“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”
Lunes 1  de marzo de  2021
DECRETO SUPREMO N° 038-2021-PCM
POLÍTICA NACIONAL
DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES
AL 2050
SEPARATA ESPECIAL
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NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
DECRETO SUPREMO Nº 038-2021-PCM
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA POLÍTICA NACIONAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES AL 2050
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 44 de  la Constitución Política del Perú, la defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad son el ?n supremo de la sociedad y del Estado; siendo deberes primordiales de este
último, defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de
las amenazas contra su seguridad,  y promover el bienestar general que  se fundamenta en la justicia y en  el desarrollo
integral y equilibrado de la Nación;
Que,  la Política  de Estado  del Acuerdo  Nacional  Nº 32  “Gestión  del Riesgo  del  Desastres”, está  orientada  a
promover una  política de gestión  del riesgo de desastres,  con la ?nalidad  de proteger la  vida, la salud y  la integridad
de las  personas; así  como el  patrimonio público  y privado,  promoviendo y  velando por  la ubicación  de la  población
y sus equipamientos  en zonas  de mayor seguridad,  reduciendo las  vulnerabilidades con  equidad e inclusión  bajo un
enfoque de procesos que comprenda:  la estimación y reducción del riesgo, la respuesta ante emergencias  y desastres
y la reconstrucción;
Que, el  numeral  1 del  artículo 4  de la  Ley Nº  29158,  Ley Orgánica  del Poder  Ejecutivo, señala  que  el Poder
Ejecutivo tiene  la competencia exclusiva  de diseñar y  supervisar políticas nacionales  y sectoriales, las  cuales son de
cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno;
Que, el numeral  5.1 del artículo 5  de la Ley  Nº 29664, Ley que  crea el Sistema Nacional  de Gestión del Riesgo
de Desastres  (SINAGERD),  de?ne a  la Política  Nacional de  Gestión  del Riesgo  de Desastres  como el  conjunto  de
orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una
adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus
efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente;
Que, según lo dispuesto en el literal b) del artículo 10 de la citada Ley, es atribución de la Presidencia del Consejo
de Ministros,  en su  calidad  de ente  rector del  Sistema Nacional  de Gestión  del Riesgo  de Desastres  (SINAGERD),
proponer al  Presidente de la  República la Política  Nacional de Gestión  del Riesgo  de Desastres, para  su aprobación
mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Que, mediante Decreto Supremo  Nº 111-2012-PCM, que incorpora la  Política Nacional de Gestión del Riesgo  de
Desastres como Política Nacional de  obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, se  aprueba la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como Política Nacional de obligatorio cumplimiento;
Que, a  través del  Decreto Supremo  Nº 034-2014-PCM  se aprueba  el Plan  Nacional de Gestión  del Riesgo  de
Desastres (PLANAGERD  2014-2021), el  mismo que,  conforme a  lo señalado  en el  numeral 37.1  del artículo  37 del
Reglamento de la Ley Nº 29664, aprobado por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, tiene por objeto establecer las líneas
estratégicas, los objetivos y  las acciones de carácter plurianual necesarios  para concretar lo establecido en la  Ley y la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres;
Que, mediante  el artículo  2 de  la Ley  Nº 30779,  Ley que dispone  medidas para  el fortalecimiento  del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), se encarga al Poder Ejecutivo la revisión y actualización de
la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres;
Que, con Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, se aprueba el Reglamento  que regula las Políticas Nacionales, en
cuyo numeral 10.2 del artículo  10 se establece que las políticas nacionales,  previa opinión técnica del Centro Nacional
de Planeamiento  Estratégico (CEPLAN), se  aprueban por decreto  supremo con el  voto del Consejo  de Ministros y  el
refrendo de el/la titular del sector o sectores competentes;
Que, el numeral  6 de la Segunda  Disposición Complementaria Transitoria del  citado Reglamento, establece  que
las políticas  nacionales vigentes  se adecúan a  sus disposiciones  y para dicho  ?n, cada Ministerio  aprueba mediante
resolución de su titular la lista sectorial de políticas nacionales bajo su rectoría o conducción;
Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 248-2019-PCM se aprueba la lista sectorial de las Políticas Nacionales
bajo la  rectoría de la  Presidencia del Consejo  de Ministros en la  que se incluye  a la Política  Nacional de Gestión  del
Riesgo de Desastres;
Que, en  el marco  de lo  dispuesto  en el  literal e)  del artículo  11 del  Reglamento de  Organización y  Funciones
de la  Presidencia del  Consejo de  Ministros, aprobado  por Decreto  Supremo Nº  022-2017-PCM, el  Viceministerio de
Gobernanza Territorial, por encargo del Presidente del Consejo  de Ministros, ejerce la rectoría del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres;
Que,  mediante  Informe  Nº  D000049-2020-PCM-UF-OTGRD-BAS,  el Viceministerio  de  Gobernanza  Territorial
propone y sustenta la necesidad de aprobar la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050;
Que, a  través del Informe Técnico  Nº D000002-2020-DNCPPN, remitido  con O?cio Nº  D000040-2020-CEPLAN-
DE de  fecha 23 de  junio de 2020,  y el Informe  Técnico Nº D000013-2020-CEPLAN-DNCPPN,  remitido con  O?cio Nº
D000554-2020-CEPLAN-DNCP de  fecha 29  de diciembre  de 2020,  el Centro  Nacional de  Planeamiento Estratégico
(CEPLAN) emite opinión técnica  señalando que la propuesta de  Política Nacional de Gestión del Riesgo  de Desastres
cumple con lo dispuesto en el Reglamento que Regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-
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2018-PCM
2018/CEPLAN/PCD,
y en la Guía de Políticas Nacionales, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00047-
modi?cada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00057-2018/CEPLAN/PCD;
Que,  con Decreto  Supremo Nº  168-2020-PCM,  Decreto Supremo  que  modi?ca el  Reglamento que  regula  las
Políticas Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, se modi?ca el numeral 10.4 del artículo 10 del
Reglamento que regula las Políticas Nacionales, disponiendo que el decreto supremo aprobatorio y el resumen ejecutivo
de la  política nacional,  es publicado  en el  Diario  O?cial El  Peruano conforme  a las  disposiciones que  establezca el
CEPLAN; asimismo, se modi?ca el Anexo 1 de la misma norma, a ?n de incorporar al contenido de una Política Nacional,
secciones referidas a indicador del servicio, actividades para proveer el servicio y resumen ejecutivo;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 176-2020-PCM se incorpora la Tercera Disposición Complementaria Transitoria
al Decreto Supremo Nº 168-2020-PCM, estableciendo que la aprobación de las propuestas de políticas nacionales que,
a la entrada en vigencia del citado Decreto Supremo, cuenten con la opinión técnica del CEPLAN, según lo dispuesto en
el numeral 10.2 del artículo  10 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales,  aprobado por Decreto Supremo Nº
029-2018-PCM,
se rige por las normas vigentes al momento de su formulación;
Que, en  ese sentido, resulta necesario  aprobar, bajo los  alcances de la  normatividad vigente al  momento de su
formulación, la actualización de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, para abordar las causas
y los efectos de la alta vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio, en
concordancia con los compromisos internacionales del Estado Peruano en materia de Gestión del Riesgo de Desastres,
las Políticas  de Estado establecidas  en el Acuerdo  Nacional, el Plan  Estratégico de  Desarrollo Nacional (PEDN)  y la
Visión del Perú al 2050;
De conformidad con  lo dispuesto en el numeral  8) del artículo 118 de  la Constitución Política del  Perú; la Ley Nº
29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29664, Ley  que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres; la Ley Nº 30779, Ley que dispone medidas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres; el Reglamento que  regula las Políticas Nacionales, aprobado por Decreto  Supremo Nº 029-2018-PCM y
modi?catorias; el Decreto Supremo Nº 176-2020-PCM, Decreto Supremo que incorpora una Disposición Complementaria
Transitoria al Decreto Supremo Nº 168-2020-PCM; y, el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del
Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050
Apruébase la Política  Nacional de Gestión del Riesgo  de Desastres al 2050,  de carácter multisectorial, la misma
que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 es de aplicación inmediata por todas las entidades
de la administración pública señaladas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento  Administrativo General, aprobado por  Decreto Supremo Nº  004-2019-JUS, en el marco  de sus
competencias. También  es de  obligatorio  cumplimiento para  el sector  privado y  la sociedad  civil, en  cuanto les  sea
aplicable.
Artículo 3.- Conducción de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050
La Política  Nacional de Gestión  del Riesgo de  Desastres al 2050  constituye una política  nacional multisectorial,
cuya conducción  está a  cargo de  la Presidencia del  Consejo de  Ministros, en  su calidad  de ente rector  del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial.
Artículo 4.- Seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050
La Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Viceministerio de Gobernanza Territorial, lidera el seguimiento
y la  evaluación de  la Política  Nacional de  Gestión del  Riesgo de  Desastres al  2050, con  la participación del  Centro
Nacional de  Estimación, Prevención  y Reducción  del Riesgo  de Desastres  (CENEPRED) y  del Instituto Nacional  de
Defensa Civil (INDECI).
Artículo 5.- Implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050
Las   entidades   de  la   administración   pública   responsables   de   los   objetivos   prioritarios,   lineamientos   y
proveedores  de  los servicios  de  la Política  Nacional  de  Gestión  del Riesgo  de  Desastres  al 2050,  están  a cargo
de la  implementación   y ejecución  de  la misma,  en  el marco  de  sus funciones  y  competencias,  considerando   los
diferentes  planes del Sistema  Nacional de Planeamiento  Estratégico  (SINAPLAN).  Para tal efecto,  dichas entidades
coordinan  con  la Presidencia  del  Consejo  de Ministros  (PCM),  la  implementación  de  los servicios  identi?cados   y
otras acciones  a ?n de  contribuir al  cumplimiento  de los objetivos  prioritarios  de la  Política Nacional  de Gestión  del
Riesgo de  Desastres al  2050.
Artículo 6.- Financiamiento
La implementación de  la Política Nacional  de Gestión del  Riesgo de Desastres al  2050 se ?nancia  con cargo al
presupuesto institucional  de las  entidades involucradas,  conforme a  la normatividad  vigente,  sin demandar  recursos
adicionales al Tesoro Público.
Artículo 7.- Publicación
El presente Decreto Supremo y su Anexo se publican en la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano
(www.gob.pe), en el portal institucional de  la Presidencia del Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm), y en los  portales
institucionales de  los  ministerios cuyos  titulares lo  refrendan, el  mismo día  de  su publicación  en el  Diario O?cial  El
Peruano.
Artículo 8.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Presidenta del Consejo  de Ministros, el Ministro de Relaciones
Exteriores, el Ministro de  Economía y Finanzas, la Ministra de Defensa,  el Ministro del Interior, el Ministro de  Justicia y
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Derechos Humanos, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministro
de Trabajo y Promoción del Empleo, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, el Ministro de Energía y Minas, el Ministro
de Transportes y Comunicaciones, el Ministro de la Producción, la Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro del Ambiente, el Ministro de Cultura y la Ministra de Desarrollo
e Inclusión Social.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única. - Actualización y adecuación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
La  Presidencia del  Consejo  de  Ministros, a  través  del  Viceministerio de  Gobernanza  Territorial,  actualizará y
adecuará el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, aprobado con Decreto Supremo Nº 034-2014-PCM, a los
contenidos de la Política Nacional de  Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, en  un plazo máximo de ciento ochenta
(180)
días hábiles contados desde el día siguiente de la vigencia del presente Decreto Supremo.
Para tal efecto contará con la participación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastres (CENEPRED), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y demás entidades involucradas en el marco
de sus competencias.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
Única. - Derogación del Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM
Derógase el  Decreto Supremo  Nº  111-2012-PCM que  incorpora la  Política Nacional  de Gestión  del Riesgo  de
Desastres como Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.
FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República
VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros
GABRIEL QUIJANDRÍA ACOSTA
Ministro del Ambiente
CLAUDIA CORNEJO MOHME
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
ALEJANDRO NEYRA SÁNCHEZ
Ministro de Cultura
NURIA ESPARCH FERNÁNDEZ
Ministra de Defensa
FEDERICO TENORIO CALDERÓN
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
SILVANA VARGAS WINSTANLEY
WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
Ministro de Economía y Finanzas
RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación
JAIME GÁLVEZ DELGADO
Ministro de Energía y Minas
JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVARRO
Ministro del Interior
EDUARDO VEGA LUNA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
SILVIA LOLI ESPINOZA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
JOSÉ LUIS CHICOMA LÚCAR
Ministro de la Producción
ALLAN WAGNER TIZÓN
Ministro de Relaciones Exteriores
ÓSCAR UGARTE UBILLUZ
Ministro de Salud
JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
SOLANGEL FERNÁNDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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POLÍTICA  NACIONAL  DE
GESTIÓN  DEL RIESGO  DE  DESASTRES
AL 2050
CONTENIDO
PRESENTACIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
1.
ANTECEDENTES
1.1
Base legal
1.1.1
1.1.2
Normas nacionales
Instrumentos internacionales
1.2
1.3
Metodología
Diagnóstico
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
Enunciado del problema público
Modelo del problema público.
Conceptos claves
Situación actual del problema público
Situación futura deseada
Alternativas de solución seleccionadas
1.4
Políticas relacionadas
1.4.1
1.4.2
Alineación vertical
Alineación horizontal
2.
3.
4.
OBJETIVOS PRIORITARIOS Y LINEAMIENTOS
PROVISIÓN DE SERVICIOS Y ESTÁNDARES
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
4.1
4.2.
Seguimiento
Evaluación
5.
6.
ACRÓNIMOS
ANEXOS
ANEXO 01:  ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y ESCENARIOS CONTEXTUALES
ANEXO 02:  EVALUACIÓN  DE  RIESGOS  Y  OPORTUNIDADES  POR  TENDENCIAS  Y  ESCENARIOS
CONTEXTUALES
ANEXO 03:  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN IDENTIFICADAS
ANEXO 04:  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ANEXO 05:  POLÍTICAS RELACIONADAS
ANEXO 06:  FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES
ANEXO 07:  PROVISIÓN DE SERVICIOS Y ESTÁNDAR
ANEXO 08.  MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA POLÍTICA NACIONAL  DE GESTIÓN  DEL  RIESGO  DE
DESASTRES:
ANEXO 09:  BIBLIOGRAFÍA
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PRESENTACIÓN
El Perú  es un  país con  gran diversidad climática,  contando con  28 de  los 32  climas en el  mundo, ello  aunado a  su
geomorfología, su  ubicación en  el borde sur  oriental del  Océano Paci?co, y  a ser  parte del denominado  Cinturón de
Fuego del Pací?co, da como resultado no solo un país  con gran riqueza y diversidad étnica y cultural, sino también con
un alto nivel de vulnerabilidad y una gran variedad de potenciales peligros que han llevado a su población a convivir a lo
largo de su historia con múltiples escenarios de riesgo.
Las pérdidas  sufridas en  el país  en las  últimas dos  décadas a  consecuencia de  emergencias y  desastres ocurridos
muestran cifras de alrededor de los 4 mil millones 196 mil dólares, en pérdidas económicas . Los daños causados por el
1
Fenómeno El Niño Costero 2017, según la consultoría Macroconsult superaron  los US$ 3 100 millones, lo que equivale
al 1,6% del PIB .  En el período del 2003 al 2017, las  emergencias y desastres dejaron un saldo de  2 mil 682 personas
2
fallecidas, alrededor de 9 mil 131 lesionadas y 369 desaparecidas.
Asimismo, se  suman las pérdidas  de los medios  de vida  de la población,  tanto físicos, como  ?nancieros, naturales y
sociales, generando un gran impacto en el desarrollo del país, que resultan en la falta de sostenibilidad de las metas de
desarrollo país ya alcanzadas. Los índices de desarrollo tales como la tasa de pobreza monetaria y el índice de desarrollo
humano (IDH)  se  ven afectados  como consecuencia  de  las emergencias  y desastres  que lamentablemente  van  en
aumento. Por otro lado, la aún débil capacidad del Estado para gestionar los procesos de rehabilitación y reconstrucción
ante desastres  y  emergencias, dentro  de los  tiempos  esperados, trae  consigo la  generación  de nuevos  escenarios
de riesgo,  el incremento  del impacto ante  posibles desastres  y por  tanto el incremento  de la  vulnerabilidad . En  ese
3
sentido, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 propone abordar como problema público la “alta
vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio”, y para tal efecto, se han
identi?cado las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)
e)
La ocupación y uso inadecuado del territorio sin considerar sus aptitudes y condiciones de riesgo es generada por
la existencia de factores de exclusión social y económica, procesos de migración interna,  el incremento acelerado
de la población urbana  y la ausencia de una  adecuada plani?cación que tome en cuenta  la gestión del riesgo de
desastres para la gestión del territorio.
La débil comprensión  del riesgo de desastres  en todas sus dimensiones  es generada por una  de?ciente gestión
del conocimiento  y  de la  información en  materia de  gestión del  riesgo  de desastres,  expresada en  la falta  de
entendimiento, estandarización,  plani?cación y  articulación de  la información  y a  la existencia  y  generación de
estudios e investigaciones puntuales, dispersas y desarticuladas.
La débil gobernanza de la gestión del riesgo de desastres es generada por la falta de plani?cación e implementación
de estrategias integrales de gestión del riesgo de desastres, de largo plazo y debidamente articuladas, aunada a la
escaza participación del sector privado y la sociedad civil, a la de?ciente aplicación de marcos normativos vigentes
y la débil institucionalización de la gestión del riesgo de desastres bajo un enfoque sistémico.
La debilidad en la  incorporación e integración de la  gestión del riesgo de desastres  en las inversiones públicas y
privadas es  generada por la  de?ciente inclusión del  análisis de riesgo y  medidas de prevención  y reducción del
riesgo de  desastres en las inversiones  públicas y privadas,  el débil marco  normativo y el débil  conocimiento del
costo bene?cio de incorporar la gestión del riesgo de desastres en las inversiones.
La  falta  de e?cacia  y  oportunidad  para  la  respuesta  y recuperación  es  generada  por  el  débil  desarrollo  de
capacidades  en materia  de  preparación,  respuesta  y recuperación,  sobre  todo a  nivel  local, la  existencia  de
intervenciones  de  rehabilitación  y  reconstrucción  desarticulados  e  inconclusos  sin  enfoque  de  prevención  y
reducción  de riesgos,  la de?ciente  articulación entre  sector público  y sector  privado para  la recuperación  post
desastres y las de?ciencias  para dar una respuesta oportuna  y para la reparación de los daños bajo  condiciones
de desarrollo sostenible.
El Perú ha logrado importantes avances en  gestión del riesgo de desastres a partir del año 2010,  con la inclusión de la
Política de  Estado 32 “Gestión del  Riesgo de Desastres”,  la creación del  Sistema Nacional de  Gestión del Riesgo  de
Desastres-SINAGERD, la aprobación de la Política Nacional y la implementación  gradual del PLANAGERD 2014-2021,
entre otros.
Viene además  asumiendo  nuevos compromisos  y retos  requiriendo  contar con una  gestión del  riesgo de  desastres
fortalecida  que  reoriente  las  acciones  y  decisiones  políticas  desde  una  perspectiva  integral   de la  reducción  del
riesgo de  desastres, y  que cuente con  una adecuada  articulación  y coordinación  entre los tres  niveles de  gobierno,
la actividad  privada  y  la sociedad  civil  en su  conjunto;  como  uno de  los componentes  indispensables   para lograr
el  desarrollo  sostenible  del  país  en un  mediano  y  largo  plazo,  con miras  a  poder  atender  las  demandas  de los
siguientes  30 años.
La  Ley Nº  29664,  Ley de  creación  del Sistema  Nacional  de Gestión  del  Riesgo  de Desastres  de?ne  a la  Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos
de desastres,  evitar la  generación de  nuevos riesgos  y efectuar  una adecuada  preparación, atención,  rehabilitación
y reconstrucción  ante  situaciones  de  desastres, así  como  a minimizar  los  efectos  adversos sobre  la  población, la
economía y el ambiente.  Se establece sobre  la base de tres componentes:  Gestión prospectiva, correctiva  y reactiva,
así como  siete procesos:  Estimación,  Prevención y  Reducción del  riesgo, Preparación,  Respuesta,  Rehabilitación y
Reconstrucción.
1
2
Emergency Events Database (EM-DAT) del Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED).
La Consultora Macroconsult realizó una estimación de los daños causados por el Fenómeno El Niño Costero, publicada en el Diario Gestión el 24 de marzo del
2014.
Según el informe, el cálculo se estableció en función a los reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
3
Según un estudio realizado  por la Cámara de Comercio de  Lima (CCL), se estimó que 721  mil 649 personas ocupadas que viven  en las regiones que fueron
afectadas por El Niño Costero 2017 podrían ingresar a la condición de pobreza, debido a que esta población tiene la condición de “vulnerable” y vivirían con un
ingreso diario de entre US$ 4 y US$ 10.
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NORMAS LEGALES
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En cumplimiento de esta  Ley, mediante Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM se  aprobó la Política Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres,  la misma que, considerando las  normas vigentes que regulan las  políticas nacionales, se ha
actualizado con el objeto de reorientar su estrategia con un horizonte al 2050, tomando en cuenta el marco legal vigente,
su concordancia  con compromisos  y acuerdos  internacionales como  son el  Marco de  Sendai para  la Reducción  del
Riesgo de Desastres (MSRRD) 2015 - 2030, en cada una de sus prioridades, así como la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
En esa  línea, la Política  Nacional de  Gestión del Riesgo  de Desastres al  2050, establece  6 objetivos prioritarios  que
contribuyen a  alcanzar  la situación  futura deseada:  Al 2050  la vulnerabilidad  de  la población  y sus  medios de  vida
ante el riesgo  de desastres en el territorio,  se verá reducida, lo  cual se re?ejará, a través  de la reducción del  20 % de
pérdidas económicas directas atribuidas a emergencias y desastres en relación con el producto interno bruto; asimismo
se espera reducir al 13% el porcentaje de viviendas ubicadas en zonas de muy alta exposición a peligros; al 11.9% de la
infraestructura de servicios públicos ubicados  en zonas de muy alta exposición  al peligro; que el 100% de la  población
sea atendida ante la ocurrencia de emergencias y desastres, así como los servicios públicos básicos por tipo  de evento
de nivel de emergencia 4 y 5. Los objetivos prioritarios son los siguientes:
Objetivo prioritario 1 (OP1): Mejorar la comprensión del riesgo  de desastres para la toma de decisiones a nivel de
la población y las entidades del Estado.
