de  las personas  privadas  de libertad  en
derechos  de  las personas  privadas
de
establecimientos
penitenciarios
que
Derechos Humanos
para  las  personas  privadas
de libertad
asegure adecuadas condiciones de vida.     2018 - 2021
establecimientos   establecimientos penitenciarios.
libertad    en
de
penitenciarios.
Relación
y/o   Los lineamientos están relacionados porque ambos apuntan a mejorar e incrementar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios para
complementariedad en  los   que así los internos puedan alcanzar mejores condiciones de vida durante su permanencia en dichos establecimientos.
lineamientos:
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO   Nº
3
Nacional   de   Objetivo Estratégico Nº 02: Promover
básicos  para  las   personas  privadas  de   Derechos Humanos  y  proteger  el  goce   efectivo  de  los
Personas  privadas  de   libertad
Acción
OP
2:
Mejorar
las   Asegurar  atención  en  salud  y  servicios   Plan
Estratégica   Nº   6:   Incrementar
condiciones
de
vida
digna
la
captación
y
diagnóstico
en
TB
en
en
para  las  personas  privadas
de libertad.
las
personas   privadas  de   libertad
libertad
2018 - 2021
derechos  de  las personas  privadas
establecimientos   establecimientos penitenciarios.
libertad    en
de
penitenciarios.
Relación
y/o   Los lineamientos se encuentran relacionados porque aumentado el presupuesto para atender las necesidades de salud de la población penitenciaria,
complementariedad en  los   se puede incrementar la capacidad de captación y diagnóstico de tuberculosis en las personas privadas de libertad.
lineamientos:
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO   Nº
3  Personas  privadas   de  libertad
Objetivo Estratégico Nº 02: Promover
Acción   Estratégica   Nº   7:   Incrementar
el   tamizaje  para   VIH  y   el   acceso  al
OP
2:
Mejorar
las
Asegurar  atención  en  salud   y  servicios
Plan
Nacional
de
condiciones
de
vida
digna
básicos  para  las   personas  privadas  de   Derechos Humanos  y  proteger  el  goce   efectivo  de  los  tratamiento antirretroviral  de las personas
libertad                                                          2018 - 2021                 derechos  de  las  personas  privadas   privadas de  libertad en  establecimientos
para  las  personas  privadas
de libertad.
de
libertad    en    establecimientos   penitenciarios.
penitenciarios.
Relación
y/o   Los lineamientos  se  encuentran  relacionados  porque aumentados  los  presupuestos  para  atender las  necesidades  de  salud  de la  población
complementariedad en  los   penitenciaria, se puede incrementar el tamizaje para VIH y el acceso al tratamiento antirretroviral de las personas privadas de libertad.
lineamientos:
POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
OBJETIVOS PRIORITARIOS
(2019-2030)
NOMBRE DE LA
POLÍTICA
LINEAMIENTOS
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
Política Nacional
Multisectorial
de Lucha Contra
el Crimen
Organizado (2019-
2030)
Fortalecer
inteligencia    penitenciaria
con
OP  3: Asegurar  condiciones  de
en
coordinación
entidades
de
OP1:
del  Estado en  la lucha  contra  las
organizaciones criminales.
Fortalecer
la
capacidad
LN4:
interinstitucional
operadores de justicia.
Mejorar
la
coordinación
intra
e
y
seguridad
y
convivencia
de
la
persecución del delito (Policía, Fiscalía
y  Poder  Judicial)   en  establecimiento
penitenciarios y zonas aledañas
entre
los
sectores
población penitenciaria
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
Los lineamientos se complementan porque ambos están referidos al fortalecimiento de la coordinación entre instituciones conexas y relacionadas
con el sistema penitenciario.
en
Política Nacional
Fortalecer
en
persecución del delito (Policía, Fiscalía
y  Poder  Judicial)   en  establecimiento
penitenciarios y zonas aledañas
inteligencia
penitenciaria
LN5:
en
del  Estado en  la lucha  contra  las  organizado  de  los  operadores  de  justicia
organizaciones criminales.                y    funcionarios    especializados    de    los
Fortalecer
materia   de   lucha  contra   el   crimen
la
especialización
Multisectorial
de Lucha Contra
el Crimen
Organizado (2019-
2030)
OP  3: Asegurar  condiciones  de
coordinación
con
entidades
de
OP1:
Fortalecer
la
capacidad
seguridad
y
convivencia
de
la
población penitenciaria
sectores.
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
en
Los lineamientos están conectados porque ambos apuntan al fortalecimiento de las instituciones que se relacionan con el sistema penitenciario.
Política Nacional
Multisectorial
Racionalizar uso  de prisión  preventiva     de Lucha Contra
el Crimen
Organizado (2019-
2030)
OP 1: Reducir  signi?cativamente
OP1:
del  Estado en  la lucha  contra  las
organizaciones criminales.
Fortalecer
la
capacidad
LN6:
Actualizar   la    normativa   nacional
de
el
hacinamiento
en
el
sistema
en
materia
crimen  organizado  en   la
mediante herramientas normativas
penitenciario.
legislación peruana.
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los   a cabalidad con los requisitos establecidos en la normativa para la prisión preventiva sin el abuso de esta.