Objetivo prioritario 2 (OP2): Mejorar las condiciones de ocupación y uso considerando el riesgo de desastres en el
territorio.
Objetivo  prioritario 3  (OP3): Mejorar  la  implementación articulada  de  la gestión  del  riesgo de  desastres  en el
territorio.
Objetivo prioritario 4 (OP4): Fortalecer la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la inversión pública
y privada.
Objetivo prioritario 5 (OP5): Asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y desastres.
Objetivo prioritario 6 (OP6): Mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida afectados por emergencias
y desastres.
Cabe resaltar que la  Política Nacional de Gestión del Riesgo  de Desastres al 2050 se ha  construido en alineación con
las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, la Visión del Perú al 2050, aprobada por consenso en el Foro del Acuerdo
4
Nacional el 29 de abril  de 2019 , el Plan Estratégico de Desarrollo  Nacional (PEDN), y sus lineamientos se encuentran
articulados con los lineamientos de las políticas nacionales vigentes.
RESUMEN EJECUTIVO
I.
Presentación
El Perú  es un  país con  gran diversidad climática,  contando con  28 de  los 32  climas en el  mundo, ello  aunado a  su
geomorfología, su  ubicación en  el borde sur  oriental del  Océano Paci?co, y  a ser  parte del denominado  Cinturón de
Fuego del Pací?co, da como resultado no solo un país  con gran riqueza y diversidad étnica y cultural, sino también con
un alto nivel de vulnerabilidad y una gran variedad de potenciales peligros que han llevado a su población a convivir a lo
largo de su historia con múltiples escenarios de riesgo.
Las pérdidas  sufridas en  el país  en las  últimas dos  décadas a  consecuencia de  emergencias y  desastres ocurridos
muestran cifras de alrededor de los 4 mil millones 196 mil dólares, en pérdidas económicas . Los daños causados por el
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Fenómeno El Niño Costero 2017, según la consultoría Macroconsult superaron  los US$ 3 100 millones, lo que equivale
al 1,6% del PIB .  En el período del 2003 al 2017, las  emergencias y desastres dejaron un saldo de  2 mil 682 personas
6
fallecidas, alrededor de 9 mil 131 lesionadas y 369 desaparecidas.
Asimismo,  se suman  las pérdidas  de los medios  de vida  de la población,  tanto  físicos, como  ?nancieros,  naturales
y sociales,  generando  un  gran impacto  en  el desarrollo  del  país,  que resultan  en  la falta  de sostenibilidad   de las
metas  de desarrollo  país  ya alcanzadas.   Los índices  de  desarrollo  tales como  la  tasa de  pobreza  monetaria  y el
índice  de  desarrollo  humano  (IDH)  se  ven  afectados   como  consecuencia  de  las  emergencias  y  desastres  que
lamentablemente  van  en  aumento.  Por otro  lado,  la aún  débil  capacidad  del Estado  para  gestionar  los  procesos
de rehabilitación   y reconstrucción   ante  desastres  y emergencias,   dentro de  los  tiempos  esperados,  trae consigo
la generación   de nuevos  escenarios  de  riesgo,  el incremento   del impacto  ante  posibles  desastres  y  por tanto  el
7
incremento  de la  vulnerabilidad  . En ese  sentido,  la Política  Nacional  de Gestión  del Riesgo  de Desastres  al 2050
propone  abordar como  problema público  la “alta  vulnerabilidad  de la población  y sus  medios de vida  ante el  riesgo
de desastres  en el territorio”.
II.
Base legal
La Política Nacional  de Gestión del riesgo de  Desastres, actualizada al 2050, se  sustenta tanto en normas  nacionales
vigentes como en compromisos internacionales que el Perú ha suscrito.
4
Visión del  Perú al 2050.-  Item 3  Gestión Sostenible de  la naturaleza  y medidas frente  al cambio  climático: “(…) La  población asegura sus  medios de  vida,
desarrolla capacidad de resiliencia y  reduce su vulnerabilidad frente al riesgo de  desastres, gracias a una cultura de prevención  y acciones conjuntas entre el
Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil que conforman un sistema nacional integrado para la gestión del riesgo de desastres.”
Emergency Events Database (EM-DAT) del Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED).
5
6
La Consultora Macroconsult realizó una estimación de los daños causados por el Fenómeno El Niño Costero, publicada en el Diario Gestión el 24 de marzo del
2014.
Según el informe, el cálculo se estableció en función a los reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
7
Según un estudio realizado  por la Cámara de Comercio de  Lima (CCL), se estimó que 721  mil 649 personas ocupadas que viven  en las regiones que fueron
afectadas por El Niño Costero 2017 podrían ingresar a la condición de pobreza, debido a que esta población tiene la condición de “vulnerable” y vivirían con un
ingreso diario de entre US$ 4 y US$ 10.
8
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
Normas nacionales
La Constitución Política del Perú señala, en sus artículos 1 y 2, que la defensa de  la persona humana es el ?n supremo
de la sociedad y  del Estado. Toda persona tiene derecho a  la vida, a su integridad moral,  psíquica y física, y a su  libre
desarrollo y bienestar. Asimismo, el artículo 44 dispone que son deberes primordiales del Estado, defender la soberanía
nacional, garantizar  la plena  vigencia de los  derechos humanos,  proteger a  la población de  las amenazas  contra su
seguridad.
La Trigésima Segunda Política  de Estado del Acuerdo Nacional ,  está orientada en el País  a promover una política de
8
gestión del riesgo de desastres, con la ?nalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas; así como el
patrimonio público y privado, promoviendo y velando por  la ubicación de la población y sus equipamientos en zonas de
mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con equidad e inclusión bajo un enfoque de procesos que comprenda:
la estimación y  reducción del riesgo, la respuesta  ante emergencias y desastres y  la reconstrucción; esta política será
implementada por  todos los  organismos públicos  de todos  los niveles  de gobierno,  con  la participación  activa de  la
sociedad civil y la cooperación internacional, promoviendo una cultura de la prevención y contribuyendo directamente en
el proceso de desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local.
Mediante Ley  Nº 29664, se  crea el Sistema Nacional  de Gestión del  Riesgo de Desastres  y su reglamento,  como un
sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la ?nalidad de identi?car y reducir los
riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y la preparación y
atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes,
procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres.
Asimismo, el  artículo 5  de la Ley  Nº 29664,  Ley que crea  el Sistema  Nacional de  Gestión del Riesgo  de Desastres,
de?ne la Política Nacional  de Gestión del Riesgo de  Desastres, como “el conjunto de  orientaciones dirigidas a impedir
o  reducir los  riesgos  de  desastres, evitar  la  generación  de  nuevos riesgos  y  efectuar  una adecuada  preparación,
atención, rehabilitación  y  reconstrucción ante  situaciones de  desastres, así  como  a minimizar  sus efectos  adversos
sobre la población, la economía y el  ambiente” y establece sus lineamientos. Asimismo, en el artículo 6 se señalan  sus
componentes y procesos correspondientes.
El artículo 10  de la mencionada Ley  29664 señala que  la Presidencia del Consejo  de Ministros en su  calidad de ente
rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tiene entre sus atribuciones, el proponer al Presidente
de la República la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para su aprobación mediante Decreto Supremo
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
En cumplimiento  de la  Ley Nº  29664, con  el  artículo 1  del Decreto  Supremo Nº  111-2012-PCM, publicado  el 02  de
noviembre de  2012, se  aprobó la  Política Nacional  de Gestión  del Riesgo  de Desastres,  como  Política Nacional  de
obligatorio cumplimiento.
A su vez el artículo 2 del mencionado Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM incorporó la Política Nacional de  Gestión del
Riesgo de Desastres como una de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional, aprobadas  con el  Decreto Supremo  Nº  027-2007-PCM; las  mismas que  fueron derogadas  con el  Decreto
Supremo Nº 032-2018-PCM.
Por otro lado, el artículo 19 de la Ley Nº 29664 considera como el primer instrumento del SINAGERD a ser establecido, al
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual fue aprobado por Decreto Supremo Nº 034-2014-PCM para el
periodo 2014-2021. Asimismo, el numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento de la Ley Nº 29664, aprobado por Decreto
Supremo Nº 048-2011-PCM, señala que el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tiene por objeto establecer
las líneas estratégicas, los objetivos y las acciones, de carácter plurianual necesarios para concretar lo establecido en la
Ley y la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Asimismo, mediante la Ley Nº 30779, Ley que dispone medidas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres (SINAGERD), publicado en el diario o?cial El Peruano con fecha  05 de junio 2018, se encarga
al Poder Ejecutivo la revisión y actualización de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Conforme al  numeral 1 del  artículo 4 de  la Ley Nº  29158, Ley Orgánica  del Poder Ejecutivo,  se señala  que el Poder
Ejecutivo tiene  la competencia exclusiva  de diseñar y  supervisar políticas nacionales  y sectoriales, las  cuales son de
cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno; asimismo, dispone que las
políticas nacionales de?nen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas,
los estándares nacionales  de cumplimiento y la  provisión de servicios que  deben ser alcanzados y  supervisados para
asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas; y se aprueban por decreto supremo con el voto del
Consejo de Ministros.
Mediante Decreto  Supremo  Nº 029-2018-PCM,  se aprueba  el Reglamento  que  regula las  Políticas Nacionales,  con
la ?nalidad de  desarrollar la rectoría de  las políticas nacionales en  todo el territorio a  ?n que sean implementadas  por
las entidades públicas  de los tres niveles  de gobierno, en bene?cio  de los ciudadanos; cuyo  numeral 10.2 del artículo
10
CEPLAN, se aprueban por decreto  supremo con el voto aprobatorio del Consejo de  Ministros y el refrendo del Ministro
titular del sector o sectores competentes.
establece que  las políticas  nacionales, previa  opinión técnica  del Centro  Nacional de  Planeamiento Estratégico  -
Bajo dicho marco normativo, y tomando en consideración el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley Nº 29664, Ley que crea el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, “…Las entidades públicas, en todos los niveles de
gobierno, son responsables de implementar los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
dentro de sus procesos de planeamiento.”
8
El artículo  6 del Reglamento que  regula las Políticas  Nacionales, aprobado por  Decreto Supremo 029-2018-PCM, señala  en su artículo  6, que “las  políticas
de Estado de?nen  lineamientos generales que orientan  el accionar del Estado  en el largo plazo a ?n  de lograr el bienestar  de los ciudadanos y  el desarrollo
sostenible del país. Son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional.”
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
9
A su  vez, conforme  a lo  dispuesto por  el artículo 9  de la  citada Ley,  el Sistema  Nacional de  Gestión del  Riesgo de
Desastres, está  conformado, entre  otros, por  las entidades  públicas, cuyas  funciones  se encuentran  previstas en  el
9
artículo 16 de la misma norma . En  atención a ello, el decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres al 2050, ha sido refrendado por todos los sectores.
En  lo que  corresponde a  la  Política Nacional  de  Gestión del  Riesgo  de Desastres  al 2050,  como  política nacional
multisectorial, su implementación se  desarrolla en el marco del Sistema Nacional  de Gestión del Riesgo de Desastres,
cuyos actores,  principalmente las  entidades públicas  de  los tres  niveles de  gobierno intervienen  en el  desarrollo de
los objetivos, lineamientos  y respectivos servicios, teniendo  en consideración sus respectivas competencias.  Desde la
Presidencia del Consejo  de Ministros se  ejerce la rectoría  del Sistema Nacional de  Gestión del Riesgo  de Desastres,
a través del Viceministerio  de Gobernanza Territorial, de conformidad con lo  señalado en el literal e) del  artículo 11 del
Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM.
Marco internacional
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 - 2030
El Marco  de Sendai  para la  Reducción  del Riesgo  de Desastres  fue  aprobado por  la Tercera Conferencia  Mundial
de las Naciones  Unidas  sobre la Reducción  del Riesgo  de Desastres,  celebrada  del 14 al 18  de marzo del  2015 en
Sendai,  Miyagi (Japón).  En  ella, el Estado  reiteró  su compromiso  de  abordar la  reducción  del riesgo  de desastres
y el aumento  de la  resiliencia ante  los desastres  con un  renovado sentido  de urgencia  en el contexto  de desarrollo
sostenible  y la  erradicación  de la pobreza,  así  como integrar  la reducción  del  riesgo de  desastres  con el aumento
de resiliencia   en las  políticas,  planes,  programas  y presupuestos   a todo  nivel.  Para lo  cual se  establecen  cuatro
prioridades  de acción:
a.
b.
c.
d.
Comprender el riesgo de desastres.
Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo
Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia
Aumentar la preparación para casos de desastres a ?n de dar una respuesta e?caz y para “reconstruir mejor”
en los ámbitos de la recuperación, rehabilitación y la reconstrucción.
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, celebrada en Río  de Janeiro en el año  2012, con el propósito de  crear un conjunto de objetivos  mundiales
relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. En julio de 2014,
el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General (GTA) propuso un documento con 17 objetivos para su aprobación
por la Asamblea General del mes de septiembre de 2015, donde se ?jó las pautas para la futura negociación y aprobación
de los nuevos ODS y la agenda global de desarrollo para el periodo 2015-2030.
En el marco de la 70 edición de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York el 25 de septiembre
de 2015, todos los países del mundo adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, acuerdo marco que regirá
las actividades para el bienestar de las personas y el cuidado del planeta por los próximos 15 años.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están interrelacionados, lo que signi?ca que el éxito de uno afecta el de otros.
Responder a la  amenaza del cambio  climático repercute en la  forma en que se  gestiona nuestros recursos  naturales.
Lograr la igualdad de género o mejorar la salud ayuda a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y  sociedades inclusivas
reducirá las desigualdades y contribuirá a que prosperen las economías.
La aprobación  de  la Agenda  2030 para  el Desarrollo  Sostenible  coincidió  con otro  acuerdo  histórico  celebrado  en
el año  2015,  el Acuerdo  de París  aprobado  en la  Conferencia  sobre el  Cambio  Climático  (COP21), así  como  con
el Marco  de  Sendai  para la  Reducción  del  Riesgo  de Desastres  2015-2030.   Los ODS  de la  Agenda  2030 en  su
totalidad  están relacionados  con  el Marco de  Sendai, pero  tres de  ellos mantienen  una relación  directa,  siendo los
siguientes:
ODS 1: Poner ?n a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Este objetivo propone poner ?n a la pobreza en todas sus formas, incluida la pobreza extrema al año 2030. La población
en situación de pobreza es la que se encuentra más expuesta al riesgo de los desastres, dada las condiciones precarias
de sus viviendas y el lugar donde están asentadas (riberas del rio, laderas de los cerros, en alturas y fuertes pendientes,
entre otros). La meta 1.5 señala: al año 2030 fomentar la resiliencia de los pobres y  las personas que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima
y a otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.
ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Se trata de asegurar el acceso de  todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y  asequibles
y mejorar los barrios marginales. La meta 11.5, señala que al año 2030 se busca reducir signi?cativamente el número de
muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectados por ellos y reducir
considerablemente las  pérdidas económicas  directas provocadas  por los  desastres en  comparación con  el producto
interno bruto mundial, haciendo hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
Incluye además la meta 11.b  indicando “al 2020, aumentar considerablemente el número de  ciudades y asentamientos
humanos que adopten  e implementen políticas  y planes integrados para  promover la inclusión, el  uso e?ciente de  los
9
El numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley 29664, señala que “Los ministros son las máximas autoridades responsables de la implementación de los procesos de
la Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.”
10
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación  a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner
en práctica, en consonancia con el  Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres  2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastres a todos los niveles.
ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Este objetivo  promueve mecanismos  para aumentar la  capacidad de  plani?cación y gestión  e?caces en  relación con
el  cambio climático  en los  países  menos adelantados,  centrándose  en particular  en  las mujeres,  los jóvenes  y  las
comunidades locales  y  marginadas. La  meta 13.1  de este  objetivo busca  fortalecer  la resiliencia  y la  capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
Estrategia Andina de Gestión Del Riesgo De Desastres
Desde julio del año 2002, con la Decisión 529 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad
Andina, el Estado asume el objetivo y competencia de contribuir a la reducción del riesgo y del impacto de los desastres
naturales y antrópicos que puedan producirse en el territorio de la Subregión Andina.
La  Estrategia Andina  para  la  Gestión del  Riesgo  de  Desastre, norma  supranacional,  actualizada  y  alineada a  los
contenidos del Marco de Sendai en el año 2017; ha sido aprobada en la Cuadragésima Reunión del Consejo Andino con
la Decisión 819.
Objetivo: Contribuir a la reducción  del riesgo y del impacto de los  desastres para coadyuvar en el desarrollo sostenible
en todos  los países de la  Subregión Andina a  través del fortalecimiento  institucional y el establecimiento  de políticas,
estrategias, programas y subprogramas comunes entre los países; del intercambio de experiencias, la creación de redes
y del mejoramiento de la cooperación mutua en gestión del riesgo de desastres
Ejes Temáticos:
a.
Priorizar  el proceso  de  conocimiento del  riesgo  de  desastres en  todos  los sectores  de  nivel  nacional y
subregional andino.
b.
c.
Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres en los planos nacional y subregional.
Fortalecer la  inversión pública y  privada orientada a  la reducción  del riesgo y  manejar los desastres  de la
región andina mediante la aplicación de medidas estructurales y no estructurales.
d.
Incremento en las medidas de preparación ante  desastres en todos los niveles, con el ?n de contar  con una
respuesta e?caz, y “reconstruir mejor” en el ámbito de la rehabilitación y la reconstrucción.
Instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos
La implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres en nuestro país, en el marco del Sistema Nacional de Gestión
del  Riesgo de  Desastres, asimismo  debe  desarrollarse considerando  los  derechos fundamentales  contenidos  en la
Constitución Política del Perú, así como en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos rati?cados
por el Estado  Peruano, que forman parte del  bloque de convencionalidad y del  cual se generan obligaciones en  dicha
materia. Así tenemos principalmente:
a.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos: también nominado como el Pacto de San José de Costa
Rica) fue  suscrita, tras  la Conferencia  Especializada Interamericana  de Derechos  Humanos,  el 22  de noviembre  de
en la ciudad  de San José en Costa  Rica, entrando en vigencia el  18 de julio de 1978.  Constituye un marco para
1969
la promoción y  protección de los derechos humanos  y provee un recurso  a los habitantes de América que  han sufrido
violación de sus derechos humanos por parte del Estado.
b.
El Pacto  Internacional de  Derechos Civiles y  Políticos: adoptado  por la Asamblea  General de  las Naciones
Unidas el 16 de diciembre  de 1966 y entró en vigor el 23  de marzo de 1976. Tratado multilateral general que reconoce
derechos civiles y políticos, estableciendo mecanismos para su protección y garantía.
c.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI) de 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 03 de enero de
Tratado multilateral general, que compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos económicos,
1976.
sociales y  culturales de  las personas, incluidos  los derechos  laborales y los  derechos a  la salud,  la educación, a  un
adecuado nivel de vida individual y familiar, entre otros.
d.
La Convención sobre los Derechos del  Niño: adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989 y rati?cado por el Estado peruano el 03 de agosto de 1990 mediante la Resolución Legislativa Nº
Es la primera ley internacional sobre los  derechos de los niños y niñas, de carácter obligatorio para los Estados
25278.
?rmantes, para asegurar  su protección y  asistencia y, accedan a  servicios que permitan  su desarrollo integral, con  su
participación.
Problema público abordado por la política nacional de gestión del riesgo de desastres al 2050
1.
El modelo del problema público de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 plantea que la
“alta vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio” es resultado de
la identi?cación de cinco causas directas:
a.
Causa  Directa   1:  Ocupación   y  uso   inadecuado  del   territorio  sin   considerar  sus   aptitudes  y
condiciones  de  riesgo.  Resultado  de la  insu?ciencia  y  bajo  cumplimiento  de instrumentos  técnicos  y
normativos  orientados  a asegurar  una adecuada  plani?cación  que  tome en  cuenta la  gestión  del riesgo
de desastres  en  la gestión  del  territorio  que tiene  entre sus  componentes  al medio  natural  re?ejado  en
los  ecosistemas,  y  al elevado  porcentaje  de  infraestructura,  vivienda  y  servicios  básicos  de?cientes  e
inseguros. Ello  como producto  de la existencia  de factores  de exclusión social  y económica,  procesos de
migración interna  e incremento acelerado de la  población urbana.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
11
b.
Causa Directa 2: Débil comprensión del  riesgo de desastres en todas sus dimensiones. Resultado  de
una de?ciente gestión de la información en materia de gestión del riesgo de desastres,  expresada en la falta
de entendimiento, estandarización, plani?cación y articulación de la información y a la existencia y generación
de estudios e investigaciones puntuales, dispersos  y desarticulados. A ello se suma la de?ciente gestión del
conocimiento, agravada por la falta  de capacidades, y la inadecuada percepción  de la gestión del riesgo de
desastres existente en la población.
c.