Los lineamientos están relacionados porque se debe mejorar la normativa para así limitar el uso de la prisión preventiva siguiendo y cumpliendo
en
82
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
(2019-2030)
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
OBJETIVOS PRIORITARIOS
NOMBRE DE LA
LINEAMIENTOS
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
POLÍTICA
Política Nacional
Multisectorial
de Lucha Contra
el Crimen
Organizado (2019-
2030)
OP 1: Reducir  signi?cativamente
Fortalecer
alternativas  a  la privación  de  libertad
(grilletes electrónicos, otros)
el
uso
de
medidas
OP1:
del  Estado en  la lucha  contra  las
organizaciones criminales.
Fortalecer
la
capacidad
LN6:
Actualizar
de
la
crimen  organizado  en   la
normativa   nacional
el
hacinamiento
en
el
sistema
en
materia
penitenciario.
legislación peruana.
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Los lineamientos se relacionan porque se  debe adecuar el marco normativo para favorecer el  uso de medidas alternativas a la privación de  la
los
libertad y así contribuir con el deshacinamiento en el sistema penitenciario.
en
Política Nacional
Fortalecer uso de recursos tecnológicos
Multisectorial
OP  3: Asegurar  condiciones  de
seguridad
población penitenciaria
de Lucha Contra     OP2:oferta enFortalecermercadoselilegalescontrol adenivella   LN11:  Fortalecer el  control  interno  en las
nacional y transnacional.
para
y  convivencia   de  la
seguridad
mejorar
en
procedimientos
establecimientos
de
el Crimen
Organizado (2019-
2030)
entidades públicas a nivel nacional.
penitenciarios
Relación y/o
complementariedad en los
lineamientos:
Los lineamientos se relacionan porque ambos están destinados a fortalecer el control en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
OBJETIVOS PRIORITARIOS
ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2017-2021 (DEVIDA)
NOMBRE DE LA
POLÍTICA
LINEAMIENTOS
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
OBJETIVO GENERALNº 1: Proteger  OBJETIVO
Nacional   la vida de la población de los efectos
INTERMEDIO
2:
OP
1:
Reducir
el
Establecer  medidas  de racionalización   Estrategia
Reducir   la   oferta   de   drogas   ilícitas.
signi?cativamente
de  Lucha  Contra  las  negativos –socioculturales, políticos,
de
penas
e
inclusión
de
atenuantes   Drogas
OBJETIVO
ESPECÍFICO:
Prevenir
el
hacinamiento
penitenciario.
en
el
sistema
2017-2021
económicos
y
ambientales–
del
de
penales
involucramiento  de  las  personas  en  la
cadena delictiva del TID.
(DEVIDA)
Trá?co   Ilícito   y   el    consumo
Drogas (TID).
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Generando medidas alternativas o distintas a la privación de libertad, se puede reducir la posibilidad de contaminación criminal y profesionalización
en   los
entre los involucrados en la cadena delictiva del TID
OBJETIVO GENERALNº 1: Proteger  OBJETIVO INTERMEDIO Nº 3: Disminuir
la vida de la población de los efectos  el consumo de drogas legales e ilegales.
OBJETIVO   ESPECÍFICO:   Mejorar   el
OP  4:  Fortalecer  habilidades   Concertar
la
participación
interinstitucional,
de
la
sociedad
Estrategia
Nacional
para
la
reinserción
privadas
de
de
las
su
civil  y  el   sector  privado  para  brindar   de  Lucha  Contra  las  negativos –socioculturales, políticos,
personas
acceso  a  los  servicios  de  tratamiento,
oportunidades
educativas,
formativas
personas
Drogas
(DEVIDA)
2017-2021
económicos
y
ambientales–
del
de
libertad que cumplen penas en  o
los medios cerrado y libre
rehabilitación   y   reinserción  social   de
laborales
dirigidas
a
las
Trá?co   Ilícito   y   el    consumo
personas  con abuso  y  dependencia de
drogas.
privadas de libertad
Drogas (TID).
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
Los lineamientos se relacionan porque ambos buscan implementar programas de tratamiento y rehabilitación de personas con abuso y dependencia
de drogas.  Estas personas se  encuentran muy  a menudo dentro  de los establecimientos  penitenciarios, he ahí  la importancia  de implementar
tratamientos de este tipo para los internos.
en
OBJETIVO
INTERMEDIO
3:
OBJETIVO GENERALNº 1: Proteger  Disminuir el  consumo de drogas legales
la vida de la población de los efectos  e   ilegales.   OBJETIVO   ESPECÍFICO:
de  Lucha  Contra  las  negativos –socioculturales, políticos,
OP  4:  Fortalecer  habilidades
Fortalecer
desarrollo
de
programas
Estrategia
Nacional
para
la
reinserción
privadas
de
de
las
su
especí?cos    de   tratamiento    acordes
Promover
la   inclusión    y   acceso    a
personas
a
las
características
de
la
población
libertad que cumplen penas en  penitenciaria  en  los  medios  cerrado  y  Drogas(DEVIDA)
2017-2021
económicos
y
ambientales–
del
de
servicios de prevención y tratamiento del
consumo de drogas a
Trá?co
Ilícito   y   el   consumo
los medios cerrado y libre
abierto
Drogas (TID).
poblaciones
en
situación
de
vulnerabilidad.
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Los lineamientos se relacionan porque ambos buscan coadyuvar a la promoción del acceso a tratamientos del consumo de drogas en poblaciones
en
los   en situación de vulnerabilidad, siendo las personas privadas de libertad parte de ese grupo.