Causa  Directa  3:  Débil  gobernanza  de  la  gestión  del  riesgo  de  desastres.  Resultado  de  la  débil
plani?cación e implementación de estrategias integrales de gestión del riesgo de desastres a nivel intersectorial
e intergubernamental, con enfoque territorial, de largo plazo, y debidamente articuladas;  aunado a la escaza
participación del sector privado y la sociedad civil. También, producto de la falta de incorporación e integración
de la gestión del riesgo de desastres en la gobernanza del desarrollo, la inadecuada e insu?ciente aplicación
de marcos normativos vigentes, la débil implementación del seguimiento, control, ?scalización y rendición de
cuentas y la débil institucionalización de la gestión del riesgo de desastres bajo una visión sistémica.
d.
e.
Causa Directa 4: Debilidad en la incorporación  e integración de la gestión del riesgo de desastres en
las inversiones públicas  y privadas. Resultado de la de?ciente inclusión  del análisis de riesgo y medidas
de prevención  y reducción  del riesgo  de desastres  en las inversiones  públicas y  privadas, el  débil marco
normativo en cuanto  a ello y el débil  conocimiento del costo bene?cio  de la incorporación  de la gestión del
riesgo de  desastres en las  inversiones. A lo cual  se suma una débil  gestión de la  inversión en prevención
y reducción  de  riesgos y  en  la implementación  de  mecanismos de  transferencia  del  riesgo de  bienes y
servicios públicos  y privados.
Causa Directa 5: Falta de e?cacia  y oportunidad para la respuesta y recuperación. Resultado del  débil
desarrollo de  capacidades y  de implementación  de mecanismos y  estrategias en  materia de  preparación,
respuesta  y  recuperación,  sobre  todo  a  nivel local;  la  existencia  de  intervenciones  de  rehabilitación  y
reconstrucción desarticulados e inconclusos sin  enfoque de prevención y reducción de riesgos, la de?ciente
articulación entre sector público y sector  privado para la recuperación post desastres y las  de?ciencias para
dar una respuesta oportuna cuando ocurren emergencias y desastres y para la reparación de los daños bajo
condiciones de  desarrollo sostenible.  Lo que  se agrava  ante el  incremento del  impacto de  los desastres,
afectando la sostenibilidad de las metas de desarrollo país.
2.
Asimismo, los efectos que derivan  del análisis de las causas directas asociadas al  problema público identi?cadas
son los siguientes:
a.
b.
c.
El incremento  de  informalidad y  la vulnerabilidad  ante  desastres impide  que las  personas  y los  hogares
accedan a las oportunidades que se presentan en distintos ámbitos, y que enfrenten los riesgos que deterioran
10
su nivel de bienestar  , siendo recurrentemente afectadas ante la ocurrencia de emergencias y desastres.
Los altos  niveles  de riesgo  existentes en  el  país se  han visto  incrementados  en frecuencia  e intensidad
durante los últimos 30 años, principalmente por la creciente vulnerabilidad de la población y la alta propensión
de verse afectadas por emergencias y desastres.
El incremento del impacto de los desastres a largo plazo, (economía familiar y local, pérdida de vida y deterioro
de medios  de vida), que  se traduce  en pérdidas de  vida y deterioro  de medios  de vida, generan  costos y
sobrecostos que afectan la economía no solo nacional sino la economía familiar y local, viendo afectados los
ingresos familiares  y las actividades  productivas, postergándose los  compromisos sociales orientados  a la
reducción de las desigualdades y cierre de brechas.
d.
e.
Población desatendida  ante el  riesgo  de desastres  que, al  no ser  intervenidos, modi?cados,  controlados,
corregidos  o prevenidos  se materializan  en  emergencias y  desastres,  ocasionando daños  y efectos  que
afectan a la población incrementando  sus necesidades y demanda respecto a bienes y  servicios, asistencia
humanitaria y a su recuperación física, social y económica.
Todos  los cuatro  (04)  aspectos  señalados  anteriormente, conducen  inevitablemente  a  la generación  de
nuevos riesgos, a la existencia de poblaciones cada vez más vulnerables, a medios de vida menos resilientes
y, por ende,  a la exclusión social de  estos sectores de población  en situación de pobreza y  con de?cientes
condiciones y calidad de vida.
Para la estructuración del problema público se ha  seleccionado el árbol de problemas como herramienta metodológica,
dado que permite abordar las distintas dimensiones del problema público, describiendo las relaciones que existen  entre
sus causas y efectos.
10
Katzman, 2000.
12
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
13
III.
Situación actual del problema público
La geomorfología y ubicación del país, así como su gran diversidad climática, hacen del Perú y de su población altamente
vulnerable, un país expuesto a una gran variedad de  potenciales peligros que se reportan a lo largo de todo el territorio
y que  se presentan  en un  entorno marcado  por una  serie de  factores endógenos,  particularidades del  territorio y  la
heterogeneidad de las condiciones de vida de la población.
De acuerdo  con la información  brindada por el  Sistema de  Información Nacional para  la Respuesta y  Rehabilitación-
SINPAD del Instituto Nacional  de Defensa Civil- INDECI, solo entre  el período comprendido entre el 2003  y el 2017 se
han presentado en el país, un  aproximado de 69 mil 419 emergencias y desastres. Estas  emergencias, que suelen ser
recurrentes, se presentan con diversos valores de magnitud, intensidad y amplio  ámbito de efectos e impacto a lo largo
de todo el territorio nacional, habiendo generado un total de 1 millón 935 mil 448 damni?cados y 16 millones 404 mil 234
afectados  .
11
Entre  los departamentos  con  mayor ocurrencia  de  emergencias y  desastres  durante dicho  período  se encuentran:
Piura, Apurímac,  Huancavelica, Ayacucho,  Puno, Cajamarca,  Huánuco, San  Martin y Loreto,  los que en  su conjunto
concentran el 62.23%  del total de emergencias  y desastres ocurridos  y el 68.95% del total  de personas damni?cadas
y afectadas.
Los departamentos  señalados  como aquellos  con mayor número  de damni?cados  y afectados coinciden  en mostrar
factores  socioeconómicos   que  los  hacen  más  vulnerables,   como  son:  mayores  índices   de  pobreza  o  extrema
pobreza  y  necesidades  básicas  insatisfechas,   e índices  bajos  de  desarrollo  humano,   competitividad  y  progreso
social regional.
Si bien la ocurrencia de  los peligros a los que se encuentran  expuestos los departamentos arriba señalados, aunada a
los factores socioeconómicos  y de desarrollo  descritos que los convierte  en territorios altamente vulnerables,  se debe
tener en cuenta  que existen otro  segundo grupo de departamentos  que si bien  cuentan con índices  socioeconómicos
mejores y con una ocurrencia de emergencias menor, se encuentran en una alta condición de vulnerabilidad asociada al
potencial peligro al que su población se encuentra expuesta y a la magnitud del impacto que una emergencia o desastre
podría generar.  Peligros como  sismos y  tsunamis, inundaciones, movimientos  en masa,  heladas y  friajes tienen  una
envergadura nacional atendiendo a la cantidad de distritos y a la cuanti?cación de población potencial que se encuentra
expuesta a ellos.
Otro aspecto  importante a  mencionar es  la composición de  la matriz  energética del  país, la cual  en gran  porcentaje
es dependiente  de  los recursos  energéticos a  base  de Hidrocarburos,  tales como  el  petróleo crudo,  Gas Natural  y
los productos  terminados que se obtienen  de los mismos.  Cabe precisar, que  a la fecha no  se cuenta con  capacidad
instalada de  producción de  energía que  sustituya los mencionados  Combustibles con  otras fuentes  que aseguren  el
abastecimiento y acceso a tal cantidad de energía.
Asimismo, muchas  de las  instalaciones  de hidrocarburos  que forman  parte importante  del suministro  de energía  en
la  matriz energética  se encuentran  como  elementos expuestos  ante eventualidades  que  generan un  alto  riesgo de
desabastecimiento al acceso a la  energía. Al respecto, uno de los casos más importantes  a señalar, son los incidentes
asociados a  fenómenos naturales  (deslizamiento de tierras,  entre otros)  que afectan continuamente  al único  sistema
de transporte de  Gas Natural y Líquidos  de Gas Natural que  cuenta el país, el  cual podría producir racionamiento  del
suministro de la energía eléctrica y desabastecimiento de Combustibles como el Gas  Licuado de Petróleo. Ello sumado
al riesgo de las temporadas  de venida y sequía que afectan a las  operaciones de las centrales hidroeléctricas, podrían
generar un mayor perjuicio a nivel nacional.
Departamentos como Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica, Arequipa y Tacna, concentran los peligros con mayor
cantidad de  distritos y población  expuesta. La  siguiente Tabla muestra  la población potencial  expuesta atendiendo  al
departamento en el que se encuentran y al tipo de potencial peligro:
11
INDECI, Compendio Estadístico, 2018.
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POTENCIAL POBLACIÓN EXPUESTA A DIFERENTES PELIGROS
La población potencial que se vería expuesta ante la ocurrencia de un sismo ascendería a 19 millones 701 mil 201 de los
cuales el 75.67% correspondería a los departamentos del segundo grupo mencionado. Solo en el caso de Lima, a pesar
de contar con índices socioeconómicos y de desarrollo mucho más elevados, ascendería a un aproximado de 10 millones
471
mil 812 es decir el 53.15%. Tratándose de tsunamis, la población potencial expuesta sería de 3 millones 447 mil 954,
de los cuales el 71,24% se encontraría ubicada en Lima.
La Libertad, Lambayeque e incluso en el caso de Tumbes presentan una gran cantidad de población potencial expuesta
a inundaciones que suman en su conjunto 2 millones 790 mil 552 y dos y representa el 11.59% del total.
Se debe  tener en cuenta cómo  está conformada la  población expuesta con  el objeto de poder  medir su condición  de
vulnerabilidad,  así como  su  nivel de  resiliencia.  Como  muestra, las  condiciones  socioeconómicas  y de  desarrollos
descritos, colocan  a las  mujeres en  situación de alta  vulnerabilidad al  tener menor  acceso a  ingresos económicos  y
12
; a su  vez, ante la ocurrencia  de emergencias y  desastres, tendrán menos posibilidades
medios de vida  más frágiles
de  reponerse por  sí mismas  y  afrontar las  consecuencias  derivadas de  estos. También,  ante  la ocurrencia  de  una
emergencia, las mujeres, niñas y adolescentes están expuestas a un mayor riesgo de violencia física y sexual
13
.
Similar situación se presenta con relación a las personas con discapacidad, quienes presentan una menor resiliencia ante
la ocurrencia de emergencias o desastres.  Según el último censo de población y vivienda  del 2017, al menos el 10.4%
de la población posee algún tipo de discapacidad, de los cuales la proporción  por sexo en el área urbana apunta que el
57%
mujeres exceden la media con 59%, 58,8%, 58,6% 58,5% y 58,1% respectivamente
teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las mujeres.
son mujeres y el 43%  hombres. En los casos de las provincias del Callao,  Ica, Lima, Lambayeque y Arequipa, las
14
. Esta información resulta relevante
Existen a su  vez otros factores aunados a  los ya mencionados que  incrementan el estado de vulnerabilidad  a lo largo
del territorio nacional afectando a la población y sus medios de vida como son: i) la ocupación y habilitación inadecuada
del territorio sin considerar aptitudes y condiciones  de riesgo; ii ) la débil comprensión del riesgo de  desastres en todas
sus dimensiones;  iii)  la débil  gobernanza de  la  gestión del  riesgo de  desastres; iv)  la  debilidad en  la incorporación
12
El 67% de las mujeres frente al 53% de los  hombres trabajan en el sector informal. Por cada 100 hombres hay 108 mujeres en pobreza extrema.  Fuente: Plan
Nacional de Igualdad de Género 2012.2017 – Pág 27 (48 Nota al Pie: Fuente: CEPAL, 2008: Estadísticas de América Latina y El Caribe).
INDECI, Manual de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres, 2017.
USAID, SAVE  THE CHILDREN, HUMANITY &  INCLUSION, COPERAZIONE  INTERNACIONALE, GIRD, Estudio  de Línea de  Base en Gestión  Inclusiva de
Riesgos de Desastres en el Perú, 2018.
13
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e integración  de  la gestión  del riesgo  de desastres  en  las inversiones  públicas y  privadas; y,  v)  la falta  de e?cacia
y oportunidad  para  la respuesta  y recuperación.  Los  que se  constituyen en  causas  estructurales que  inciden en  el
incremento de la vulnerabilidad de la población y sus medios de  vida, ocasionando la persistencia del problema público
y sus efectos.
Contenido de la política nacional de gestión del riesgo de desastres al 2050
El Perú ha logrado importantes avances en  gestión del riesgo de desastres a partir del año 2010,  con la inclusión de la
Política de  Estado 32 “Gestión del  Riesgo de Desastres”,  la creación del  Sistema Nacional de  Gestión del Riesgo  de
Desastres-SINAGERD, la aprobación de la Política Nacional y la implementación  gradual del PLANAGERD 2014-2021,
entre otros.
Viene además  asumiendo  nuevos compromisos  y retos  requiriendo contar  con una  gestión  del riesgo  de desastres
fortalecida que reoriente  las acciones y  decisiones políticas desde  una perspectiva integral de  la reducción del  riesgo
de desastres, y que cuente con una adecuada articulación y coordinación entre los tres niveles de gobierno, la actividad
privada  y la  sociedad  civil en  su  conjunto; como  uno  de los  componentes indispensables  para  lograr el  desarrollo
sostenible del país en un mediano y largo plazo, con miras a poder atender las demandas de los siguientes 30 años.
La  Ley Nº  29664,  Ley de  creación  del Sistema  Nacional  de Gestión  del  Riesgo  de Desastres  de?ne  a la  Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos
de desastres,  evitar la  generación de  nuevos riesgos  y efectuar  una adecuada  preparación, atención,  rehabilitación
y reconstrucción  ante  situaciones  de  desastres, así  como  a minimizar  los  efectos  adversos sobre  la  población, la
economía y el ambiente.  Se establece sobre  la base de tres componentes:  Gestión prospectiva, correctiva  y reactiva,
así como  siete procesos:  Estimación,  Prevención y  Reducción del  riesgo, Preparación,  Respuesta,  Rehabilitación y
Reconstrucción.
En cumplimiento de esta  Ley, mediante Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM se  aprobó la Política Nacional de Gestión
del Riesgo  de Desastres,  la misma  que,  considerando las  normas vigentes  que regulan  las políticas  nacionales; se
ha actualizado  con el objeto  de reorientar su  estrategia con  un horizonte al  2050, tomando en  cuenta el  marco legal
vigente, su concordancia con compromisos y acuerdos internacionales como son el Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo  de Desastres 2015  - 2030,  en cada una  de sus prioridades,  así como  la Agenda 2030  para el Desarrollo
Sostenible.
En esa  línea, la Política  Nacional de  Gestión del Riesgo  de Desastres al  2050, establece  6 objetivos prioritarios  que
contribuyen a  alcanzar  la situación  futura deseada:  Al 2050  la vulnerabilidad  de  la población  y sus  medios de  vida
ante el riesgo  de desastres en  el territorio, se verá  reducida, lo cual se  re?ejará, a través  de la reducción del  20% de
pérdidas económicas directas atribuidas a emergencias y desastres en relación con el producto interno bruto; asimismo
se espera reducir al 13% de viviendas ubicadas en zonas de muy alta exposición a peligros; al 11.9% de infraestructura
de servicios públicos ubicados en zonas de muy alta exposición al peligro; que el 100% de la población sea atendida ante
la ocurrencia de  emergencias y desastres, así como  los servicios públicos básicos  rehabilitados por tipo de  evento de
nivel de emergencia 4 y 5. Los objetivos prioritarios son los siguientes:
O.P.1. Mejorar la comprensión  del riesgo de desastres para  la toma de decisiones a  nivel de la población y las
entidades del Estado.
El Marco  de Sendai
15
establece como  una de  sus prioridades  la comprensión  del riesgo  de desastres  en todas  sus
dimensiones de vulnerabilidad,  capacidad, grado de exposición  de personas y bienes,  así como de las  características
de las amenazas o peligros y el entorno  incluyendo situaciones hipotéticas sobre el cambio climático. Ello con el objeto
de aprovechar dicho conocimiento para la evaluación del riesgo previo a los desastres, para la prevención y reducción y
para la elaboración y aplicación de medidas adecuadas de preparación y respuesta e?caz para casos de emergencias y
desastres; en suma, para la adecuada toma de decisiones por parte de la población y el Estado.
Actualmente la  comprensión del  riesgo desastres,  presenta  grandes debilidades  en todas  sus dimensiones  a causa
de la  falta  de entendimiento,  estandarización, plani?cación  y articulación  de la  información  existente, así  como a  la
generación de información, estudios e investigaciones puntuales y de corto plazo que por lo general resultan  dispersos,
desarticulados y con poco potencial de aplicación que permita a los distintos actores involucrados, su consideración para
la toma de decisiones idóneas para la gestión del riesgo de desastres y la elaboración de estrategias integrales de largo
plazo con enfoque territorial, inclusivo, de género y de desarrollo sostenible; lo que a su vez se ve limitado por la falta de
capacidades en todos los niveles de gobierno. A ello, se suma la inadecuada percepción que tiene la población sobre su
territorio y los riesgos que presenta y sobre cómo dichos riesgos de desastres vienen siendo exacerbados por el cambio
climático.
A efectos  de disminuir la  vulnerabilidad generada  por las  debilidades en  la comprensión del  riesgo de  desastres, se
requiere identi?car, priorizar, y difundir, los peligros, el análisis de vulnerabilidad y el cálculo de riesgos existentes en los
territorios. Para ello, la recopilación, generación, gestión y difusión de  la información debe ser plani?cada, organizada e
integrada sobre la base de objetivos prioritarios, de manera  tal que cada actor sepa la información que deberá generar,
recopilar, gestionar o difundir, así como los criterios y protocolos que permitan su estandarización y la de?nición del valor
agregado que facilite su uso por otros sectores y/o sistemas y/o la población.
Asimismo, considerando  que la energía es  concebida como un  componente fundamental en  el logro del  bienestar de
la sociedad, tal como se  dispone en el Plan Estratégico Sectorial Multianual  – PESEM 2016-2022 , y es transversal  en
todas las actividades económicas del país, se considera pertinente comprender los riesgos al cual está expuesto la matriz
15
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
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energética, concordante con lo establecido en la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040 aprobada mediante el
Decreto Supremo Nº 064-2010-EM, que busca contar con un  sistema energético que satisfaga la demanda nacional de
energía de manera con?able, regular,  continua y e?ciente, precisando como uno de sus  lineamientos, la de alcanzar la
cobertura total del suministro de Electricidad e Hidrocarburos.
En suma, el país requiere contar con información sistematizada y de acceso universal, que esté incorporada en un sistema
de información fortalecido,  estandarizado e integrado con  información territorial, que tome en  cuenta otros factores de
alta importancia como el cambio climático, y que cuente con valor agregado que permita su uso por los diversos actores
del sistema, así como  por otros sectores o sistemas  estrechamente vinculados a la gestión del  riesgo de desastres, la
sociedad civil y la población en general.  Esta información debería permitir comprender las condiciones de riesgo en  los
distintos territorios y en sectores diferenciados de población (sexo, grupo etario, personas con discapacidad y  personas
adultas mayores.) y por tanto  la toma de decisiones con un adecuado  enfoque de gestión del riesgo de desastres,  con
carácter inclusivo y de género.
Otro de los aspectos importantes a considerar es la incorporación de los conocimientos sobre el riesgo de desastres, tanto
los contenidos relacionados con los tipos de gestión (prospectivo, correctivo, reactivo), como de los procesos de la gestión
del riesgo de desastres (estimación, prevención, y reducción del riesgo, así como, preparación, respuesta, rehabilitación
y reconstrucción), en los contenidos de la educación básica regular, educación superior y técnico productiva, entre otros.
Así la  Política Nacional de  Gestión del  Riesgo de Desastres  al 2050, plantea  como uno  de sus objetivos  prioritarios,
mejorar la comprensión  del riesgo de desastres para  la toma de decisiones a  nivel de la población y  las entidades del
Estado.
OP: 2 Mejorar las condiciones de ocupación y uso considerando el riesgo de desastres en el territorio.
La generación  de dinámicas,  obstáculos y  di?cultades que  han afectado el  desarrollo del  país, tales como  procesos
de  migración  interna,  el  crecimiento  acelerado  de  la  población  urbana  concentrado  en  la costa  y  otros  factores
socioeconómicos  aunados a la ausencia  de una adecuada  plani?cación y  acción por parte  del Estado en gestión  del
riesgo  de desastres,  tomando  en cuenta  factores  de alta  importancia  como el  ordenamiento  territorial,  variabilidad
climática y  el cambio  climático, dieron  paso a la  ocupación y  uso desordenado,  informal e  inadecuada del  territorio,
debido a la  falta de una  previa y consciente  plani?cación que  tome en cuenta  sus aptitudes y condiciones  de riesgo.
Esta  situación  trajo  como consecuencia  la  existencia  de  viviendas,  infraestructura  y  servicios  básicos  de?cientes
y/o inseguros  y, por  tanto, medios  de vida poco  resilientes  que incrementan  las condiciones  de vulnerabilidad  de la
población y su exclusión  social.
Bajo dicho contexto, se plantea como objetivo prioritario ubicado al?nal de la cadena de resultados, mejorar las condiciones
de ocupación y uso considerando el riesgo de desastres en el territorio, permitiendo así disminuir la vulnerabilidad de  la
población y sus medios de vida. El establecimiento de viviendas, infraestructura y medios de vida requiere ser efectuado
tomando en  cuenta las  condiciones de  riesgo de  cada  territorio, para  ello se  plantea fortalecer  a nivel  nacional, las
acciones orientadas a evitar la generación de nuevos riesgos y a reducir la vulnerabilidad y los riesgos existentes bajo un
contexto de desarrollo sostenible. Sin embargo, teniendo en cuenta las de?ciencias y debilidades de los distintos niveles
ello no será posible si  no se fortalecen a su vez los actuales  modelos de gestión de la gestión del riesgo  de desastres,
los que  deben  evolucionar a  modelos de  gestión especializada  que cuenten  con las  capacidades necesarias  y  que
tomen decisiones sobre  la base de  las aptitudes y por  tanto particularidades de cada  territorio y acorde  a cada grupo
diferenciado de población (según sexo, edad, personas con discapacidad y personas adultas mayores).