OBJETIVO
INTERMEDIO
3:
OBJETIVO GENERALNº 1: Proteger  Disminuir el  consumo de drogas legales
la vida de la población de los efectos  e   ilegales.   OBJETIVO   ESPECÍFICO:
de  Lucha  Contra  las  negativos –socioculturales, políticos,
Optimizar
atención   en   salud
mental   Estrategia
Nacional
OP 2: Mejorar las  condiciones
(enfermedades
problemático,
mentales,
consumo
Promover
la   inclusión    y   acceso    a
de
vida
digna
para
las
dependencia,   otros)   e
Drogas
2017-2021
económicos
y
ambientales–
del
de
servicios de prevención y tratamiento del
consumo de drogas a
personas privadas de libertad.
implementar   estrategia   de   reducción
(DEVIDA)
del daño
Trá?co   Ilícito   y   el    consumo
Drogas (TID).
poblaciones
en
situación
de
vulnerabilidad.
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Los lineamientos se relacionan porque ambos buscan coadyuvar a la promoción del acceso a tratamientos del consumo de drogas en poblaciones
en
los   en situación de vulnerabilidad, siendo las personas privadas de libertad parte de ese grupo.
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
83
PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
COMUNITARIA (2018-2021)
NOMBRE DE LA
POLÍTICA
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
OBJETIVO
Nº   1:   Fortalecer    el
primer y segundo  nivel de atención
implementando
establecimientos
Plan Nacional de
Fortalecimiento de
Servicios de Salud
Mental Comunitaria
(2018-2021)
de
salud,  servicios   y   programas
OP
de  vida  digna   para  las  personas
privadas de libertad.
2:
Mejorar
las
condiciones
Asegurar
básicos
libertad
atención
en
personas
salud
y
privadas
servicios
de
Actividad
operación    de     Centros    de
6:   Implementación
de  salud  mental   comunitaria  con   y
para
las
capacidad
a   Rehabilitación Psicosocial (CRPS)
resolutiva
y
articulándolos
redes  de  atención  comunitaria  en
espacios territoriales
de?nidos.
Relación y/o  complementariedad   Los lineamientos  se relacionan  porque  la salud  mental es  un componente  importante  en los  establecimientos penitenciarios  y por  ello,
en los lineamientos:                         implementar tratamientos para su mejora y funcionamiento es contribuir con la salud de los internos en los establecimientos penitenciarios.
OBJETIVO
Nº   1:   Fortalecer    el
primer y segundo  nivel de atención
implementando
establecimientos
Optimizar
(enfermedades
problemático,
implementar
daño.
atención
mentales,
dependencia,
estrategia
en
salud
mental
consumo
e
del
Plan Nacional de
Fortalecimiento de
Servicios de Salud
Mental Comunitaria
(2018-2021)
Actividad
10:
para
de
Optimización
asegurar   la
psicofármacos
de
salud,  servicios   y   programas
OP
2:
Mejorar
las
condiciones
de
procesos
de  salud  mental   comunitaria  con
capacidad
de  vida  digna   para  las  personas
privadas de libertad.
otros)
reducción
disponibilidad
de
estratégicos desde  el primer  nivel
a
de atención
resolutiva
y
articulándolos
redes  de  atención  comunitaria  en
espacios territoriales
de?nidos.
Los lineamientos  se relacionan porque  en salud  mental muchas veces  el tratamiento  psicológico y/o psiquiátrico  no es  su?ciente para el
Relación y/o complementariedad    mejoramiento de las personas, en ocasiones se necesitan psicofármacos especializados que contribuyan a la mejora de la persona afectada,
en los lineamientos:
por ese motivo, asegurar  su disponibilidad en los establecimientos penitenciarios  a nivel nacional es una manera de  contribuir con la salud
de los internos.
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (2019-2023)
NOMBRE DE LA
POLÍTICA
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
OP 4 Fortalecer habilidades para   Fortalecerprogramas
desarrollo
de
especí?cos      de   Plan
Indicador  Nº   9:  Brindar   atención  a
de   OP3: Reducir la violencia  contra grupos en   agresores por delitos sexuales que se
la
reinserción
de
su
las
personas
Nacional
tratamiento
acordes
a
las
privadas
cumplen
de
penas
libertad
que
Seguridad Ciudadana
(2019-2023)
en    los   medios
características  de  la  población
situación de vulnerabilidad.
encuentran  cumpliendo   medidas  en
medio libre.
en
los
medios
penitenciaria
cerrado y libre
cerrado y abierto
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Los lineamientos se relacionan  porque ambos buscan implementar modelos de  tratamiento para internos y/o personas que  estén cumpliendo
los
sus condenas en medio abierto, brindando atención a sus problemas.
en
Promover
formación  de   redes
OP 6:  Mejorar capacidades para                                                                                          de   OP4:  Reducir la  victimización  por robos  y   Ejecutar    planes     de    participación
la  reinserción  en  personas  que  con   participación  de  gobiernos  Seguridad Ciudadana                                                                            comunitaria y social en la promoción y
protección de la salud mental.
de
apoyo
pospenitenciario
Plan
Nacional
hurtos en espacios públicos.
han cumplido sus penas
regionales  y   locales,  sociedad   (2019-2023)
civil y el sector privado
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
Los lineamientos se relacionan porque ambos  plantean la participación de la sociedad civil y de la  participación comunitaria en la protección y
reinserción de las personas privadas de libertad, luego del cumplimiento de sus condenas.
en
Optimizar
mental
mentales,
problemático,
otros)  e implementar  estrategia
de reducción del daño.
atención   en    salud
(enfermedades
consumo
OP  2:
de vida  digna para  las personas
privadas de libertad.
Mejorar
las
condiciones
Plan
Nacional
de   OP4: Reducir  la  victimización por  robos  y  Indicador Nº 38: Desarrollar campañas
Seguridad Ciudadana                                                                           de    Servicios    de    Salud     Integral,
(2019-2023)
dependencia,
hurtos en espacios públicos.
priorizando acciones de salud mental.
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
en
Los lineamientos se relacionan porque ambos tienen como prioridad proteger la salud de los internos en los establecimientos penitenciarios.
Acción
Nº   5:   Implementación   una
Especializada    de    registro
OP 1: Reducir  signi?cativamente
Racionalizar
preventiva
herramientas normativas
uso
de
mediante
prisión
Plan
Seguridad Ciudadana
(2019-2023)
Nacional
de   OP4: Reducir  la  victimización por  robos  y  Unidady
hurtos en espacios públicos.
monitoreo
cumplimiento
de
de
la
sanciones
ejecución
y
no
el
hacinamiento
en
el
sistema
penitenciario.
privativas  de la  libertad para  faltas  y
delitos patrimoniales.
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Los lineamientos  se relacionan  porque ambos buscan  implementar medidas  no privativas  de libertad, que  sirvan como  alternativa para  así
los
favorecer la reducción de los niveles de sobrepoblación y hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.
en
84
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (2019-2023)
NOMBRE DE LA
POLÍTICA
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
Concertar
OP 4: Fortalecer habilidades para  interinstitucional, de  la sociedad
la
participación
Acción
fortalezcan
y   la   empleabilidad   de   la
6:
Desarrollar
talleres
de   OP4: Reducir  la  victimización por  robos  y  que
las
habilidades
la
privadas
cumplen
reinserción
de
penas
de
su
en
las
libertad
los
personas
que
medios
civil
y
el
sector
privado
Plan
Seguridad Ciudadana
(2019-2023)
Nacional
sociales
población interna en Establecimientos
Penitenciarios (E.P.),
para
brindar
oportunidades
hurtos en espacios públicos.
educativas,
laborales
personas privadas de libertad
formativas
o
cerrado y libre
dirigidas
a
las
(Programa CREO).
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Los lineamientos se relacionan porque ambos se comprometen a desarrollar las capacidades formativas o laborales de la población penitenciaria,
los
contribuyendo así a su reinserción social.
en
Concertar
la
participación
OP 4: Fortalecer habilidades para  interinstitucional, de  la sociedad
la
privadas
cumplen
reinserción
de
penas
de
su
en
las
libertad
los
personas
que
medios
civil
para
educativas,
laborales
y
brindar
el
sector
oportunidades
formativas
privado
Plan
Nacional
de   OP4: Reducir  la  victimización por  robos  y  Acción  Nº 7: Incrementar los servicios
Seguridad Ciudadana                                                                           educativos  básicos para  la  población
(2019-2023)                                                                                             privada de libertad en E.P.
hurtos en espacios públicos.
o
cerrado y libre
dirigidas
a
las
personas privadas de libertad
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Los lineamientos se complementan porque el segundo se compromete a brindar servicio de educación a la población penitenciaria, contribuyendo
los
así a desarrollar las capacidades formativas de los internos en los establecimientos penitenciarios.
en
Concertar
la
participación
OP 4: Fortalecer habilidades para  interinstitucional, de  la sociedad
la
privadas
cumplen
reinserción
de
penas
de
su
en
las
libertad
los
personas
que
medios
civil
para
educativas,
laborales
y
brindar
el
sector
oportunidades
formativas
privado
Plan
Nacional
de   OP4: Reducir  la  victimización por  robos  y  Acción   Nº   8:   Brindar   capacitación
Seguridad Ciudadana                                                                           técnica-  productiva para  la  población
(2019-2023)                                                                                             privada de libertad en E.P.
hurtos en espacios públicos.
o
cerrado y libre
dirigidas
a
las
personas privadas de libertad
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Los  lineamientos se  relacionan  porque  ambos se  comprometen  a  brindar capacitación  formativa  o laboral  de  la  población penitenciaria,
los
contribuyendo así a su reinserción social.
en
OP 4: Fortalecer habilidades para  Fortalecerprogramas
desarrollo
especí?cos
acordes
características  de  la  población
en    los   medios
cerrado y abierto
de
Acción  Nº 9:  Generar  intervenciones
la
reinserción
de
su
las
personas
de   Plan
Nacional
de   OP4: Reducir  la  victimización por  robos  y  especializadas     en    Personas    con
Seguridad Ciudadana                                                                           Abuso  y Dependencia  de  Sustancias
(2019-2023)
tratamiento
a
las
privadas
cumplen
de
penas
libertad
que
hurtos en espacios públicos.
en
los
medios
Psicoactivas
internas
en
los
penitenciaria
cerrado y libre
Establecimientos Penitenciarios.
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los   así con la mejora de la salud y la reinserción social de los internos.
Los lineamientos se complementan porque ambos se abocan  a brindar tratamientos necesarios para la población penitenciaria, contribuyendo
en
Acción
que  fortalezcan  habilidades  sociales
de   OP4: Reducir  la  victimización por  robos  y  para
no    reincidencia,    dirigida
a   población    en   medio    libre   que
egresa  con  bene?cios  penitenciarios
Nº  10:   Desarrollar  sesiones
Promover
formación  de   redes
pospenitenciario
OP 6:  Mejorar capacidades para
de
apoyo
Plan
Nacional
la
la  reinserción  en  personas  que  con   participación  de  gobiernos  Seguridad Ciudadana
regionales  y   locales,  sociedad   (2019-2023)
civil y el sector privado
hurtos en espacios públicos.
han cumplido sus penas
(Programa FOCOS).