O.P.3. Mejorar la implementación articulada de la gestión del riesgo de desastres en el territorio
La falta de plani?cación  e implementación de estrategias integrales de  gestión del riesgo de desastres, de  largo plazo,
debidamente  articuladas  a  nivel  sectorial,  intersectorial  e intergubernamental  que  cuenten  con  enfoque  territorial,
inclusivo, de género,  y de desarrollo sostenible,  priorizándose solo estrategias reactivas  y de corto plazo, aunada  a la
escaza participación del sector privado y la sociedad civil, dan cuenta de la inadecuada y/o de?ciente aplicación de marcos
normativos vigentes y de  las debilidades aun existentes en  la institucionalización de la gestión del  riesgo de desastres
bajo un enfoque  sistémico. A todo ello, se suma la  aún débil implementación del monitoreo,  seguimiento y evaluación,
control, ?scalización  y  rendición de  cuentas, así  como la  implementación parcial  de instrumentos  y  mecanismos de
participación y  articulación institucional, intersectorial  e intergubernamental, de  la gestión del riesgo  desastres, dando
como resultado las debilidades existentes aún en la gobernanza de la  gestión del riesgo de desastres, que coadyuva al
crecimiento de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo desastres en el territorio.
Teniendo en cuenta lo  anterior, resulta evidente que uno de  los objetivos prioritarios de la Política  Nacional de Gestión
del Riesgo de  Desastres al 2050, debe estar  orientado a que la gestión  del riesgo de desastres al  2050 logre mejoras
en su  implementación  en los  tres niveles  de gobierno  debiendo para  ello funcionar  de manera  articulada y  bajo  un
enfoque sistémico territorial e inclusivo. Para ello se plantea la necesidad de fortalecer la institucionalización de la gestión
del riesgo  de desastres  en los  tres niveles  de gobierno  tomando en  cuenta las  particularidades de  cada territorio,  y
mejorar la coordinación  y articulación entre todos los  miembros del SINAGERD debiendo  a su vez para  ello fortalecer
la especialización de los  tres niveles de gobierno en materia  de gestión del riesgo de desastres  mediante el desarrollo
de capacidades, lo que  a su vez permitirá fortalecer el seguimiento,  monitoreo, ?scalización, control y evaluación de  la
Gestión del riesgo de Desastres.
O.P.4. Fortalecer la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la inversión pública y privada
Las debilidades  existentes en la  incorporación e  integración de la  gestión del  riesgo de desastres  en las  inversiones
públicas y  privadas  de todo  tipo, trae  como consecuencia  el  incremento de  las condiciones  de vulnerabilidad  de  la
población y  de sus medios  de vida. La  población y el  Estado deben afrontar  impactos cada vez  mayores, generados
por las  emergencias y  desastres que  ocurren en  el territorio, para  ello la  inversión tanto  pública como  privada debe
necesariamente incorporar  de manera  previa y durante  su ejecución,  la gestión del  riesgo de  desastres, permitiendo
así reducir las  condiciones de riesgo existentes  en los territorios. Ello,  implica fortalecer la incorporación  de la gestión
del riesgo de desastres en las  inversiones públicas y privadas, a través de un adecuado fortalecimiento  y aplicación de
herramientas ?nancieras relacionadas a la gestión del riesgo de desastres, la obligatoria incorporación de la gestión del
riesgo de desastres en toda inversión pública y la aplicación de medidas orientadas a incentivar su incorporación a nivel
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de las inversiones privadas, ello aunado a un adecuado seguimiento, monitoreo, ?scalización y evaluación por parte del
Estado.
La seguridad  energética vinculada a los  riesgos de desastres,  no está catalogada  como servicio público  en todas las
Actividades de Hidrocarburos, en ese sentido, se considera pertinente complementar el alcance de las Política Nacional
de  Gestión del  Riesgo  de  Desastres, a  ?n  de  mejorar la  capacidad  de  Resiliencia ante  emergencias  o  desastres
vinculadas con el Subsector de Hidrocarburo; asimismo, coadyuvará en el desarrollo proyectos de inversión empleando
herramientas de inversión, tales como INVIERTE.PE, Asociaciones Publicas Privadas, entre otras, que permitirá el cierre
de brechas de infraestructuras de Hidrocarburos necesarias durante el periodo que dure la emergencia.
Así  hacia el  año 2050  se  espera fortalecer  la incorporación  de  la gestión  del  riesgo de  desastres tanto  a  nivel de
inversiones públicas como de inversiones privadas reduciendo así el impacto que pudiera generarse por emergencias y
desastres que pudieran ocurrir en el territorio.
O.P.5. Asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y desastres
La debilidad en la implementación de mecanismos y estrategias de preparación para la respuesta oportuna, el incremento
del impacto de los desastres que afectan la sostenibilidad de las metas de desarrollo del país, y la de?ciente articulación
a nivel  sectorial, intersectorial, intergubernamental  y de  estos con el  sector privado  para la atención  de emergencias
y desastres,  aunado  al débil  desarrollo de  capacidades y  gestión de  recursos, sobre  todo a  nivel local,  dan  cuenta
de las de?ciencias  para dar una adecuada  respuesta a las emergencias  y desastres y  para el restablecimiento de  los
servicios básicos indispensables.  Las zonas afectadas por  las emergencias y desastres  ocurridos en los últimos  años
han dejado en evidencia las  debilidades en la implementación de la preparación  ante desastres y, por tanto, la falta  de
e?cacia y oportunidad del Estado para la respuesta, sobre todo a nivel local; dando como resultado que el impacto de las
emergencias y desastres se traduzca en indicadores socioeconómicos negativos que van en aumento.
Ante esta situación el Estado requiere implementar estrategias para fortalecer la gestión de los recursos para la respuesta
debiendo para ello fortalecer, a su vez, la especialización para la gestión  del riesgo de desastres a través del desarrollo
de capacidades  y por  tanto robustecer  los modelos  de gestión  del riesgo de  desastres, orientándolos  a una  gestión
especializada que tome en cuenta las particularidades de cada territorio, población (sexo, grupo etario, poblaciones con
discapacidad y personas adultas mayores) y medios de vida, considerando el enfoque de trato digno, así como fortalecer
la articulación y coordinación entre los distintos miembros  del SINAGERD y fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana
con relación a peligros de gran impacto.
Asimismo, referido  a  la articulación  con el  Sector  de Energía,  en el  contexto de  desarrollar  actividades de  Primera
Respuesta se requiere establecer procedimientos de suministro y acceso oportuno a la energía (a base de Hidrocarburos
u otras fuentes) en las zonas afectadas por las Emergencias, con participación de los recursos que disponen los sectores
privado y  público. Al  respecto, se requiere  complementar el  alcance de  los componentes  prospectivos, correctivos  y
reactivos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 debe buscar que la población sea atendida oportuna y
e?cazmente ante las emergencias y desastres que ocurran en el territorio con pleno respeto de sus derechos y diversidad.
Así, se plantea como uno de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, asegurar
hacia el 2050 la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y desastres.
O.P.6.Mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres
La debilidad en la implementación de mecanismos y estrategias de prevención y reducción de riesgos y de recuperación,
el incremento del impacto  de los desastres que afectan la  sostenibilidad de las metas de desarrollo  del país, así como
la evidencia  existente de  intervenciones de  rehabilitación y  reconstrucción desarticulados  e  inconclusos sin  enfoque
de prevención y reducción de  riesgos, con débil orientación hacia un enfoque  de derechos e inclusión y la falta  de una
estrategia conjunta  y plani?cada  entre los  miembros del SINAGERD,  dan cuenta  de la  de?ciente articulación  a nivel
sectorial, intersectorial, intergubernamental y del Estado con el sector privado para la recuperación, la capacidad limitada
para activar  los mecanismos e  instrumentos para la  rehabilitación y reconstrucción  con e?ciencia  y oportunidad y  las
limitaciones para evaluar los resultados de la aplicación de las intervenciones en rehabilitación y reconstrucción; en gran
parte debido al débil desarrollo de capacidades y a la de?ciente gestión de recursos en materia de recuperación.
Las de?ciencias para activar e?caz y oportunamente la recuperación de los daños con un enfoque inclusivo y de género,
bajo condiciones de  desarrollo sostenible y de  prevención y reducción de  riesgos, dan cuenta de  la falta de e?cacia  y
oportunidad existente  y de la débil  implementación de mecanismos  que permitan optimizar  resultados y fortalecer  las
capacidades de los distintos niveles de gobierno de manera sostenible en el tiempo.
Ante esta situación, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 plantea como uno de sus objetivos
prioritarios, Mejorar hacia  el 2050 la  recuperación de la  población y sus medios  de vida afectados  por emergencias y
desastres, debiendo para ello, fortalecer la gestión de  los recursos para recuperación, así como la especialización para
la gestión del riesgo de desastres a través del desarrollo de capacidades y, por tanto, fortalecer y robustecer los modelos
de gestión del riesgo de desastres orientándolos a una gestión especializada que tome en cuenta las particularidades de
cada territorio, población (diferenciada por sexo, grupo etario, personas con discapacidad y personas adultas mayores) y
medios de vida, así como fortalecer la articulación y coordinación entre los distintos actores del SINAGERD.
Los Objetivos Prioritarios cuentan con 17 Lineamientos; así tenemos:
Objetivos Prioritarios
Lineamientos
O.P.1. Mejorar la comprensión del riesgo    L1.1. Implementar medidas  de acceso universal a información y conocimiento en materia de gestión del riesgo
de desastres para la toma de decisiones     de desastres para las distintas entidades del Estado.
a nivel de la población y las entidades
del Estado.
L1.2. Implementar medidas de acceso universal a información y conocimiento en materia  de gestión del riesgo
de desastres para la población, con carácter inclusivo y enfoque de género e intercultural.
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NORMAS LEGALES
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Objetivos Prioritarios
Lineamientos
L2.1. Fortalecer la implementación de  la gestión del riesgo de desastres en  la plani?cación y gestión territorial
de Gobiernos Regionales y Locales, considerando el contexto de cambio climático en cuanto corresponda.
O.P.2.Mejorar las condiciones de
L2.2. Fortalecer la incorporación e implementación de la gestión del riesgo de desastres en el marco normativo
ocupación y uso considerando el riesgo      de ocupación y uso de territorios.
de desastres en el territorio
L2.3. Implementar  intervenciones en gestión  del riesgo  de desastres, con  enfoque de género  e intercultural,
priorizando la prevención y reducción de riesgos con enfoque integral en los territorios, considerando el contexto
de cambio climático en cuanto corresponda.
O.P.3.Mejorar la implementación
articulada de la gestión del riesgo de
desastres en el territorio
L3.1. Implementar medidas para la optimización de la gestión del riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno.
L3.2. Fortalecer, la coordinación y articulación a nivel sectorial, intersectorial intergubernamental y con el sector
privado y sociedad civil.
L3.3. Fortalecer el marco normativo del SINAGERD.
L3.4  Fortalecer la  articulación  entre  la Gestión  del  Riesgo  de Desastres  y  la Gestión  Integral  de  Cambio
Climático en los tres niveles de gobierno.
L3.5.  Implementar herramientas  y  mecanismos  para  el monitoreo,  seguimiento, ?scalización,  rendición  de
cuentas y evaluación de la gestión del riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno.
L4.1. Implementar mecanismos para incorporar  la gestión del riesgo de desastres en las  inversiones públicas,
público/privadas y privadas.
O.P.4.Fortalecer la incorporación de la
gestión del riesgo de desastres en la
inversión pública y privada
L4.2 Fortalecer mecanismos ?nancieros articulados y especializados según procesos para la gestión del riesgo
de desastres.
L4.3. Fortalecer  el marco  normativo para la  inclusión del  enfoque de gestión  del riesgo  de desastres en  las
inversiones.
L4.4. Fortalecer  el monitoreo, seguimiento, ?scalización,  rendición de cuentas  y evaluación de  la gestión del
riesgo de desastres en las inversiones.
O.P.5.Asegurar la atención de la población L5.1.  Mejorar la capacidad de  respuesta en los tres  niveles de gobierno,  con carácter inclusivo y  enfoque de
ante
la
ocurrencia
de
emergencias
y  género e intercultural.
desastres.
O.P.6.Mejorar
la
recuperación
de
la  L6.1. Mejorar la capacidad  para la rehabilitación de la población y sus medios de vida, con carácter inclusivo y
población y sus medios de vida afectados   enfoque de género e intercultural.
por emergencias y desastres.
L6.2 Mejorar la capacidad para la reconstrucción en los tres niveles de gobierno, considerando la infraestructura
natural en contexto de cambio climático, con carácter inclusivo y enfoque de género e intercultural.
Asimismo, con el ?n de operativizar los lineamientos listados, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al
2050
marco de sus competencias,  involucradas en la problemática de la alta  vulnerabilidad de la población y sus  medios de
establece un conjunto de 27  servicios a ser desarrollados por las entidades de  los tres niveles de gobierno, en el
vida ante el riesgo de desastres en el territorio, los mismos que están dirigidos en bene?cio de la ciudadanía.
Cabe resaltar que la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 se ha construido en alineación con las
Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, la Visión del Perú al 2050, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN),
y sus lineamientos se encuentran articulados con los lineamientos de las políticas nacionales vigentes.
IV.
Seguimiento y evaluación de la política nacional de gestión del riesgo de desastres al 2050
En el marco de lo establecido  en la Guía de Políticas Nacionales aprobada por Resolución  de Presidencia del Consejo
Directivo de CEPLAN Nº 00047-2018/CEPLAN/PCD, modi?cada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº
00057-2018/CEPLAN/PCD
y en el marco de la Ley 29664, Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres, la Presidencia del Consejo de Ministros  en su calidad de ente rector del mencionado Sistema, liderará el
proceso de seguimiento de la Política  Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y  será la responsable de emitir los
reportes de seguimiento, en coordinación con el INDECI y el CENEPRED.
El seguimiento  de las políticas nacionales  se realiza a  través del aplicativo  informático CEPLAN V.01, el  cual permite
generar reportes de seguimiento estandarizados.
En cumplimiento  del artículo 25 del  Reglamento que regula  las Políticas Nacionales,  aprobado por  Decreto Supremo
Nº  029-2018-PCM  y su  modi?catoria  aprobada  por  Decreto  Supremo 168-2020-PCM,   la Presidencia  del  Consejo
de Ministros  remitirá los  reportes anuales  de Implementación  y de Resultado,  cada 15 de  junio, a  través del reporte
de  cumplimiento  e informe  de  evaluación  respectiva,  que  contendrán  la  información  que deberá  ser  provista  por
los  distintos miembros  del  SINAGERD.  Estos  reportes servirán  de  insumo  para la  elaboración  de los  reportes  de
cumplimiento
VI.
Participación de representantes del estado, de la sociedad civil y de la cooperación en la elaboración de la
política nacional de gestión del riesgo de desastres al 2050
El desarrollo de  los contenidos de  la actualización de  la Política Nacional de  Gestión del Riesgo  de Desastres al 2050,
habiendo contado con la asistencia técnica de representantes de CEPLAN de acuerdo a la Guía de Políticas Nacionales, ha
sido efectuado teniendo en consideración además la normativa en materia de Gestión del Riesgo de Desastres vigente en el
país; ha sido efectuado mediante Talleres y reuniones de Trabajo Participativos que se realizaron con los siguientes actores:
a.
Actores  claves como  son:  INDECI, CENEPRED,  Ministerio  de Economía  y  Finanzas  (MEF) y  CEPLAN,
considerando sus competencias en el marco de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y su Reglamento aprobado con Decreto supremo Nº 048-2011-PCM.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
19
b.
Otros actores  como el Instituto  Nacional de  Estadística e Informática  – INEI,  así como representantes  del
Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio de  Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Ministerio
de Desarrollo  e Inclusión  Social (MIDIS),  Ministerio  de Salud  (MINSA), Ministerio  de Desarrollo Agrario  y
Riego  (MIDAGRI),  Ministerio  del Ambiente  (MINAM),  Ministerio  de  la  Mujer  y  Poblaciones  Vulnerables
(MIMP), Ministerio de  Energía y Minas (MINEM), Ministerio  de Relaciones Exteriores (RREE), Ministerio  de
Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio del Interior (MININTER)
c.
d.
Asimismo, se ha contado con la participación de representantes de la Defensoría del Pueblo, y de entidades
técnico cientí?cas.
En cuanto  a representación de  la Sociedad  civil se ha  desarrollado reuniones en  el marco  de la Mesa  de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) a través del grupo de Gestión del Riesgo de Desastres,
en cuyo marco han participado representaciones de organizaciones de personas con discapacidad.Asimismo,
se ha convocado a la representación del nivel regional y  local, contando con la asistencia de representantes
de REMURPE.
e.
Se resalta reuniones  especí?cas que se ha  tenido con representantes de áreas  competentes del Ministerio
de Economía y Finanzas; de la Dirección General de  Cambio Climático y Deserti?cación del MINAM, y de la
Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del MIMP.
En los mencionados Talleres y reuniones  de trabajo, se han ido efectuando la identi?cación  del problema público y sus
respectivas causas directas e indirectas y efectos, así  como el análisis, de tendencias y escenarios contextuales con la
respectiva evaluación de riesgos y oportunidades; de?nición y validación de situación futura deseada e identi?cación de
las alternativas de solución; asimismo, en la validación de la propuesta de Costo Bene?cio.
Asimismo, se ha tenido bastante incidencia en el trabajo de la identi?cación de los Objetivos Prioritarios (sus indicadores
con la elaboración de sus  respectivas Fichas de Indicadores), Lineamientos y  los correspondientes Servicios, pasando
por  el alineamiento  vertical  y horizontal  (desarrollado  considerando Políticas  de  cada uno  de  los  sectores dado  la
transversalidad de la Gestión del Riesgo de Desastres)
En el trabajo  han tenido principal  participación  las representaciones  del  Centro Nacional  de Estimación, Prevención
y Reducción del  Riesgo de Desastres  – CENEPRED, del Instituto  Nacional de Defensa  Civil – INDECI, del Ministerio
de Economía  y Finanzas – MEF  y del propio Centro  Nacional de Planeamiento  Estratégico  - CEPLAN  considerando
sus competencias   especí?cas  en el  SINAGERD,  en el  marco de  la Ley  Nº 29664  y su  Reglamento  aprobado  por
Decreto  Supremo Nº  048-2011-PCM,  así como del  Instituto  Nacional  de Estadística  e Informática,  que  además de
formar parte  del SINAGERD,  por la importancia  de sus competencias  para los  contenidos de  Gestión del Riesgo  de
Desastres.
1.
ANTECEDENTES
Base legal
1.1
1.1.1
Normas nacionales
La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se sustenta en las siguientes normas nacionales:
Constitución Política del Perú.
Política de Estado 32, Gestión del Riesgo de Desastres, aprobada por el Acuerdo Nacional.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley Nº 28044, Ley General de Educación
Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGERD y sus modi?catorias.
Ley Nº 30362, Ley que eleva a rango de Ley el Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP y declara de interés nacional y
preferente atención la asignación de recursos públicos para garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Acción
por la Infancia y la Adolescencia - PNAIA 2012-2021.
Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
Ley Nº  30787, Ley  que incorpora  la aplicación  del enfoque  de derechos en  favor de  las personas  afectadas o
damni?cadas por desastres.
Ley Nº 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.
Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
Decreto Supremo  Nº 048-2011-PCM, que  aprueba el Reglamento  de la Ley Nº  29664, Ley que  crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SINAGERD.
Decreto Supremo Nº 069-2011-PCM que crea el Portal de la Información de Datos Espaciales del Perú (GEOIDEP)
Decreto Supremo Nº 083-2011-PCM que crea la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE
Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación
Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Decreto Supremo Nº 133-2013-PCM que establece el acceso e intercambio de información espacial entre entidades
de la Administración Pública
Decreto  Supremo  Nº  034-2014-PCM,  que  aprueba  el  Plan  Nacional  de  Gestión   del  Riesgo  de  Desastres-
PLANAGERD 2014-2021.
Decreto Supremo Nº 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del
Estado.
Decreto Supremo Nº 022-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento deAcondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano Sostenible.
20
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
Decreto Supremo Nº 013-2019-MINAM, que  aprueba el Reglamento de la Ley Nº  30754, Ley Marco sobre Cambio
Climático.
Decreto  Supremo  Nº  017-2018-MINAM,  que aprueba  los  Lineamientos  para  la  incorporación  de  criterios  sobre
infraestructura natural y gestión  del riesgo en un contexto de  cambio climático, en el marco de  la reconstrucción con
cambios.
Decreto Supremo  Nº 005-2017-MC,  que aprueba  la Política  Nacional de  Lenguas Originarias,  Tradición Oral  e
Interculturalidad.
Decreto Supremo Nº 008-2019-MIMP, que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género.
Decreto  Supremo   Nº  029-2018-PCM,  que   aprueba  el  Reglamento   que  regula  las   Políticas  Nacionales   y
modi?catorias.
Decreto Supremo Nº 176-2020-PCM, Decreto Supremo que incorpora una Disposición Complementaria Transitoria
al Decreto  Supremo Nº  168-2020-PCM, Decreto Supremo  que modi?ca  el Reglamento  que regula las  Políticas
Nacionales, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM.
Resolución de  Presidencia de  Consejo Directivo  Nº 057-2018/CEPLAN/PCD,  que aprueba  la Guía de  Políticas
Nacionales.