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
Los lineamientos  se complementan porque  el primero  se compromete a  desarrollar programas  que eviten la  reincidencia. Estos  programas
son dirigidos  a  la población  en medio  libre que  ha  cumplido sus  condenas, lo  que contribuye  a la  implementación  de servicios  de apoyo
pospenitenciario para las personas que han cumplido sus condenas.
en
Concertar
la
participación
OP 4 Fortalecer habilidades para   interinstitucional, de  la sociedad
de   OP4: Reducir  la  victimización por  robos  y  Desarrollarrelaciones
hurtos en espacios públicos.
sesiones
interpersonales
población  en  medio  libre  (Programa
No Más Problemas).
para
mejorar
para
la
privadas
cumplen
reinserción
de
penas
de
su
en
las
libertad
los
personas
que
medios
civil
para
educativas,
laborales
y
brindar
el
sector
oportunidades
formativas
privado
Plan
Seguridad Ciudadana
(2019-2023)
Nacional
o
cerrado y libre
dirigidas
a
las
personas privadas de libertad
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Los  lineamientos se  relacionan porque  ambos  buscan apoyar  a  quienes se  encuentran  en medio  libre  y cerrado,  contribuyendo  así a  la
los
reinserción social de estas personas.
en
Fortalecer
tecnológicos
uso
de
para
recursos
mejorar
Acción
implementación
Seguridad Ciudadana   por bandas  criminales  hacia  las personas   bloqueo    de     llamadas    telefónicas
desde establecimientos
penitenciarios.
1:
del
Finalizar
sistema
la
de
OP  3: Asegurar  condiciones  de   procedimientos de seguridad  en  Plan
Nacional
de
OP5:
Reducir
la
victimización
cometida
establecimientos
(cámaras,
penitenciarios
scanners,
seguridad
y
convivencia
de
la
población penitenciaria
(2019-2023)
naturales y jurídicas.
rastreadores  comunicacionales,
bloqueadores
otros)
de
celulares,
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
Los lineamientos se relacionan  porque ambos buscan establecer medidas para  mejorar las condiciones de seguridad de los  establecimientos
penitenciarios.
en
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
85
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (2019-2023)
NOMBRE DE LA
POLÍTICA
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
Fortalecer
tecnológicos
uso
de
para
recursos
mejorar
OP  3: Asegurar  condiciones  de   procedimientos de seguridad  en  Plan
Acción  Nº 3:  Implementar  escáneres
de   OP5:  Reducir   la   victimización   cometida
para la  revisión de las  personas para
a   los   establecimientos
Nacional
establecimientos
(cámaras,
penitenciarios
Seguridad Ciudadana   por bandas  criminales  hacia  las personas   el
scanners,                                                                                                                         ingreso
(2019-2023)                    naturales y jurídicas.
seguridad
y
convivencia
de
la
población penitenciaria
rastreadores  comunicacionales,
penitenciarios.
bloqueadores
otros)
de
celulares,
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
Los lineamientos se relacionan  porque ambos buscan establecer medidas para  mejorar las condiciones de seguridad de los  establecimientos
penitenciarios.
en
Fortalecer
tecnológicos
uso
de
para
recursos
mejorar
Acción Nº  6: Desarrollar  mecanismos
OP  3: Asegurar  condiciones  de   procedimientos de seguridad  en  Plan
Nacional
de
OP5:
Reducir
la
victimización
cometida
de
control
en
el
registro,
establecimientos
(cámaras,
penitenciarios
scanners,
seguridad
y
convivencia
de
la
Seguridad Ciudadana   por bandas  criminales  hacia  las personas   almacenamiento, uso y baja de armas
naturales y jurídicas.                                        de  fuego   en  las   fuerzas  armadas,
policiales e instituciones privadas.
población penitenciaria
(2019-2023)
rastreadores  comunicacionales,
bloqueadores
otros)
de
celulares,
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
Los lineamientos se relacionan  porque ambos buscan establecer medidas para  mejorar las condiciones de seguridad de los  establecimientos
penitenciarios.
en
Fortalecer
penitenciaria
inteligencia
en   coordinación
persecución
Acción  Nº  2:  Clasi?car y  distribuir  a
de   OP5:  Reducir   la   victimización   cometida
internos  involucrados  en  bandas  de
OP  3: Asegurar  condiciones  de
con
del
y
entidades
delito
Poder
de
Plan
Seguridad Ciudadana
(2019-2023)
Nacional
seguridad
y
convivencia
de
la
(Policía,
Fiscalía
por  bandas criminales  hacia  las  personas  acuerdo  a su per?l criminal  y nivel de
población penitenciaria
Judicial)
en
naturales y jurídicas.
riesgo.
establecimiento penitenciarios  y
zonas aledañas
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
Los lineamientos se complementan  porque clasi?cando y distribuyendo a  los internos de acuerdo a  su per?l, permite fortalecer la  inteligencia
penitenciaria, ya  que contribuye  a un mejor  control de  los establecimientos penitenciarios;  y, a  su vez, la  inteligencia penitenciaria,  permite
obtener datos para realizar una clasi?cación e?ciente.
en
OP  5:  Fortalecer  la gestión  del
conocimiento, la interoperabilidad
Optimizar
recursos
procedimientos
los
tecnológicos
sistemas,
los
y
de
Acción Nº 7:  Tecnología: Implementar
de   OP5:  Reducir   la   victimización   cometida
un  sistema  de  análisis  de  datos  de
Plan
Seguridad Ciudadana
(2019-2023)
Nacional
y
la
transparencia
del
sistema
de
registro
por  bandas criminales  hacia  las  personas  vistas  a  internos con  uso de  registro
naturales y jurídicas.
biométrico.
penitenciario.
información del INPE
Los lineamientos se relacionan porque ambos se abocan a optimizar sistemas de información, el primero se preocupa por relacionar los sistemas
de información  del INPE con los  sistemas de información  de la administración  de justicia, mientras  que el segundo  se avoca a implementar
los   sistemas de datos con  el uso de registros  biométricos para los  internos. En este sentido,  gracias a la implementación  de estos sistemas,  se
contribuye al mejoramiento de la gestión de procedimientos en el sistema penitenciario.
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
en
OP  5:  Fortalecer  la gestión  del
conocimiento, la interoperabilidad  de  los sistemas  de  información
Desarrollar  la   interoperabilidad
Plan
Nacional
de   OP6: Mejorar la gestión de descentralización Acción
interoperables de  datos entre  la PNP
y el Ministerio Público.
9:
Datos:
Sistemas
y
la
transparencia
del
sistema
penitenciarios con el Sistema de   Seguridad(2019-2023)Ciudadana   de seguridad ciudadana.
penitenciario.
Administración de Justicia
Los lineamientos  se  relacionan porque  el primero  está abocado  a  optimizar los  sistemas de  información entre  el  INPE y  los sistemas  de
administración de justicia, mientras que el segundo pretende compilar datos de la PNP y el Ministerio Público y que estos se puedan entrelazar.
los   En ese sentido, ambos lineamientos se pueden complementar para  uni?car todos los sistemas de información necesarios para la  contribución
de un buen sistema de justicia y un buen sistema penitenciario.
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
en
Fortalecer
medidas
sancionar
para
acciones
sistema
prevenir
y
Acción
anticorrupción
fortalecidas
organismos del sistema  de justicia de
justicia penal.
Nº3:
Integridad:
institucionales
O?cinas
OP  5:  Fortalecer  la gestión  del
conocimiento, la interoperabilidad
de
corrupción
en
el
Plan
Nacional
de   OP6: Mejorar la gestión de descentralización
penitenciario
(declaraciones
Seguridad Ciudadana   de seguridad ciudadana.
en
la
PNP
y
en
y
la
transparencia
del
sistema
anuales  de  bienes  e  ingresos,
?scalización, órgano  de control,
otras)
(2019-2023)
penitenciario.
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Los lineamientos se relacionan porque gracias a la implementación del segundo lineamiento es que se pueden fortalecer medidas para prevenir
los   y sancionar acciones  de corrupción en  el sistema  penitenciario, es decir,  el segundo lineamiento  contribuye a  la implementación del  primer
lineamiento.
en
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
OBJETIVOS PRIORITARIOS
POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO
OBJETIVOS PRIORITARIOS
NOMBRE DE LA
POLÍTICA
LINEAMIENTOS
LINEAMIENTOS
OP
de vida  digna para  las personas
privadas de libertad
2
Mejorar
las
condiciones
Asegurar
atención
básicos
en
para
salud
las
OP 2: Garantizar el ejercicio de los derechos
2.1.  Mejorar   los  servicios  de   salud
las
mujeres.
Política
Igualdad de Género
Nacional
de   a
y
servicios
la
salud
sexual
y
reproductiva
de
sexual y reproductiva de las mujeres.
personas privadas de libertad
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
en
La salud sexual y reproductiva de las mujeres privadas de libertad, es parte de la atención en salud, que debe garantizarse.
86
NORMAS LEGALES
El Peruano
Viernes 25 de setiembre de 2020 /
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO
NOMBRE DE LA
POLÍTICA
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
Establecer
lineamientos
especí?cos   para   atención   de
grupos de especial protección en
OP
de vida  digna para  las personas
privadas de libertad
2
Mejorar
las
condiciones
OP 2: Garantizar el ejercicio de los derechos
2.1.  Mejorar   los  servicios  de   salud
las
mujeres.
establecimientos
penitenciarios
Política
Igualdad de Género
Nacional
de   a
la
salud
sexual
y
reproductiva
de
(mujeres,
niños
con
menores
de
sexual y reproductiva de las mujeres.
3
años,
adultos
mayores,
población
población
discapacidad,
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres privadas de libertad, debe ser garantizada y brindada diferencialmente, atendiendo
los   a la especial protección que requiere este grupo de la población.
en
Concertar
la
participación
OP 4. Fortalecer habilidades para  interinstitucional, de  la sociedad
la
privadas
cumplen
reinserción
de
penas
de
su
en
las
libertad
los
personas
que
medios
civil
para
educativas,
laborales
y
brindar
el
sector
oportunidades
formativas
privado
OP 2: Garantizar el ejercicio de los derechos 2.2  Fortalecer  la  implementación  de
de   a
o   Igualdad de Género
Política
Nacional
la  salud  sexual   y  reproductiva  de   las  la   educación  sexual   integral   en  el
mujeres.
sistema educativo.
cerrado y libre
dirigidas
a
las
personas privadas de libertad
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Parte del proceso de  brindar oportunidades, implica formación educativa y  laboral. Dentro de la formación  educativa, la implementación de la
los
educación sexual integral, es de especial interés
en
OP.  5. Fortalecer  la  gestión  del   Contar con  personal  su?ciente,
OP 3:  Garantizar el  acceso y  participación
Política  Nacional   de
de  las  mujeres  en  espacios  de  toma  de   garantizar la participación en espacios
de toma de decisiones de las mujeres.