1.1.2
Instrumentos internacionales
La implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres en nuestro país, en el marco del Sistema Nacional de Gestión
del  Riesgo de  Desastres  -  SINAGERD,  debe desarrollarse  considerando  además  los  instrumentos internacionales
relacionados a Gestión del Riesgo de Desastres; así tenemos
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030
El Marco  de Sendai  para la  Reducción  del Riesgo  de Desastres  fue  aprobado por  la Tercera Conferencia  Mundial
de las Naciones  Unidas  sobre la Reducción  del Riesgo  de Desastres,  celebrada  del 14 al 18  de marzo del  2015 en
Sendai,  Miyagi (Japón).  En  ella, el Estado  reiteró  su compromiso  de  abordar la  reducción  del riesgo  de desastres
y el aumento  de la  resiliencia ante  los desastres  con un  renovado sentido  de urgencia  en el contexto  de desarrollo
sostenible  y la  erradicación  de la pobreza,  así  como integrar  la reducción  del  riesgo de  desastres  con el aumento
de resiliencia   en las  políticas,  planes,  programas  y presupuestos   a todo  nivel.  Para lo  cual se  establecen  cuatro
prioridades  de acción:
o
o
o
o
Comprender el riesgo de desastres.
Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo
Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia
Aumentar la preparación para casos de desastres a ?n de dar una respuesta e?caz y para “reconstruir mejor”
en los ámbitos de la recuperación, rehabilitación y la reconstrucción.
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible   (ODS)  se gestaron   en la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el
Desarrollo  Sostenible,   celebrada   en Río  de  Janeiro  en  el  año  2012,  con el  propósito   de crear  un  conjunto   de
objetivos   mundiales  relacionados   con   los  desafíos  ambientales,   políticos   y  económicos   con  que  se  enfrenta
nuestro   mundo.  En  julio   de  2014,  el  Grupo   de  Trabajo  Abierto   de  la  Asamblea   General   (GTA)  propuso  un
documento  con 17  objetivos  para su aprobación   por la Asamblea  General  del mes  de septiembre  de 2015,  donde
se fijó  las  pautas  para  la futura  negociación   y aprobación   de los  nuevos  ODS  y la  agenda  global  de desarrollo
para el  periodo  2015-2030.
En el marco de la 70 edición de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York el 25 de septiembre
de 2015, todos los países del mundo adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, acuerdo marco que regirá
las actividades para el bienestar de las personas y el cuidado del planeta por los próximos 15 años.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están interrelacionados, lo que signi?ca que el éxito de uno afecta el de otros.
Responder a la  amenaza del cambio  climático repercute en la  forma en que se  gestiona nuestros recursos  naturales.
Lograr la igualdad de género o mejorar la salud ayuda a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y  sociedades inclusivas
reducirá las desigualdades y contribuirá a que prosperen las economías.
La aprobación  de  la Agenda  2030 para  el Desarrollo  Sostenible  coincidió  con otro  acuerdo  histórico  celebrado  en
el año  2015,  el Acuerdo  de París  aprobado  en la  Conferencia  sobre el  Cambio  Climático  (COP21), así  como  con
el Marco  de  Sendai  para la  Reducción  del  Riesgo  de Desastres  2015-2030.   Los ODS  de la  Agenda  2030 en  su
totalidad  están relacionados  con  el Marco de  Sendai, pero  tres de  ellos mantienen  una relación  directa,  siendo los
siguientes:
ODS 1: Poner ?n a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Este  objetivo  propone  poner ?n  a  la pobreza  en  todas  sus formas,  incluida  la  pobreza  extrema  al  año 2030.  La
población  en  situación  de  pobreza  es  la  que  se  encuentra  más  expuesta  al  riesgo  de  los  desastres,  dada  las
condiciones  precarias  de  sus viviendas   y el  lugar  donde están  asentadas  (riberas  del  rio,  laderas  de los  cerros,
en alturas  y fuertes  pendientes,  entre otros).  La meta 1.5  señala: al  año 2030  fomentar la  resiliencia  de los pobres
y  las  personas  que  se  encuentran  en  situaciones   de  vulnerabilidad  y  reducir  su  exposición   y  vulnerabilidad  a
los  fenómenos  extremos  relacionados  con  el clima  y  a otras  perturbaciones   y desastres  económicos,  sociales   y
ambientales.
ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Se trata de asegurar el acceso de  todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y  asequibles
y mejorar los barrios marginales. La meta 11.5, señala que al año 2030 se busca reducir signi?cativamente el número de
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
21
muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectados por ellos y reducir
considerablemente las  pérdidas económicas  directas provocadas  por los  desastres en  comparación con  el producto
interno bruto mundial, haciendo hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
Incluye además la meta 11.b  indicando “al 2020, aumentar considerablemente el número de  ciudades y asentamientos
humanos que adopten  e implementen políticas  y planes integrados para  promover la inclusión, el  uso e?ciente de  los
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación  a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner
en práctica, en consonancia con el  Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres  2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastres a todos los niveles.
ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Este objetivo  promueve mecanismos  para aumentar la  capacidad de  plani?cación y gestión  e?caces en  relación con
el  cambio climático  en los  países  menos adelantados,  centrándose  en particular  en  las mujeres,  los jóvenes  y  las
comunidades locales  y  marginadas. La  meta 13.1  de este  objetivo busca  fortalecer  la resiliencia  y la  capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
Estrategia Andina de Gestión Del Riesgo De Desastres
Desde  julio  del  año  2002,   con  la  Decisión  529  del  Consejo  Andino  de  Ministros   de  Relaciones  Exteriores  de
la  Comunidad  Andina,   el  Estado   asume  el  objetivo   y  competencia  de   contribuir  a  la   reducción  del   riesgo  y
del  impacto   de  los  desastres   naturales  y   antrópicos  que  puedan   producirse  en   el  territorio  de   la  Subregión
Andina.
La  Estrategia Andina  para  la  Gestión del  Riesgo  de  Desastre, norma  supranacional,  actualizada  y  alineada a  los
contenidos del Marco de Sendai en el año 2017; ha sido aprobada en la Cuadragésima Reunión del Consejo Andino con
la Decisión 819.
a)
b)
Objetivo:  Contribuir  a la reducción  del  riesgo y  del impacto  de los  desastres  para coadyuvar  en  el desarrollo
sostenible   en  todos   los   países  de   la  Subregión   Andina   a  través   del  fortalecimiento    institucional   y  el
establecimiento  de políticas, estrategias,  programas y subprogramas  comunes entre los países; del intercambio
de experiencias,   la creación  de redes  y  del mejoramiento  de  la cooperación  mutua  en gestión  del  riesgo  de
desastres.
Ejes temáticos:
?
Priorizar  el proceso  de  conocimiento del  riesgo  de  desastres en  todos  los sectores  de  nivel  nacional y
subregional andino.
?
?
Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres en los planos nacional y subregional.
Fortalecer la  inversión pública y  privada orientada a  la reducción  del riesgo y  manejar los desastres  de la
región andina mediante la aplicación de medidas estructurales y no estructurales.
?
Incremento en las medidas de preparación ante  desastres en todos los niveles, con el ?n de contar  con una
respuesta e?caz, y “reconstruir mejor” en el ámbito de la rehabilitación y la reconstrucción.
Instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos
La implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres en nuestro país, en el marco del Sistema Nacional de Gestión
del  Riesgo de  Desastres, asimismo  debe  desarrollarse considerando  los  derechos fundamentales  contenidos  en la
Constitución Política del Perú, así como en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos rati?cados
por el Estado  Peruano, que forman parte del  bloque de convencionalidad y del  cual se generan obligaciones en  dicha
materia. Así tenemos principalmente:
a.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos: también nominado como el Pacto de San José de Costa
Rica) fue  suscrita, tras  la Conferencia  Especializada Interamericana  de Derechos  Humanos,  el 22  de noviembre  de
en la ciudad  de San José en Costa  Rica, entrando en vigencia el  18 de julio de 1978.  Constituye un marco para
1969
la promoción y  protección de los derechos humanos  y provee un recurso  a los habitantes de América que  han sufrido
violación de sus derechos humanos por parte del Estado.
b.
El Pacto  Internacional de  Derechos Civiles y  Políticos: adoptado  por la Asamblea  General de las  Naciones
Unidas el 16 de diciembre  de 1966 y entró en vigor el 23  de marzo de 1976. Tratado multilateral general que reconoce
derechos civiles y políticos, estableciendo mecanismos para su protección y garantía.
c.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI) de 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 03 de enero de
Tratado multilateral general, que compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos económicos,
1976.
sociales y  culturales de  las personas, incluidos  los derechos  laborales y los  derechos a  la salud,  la educación, a   un
adecuado nivel de vida individual y familiar, entre otros.
d)
La Convención sobre los Derechos del  Niño: adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989 y rati?cado por el Estado peruano el 03 de agosto de 1990 mediante la Resolución Legislativa Nº
Es la primera ley internacional sobre los  derechos de los niños y niñas, de carácter obligatorio para los Estados
25278.
?rmantes, para asegurar  su protección y  asistencia y, accedan a  servicios que permitan  su desarrollo integral, con  su
participación.
1.2
Metodología
La actualización de la Política Nacional  de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 se ha  desarrollado en el marco de
la metodología dispuesta por la Guía de Políticas Nacionales, habiéndose realizado para ello, los pasos establecidos en
las etapas de diseño y formulación:
22
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
Tabla Nº 01.
PROCESO DE DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES
ETAPA 1 DE DISEÑO
Pasos del
Proceso
Instrumento
Finalidad de la Aplicación
Descripción del Instrumento
Producto de la Aplicación
Delimitación,
enunciación y
estructuración
del problema
público
Revisión
documental
Revisión
relacionada
del  riesgo de  desastres  para e  investigaciones,  instrumentos normativos  nacionales  identi?cación de aspectos que  delimita el
la elaboración  del diagnóstico e internacionales  sobre riesgos, desastres y gestión  del problema público.
de
con
información Búsqueda                                                                                                                      situacional
de
bibliografía,
literatura
especializada, Elaboración
del
estado
de
e
la
gestión documentos e información tanto o?cial como de estudios la   gestión  del   riesgo   de  desastres
situacional.
riesgo de desastres en general.
Árbol de
Problemas
Análisis de causalidad: causa- Búsqueda de evidencias.
Identi?cación  de  las  principales   causas
e y   consecuencias/efectos   del   problema
efecto.
Revisión
de
información
estadística,
estudios
investigaciones de expertos/as, informes internacionales público.
y nacionales.
Reunión
con expertos      de?nición
Veri?car
la
?abilidad                                                                                especializadas Validación  de marco conceptual y aportes
problema con   trayectoria  en   el  tema,   y  recomendaciones   de a la situación actual del problema público.
organizaciones internacionales.
de
la Opinión
informada
de
personas
del
público.
Talleres
participativos
Socialización  y  validación  de Taller de trabajo con:                                                          Aportes a la enunciación  y estructuración
causas / efectos del  problema •   Actores  claves:  PCM,  INDECI,  CENEPRED,  MEF, del problema público
público.                                          CEPLAN
Otros  actores:   MINDEF,  Ministerio  de  Relaciones
Exteriores,
MVCS,   MINAM,   MIDAGRI,   MINEDU,
MINSA,  MIMP, MINJUSDH,  Defensoría del  Pueblo,
INEI, representantes de la MCLCP.
Sociedad civil, sector privado y entidades cooperación
internacional.
Análisis de
tendencias
y datos
Análisis de factores asociados De?nición de variables asociadas al problema público      Construcción  de  la  situación  actual  del
al problema público.                                                                                                             problema público.
estadísticos.
Determinación
de la situación
futura deseada
Análisis
tendencias
de Determinar  la probabilidad de  Extrapolación de datos históricos recientes y relevantes, Identi?cación y  selección de las variables
ocurrencia y potencial impacto incluyendo                                                                       y más relevantes.
el cuantitativas.
la    revisión   de    fuentes    cualitativas
de
cada   tendencia    en
problema público.
Análisis de
escenarios
contextuales
Identi?cación y  evaluación de  Narraciones plausibles  que describen  la con?guración,  Identi?cación de  oportunidades y riesgos
los riesgos y las oportunidades a partir de la  situación presente, de  diversos contextos  en
en cada escenario contextual   futuros de escala global que podrán afectar el desarrollo afectarían (de manera positiva o negativa)
cada
escenario    contextual,    que
nacional.
el  comportamiento futuro  de la  situación
deseada.
Juicio
expertos
de Identi?car
recomendadas
las
alternativas Opinión
informada
en
de
tema,
personas
especializadas Construcción
de futura deseada.
y
aportes
a
la
situación
por con
trayectoria
el
y
recomendaciones
expertas/os
nacionales
e organizaciones internacionales.
internacionales.
Talleres
participativos
Trabajo  y/o  socialización  y/o  Taller de trabajo con:
validación  de situación  futura •   Actores claves: PCM, INDECI, CENEPRED,
Identi?cación    de    tendencias,
y    oportunidades    en    los    escenarios
riesgos
deseada
MEF, CEPLAN.                                                             contextuales y construcción y aportes a la
Otros  actores:   MINDEF,  Ministerio  de  Relaciones  situación futra deseada
Exteriores,
MVCS,   MINAM,   MIDAGRI,   MINEDU,
MINSA,  MIMP, MINJUSDH,  Defensoría del  Pueblo,
INEI, representantes de la MCLCP.
Sociedad civil, sector privado y entidades cooperación
internacional.
Selección de     Juicios de
Identi?car
las
alternativas Opinión  informada  de  personas  con  trayectoria  en  el De?nición de Alternativas de solución más
alternativas de
solución
expertos
recomendadas
expertas/os
por tema.
e Recomendaciones de organizaciones internacionales.
viables y efectivas
nacionales
internacionales.
Talleres
participativos
Identi?car
solución más viables
alternativas
de Taller de trabajo con:
De?nición de Alternativas de solución más
Actores  claves:  PCM,  INDECI,  CENEPRED,  MEF, viables y efectivas
CEPLAN
Otros  actores:   MINDEF,  Ministerio  de  Relaciones
Exteriores,
MVCS,   MINAM,   MIDAGRI,   MINEDU,
MINSA,  MIMP, MINJUSDH,  Defensoría del  Pueblo,
INEI, representantes de la MCLCP.
Sociedad civil, sector privado y entidades cooperación
internacional.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
23
ETAPA 2 DE FORMULACIÓN
Elaboración
de objetivos
prioritarios e
indicadores
Reuniones
técnicas
Revisión y  sistematización de Elaboración  de  propuestas   de  objetivos  prioritarios  e Propuestas   de   objetivos   prioritarios   e
objetivos indicadores de la Política Nacional de Gestión del Riesgo indicadores a ser validados.
prioritarios e indicadores
las
propuestas   de
de
Desastres  al   2050  con   participación  de   actores
claves: INDECI, CENEPRED, MEF, CEPLAN, INEI.
Juicios de
expertos
Revisión
propuestas
prioritarios.
y
aportes
a
las Revisión
y
aportes
a
las
propuestas
de
objetivos Aportes  a los  objetivos  prioritarios y  sus
indicadores.
de
objetivos prioritarios.
Talleres
participativos
Revisión
y
validación
de
de Taller de trabajo con:
Propuestas
validadas
Indicadores
las
de
revisados
competencias
objetivos
en
la
propuesta
objetivos •   Actores  claves:  PCM,  INDECI,  CENEPRED,  MEF,  prioritarios.
prioritarios e indicadores                CEPLAN, INEI.
función
de
de
las
Otros  actores:   MINDEF,  Ministerio  de  Relaciones  entidades involucradas
Exteriores,
MVCS,   MINAM,   MIDAGRI,   MINEDU,
MINSA,  MIMP,   MTC,  MINJUSDH,  Defensoría   del
Pueblo, representantes de la MCLCP.
Sociedad civil, sector privado y entidades cooperación
internacional.
Elaboración de
lineamientos
Reuniones
técnicas
Revisión    y    sistematización Elaboración   de   propuestas   de   Lineamientos   de  la  Propuestas de Lineamientos
de
Las
propuestas
de Política  Nacional de  Gestión  del Riesgo  de  Desastres
al  2050  con  participación de  actores  claves:  INDECI,
CENEPRED, MEF, CEPLAN, INEI.
lineamientos
Juicios de
expertos
Revisión
propuestas de lineamientos.
y
aportes
a
las Revisión y aportes a las propuestas de Lineamientos.      Aportes a Lineamientos
Talleres
participativos
Revisión
propuesta de lineamientos.
y
validación
de
la Taller de trabajo con:
Propuestas validadas de Lineamientos
Actores  claves:  PCM,  INDECI,  CENEPRED,  MEF, Lineamientos                                  función
CEPLAN. INEI.                                                             de   las  competencias   de  las  entidades
Otros  actores:   MINDEF,  Ministerio  de  Relaciones  involucradas.
revisados
en
Exteriores,
MVCS,   MINAM,   MIDAGRI,   MINEDU,
MINSA,  MIMP, MINJUSDH,  Defensoría del  Pueblo,
representantes de la MCLCP.
Sociedad civil, sector privado y entidades cooperación
internacional.
Identi?cación
Reuniones
Revisión y  sistematización de Elaboración de  propuestas de servicios y estándares de Propuesta de Servicios
de los servicios  técnicas
y estándares de
cumplimiento
las
para su validación.
propuestas
de
servicios la Política Nacional de  Gestión del Riesgo de Desastres
al  2050  con  participación de  actores  claves:  INDECI,
CENEPRED, MEF, CEPLAN, INEI.
Juicios de
expertos
Revisión
propuestas
estándares.
y
aportes
de    servicios   y
a
las Revisión y aportes a las propuestas de servicios
Aportes a Servicios
Talleres
participativos
Recoger
servicios y estándares.
propuestas
de Taller de trabajo con:
Propuestas
validadas
de
servicios
Actores  claves:  PCM,  INDECI,  CENEPRED,  MEF, revisados en función de las competencias
Validación de los servicios por
CEPLAN. INEI                                                              de las entidades involucradas.
las  entidades  encargados de •    Otros  actores:  MINDEF,   Ministerio  de  Relaciones
brindarlos.
Exteriores,
MVCS,
MINAM,
MIDAGRI,
MINEDU,
MINSA,
MIMP,
MTC,
MINJUSDH,
MININTER,
Defensoría del Pueblo, representantes de la MCLCP.
Sociedad civil, sector privado y entidades cooperación
internacional.
Identi?cación
de las políticas
relacionadas
Revisión
documental
Establecer el  alineamiento de Revisión  de  Políticas de  Estado y  Plan Estratégico  de Alineación
la Política Nacional de Gestión Desarrollo Nacional.                                                           Gestión del Riesgo de  Desastres al 2050
del  Riesgo   de  Desastres  al  Revisión de  políticas  y  planes  publicados en  portales  con las  Políticas de  Estado  del Acuerdo
de   la  Política   Nacional   de
2050
con
las
prioridades web o?ciales (Diario o?cial El Peruano, Sistema Peruano Nacional  y el  Plan  Estratégico  Nacional
otras de   Información  Jurídica  –   SPIJ,  portal   del  Acuerdo de
Nacional, portal de CEPLAN).
Establecer el  alineamiento de Alineamientos
la PNGRD  con otras  políticas Nacional y Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
Alineamiento con Políticas relacionadas
nacionales
políticas nacionales.
y
con
Desarrollo   compartido,   revisado   y
validado.
Reuniones
técnicas
con  Políticas   de  Estado   del  Acuerdo
nacionales.
1.3
Diagnóstico
1.3.1
Enunciado del problema público
“Alta vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio”
Modelo del problema público.
1.3.2
El riesgo  de desastres es  un motivo de  creciente preocupación mundial,  cuyo impacto y  acción en una  región puede
repercutir  en los  riesgos  de  otra y  viceversa.  Ello  sumado a  la  vulnerabilidad exacerbada  por  la  evolución de  las
condiciones de  riesgo,  nos llevan  a pensar  en  un futuro  de amenaza  creciente  de los  desastres para  la  economía
mundial, la población del planeta y el desarrollo sostenible de los países en desarrollo  .
16
16
O?cina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres-UNISDR, Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de
las naciones y las comunidades ante los desastres. Extracto del Informe de la Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres de Enero del 2005 realizado
en la ciudad de Hyogo, Japón.
24
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
En atención a ello, a nivel global se asumen compromisos como fue el Marco de Acción de Hyogo, para 2005-2015 “Aumento
de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”, y  su predecesor, el actual Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres (MSRRD) 2015-2030 aprobado en la Tercera Conferencia Mundial de la Naciones Unidas
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres celebrada en la  ciudad de Sendai en el año 2015. Ante la evidencia de que la
información existente indica que, en todos los países, el grado de exposición de las personas y los bienes ha ido en aumento
con mayor rapidez de  lo que ha disminuido la vulnerabilidad,  generando así nuevos riesgos y un  incremento constante de
las pérdidas relacionadas con los desastres que generan impactos a corto, mediano y largo plazo con mayor énfasis a nivel
de Gobiernos Locales; el MSRRD propone lograr como resultado, “La reducción sustancial del riesgo de  desastres y de las
pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos,
sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y los países”, para cuyo efecto considera
comoobjetivo“Prevenirlaaparicióndenuevosriesgosdedesastresyreducirlosexistentesimplementandomedidasintegradas
e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica,  social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e
institucional que prevengan y reduzcan el grado de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten
la preparación para la respuesta y la recuperación y refuercen de ese modo la resiliencia”.
La alta vulnerabilidad que presenta la  población y sus medios de vida ante el riesgo  de desastres se constituye en uno
de los principales problemas que tiene el país, condición que, no obstante, los avances tenidos en materia de gestión del
riesgo de desastres, va en incremento amenazando los logros del desarrollo alcanzados.