3.1.
Implementar
medidas
para
conocimiento, la interoperabilidad
capacitado y especializado  para
Igualdad de Género
y
la
transparencia
del
sistema
realizar labores penitenciarias
decisiones
penitenciario.
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Además de contar con personal  su?ciente, capacitado y especializado, para realizar labores  penitenciarias, se debe garantizar la inclusión de
los
profesionales del género femenino y su participación en los espacios de toma de decisiones.
en
Promover
formación  de   redes
OP 6.  Mejorar capacidades para
la  reinserción  en  personas  que  con   participación  de  gobiernos
han cumplido sus penas
de
apoyo
pospenitenciario
OP 3:  Garantizar el  acceso y  participación
Nacional  de
de  las  mujeres  en  espacios  de  toma  de   garantizar la participación en espacios
de toma de decisiones de las mujeres.
3.1.
Implementar
medidas
para
Política
regionales
y
locales,
sociedad   Igualdad de Género
decisiones.
civil y el sector privado
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
Esta participación  de las mujeres  en los espacios  de toma de  decisiones, también  incluye a las  mujeres que se  preparan para una  vida en
libertad. Debe fomentarse las acciones,  que les permita su participación en los espacios  de discusión y decisión, posterior al cumplimiento de
su sanción.
en
4.1.
Implementar el  Sistema Nacional
Política                           OP 4: Garantizar el ejercicio de los derechos de  Cuidado  con  enfoque  de  género
apoyo
Igualdad de Género      económicos y sociales de las mujeres.
OP 6.  Mejorar capacidades para   Diseñar  e implementar  sistema
Nacional  de
la  reinserción  en  personas  que
han cumplido sus penas
interinstitucional
pospenitenciario
de
para
dependencia.
personas    en    situación     de
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
Parte del  apoyo  pospenitenciario, diferenciado  para las  mujeres, es  lograr  su empoderamiento  económico; donde  el Sistema  Nacional de
Cuidado, con enfoque de género, será un importante aliado.
en
OP 6.  Mejorar capacidades para   Diseñar  e implementar  sistema
OP 4: Garantizar el ejercicio de los derechos 4.2. Incrementar el acceso y control de
Nacional  de
los  recursos naturales,  productivos  y
patrimoniales de las mujeres.
Política
apoyo
Igualdad de Género      económicos y sociales de las mujeres.
la  reinserción  en  personas  que
han cumplido sus penas
interinstitucional
pospenitenciario
de
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
A mayor oportunidad  de las mujeres  de incrementar el acceso  y control de  recursos productivos y  patrimoniales, mayores oportunidades de
reinserción e independencia podrán desarrollar extramuros.
en
Concertar
la
participación
OP 4. Fortalecer habilidades para  interinstitucional, de  la sociedad
la
privadas
cumplen
reinserción
de
penas
de
su
en
las
libertad
los
personas
que
medios
civil
para
educativas,
laborales
y
brindar
el
sector
oportunidades
formativas
privado
Política                           OP 4: Garantizar el ejercicio de los derechos
o   Igualdad de Género      económicos y sociales de las mujeres.
Nacional
de
4.3.   Fortalecer  la   inserción   laboral
formal de las mujeres.
cerrado y libre
dirigidas
a
las
personas privadas de libertad
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Parte del  esfuerzo del equipo  de tratamiento penitenciario,  debe ir orientado  a brindar oportunidades  laborales a los  privados y privadas  de
los
libertad; esto en conjunto con los esfuerzos sumados desde los demás sectores involucrados.
en
OP 6.  Mejorar capacidades para   Diseñar  e implementar  sistema
Política
Igualdad de Género      económicos y sociales de las mujeres.
Nacional
de
OP 4: Garantizar el ejercicio de los derechos 4.3.   Fortalecer   la  inserción   laboral
formal de las mujeres
la  reinserción  en  personas  que
han cumplido sus penas
interinstitucional
pospenitenciario
de
apoyo
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
Parte del apoyo pospenitenciario, y que se forja desde el interior de los Establecimientos Penitenciarios, es el brindar oportunidades laborales a
la POPE, y dentro de ella a las privadas de libertad, para que, al cumplimiento de su sentencia, puedan insertarse al mercado formal de empleo,
para cubrir sus necesidades.
en
Promover
formación  de   redes
OP 6.  Mejorar capacidades para                                                                                          de   OP 4: Garantizar el ejercicio de los derechos 4.4.
Nacional
la  reinserción  en  personas  que  con   participación  de  gobiernos                                                                                                                   asegurar el  ejercicio de  los derechos
han cumplido sus penas                                                                                                                                                                                        sociales de las mujeres
sociedad   Igualdad de Género
de
apoyo
pospenitenciario
Implementar
medidas
para
Política
económicos y sociales de las mujeres.
regionales
y  locales,
civil y el sector privado
El Peruano / Viernes 25 de setiembre de 2020
NORMAS LEGALES
87
POLÍTICA NACIONAL PENITENCIARIA AL 2030
POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO
OBJETIVOS PRIORITARIOS                               LINEAMIENTOS
NOMBRE DE LA
POLÍTICA
OBJETIVOS PRIORITARIOS
LINEAMIENTOS
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Las diversas instancias y niveles de gobierno, han de ser partícipe en el fomento del desarrollo de una vida prosocial, de los hombres y mujeres
que hayan cumplido su sentencia; especialmente, para que se pueda asegurar el ejercicio de los derechos sociales de las últimas.
en
los
Concretar
la
construcción
de
nuevos
establecimientos
OP  2.
de vida  digna para  las personas
privadas de libertad.