El  país ha  crecido  aceleradamente, con  limitada  plani?cación del  territorio  y sin  tomar  en cuenta  las  características,
capacidad y  condiciones del mismo,  lo que ha  generado altos  índices de vulnerabilidad,  siendo necesario implementar
medidas y asumir compromisos que permitan retomar el camino, frenar y revertir progresivamente esos índices.
Los diversos escenarios  de riesgo a los que  se encuentra expuesto el país,  se han visto incrementados  en frecuencia
e intensidad  durante los últimos  30 años, principalmente  por la creciente  vulnerabilidad, cuya disminución  no ha sido
posible obtenerse  en la medida  esperada a causa  de la falta de  institucionalidad de la  plani?cación del territorio  y su
ocupación y uso inadecuado;  la carencia de estrategias de prevención  y reducción de riesgos; la débil  gobernanza del
riesgo y  la falta  de transversalidad, poca  articulación y  participación; la  débil comprensión, generación  y difusión  del
conocimiento sobre los riesgos existentes y  potenciales; la débil incorporación e integración de la  gestión del riesgo de
desastres en las  inversiones. Ello, aunado  a los efectos del  cambio climático cada vez  mayores, a la  falta de e?cacia
y oportunidad  para la  respuesta y  a procesos  de rehabilitación  y reconstrucción  aún débiles  que no  cuentan con  la
celeridad y oportunidad necesarias para atender las necesidades de recuperación integral de las poblaciones afectadas,
y que en muchos de los casos se reincide en reinstalar las condiciones de vulnerabilidad preexistentes generando nuevos
riesgos, traen consigo el inevitable incremento de la vulnerabilidad.
En  respuesta a  ello  y alineado  a  los  compromisos y  prioridades  globales, el  país  ha  venido logrando  importantes
avances en gestión del riesgo de desastres en materia normativa, ?nanciera, planes e instrumentos técnicos operativos y
despliegue de numerosas acciones y medidas de gestión reactiva, prospectiva y correctiva, a lo que se suma la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
1.3.2.1
Enfoques transversales
El análisis del  problema público ha considerado  el carácter integral,  sinérgico, transversal y participativo  de la gestión
del riesgo de desastres con los enfoques de derechos humanos, interculturalidad, género, discapacidad, intersectorial y
multinivel y territorial, así como derechos  de infancia y adolescencia, ciclo de vida, intergeneracional, en  la medida que
permiten considerar la diversidad y particularidad de las distintas  poblaciones y territorios y posibilita que la política sea
enriquecida por los aportes de estos distintos enfoques:
Enfoque intersectorial y multinivel:
Teniendo en  cuenta la  alta  complejidad, importancia  y multicausalidad  de la  gestión del  riesgo de  desastres resulta
innegable la necesidad de participación de diversos sectores (tanto a nivel público como privado) y niveles de gobierno. Por
ello, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 requiere de una adecuada y e?ciente coordinación,
colaboración y articulación intersectorial que permita abordar el problema público de manera integral. Se requiere que los
sectores involucrados, así como los niveles de gobierno actúen de manera conjunta a ?n de lograr sus objetivos.
Enfoque basado en derechos humanos:
Comprende un conjunto  de normas jurídicas nacionales  e internacionales, principios éticos  ejercidos individual e
institucionalmente, así como políticas públicas aplicadas por el Estado que involucran a actores públicos y privados,
empoderando a los/las titulares de los derechos en la capacidad de ejercerlos y exigirlos. Se concreta en actitudes
que llevan a la práctica el ideal de la igual dignidad de todas las personas, promoviendo cambios en las condiciones
de vida de las poblaciones más vulnerables. El enfoque basado en derechos humanos incluye los principios rectores
sobre empresas y derechos humanos: proteger, respetar y remediar.
El enfoque basado en derechos humanos considera  la responsabilidad política, jurídica y ética de los agentes del
Estado para hacer cumplir y generar  las condiciones de ejercicio pleno de la ciudadanía y  de los DDHH. Por ello,
para incorporar  este enfoque  se requiere interpretar  y analizar  la realidad de  los seres  humanos a  partir de su
reconocimiento como titulares de derechos.
Este enfoque asume  que los derechos son inherentes  a todos los seres humanos,  se fundan en el respeto  de la
dignidad de la persona humana y son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El enfoque se basa en las
normas internacionales, desde las cuales se establecen  estándares que permiten hacer operativa su protección y
promoción. El enfoque basado en derechos humanos pone énfasis  en identi?car las variables o contenidos de los
derechos, su titular y garante y la ruta de acceso que lo hace efectivo.
Por lo tanto, desde el enfoque basado en derechos humanos, los planes, las políticas y los procesos de desarrollo
están  anclados  en un  sistema  de  derechos  y  de  los  correspondientes deberes  establecidos  por  el  derecho
internacional. Ello  contribuye a promover  la sostenibilidad de  la labor  de desarrollo reconociendo  su diversidad,
potenciar  la capacidad  de acción  efectiva  de la  población, especialmente  de  los grupos  más  marginados, los
cuales deben poder participar activamente en la  formulación de políticas y hacer responsables a los que tienen la
obligación de actuar.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
25
Reconoce que  el objetivo  principal de toda  acción en  el marco del  Protocolo Intersectorial  para la participación
del  Estado  Peruano  en  los  Sistemas  de  Protección  Internacional  de  Derechos  Humanos   ,  está  dirigida  al
17
reconocimiento de la dignidad de las personas y a la realización de los DDHH. A partir de dicha consideración, en el
marco de dicho Protocolo, el proceso de colaboración con los Órganos de los Sistemas de Protección Internacional
de Derechos  Humanos – OSPIDH,  procura fortalecer  la capacidad de  los titulares de  derechos para  reivindicar
sus derechos y de los titulares de deberes para cumplir  sus obligaciones. Este enfoque requiere de un análisis de
contexto sobre las  brechas e inequidades existentes en  el goce de los  DDHH para orientar las políticas  públicas
hacia la transformación de la situación de afectación de DDHH de determinados sectores de la población.
La Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema  Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, establece
como el primer Principio general que rige la Gestión del Riesgo de Desastres en nuestro país, al Principio Protector:
que señala  que la persona  humana es  el ?n supremo  de la Gestión  del Riesgo de  Desastres, por  lo cual debe
protegerse su vida e integridad  física, su estructura productiva, sus bienes y  su medio ambiente frente a posibles
desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir.
Enfoque territorial:
La  gestión del  riesgo  de  desastres se  encuentra  orientada  al fortalecimiento  de  los  procesos de  estimación,
prevención, reducción, preparación, respuesta,  rehabilitación y reconstrucción tomando en cuenta  las aptitudes y
riesgos propios del territorio, sin dejar de lado ninguna de las particularidades que caracterizan a cada zona, ni los
objetivos de desarrollo de ésta. Para ello se requiere la participación conjunta de todos los niveles de gobierno.
Enfoque intercultural:
Establece  el reconocimiento  de  las diferencias  culturales  como uno  de  los pilares  de  la construcción  de  una
sociedad democrática, fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades
y derechos. El enfoque intercultural en la gestión pública es el proceso de adaptación de las diferentes instituciones,
a nivel normativo, administrativo y del servicio civil del Estado para atender de manera  pertinente las necesidades
culturales y  sociales de los  diferentes grupos  étnico-culturales del país.  Por otro lado,  en lo  que corresponde a
la gestión del riesgo  de desastres, si bien la información  puede in?uir en la percepción del  riesgo es necesario el
considerar que  existen percepciones que  derivan de saberes  y conocimientos ancestrales  que deben ser  mejor
consideradas en el análisis de riesgos y que llevan a la población a actuar.
Enfoque de género:
La incorporación del enfoque de género en las políticas públicas como una herramienta de análisis es fundamental
porque permita  identi?car los roles  y tareas que  realizan los hombres  y las mujeres  en una sociedad,  así como
las asimetrías, relaciones de  poder e inequidades que se  producen entre ellos. Al observar de  manera crítica las
relaciones de  poder y  subordinación  que las  culturas y  las sociedades  construyen entre  hombres y  mujeres y
explicar las causas que producen las asimetrías y desigualdades, el enfoque de género aporta elementos centrales
para la  formulación  de medidas  (políticas, mecanismos,  acciones a?rmativas,  normas,  etc.) que  contribuyen a
superar la  desigualdad de género,  modi?car las relaciones  asimétricas entre mujeres  y hombres, erradicar  toda
forma de  violencia de  género, origen  étnico, situación  socioeconómica, edad,  la orientación  sexual e  identidad
de género,  entre otros factores,  asegurando el  acceso de mujeres  y hombres  a recursos y  servicios públicos  y
fortaleciendo su participación política y ciudadana en condiciones de igualdad.
El enfoque de género  en la Política permite reconocer  los roles y tareas que  realizan las mujeres y los  hombres,
con el  objeto  de formular  estrategias y  medidas apropiadas  y e?caces  para la  eliminación  de los  estereotipos
y la  superación de  las desigualdades  de género,  y con  ello, contribuir  a la  reducción, prevención,  respuesta y
recuperación tras una emergencia y/o desastre.
Perspectiva de discapacidad:
La perspectiva de  discapacidad es un enfoque  transversal establecido en el  artículo 4 de la Convención  sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad que obliga a los Estados partes a “tener en cuenta, en todas las políticas
y todos los  programas, la protección y  promoción de los derechos  humanos de las personas  con discapacidad”, y
reconocido en el artículo 4 de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad que establece que “los
distintos sectores y niveles de gobierno incluyen  la perspectiva de discapacidad en todas sus políticas y programas
de manera transversal”. Este enfoque debe permitir evaluar y considerar las necesidades e intereses de las personas
con discapacidad, identi?cando las barreras del entorno y actitudinales que limitan el ejercicio de sus derechos, y de
manera particular en entornos de emergencias o desastres, de manera que en la gestión del riesgo de desastres se
adopten medidas que permitan respetar y garantizar sus derechos y aportar a una sociedad inclusiva.
Enfoque de derechos de infancia y adolescencia
Busca garantizar a niñas, niños  y adolescentes el pleno ejercicio de sus  derechos mediante acciones que realiza
el Estado, la comunidad  y la familia, de acuerdo al  rol y la responsabilidad de cada  uno. El ejercicio de derechos
posibilita el incremento de sus capacidades, garantiza su protección, amplía sus opciones y por lo tanto, su libertad
de elegir. Establece  que los derechos humanos  se centran en la  dignidad intrínseca y el valor  igual de todos los
seres humanos. Son inalienables y deben ser ejercidos sin discriminación.
Enfoque del ciclo de vida
Responde a  la intervención  que, partiendo  del enfoque  de derechos,  busca garantizar  el desarrollo  integral de
niñas, niños y adolescentes, atendiendo a las características propias de cada etapa del ciclo de vida y posibilitando
así una mejor calidad de vida.
Enfoque intergeneracional
Reconoce que es necesario identi?car las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones
para  mejorar las  condiciones  de vida  o  el desarrollo  común.  Considera que  la niñez,  adolescencia,  juventud,
adultez y vejez deben tener una conexión, pues en conjunto contribuyen a una historia común y deben fortalecerse
17
Aprobado por DS Nº 010-2020-JUS
26
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
generacionalmente. Presenta aportaciones  a largo plazo considerando  las distintas generaciones y  colocando la
importancia de construir corresponsabilidades entre estas.
Estos enfoques transversales son de suma importancia para la determinación del problema público, así como para
la de?nición de los objetivos prioritarios,  lineamientos y servicios de la Política Nacional de Gestión del  Riesgo de
Desastres, y para su implementación seguimiento y evaluación.
El modelo  del problema  público de  la Política  Nacional de  Gestión del  Riesgo de  Desastres al  2050 plantea  que la
alta vulnerabilidad de  la población y  sus medios de vida  ante el riesgo  de desastres en el  territorio es resultado de  la
identi?cación de cinco causas directas:
Causa Directa  1: Ocupación  y uso  inadecuado del territorio  sin considerar  sus aptitudes  y condiciones
de riesgo.  Resultado de  la insu?ciencia y  bajo cumplimiento  de instrumentos  técnicos y normativos  orientados
a asegurar  una adecuada plani?cación  que tome en  cuenta la gestión  del riesgo de desastres  en la gestión  del
territorio que tiene entre sus componentes al medio natural re?ejado en los ecosistemas, y al elevado porcentaje de
infraestructura, vivienda y servicios básicos de?cientes e inseguros.
Ello como producto de la existencia de factores  de exclusión social y económica, procesos de migración interna e
incremento acelerado de la población urbana.
Causa Directa  2:  Débil comprensión  del riesgo  de desastres  en  todas sus  dimensiones. Resultado  de una
de?ciente gestión de la información en materia de gestión del riesgo de desastres, expresada en la falta de entendimiento,
estandarización, plani?cación y articulación de la información y a la existencia y generación de estudios e investigaciones
puntuales, dispersos y desarticulados. A ello se suma  la de?ciente gestión del conocimiento, agravada por  la falta de
capacidades, y la inadecuada percepción de la gestión del riesgo de desastres existente en la población.
Causa Directa 3: Débil gobernanza  de la gestión del riesgo de desastres.  Resultado de la débil plani?cación e
implementación de estrategias integrales de gestión del riesgo de desastres a nivel intersectorial e intergubernamental,
con enfoque territorial, de largo plazo, y debidamente articuladas; aunado a la escaza participación del sector privado
y la sociedad civil. También, producto de la falta de incorporación e integración de la gestión del riesgo de desastres
en la  gobernanza del  desarrollo, la  inadecuada e  insu?ciente aplicación  de marcos  normativos vigentes,  la débil
implementación del  seguimiento,  control, ?scalización  y rendición  de cuentas  y la  débil  institucionalización de  la
gestión del riesgo de desastres bajo una visión sistémica.
Causa  Directa 4:  Debilidad en  la  incorporación e  integración  de la  gestión  del riesgo  de desastres  en
las inversiones  públicas y  privadas. Resultado de  la de?ciente  inclusión del análisis  de riesgo  y medidas de
prevención y reducción del riesgo de desastres en las inversiones públicas y privadas, el débil marco normativo en
cuanto a ello y el  débil conocimiento del costo bene?cio de la  incorporación de la gestión del riesgo de  desastres
en las inversiones. A lo cual se suma una débil gestión de la inversión en prevención y reducción de riesgos y en la
implementación de mecanismos de transferencia del riesgo de bienes y servicios públicos y privados.
Causa  Directa  5:  Falta de  e?cacia  y  oportunidad  para  la  respuesta y  recuperación.  Resultado  del  débil
desarrollo de capacidades y de implementación de mecanismos y estrategias en materia de preparación, respuesta y
recuperación, sobre todo a nivel local; la existencia de intervenciones de rehabilitación y reconstrucción desarticulados
e inconclusos sin enfoque de prevención y reducción de riesgos, la de?ciente articulación entre sector público y sector
privado para  la recuperación  post desastres  y las  de?ciencias para  dar una  respuesta oportuna  cuando ocurren
emergencias y  desastres y para  la reparación de  los daños  bajo condiciones de  desarrollo sostenible. Lo  que se
agrava ante el incremento del impacto de los desastres, afectando la sostenibilidad de las metas de desarrollo país.
Los efectos que derivan del análisis de las causas directas asociadas al problema público identi?cadas son los siguientes:
El incremento de  informalidad y la vulnerabilidad ante  desastres impide que las personas  y los hogares accedan
a las oportunidades que se presentan en  distintos ámbitos, y que enfrenten los riesgos que deterioran su  nivel de
18
bienestar  , siendo recurrentemente afectadas ante la ocurrencia de emergencias y desastres.
Los altos  niveles de riesgo existentes  en el país  se han visto  incrementados en frecuencia e  intensidad durante
los últimos  30 años, principalmente por  la creciente vulnerabilidad  de la población  y la alta propensión  de verse
afectadas por emergencias y desastres.
El incremento del impacto de los desastres a largo plazo (economía familiar y local, pérdida de vida y deterioro de medios
de vida), que se traduce en pérdidas de  vida y deterioro de medios de vida, generan costos y sobrecostos que afectan
la economía no solo nacional sino la economía familiar y local, viendo afectados los ingresos familiares y las actividades
productivas, postergándose los compromisos sociales orientados a la reducción de las desigualdades y cierre de brechas.
Población desatendida ante el riesgo de desastres que, al no ser intervenidos, modi?cados, controlados, corregidos
o prevenidos se materializan en emergencias y desastres, ocasionando daños y efectos que afectan a la población
incrementando sus necesidades y demanda respecto a bienes y servicios, asistencia humanitaria y a su recuperación
física, social y económica.
Todos los cuatro (04) aspectos señalados anteriormente, conducen inevitablemente a la generación de nuevos riesgos,
a la existencia de poblaciones cada vez más vulnerables, a medios de vida menos resilientes y, por ende, a la exclusión
social de estos sectores de población en situación de pobreza y con de?cientes condiciones y calidad de vida.
Para la estructuración del problema público se ha  seleccionado el árbol de problemas como herramienta metodológica,
dado que permite abordar las distintas dimensiones del problema público, describiendo las relaciones que existen  entre
sus causas y efectos.
18
KAZTMAN, R., 2000,  Notas sobre la  medición de la vulnerabilidad  social, en Documentos de  Trabajo del IPES,  núm. 2, LC/R.2026, Universidad  Católica de
Uruguay, Montevideo, Uruguay.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
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28
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
1.3.3
Conceptos claves
Población vulnerable
En Gestión  del Riesgo de  Desastres, se entiende  por población  vulnerable, a aquella  población que está  expuesta y
es susceptible de verse afectada ante  la ocurrencia o probabilidad de ocurrencia de un peligro en  un respectivo ámbito
geográ?co, potencialmente dañino de origen natural o inducido por la acción humana.
Es importante  considerar que  la  vulnerabilidad comprende  tres factores:  i) el  grado de  exposición que  está referida
a las  decisiones y  prácticas que  ubican al ser  humano y  sus medios  de vida en  la zona  de impacto  al peligro;  ii) la
fragilidad referida  a  los elementos  de desventaja  y debilidad  relativa del  ser humano  y los  medios de  vida;  y, iii)  la
resiliencia relacionada al nivel de asimilación  o capacidad de recuperación del ser humano y sus medios  de vida frente
a la ocurrencia de un peligro.
Para ?nes de la Evaluación de Riesgos, las zonas de vulnerabilidad pueden estrati?carse en cuatro niveles: bajo, media,
alta y muy alta; en ese sentido para la Alta Vulnerabilidad se considera entre otros aspectos, principalmente, la condición
de los tipos de población (  Grupo etario: de 5 a 12 años y de  60 a 65 años); porcentaje de los Servicios educativos,  de
salud y de saneamiento expuestos;  estado de conservación y localización de  las edi?caciones; porcentaje de servicios
de empresas eléctricas, de transporte y de telecomunicaciones expuestos.
19
Vulnerabilidad territorial
20
La creciente complejidad  de las sociedades  y las ciudades se traduce  en interdependencias  cada vez más marcadas
entre  redes  y territorios,   que acentúan  la  vulnerabilidad.  Partiendo  de  una  concepción  del  riesgo  basada  en  los
elementos esenciales  de un territorio y su vulnerabilidad,  se plantea la hipótesis  de que los efectos  de la propagación
del riesgo  son interpretables  mediante la noción  de trasmisión  de vulnerabilidad.  En efecto, esta  se efectúa a  través
de las  relaciones cada  vez más numerosas  y complejas  que unen  a los elementos  esenciales entre  sí y al  territorio
con tales elementos.
Las redes crecen sin freno y sus interconexiones  se hacen cada vez más estrechas  , lo que aumenta  su complejidad
21                                                                                             22
y hace por  tanto ilusoria la comprensión  aislada del funcionamiento  de una red, y  con mayor razón la  de un territorio.
Entender los riesgos en un territorio implica necesariamente comprender el territorio en su conjunto.
Las redes  desempeñan un papel  mayor en la  propagación del riesgo  y en la construcción  de la vulnerabilidad  de las
sociedades  y los  territorios;  por tanto,  las grandes  redes  vitales ofrecen  hipotéticamente  la posibilidad  de  trazar la
trayectoria de  la propagación del  riesgo. Por su  parte, la modalidad  de crecimiento  y de organización  social, técnica,
espacial de las ciudades no solo acrecientan la  vulnerabilidad y produce riesgos, sino que los aumentan, los ampli?can
y los transforman.
a.
Interdependencia de las redes y vulnerabilidad de los territorios
En un  sistema territorial, las  redes desempeñan  un papel crucial  de organización al  poner en  relación, material
e  inmaterial, a  los  elementos  que  lo componen;  así,  el  no  funcionamiento de  una  red  tiene  inevitablemente
consecuencias en otras redes.
No existe hoy  en día en una  gran urbe una red  vial o un sistema  de abastecimiento de agua  potable que pueda
prescindir de telecomunicaciones o de electricidad. La producción de energía en sí va a depender del agua, al igual
que las telecomunicaciones, en especial para los  circuitos de enfriamiento. Estas últimas ya no pueden prescindir
de  satélites, de  antenas o  ?bra óptica,  elementos  que por  su parte  dependen  del abastecimiento  de energía,
subordinado a  su vez  a la  red de  telecomunicaciones y  al sistema  de provisión  de agua.  Si existe  un sistema
territorial, su  representación no  puede sino  dibujar una maraña  de objetos  de toda  naturaleza, localizada  tanto
bajo tierra como en  el espacio, en la ciudad  y en su entorno, todos  vinculados entre sí, no solo  por dependencia
sino a menudo  por interdependencia e interrelación  de los territorios, redes  y elementos esenciales, así  como la
vulnerabilidad de estos.
b.
c.
Los riesgos vistos desde los elementos esenciales y su vulnerabilidad
Este enfoque,  se centra en  los elementos esenciales  de un territorio,  y no en  la “amenaza o  peligro”, lo que  va
a poder  mejorar  la manera  en que  las sociedades  enfrentan las  situaciones de  riesgo y  crisis. Los  elementos
esenciales de un territorio son, más allá de redes logísticas del funcionamiento urbano, todo lo que es indispensable
para la población, la economía y el manejo del territorio.
La trasmisión de la vulnerabilidad del territorio a los elementos esenciales
La  vulnerabilidad  puede transmitirse  del  territorio  a  los  elementos  esenciales por  localización.  La  noción  de
“vulnerabilidad espacial” da  cuenta de la vulnerabilidad que  caracteriza a los lugares  y que va a trasmitirse  a los
elementos esenciales por el simple hecho de su localización: la  exposición a las amenazas o peligros, sean estos
de origen natural o no, y los problemas de accesibilidad.
19
20
Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales, Segunda Versión- CENEPRED.
Metzger, Pascale;  D’Ercole, Robert. Los  mecanismos de trasmisión de  vulnerabilidad en el  medio urbano. Primeros  elementos de re?exión.  Publicado en el
Bulletin de l’Institu d’Études Andines del IFEA. Agosto, 2015.
21
22
Egan, 2007
Morin, 1990
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
29
d.
La  trasmisión de  la  vulnerabilidad de  los  elementos  esenciales hacia  el  territorio: la  noción  de vulnerabilidad
territorial
La vulnerabilidad de uno o varios elementos  esenciales se trasmite al territorio directamente o por medio de otros
elementos  esénciales. En  la medida  que  el funcionamiento  de  un territorio  depende  del buen  funcionamiento
de sus  elementos esenciales,  la perturbación o  destrucción de  uno de ellos,  material o  localizado, va a  afectar
necesariamente a todo el territorio.
Mientras más  importante es  un elemento  esencial,  mayor es  la vulnerabilidad  del territorio.  La importancia  del
elemento esencial puede verse de dos maneras: por una parte, el territorio depende en gran  medida del elemento
y por otra, dispone de pocas o de ninguna alternativa en caso de no funcionamiento, Por otro lado, mientras mayor
es la vulnerabilidad de  este elemento esencial del que depende  el territorio, en particular por su localización  y su
exposición a la amenaza o peligro, aunque también por su dependencia frente a otros elementos esenciales, mayos
es la vulnerabilidad del territorio en sí.
La noción de “transmisión de vulnerabilidad” es esencial para comprender la globalidad y la complejidad del riesgo
que corre un territorio, adquiere todo su sentido en el marco de los riesgos a gran escala y del análisis de los efectos
de propagación, más  allá de los que  se puede detectar siguiendo  la maraña funcional y espacial  de las grandes
redes vitales.
Medios de vida
Se entiende por medios de vida al conjunto de actividades y estrategias que ponen en marcha los miembros de un hogar
para ganarse la vida. Los medios de vida, conformados por activos físicos, naturales, humanos, sociales y ?nancieros,
23
suelen incluir el empleo del  trabajo de los hogares y el uso  de otros activos domésticos, de cuyas ganancias  se puede
vivir.
Se debe tener  en cuenta que,  con el objeto de  determinar adecuadamente los medios  de vida, se  debe considerar la
diversidad de capacidades y  bienes atendiendo al territorio, ello implica  que las oportunidades de subsistencia pueden
ser variadas dependiendo de las aptitudes y riesgos de cada zona, dado que el contexto de vulnerabilidad in?uye  sobre
los activos que conforman los medios de vida de la población.
Estos activos se ven a su vez in?uenciados por instituciones, estructuras y procesos externos. El desarrollo de estrategias
de medios  de vida  se debe efectuar  sobre la  base de los  activos de  la población, atendiendo  a las  características y
aptitudes de cada zona, así como al  contexto político, social e institucional existente. Los logros que puedan  obtenerse
como  resultado de  estas estrategias  dependerán  del nivel  de  vulnerabilidad de  la población  y  de su  capacidad  de
resiliencia.
La gestión del riesgo de desastres
Dada la  dimensión  integral  que tiene la  gestión  del riesgo  de desastres,  surge  la necesidad  de construir  y recrear
un  nuevo  entendimiento   de  la  problemática   y sus  soluciones   vistas  desde  un  abordaje   territorial,   de proceso
social,  con enfoque inclusivo,  y que permita  reorientar  esfuerzos  hacia el fortalecimiento   de capacidades  poniendo
mayor  énfasis  en la  gestión  prospectiva  y  correctiva,  en  un entorno  multiactor   y multinivel,  como  el  surgimiento
de un nuevo  enfoque  que reemplaza  a la  gestión  de desastres,  priorizando  la gobernanza   del riesgo,  el liderazgo
político   para  la  GRD,  articulado   con  una  visión  de  desarrollo   que  integre   la  planificación   del  desarrollo   y el
ordenamiento  territorial.
a.
La gobernanza del riesgo
24
El término gobernanza del riesgo de desastres se utiliza para hacer referencia a las disposiciones especí?cas
que establecen las sociedades con el ?n de gestionar su riesgo de desastre y re?eja cómo se valora el riesgo
en una sociedad con otras prioridades sociales y económicas más amplias como telón de fondo.
Los modelos de gobernanza del riesgo que adoptan los países responden a su vez a diferentes concepciones
del riesgo y  por consecuencia de la  gestión del riesgo  .  Por ejemplo, si  los desastres se consideran  como
25
fenómenos exógenos entonces  la función principal  de la gobernanza  del riesgo se va  a caracterizar por  la
protección del desarrollo  frente a los desastres:  un enfoque que se nomina  como gestión de desastres.  En
cambio, si el riesgo de desastre se caracteriza como un atributo endógeno del desarrollo, entonces la función
principal de  la  gobernanza del  riesgo seria  plani?car y  regular el  desarrollo para  que no  se  con?guren y
acumulen riesgos: lo que es la gestión del riesgo de desastres propiamente.
La gobernanza del riesgo debería ser considerado como una característica de la plani?cación y ordenamiento
territorial. Es en los territorios  donde se integran las inversiones públicas de los  diferentes sectores y donde
también se  integran otros procesos como  la plani?cación concertada,  la adaptación al  cambio climático, el
manejo de los recursos hídricos y otros enfoques relevantes para la gestión del riesgo de desastres.
23
DFID; Department International Development. Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. April 1999
https://www.ennonline.net/attachments/871/d?d-sustainable-livelihoods-guidance-sheet-section1.pdf
24
25
PCM, Análisis del funcionamiento y operatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) Perú, febrero, 2019.
UNISDR. 2011, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Revealing Risk, Rede?ning Development. Geneva, Switzerland.
30
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
b.
El liderazgo político para la gestión del riesgo de desastres
26
En general,  el compromiso político  con la  gestión del riesgo  de desastres  se visibiliza en  coyunturas muy
especí?cas, normalmente  luego de  desastres grandes  o ante  la probabilidad  de ocurrencia  de un  peligro
de dimensiones considerables,  pero que no necesariamente  se mantiene a largo  plazo. La ausencia de un
compromiso político  se ve  re?ejado a  menudo en  una ?nanciación  inadecuada de  los sistemas  y en  una
inversión insu?ciente en el desarrollo de sus capacidades humanas e institucionales.
El país reiteró su voluntad política  de reducir el riesgo de desastres   , tanto a nivel internacional  de manera
27
signi?cativa  antes del 2030  (MSRRD), así como  a nivel nacional  plasmado en la Política  de Estado  32, la
creación  del SINAGERD y la  aprobación del  PLANAGERD 2014  - 2021. Esto implica  además mostrar  un
liderazgo  y una voluntad  política  hacia el cumplimiento  de  esas metas  no solo de  manera explícita,  sino
que pueda  mantenerse  en el tiempo  como  prioridad del  Estado en  su conjunto  y no solo  de un  sector o
actor especializado  en  particular.
c.
La gestión del riesgo de desastre en una visión de desarrollo: integrado en la plani?cación del desarrollo y el
ordenamiento territorial
28
Un  principio rector  del  MSRRD es  la  coherencia de  la  gestión  del riesgo  de  desastre con  el  desarrollo
sostenible y la adaptación al cambio climático. Desde esa perspectiva es importante que la gestión del riesgo
de desastre no se vea como un sector,  sino que esté plenamente integrado en los procesos de plani?cación
del  desarrollo y  de los  territorios.  Para ser  efectiva la  gobernanza  del riesgo  tiene que  ser  endógena al
desarrollo, en otras  palabras, tiene que ser parte  del ADN de la plani?cación y  normativa a nivel sectorial  y
territorial. La gobernanza  del riesgo no puede ejercerse  desde sectores como defensa  o seguridad interna,
debe ser considerado como una característica de la plani?cación y ordenamiento territorial.
Gestionar el  riesgo es  un factor integrado  a la  plani?cación y gestión  del desarrollo,  plani?cación que  toma
cuerpo en los  territorios, los sujetos  que viven en  estos y sus diversidades.  En tanto ello,  la gobernanza del
riesgo no es tarea sectorial, es tarea de desarrollo nacional,  y ello abona al sentido de rea?rmar la gestión del
riesgo de desastres como un sistema de instituciones, y no como una organicidad al interior de alguna de estas.
En tanto  el territorio  no  es solo  un espacio  físico, sino  también  una construcción  social,  un conjunto  de
relaciones  sociales que  dan origen y expresan  una identidad  y un sentido  de propósitos  compartidos  por
múltiples  agentes,  constituyen  los  espacios  vivos  donde  los  sujetos  hacen  ejercicio  de sus  derechos,
libertades  y posibilidades   de desarrollo,  donde  se de?nen  las  prioridades  de política  pública,  donde  se
consensuan  las inversiones  focalizadas  y  más urgentes  y sostenibles  de asumir.  Hacer gobernanza  del
riesgo de forma  sistémica debe  convocar a los actores  a asumirse  como una sola organización  territorial,
y por  ello, el enfoque  de  procesos permite  unir esfuerzos  que  generan valor  y otorgarles  fortaleza  a los
arreglos  institucionales  que permitan  su implementación.
d.
La gestión del riesgo de desastres y la apuesta por un sistema
29
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD, creado por la Ley Nº 29664, constituye ello,
un Sistema, de?nido en  la misma como “interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal  y participativo,
con la ?nalidad de identi?car y reducir los  riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como  evitar
la generación de nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastre”. El medio que le otorga la
Ley a dicho Sistema re?ere que el SINAGERD cumple dicha ?nalidad a través del “establecimiento de principios,
lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres”.
La Ley  de creación del  SINAGERD establece  un modelo sistémico  –y no orgánico-  de la  GRD, un sistema
multinivel que  plantea  un funcionamiento  sinérgico y  transversal entre  actores  cuyas reglas  son jerárquico
funcionales, cuya  composición se  divide en instituciones  sectoriales desconcentradas  y niveles de  gobierno
descentralizados, pero donde el rol de cada uno es planteado de forma complementaria y subsidiaria al de otro,
siempre que genere valor, no duplique esfuerzos y permita la toma de decisiones oportuna en los territorios. El
Sistema, desde su ente rector, debe dirigir con precisión la delimitación de esas competencias y procedimientos.
e.
Resiliencia
El Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores
y la terminología relacionada con  la reducción del riesgo de desastres   , señala una de?nición que respalda
30
26
27
PCM, Análisis de la organización, operatividad, funcionalidad de las entidades técnicas y composición del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
SINAGERD, Perú, marzo 2019.
Durante la Conferencia Mundial, los  Estados también reiteraron su compromiso de abordar la  reducción del riesgo de desastres y el aumento  de la resiliencia
ante los desastres con un renovado sentido de urgencia en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y de integrar como corresponda
tanto la reducción del riesgo de desastres como el aumento de la resiliencia en las políticas, los planes, los programas  y los presupuestos a todos los niveles y
de examinar ambas cuestiones en los marcos pertinentes. (MSDRR Párrafo 2).
28
29
30
PCM. Documento de Trabajo “Análisis del funcionamiento y operatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) Perú, febrero,
2019”.
PCM. Documento de Trabajo “Análisis de la organización, operatividad, funcionalidad de las entidades técnicas y composición del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres – SINAGERD, Perú, marzo 2019”.
El Grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de
desastres, establecido por la Asamblea General en su resolución 69/284 para que elaborase un conjunto de posibles indicadores orientados a medir los avances
que se realicen a nivel mundial en lo que respecta a la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, cuya labor fuera
coherente con la del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y actualizase la publicación titulada
“2009,
UNISDR: Terminología sobre reducción del riesgo de desastres” Asamblea General de las Naciones Unidas; diciembre 2016.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
31
y  complementa la  de?nición establecida  en  el Reglamento  de  la Ley  de creación  del  SINAGERD en  su
Artículo 2º, indicando que la resiliencia es la capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad
expuestos a  una amenaza  para resistir,  absorber, adaptarse,  transformarse y  recuperarse de  sus efectos
de manera  oportuna y  e?ciente, en  particular mediante  la preservación y  la restauración  de estructuras  y
funciones básicas por conducto de la gestión de riesgos.
e.
Soluciones basada en la naturaleza e infraestructura natural
Las soluciones basadas en la naturaleza incluyen acciones para proteger, gestionar de manera sostenible, restaurar
los ecosistemas naturales y sus respectivos servicios, entre otros, que permitan el aprovechamiento de los recursos
naturales, para reducir el riesgo de desastres.
La infraestructura natural, es la red de espacios naturales que conservan los valores y funciones de los ecosistemas,
proveyendo servicios ecosistémicos. Asimismo, la implementación de  las medidas de infraestructura natural tiene
por ?nalidad, entre  otros, reducir el riesgo  de desastres.   Así tenemos  entre las principales: la  reforestación con
31
especies nativas,  revegetación  con especies  nativas, diques  para  control de  cárcavas, Instalación  de terrazas
de formación lenta,  enriquecimiento del suelo,  Construcción de zanjas de  in?ltración, Construcción de  Qochas o
Cochas, Barreras rompevientos, entre otros.
f.
Procesos de degradación y sus relaciones con la ocurrencia de fenómenos que impactan en el territorio
La  degradación de  tierra es  el  resultado de  diferentes  factores tales  como  variaciones climáticas,  actividades
humanas,  especí?camente  las  complejas interacciones  entre  los  factores  físicos,  biológicos,  políticos,  socio-
culturales y económicos. La degradación de tierra puede ocurrir en cualquier lugar
32.
La degradación  del medio físico  y biológico  es un proceso por  el cual tierras  económicamente  activas, pierden
su capacidad  de revivir o de regenerarse  a sí mismas,  desarrollando,  en casos extremos,  un ambiente incapaz
de contener a las  comunidades que antes  dependían de ellas.  Este proceso está  asociado a la pérdida  general
de productividad  de los ecosistemas  afectados,  impactando a las actividades  humanas,  limitando la capacidad
de sustentación,   reduciendo  las fuentes  de ingreso  y  deteriorando  la calidad  de  vida de  la población.  Es  un
problema ambiental  global  que tiene alcances  signi?cativos  y se ha constituido  en una amenaza  para millones
de personas,   en particular  a  los pobres  que  ocupan  parte importante   de las  zonas  áridas, porque  afecta  la
producción  agrícola  y por  ende la  disponibilidad  de  alimentos.  En el  caso de  la Costa,  la  degradación  de la
tierra se debe  fundamentalmente  a la salinización,  que afecta  al 40% de la  super?cie cultivada.  Por otra parte,
en la  Sierra la  degradación  se debe  fundamentalmente  a los  procesos de  erosión  de suelos  a causa del  uso
ine?ciente  del  agua, a  tal punto,  que  afecta  entre el  50% y  60% de  los  suelos en  la zona  (Andaluz  y otros,
2005)
33.
Considerando lo señalado,  es importante tener en  consideración la relación entre  la degradación y la  ocurrencia
de fenómenos que  impactan en el  territorio y sobre todo  la incidencia en  el agravamiento de las  condiciones de
vulnerabilidad de la población y sus medios de vida, que incrementan las condiciones de riesgo en  los territorios y
la ocurrencia de desastres.
g.
El cambio climático y su relación con la Gestión del Riesgo de Desastres
El cambio climático, de?nido como «…un cambio en el estado del clima que puede ser identi?cado por cambios en
la media y/o la variabilidad de sus propiedades y que persiste durante  un período extenso, típicamente décadas o
más» (Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático- IPCC, 2012)
El cambio climático contribuirá a la formación o la ampliación de condiciones de riesgo en la sociedad, algunas de
las cuales cabrán  bajo el concepto de  riesgo de desastre,  tal como se ha  entendido esta noción históricamente.
Este concepto se puede extender tomando en cuenta los nuevos patrones de eventos climáticos  no rutinarios con
potencialidad de causar daño a la sociedad.
El calentamiento global puede aumentar el riesgo de sequías, y temperaturas oceánicas más altas también podrían
aumentar la frecuencia  e intensidad de las  tormentas, y la ocurrencia  de desastres asociados a  estas tormentas
son más comunes debido al aumento en la población y el impacto resultante de esto en el medio ambiente y en un
ecosistema ya frágil.
34
El reglamento de  la Ley Nº 29664,  Ley de creación del  Sistema Nacional de Gestión  del Riesgo de Desastres  –
SINAGERD, de?ne el riesgo de desastre como «… la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran
daños y pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro».
El riesgo es una función de la existencia de una amenaza o un peligro, y de condiciones de vulnerabilidad en uno o
en varios elementos sociales expuestos a sus posibles efectos, por ello se debe considerar su gestión en el marco
de los procesos de desarrollo.
Las modi?caciones en  el estado del clima  previstas con el cambio  climático son cambios en  los promedios y los
patrones de variabilidad, paulatinos, progresivos y, en ciertos momentos, abruptos. Los cambios en los promedios
31
Lineamientos  para la  incorporación de  criterios  sobre infraestructura  natural  y gestión  del  riesgo en  un contexto  de  cambio climático,  en  el marco  de  la
reconstrucción con cambios. Decreto Supremo Nº 017-2018-MINAM
32
33
34
UNCCD, United Nations Convention to Combat Deserti?cation. 1995
MINAM. La deserti?cación en el Perú. Cuarta Comunicación Nacional del Perú a la Convención de Lucha contra la Deserti?cación y la Sequía. Junio 2011
https://www.iadb.org/es/ove/cambio-climatico-y-la-gestion-de-riesgo-de-desastres
32
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de los  elementos del clima,  temperatura, pluviosidad,  ventosidad y otros  desarrollados durante periodos  largos,
signi?carán nuevos estresores o peligros de origen climático.
Existe la posibilidad de que los nuevos promedios sean un  factor adicional en la fórmula del desastre, en especial
para aquellas comunidades con menores recursos ?nancieros y técnicos disponibles. Así, por ejemplo, un aumento
en el  promedio de la  temperatura podría tener  efectos negativos sobre  la producción agrícola,  lo que conducirá
a crisis  en los  medios de  vida y  de subsistencia  de distintas  poblaciones particularmente  en zonas  o regiones
marginales. De  igual forma, una  baja en los  promedios de  precipitación en zonas  semiáridas podría convertir  a
estas en inhabitables  en el futuro.  Por esta razón, tienen  que considerarse el impacto  y la posible  relevancia de
cambios en los promedios para evaluar la posibilidad de desastre y el consiguiente planteamiento de un desarrollo
sostenible en las decisiones de plani?cación para el desarrollo.
35
1.3.4
Situación actual del problema público
La geomorfología y ubicación del país, así como su gran diversidad climática, hacen del Perú y de su población altamente
vulnerable, un país expuesto a una gran variedad de  potenciales peligros que se reportan a lo largo de todo el territorio
y que  se presentan  en un  entorno marcado  por una  serie de  factores endógenos,  particularidades del  territorio y  la
heterogeneidad de las condiciones de vida de la población.
De acuerdo  con la información  brindada por el  Sistema de  Información Nacional para  la Respuesta y  Rehabilitación-
SINPAD del Instituto Nacional  de Defensa Civil- INDECI, solo entre  el período comprendido entre el 2003  y el 2017 se
han presentado en el país, un  aproximado de 69 mil 419 emergencias y desastres. Estas  emergencias, que suelen ser
recurrentes, se presentan con diversos valores de magnitud, intensidad y amplio  ámbito de efectos e impacto a lo largo
de todo el territorio nacional, habiendo generado un total de 1 millón 935 mil 448 damni?cados y 16 millones 404 mil 234
afectados  .
36
Entre  los departamentos  con  mayor ocurrencia  de  emergencias y  desastres  durante dicho  período  se encuentran:
Piura, Apurímac,  Huancavelica, Ayacucho,  Puno, Cajamarca,  Huánuco, San  Martin y Loreto,  los que en  su conjunto
concentran el 62.23%  del total de emergencias  y desastres ocurridos  y el 68.95% del total  de personas damni?cadas
y afectadas.
Los departamentos  señalados  como aquellos  con mayor número  de damni?cados  y afectados coinciden  en mostrar
factores  socioeconómicos   que  los  hacen  más  vulnerables,   como  son:  mayores  índices   de  pobreza  o  extrema
pobreza  y  necesidades  básicas  insatisfechas,   e índices  bajos  de  desarrollo  humano,   competitividad  y  progreso
social regional.
Si bien  la ocurrencia de los  peligros a los  que se encuentran  expuestos los departamentos  arriba señalados, aunada
a los  factores  socioeconómicos y  de desarrollo  descritos los  convierte en  territorios altamente  vulnerables, se  debe
tener en cuenta  que existen otro segundo grupo  de departamentos que si bien  cuentan con índices socio  económicos
mejores y con una ocurrencia de emergencias menor, se encuentran en una alta condición de vulnerabilidad asociada al
potencial peligro al que su población se encuentra expuesta y a la magnitud del impacto que una emergencia o desastre
podría generar.  Peligros como  sismos y  tsunamis, inundaciones, movimientos  en masa,  heladas y  friajes tienen  una
envergadura nacional atendiendo a la cantidad de distritos y a la cuanti?cación de población potencial que se encuentra
expuesta a ellos.