Mejorar
las
condiciones
penitenciarios
estándares
necesidades
penitenciaria
inteligentes)
acordes
internacionales
a
y
OP  5: Reducir  las  barreras  institucionales  5.1.  Incorporar el  enfoque  de género
Nacional  de
que obstaculizan la igualdad en los ámbitos   en las entidades públicas  que brindan
público y privado entre hombres y mujeres.    bienes y servicios públicos
Política
Igualdad de Género
de
la
población
(Cárceles
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
En la construcción de los nuevos establecimientos penitenciarios, ha de tenerse en cuenta la incorporación del enfoque de género, de acuerdo
con las necesidades propias de las privadas de libertad y de acuerdo con los estándares internacionales
en
Establecer
lineamientos
especí?cos
para   atención   de
grupos de especial protección en
establecimientos
penitenciarios
OP  2.
Mejorar
las
condiciones
OP  5: Reducir  las  barreras  institucionales  5.1.  Incorporar el  enfoque  de género
menores   de   Política   Nacional  de
que obstaculizan la igualdad en los ámbitos   en las entidades públicas  que brindan
público y privado entre hombres y mujeres.    bienes y servicios públicos
(mujeres,
años,
población
población
niños
con
de vida  digna para  las personas   3
adultos
mayores,   Igualdad de Género
discapacidad,
población
privadas de libertad.
LGTBI,
indígena  u  originaria  y   pueblo
afroperuano)
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
los
La atención en salud y la garantía de condiciones de vida dignas, deben brindarse las mujeres privadas de libertad, desde el enfoque de género,
entendiendo sus necesidades diferenciadas.
en
OP 4. Fortalecer habilidades para  Fortalecerprogramas
desarrollo
especí?cos
acordes
características  de  la  población   Igualdad de Género
en    los   medios
cerrado y abierto
de
de
las
la
reinserción
de
su
las
personas
1.2
Implementar
medidas
de
tratamiento
a
Política
Nacional  de   OP 1: Reducir la violencia hacia las mujeres  prevención  de  la violencia  contra las
privadas
cumplen
de
penas
libertad
que
en
los
medios
mujeres en favor de la ciudadanía
penitenciaria
cerrado y libre
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Además de  la salud, los  programas de tratamiento  penitenciario, han de  complementarse con la  incorporación del enfoque  de género, para
los
atender de forma especí?ca a las mujeres privadas de libertad y a aquellas que se encuentren en medio libre.
en
OP  5.  Fortalecer  la gestión  del   Contar  con  personal su?ciente,
conocimiento, la interoperabilidad
capacitado y especializado  para
Política
Igualdad de Género
Nacional
de
queOP  5:obstaculizanReducir lasla igualdadbarreras eninstitucionaleslos  ámbitos  5.3.  Reducir  brechas de  desigualdad
público y privado entre hombres y mujeres.
y
la
transparencia
del
sistema
de género en las entidades públicas
realizar labores penitenciarias
penitenciario.
y/o   La labor penitenciaria, es perfectamente desarrollada por profesionales hombres y  mujeres, siendo ambos géneros capaces de desarrollar las
Relación
complementariedad
lineamientos:
actividades especializadas que le demanden.  En este sentido, se busca el  fomento de las brechas de desigualdad de  género en esta entidad
en
los
pública.
OP  5.  Fortalecer  la gestión  del   Contar  con  personal su?ciente,
OP  5: Reducir  las  barreras  institucionales  5.4. Desarrollar las competencias para
Política  Nacional   de
que obstaculizan la igualdad en los ámbitos   la aplicación del enfoque de género en
público y privado entre hombres y mujeres.    los/as servidores/as públicos/as
conocimiento, la interoperabilidad
capacitado y especializado  para
Igualdad de Género
y
la
transparencia
del
sistema
realizar labores penitenciarias
penitenciario.
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
Se debe  promover  la capacitación  y el  desarrollo  de competencias  para la  aplicación  del enfoque  de género,  en el  personal  del sistema
los
penitenciario, para una mejor atención de los y las privadas de libertad.
en
Concertar
la
participación
OP 4. Fortalecer habilidades para  interinstitucional, de  la sociedad
6.1.
Desarrollar
competencias
la
privadas
cumplen
reinserción
de
penas
de
su
en
las
libertad
los
personas
que
medios
civil
para
educativas,
laborales
y
brindar
el
sector
oportunidades
formativas
privado
OP 6: Reducir la incidencia  de los patrones   especí?cas
Nacional  de
socioculturales
población.
y
para
género
fortalecimiento
de
la
los
Política
discriminatorios
en
la
capacidades
el
logro
de
y
o   Igualdad de Género
igualdad
de
en
las
cerrado y libre
dirigidas
a
las
estudiantes de educación básica
personas privadas de libertad
Relación
complementariedad
lineamientos:
y/o
En el fomento de las oportunidades  formativas, ha de incluirse el desarrollo y fomento de  capacidades para el logro de la igualdad de género,
los
desde la educación básica brindada (dentro de ella, los Centros de Educación Básica Alternativa - CEBA)
en
OP 4. Fortalecer habilidades para  Fortalecer
programas
desarrollo
especí?cos
acordes
de
de
las
6.3.    Difundir    conocimiento    sobre
OP 6: Reducir la incidencia  de los patrones   la     in?uencia
de
socioculturales   discriminatorios   que
los
patrones
la
reinserción
de