Departamentos como Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica, Arequipa y Tacna, concentran los peligros con mayor
cantidad de  distritos y población  expuesta. La  siguiente Tabla muestra  la población potencial  expuesta atendiendo  al
departamento en el que se encuentran y al tipo de potencial peligro:
35
36
Nota Técnica: La adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo: re?exiones e implicancias. MINAM-CENEPRED-Segunda Edición
INDECI, Compendio Estadístico, 2018.
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Tabla Nª 02
POTENCIAL POBLACIÓN EXPUESTA A DIFERENTES PELIGROS
La población potencial que se vería expuesta ante la ocurrencia de un sismo ascendería a 19 millones 701 mil 201 de los
cuales el 75.67% correspondería a los departamentos del segundo grupo mencionado. Solo en el caso de Lima, a pesar
de contar con índices socioeconómicos y de desarrollo mucho más elevados, ascendería a un aproximado de 10 millones
471
mil 812 es decir el 53.15%. Tratándose de tsunamis, la población potencial expuesta sería de 3 millones 447 mil 954,
de los cuales el 71,24% se encontraría ubicada en Lima.
La Libertad, Lambayeque e incluso en el caso de Tumbes presentan una gran cantidad de población potencial expuesta
a inundaciones que suman en su conjunto 2 millones 790 mil 552 y dos y representa el 11.59% del total.
Se debe  tener en cuenta cómo  está conformada la  población expuesta con  el objeto de poder  medir su condición  de
vulnerabilidad, así como su nivel de resiliencia. Como muestra, las condiciones socioeconómicas y de desarrollo descritas
colocan a las mujeres en situación de alta vulnerabilidad al tener menor acceso a ingresos económicos y medios de vida
más frágiles  ;  en esa medida es importante  reconocer cuales son las causas que  colocan a la mujer en  su diversidad
37
y condición de vulnerabilidad  frente a una situación de  riesgo, ante la ocurrencia de emergencias  y desastres, tendrán
menos posibilidades  de reponerse  por sí mismas  y afrontar  las consecuencias  derivadas de  estos. También, ante  la
ocurrencia de una emergencia, las mujeres, niñas y adolescentes están expuestas a un mayor riesgo de violencia física
y sexual  .
38
Similar situación se presenta con relación a las personas con discapacidad, quienes presentan una menor resiliencia ante
la ocurrencia de emergencias o desastres.  Según el último censo de población y vivienda  del 2017, al menos el 10.4%
de la población posee algún tipo de discapacidad, de los cuales la proporción  por sexo en el área urbana apunta que el
57%
Lambayeque y Arequipa, las mujeres exceden la media con 59%, 58,8%, 58,6% 58,5% y 58,1% respectivamente
información resulta relevante teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las mujeres.
son mujeres y el 43% hombres. En los casos de la Provincia Constitucional del Callao y las provincias de Ica, Lima,
39
. Esta
37
El 67% de las mujeres frente al 53% de los  hombres trabajan en el sector informal. Por cada 100 hombres hay 108 mujeres en pobreza extrema.  Fuente: Plan
Nacional de Igualdad de Género 2012.2017 – Pág. 27 (48 Nota al Pie: Fuente: CEPAL, 2008: Estadísticas de América Latina y El Caribe).
INDECI, Manual de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres, 2017.
USAID, SAVE  THE CHILDREN, HUMANITY &  INCLUSION, COPERAZIONE  INTERNACIONALE, GIRD, Estudio  de Línea de  Base en Gestión  Inclusiva de
Riesgos de Desastres en el Perú, 2018.
38
39
34
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En  el  mismo  sentido,  las  personas  adultas  mayores   son  reconocidas  también  como  personas  en  condición  de
vulnerabilidad, situación que se agrava en situaciones de emergencia y/o desastre cuando sus necesidades particulares
muchas veces  no  son atendidas  debido a  que  se desconocen  sus características  o condiciones  de  fragilidad y,  en
muchos casos de  desprotección. La situación  de la pobreza de  las poblaciones adultas  mayores varía por región,  los
datos estimados por la ENAHO – INEI en el 2014 reportan desde el 3.52% hasta el 48,03% de pobreza total en personas
adultas mayores de 65 a más años.
40
Existen a su  vez otros factores aunados a  los ya mencionados que  incrementan el estado de vulnerabilidad  a lo largo
del territorio  nacional afectando a  la población y sus  medios de vida  como son: i)  la ocupación y  uso inadecuado del
territorio sin  considerar aptitudes  y condiciones de  riesgo; ii  ) la  débil comprensión del  riesgo de  desastres en  todas
sus dimensiones;  iii)  la débil  gobernanza de  la  gestión del  riesgo de  desastres; iv)  la  debilidad en  la incorporación
e integración  de  la gestión  del riesgo  de desastres  en  las inversiones  públicas y  privadas; y,  v)  la falta  de e?cacia
y oportunidad  para  la respuesta  y recuperación.  Los  que se  constituyen en  causas  estructurales que  inciden en  el
incremento de la vulnerabilidad de la población y sus medios  de vida, ocasionando la persistencia del problema público
y sus efectos, que se detallan a continuación:
A.
Causas del problema  público: Alta vulnerabilidad de  la población y sus  medios de vida ante  el riesgo de
desastres en el territorio
Causa  Directa 1  (CD1): Ocupación  y  uso inadecuado  del territorio  sin  considerar sus  aptitudes  y
condiciones de riesgo
La existencia  de  factores  de exclusión  social  y económica  producto  de las  distintas coyunturas  políticas,  sociales,
económicas  y  ambientales  del país,  han  conllevado  durante  las  últimas  décadas,  a la  generación  de  dinámicas,
obstáculos  y  di?cultades  que  han  afectado  el  desarrollo  del  país,  tales  como  procesos  de  migración  interna,  el
crecimiento  acelerado de  la población urbana  concentrado  en la costa,  la ocupación  y uso de  medios de  vida en el
territorio sin una adecuada  y previa plani?cación que tome en cuenta  la gestión del riesgo de desastres y las aptitudes
del territorio  que tiene  entre sus  componentes  al medio  natural re?ejado  en los  ecosistemas y  sus funciones  vistas
como servicios ambientales  o ecosistémicos, incluido  los procesos de degradación  y sus relaciones con la  ocurrencia
de fenómenos  que impactan en el  territorio; dando lugar  a una ocupación y  crecimiento desordenado  e informal, que
adolece de  vivienda,  infraestructura y  servicios  básicos de?cientes  y/o inseguros  y, por  tanto, medios  de vida  poco
resilientes, incrementando  así las condiciones  de vulnerabilidad  y exclusión social.  Ello aunado a la  ausencia de una
adecuada plani?cación  y la  acción del Estado  sin tomar en  cuenta la gestión  del riesgo  de desastres y  la necesidad
de tomar  en cuenta  factores de  importancia como  el ordenamiento  territorial,  la adaptación  al cambio  climático y  la
insu?ciencia e incumplimiento de marcos técnicos normativos articulados e integrados intersectorialmente incorporando
la gestión  del riesgo  de desastres, traen  consigo un  creciente incremento  en la  vulnerabilidad de  la población  y sus
medios de vida.
La  ocupación y  uso  inadecuado  del  territorio, sin  considerar  sus  aptitudes  y condiciones  del  riesgo,  es  generada
principalmente, por  la persistencia  de la  informalidad por  la existencia  de factores  de exclusión  social y  económica,
procesos de migración  interna, el incremento demográ?co  acelerado de la población  urbana y la limitada  plani?cación
estratégica y especí?ca en materia de gestión del riesgo de desastres.
El cambio climático, por  su parte, contribuirá a la formación  o ampliación de las condiciones de  riesgo existentes en la
sociedad y sus medios de vida.  Mientras que, por un lado, las modi?caciones en  el estado del clima previstas cambian
los promedios y los patrones de variabilidad, paulatina y progresivamente (en ciertos momentos, abruptamente), por otro
lado, las modi?caciones  en el patrón de  variabilidad climática tienen  el potencial para generar  efectos negativos en la
sociedad, en un rango desde los eventos leves hasta los eventos extremos que generan desastres  .
41
La ocupación y  uso inadecuado del territorio  sin considerar sus aptitudes y  condiciones de riesgo, es  resultado de las
siguientes causas indirectas:
a.
Migración y crecimiento acelerado de la población
La existencia  de  factores de  exclusión  social y  económica producto  de  las distintas  situaciones  coyunturales
atravesadas  por  el  Perú,  como el  deterioro  de  la  economía  agrícola,  la  falta  de presencia   del Estado  y  la
búsqueda  de la mejora  de condiciones  de  vida, entre  otros, evidenciado  a  través de  los índices  económicos,
de desarrollo  y  progreso  mostrados,  tales  como pobreza  extrema,  falta  de servicios  públicos  y necesidades
básicas insatisfechas,  entre  otros aspectos   , dieron inicio  a un proceso migratorio  interno que  se inicia a partir
42
de la década  de los 40, y que  conlleva al crecimiento  acelerado  de la población  en las ciudades.  Este proceso
continuó  incrementándose  a través  de  los años,  a una  celeridad  cada vez  mayor a  la reacción  por parte  del
Estado.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, la población del país al 2017 asciende a 31
millones 237 mil 385 habitantes. Durante el periodo intercensal 2007–2017, la población total del país se incrementó
en 3 millones 16 mil 621 habitantes, es decir, tuvo un crecimiento de 10,7% respecto de la población total del 2007,
que fue de  28 millones 220  mil 764 habitantes.  Ello nos lleva a  señalar que la  población peruana ha crecido  un
promedio de 301 mil 662 habitantes anuales durante el período mencionado, es decir en un 1,0%, con?rmando así
una tendencia decreciente del ritmo de crecimiento poblacional en los últimos 56 años. De una Tasa de Crecimiento
40
41
https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/archivos/gestion_riesgos.pdf
MINAM – CENEPRED. La  adaptación al cambio climático y la gestión  del riesgo: re?exiones e implicancias. Lima:  Proyecto Inversión Pública y Adaptación al
Cambio Climático – GIZ; 2013.
42
Esta situación se ha mantenido en el tiempo y se traducen en los actuales índices socioeconómicos, de desarrollo y progreso social.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
35
de 2,8%  en el  periodo intercensal  1961–1972, el Perú  pasó a  2,6% entre  1972–1981, desciende a  2,0% en  el
periodo 1981–1993, y en el penúltimo periodo intercensal fue de 1,6% por año
43
.
El Grá?co  Nº 01  muestra  el detalle  de la  población desde  1940 hasta  el año  2017, de  acuerdo con  las cifras
obtenidas a través de los Censos Nacionales  de Población y Vivienda realizados por el INEI, señalando a su vez,
la Tasa de Crecimiento promedio anual durante dicho período:
Grá?co Nº 01
POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 1940-2017
Si bien el crecimiento  poblacional  del país muestra  una tendencia decreciente,  se debe tener  en cuenta que a causa
44
el crecimiento  se  ha concentrado  en su  mayoría  en la costa,  ocasionando  una tendencia
creciente a nivel  de la población urbana.  Durante el período comprendido  entre 1940 y 2017,  la población de la costa
se vio  incrementado  año a año.  Al 2017 tan  solo la región  de la  costa abarca  al 58%  de la población  mientras  que
la sierra  cuenta  con un  28,1%, habiendo  disminuido  a menos  de la  mitad del  porcentaje  con el  que contaba  en el
de la  migración  interna
año 1940   .Solo en  la ciudad de  Lima, se ha concentrado  el  mayor índice de  crecimiento  poblacional durante  dicho
45
período,  originado justamente  en la  necesidad de  contar con presencia  del Estado  y de mejorar  las condiciones  de
vida.
Grá?co Nº 02
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN CENSADA, POR REGIÓN NATURAL 1940 – 2017
(Porcentaje)
43
44
45
INEI, Perú Crecimiento y distribución de la población – 2017: Primeros Resultados, 2018 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/
Est/Lib1530/libro.pdf
INEI, Perú Crecimiento y distribución de la población – 2017: Primeros Resultados, 2018 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/
Est/Lib1530/libro.pdf
Ídem.
36
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
A su vez, la siguiente Tabla muestra los resultados de la  población censada a nivel nacional durante los últimos censos
nacionales realizados en 1993, 2007 y 2017 según sexo y grupos de edad, que establece el incremento de la población
entre uno y otro período
Tabla Nº 03
b.
Existencia de dinámicas sociales que in?uyen en el riesgo.
Existen además  otro conjunto de dinámicas  sociales que in?uyen  directamente en el  riesgo. Al año 2018  según
proyecciones de la  Compañía Peruana de  Estudios de Mercados y  Opinión Pública S.A.C. (CPI),  basadas en el
último censo, la población urbana aproximada del país alcanza los 24 millones 774 mil 3 habitantes, lo que equivale
46
a un 77%   de la población total, la cual se concentra en mayor porcentaje en la costa, sobre todo en Lima en donde
se ubica el 45% de la población urbana.
Grá?co Nº 03

46
Compañía Peruana de Estudios y de Mercado y Opinión Pública S.A.C., 2018, Perú Población 2018, Market Report, Nº5, Pág. 04.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
37
Desde  1950 el  Perú  experimenta  un fuerte  proceso  de  cambio demográ?co,  tanto  en  cantidad de  población
como en  distribución. A mediados del  siglo XX  la población rural  representaba el  59% de total  de la  población;
sin embargo, en  la actualidad sólo representa el  23% de la población  peruana. Esta disminución de la  población
rural es consecuencia del  continuo proceso de migración del  campo a la ciudad y  la desaceleración de las tasas
de natalidad  durante los últimos  decenios del siglo pasado   . Al 2017,  las regiones con  mayor concentración de
47
población rural  son  Huancavelica con  un 69,5%  de población  rural,  Cajamarca con  un 65%,  Huánuco con  un
Apurímac con un 54,2%; y Amazonas, Puno, Ayacucho, Cusco cuyos valores oscilan entre el 59% y 40% de
población rural
47,9%,
48
.
A la migración interna  de la población hacia las  ciudades, se sumaron el  dé?cit de terrenos adecuados para  que
puedan ubicar y construir sus viviendas, así como las distintas coyunturas económicas y sociales atravesadas por
el país; ello  conllevó al crecimiento de un  sector popular que a falta  de recursos económicos para poder  adquirir
e incluso alquilar  una vivienda, optó por tugurizar  viviendas ya existentes y/o  dar inicio a una ocupación  informal
de los cerros en la  ciudad y del territorio en las periferias a  través de las “invasiones”, conformando así barriadas
y pueblos jóvenes cuyo crecimiento fue de  una velocidad vertiginosa a pesar de no contar con acceso  a servicios
públicos básicos, e incentivada  por los tra?cantes ilegales de tierras, grupos  inmobiliarios informales, incluso, por
dirigencias de  comunidades campesinas ilegales  o fantasmas. Al  año 2007,  de los Barrios  Urbanos Marginales
existentes en el país, el 49,8% se concentraba ya en la ciudad de Lima.
De acuerdo  con lo  señalado por  la Dirección  de Geología Ambiental  y Riesgo  Geológico del  INGEMMET, esta
ocupación informal de cerros y laderas abarcaba ya alrededor del 2016, una extensión aproximada de 2 mil 819.26
km2, desde el norte  con la provincia de Chancay,  por el sur con Pucusana y  por el este con varias comunidades
campesinas como Jicamarca, Collanac, Santa Rosa de Manchay, entre otras. De manera complementaria a ello, la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), desarrollada a ?nes del 2016, señala que en gran parte de este espacio
existen unos 850 mil 355  hogares que carecen de agua potable; de los  cuales un 99.4% tiene acceso a servicios
de electricidad, generado en su mayoría gracias a tendidos informales.
Aunado a  lo anterior,  la política  de vivienda  planteada en  las últimas  décadas  por el Estado  para el  acceso a
terrenos por  parte de  poblaciones de  escasos recursos  económicos  y a viviendas  de bajo  costo no  ha podido
49
y menos  permitir el traslado  o reasentamiento  de población  en zonas de  riesgo
cubrir el  nivel de la  demanda
a viviendas  más seguras    y de  calidad. Lima  es quizá  la única capital  en América  Latina que sigue  creciendo
con invasiones. Ciudades  como Santiago de Chile y Bogotá,  por ejemplo, crecen con programas  subsidiados de
50
vivienda   .
51
Se debe tener en cuenta  que la situación en el Perú se  agrava con el reconocimiento de las invasiones por  parte
del Estado. Desde 1962, los distintos gobiernos han dictado medidas que han terminado por expropiar los terrenos
invadidos y otorgar títulos de propiedad a sus  ocupantes invasores, “formalizando así lo informal” y generando un
incentivo perverso a lo largo del  tiempo. La población continuó y continúa, invadiendo terrenos, en  su mayoría no
seguros, construyendo infraestructura y viviendas informales e inseguras y, desarrollando otros medios de vida no
seguros, a la  espera de obtener  su título de  propiedad como resultado de  medidas dictadas por  el Estado cada
cierto período de tiempo.
Solo  a través  del  COFOPRI  se  han emitido  2  millones  576  mil 583  títulos  de  propiedad durante  el  período
comprendido entre el año 1996 y el año 2018.
c.
Insu?ciencia e incumplimiento de instrumentos técnicos normativos de ocupación y uso del territorio
Existen  otros factores  que  incrementan  el  riesgo de  desastres  como  es la  insu?ciencia  e  incumplimiento  de
instrumentos técnicos normativos de ocupación y  uso del territorio por parte de las entidades públicas,  privadas y
de la población en general.
Según el  informe Perú:  Indicadores de  Gestión Municipal  2018  , el  46,9% de  municipalidades provinciales  del
52
país tiene Planes de Acondicionamiento Territorial  y solo el 16,3% de municipios  distritales cuenta con Planes de
Desarrollo Urbano.  Por su parte,  los resultados  de la Encuesta  Nacional de  Gestión del Riesgo  de Desastres  -
ENAGERD 2017   conducida  por el CENEPRED indican que de un total de 1mil  311 entidades de los tres niveles
53
de gobierno que respondieron la ENAGERD, un número de 98 cuentan con instrumentos técnicos de plani?cación
territorial, lo que representa el 5% del total, pero solamente 4 de ellas incorporan el enfoque de GRD y 2 entidades
más se encuentran en proceso de incorporarlo en sus respectivos instrumentos. También, solo el 1,7% de Gobiernos
Regionales y  Locales indican haber  elaborado, actualizado y/o  implementado su  Plan de Ordenamiento  para la
Gestión Territorial y un 3,2% se encuentra en proceso de hacerlo.
47
48
49
CEPLAN. Perú 2021: País OCDE. Serie: Avances de investigación / Nro. 1. febrero 2015.
INEI, Resultados de?nitivos 2017, Censos Nacionales 2017, octubre 2018.
A través del  Fondo Hipotecario  de Promoción de  la Vivienda  - Fondo MIVIVIENDA creado  en 1998-  el Estado ha  llevado a cabo  iniciativas orientadas  a la
promoción y ?nanciamiento de la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas de interés  social, como es el caso de Techo Propio o el Bono Familiar
Habitacional. Sin embargo, estas iniciativas solo  han podido atender la demanda de la población  comprendida en un nivel socioeconómico C, dejando aún  de
lado los niveles socioeconómicos D y E.
50
La seguridad  desde las entidades locales  como nacionales se  ha limitado a  la ejecución de  medidas de mitigación  tales como la  construcción de muros  de
contención, escaleras, defensas ribereñas, limpieza de cauces previo a la temporada de lluvias, etc.
51
52
https://elcomercio.pe/lima/busca-terreno-proxima-barriada-ruiz-somocurcio-370217.
El documento Perú: Indicadores  de Gestión Municipal 2018, publicado por  el INEI, muestra los resultados  del Registro Nacional de Municipalidad (RENAMU)
2018
que contiene información de las 196 municipalidades provinciales y de las 1 mil 676 municipalidades distritales del país.
CENEPRED. Implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Resultados de la Encuesta Nacional de Gestión del  Riesgo de Desastres
ENAGERD 2017.
53
38
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
La ocupación de terrenos y de  medios de vida en zonas de riesgo y  alto riesgo es uno de los principales factores
que caracterizan  la vulnerabilidad  de la  población, por  lo que  llama la  atención los  resultados arrojados  por la
ENAGERD relacionados con los avances de las Municipalidades Provinciales y Distritales, a la fecha, en cuanto a
la adecuación de normas y procedimientos para el otorgamiento de licencias de edi?cación y de habilitación urbana
y rural,  y de licencias  de funcionamiento con  enfoque de GRD.  De las 1  mil 235 municipalidades  provinciales y
distritales que participaron y atendieron la encuesta resalta lo siguiente  :
54
-
-
El 0,4%  de municipalidades han  adecuado normas  y estandarizados procedimientos  para el  otorgamiento
de  licencias de  edi?cación  con enfoque  de  GRD. Cabe  anotar  que el  94,9%  de las  municipalidades no
respondieron a esta pregunta de la encuesta.
El 0,08% de municipalidades han adecuado normas, y estandarizados procedimientos para el otorgamiento de
licencias de habilitación urbana y rural con enfoque de GRD. Cabe anotar que el 95% de las municipalidades
no respondieron a esta pregunta de la encuesta.
-
-
El 2,9% de municipalidades han realizado alguna modi?cación a la normativa y estandarizados procedimientos
como el TUPA para el otorgamiento de licencias de edi?caciones con enfoque de GRD.
El 9%  de municipalidades  han aplicado  alguna norma  o  procedimiento estándar  para el  otorgamiento de
licencias de funcionamiento con enfoque de GRD.
Por  otro lado,  el  Ministerio de  Vivienda,  Construcción y  Saneamiento  sobre  la existencia  de  instrumentos de
plani?cación en  las ciudades,  señala que  más del  87%  de las  municipalidades del  país no  cuenta con  ningún
instrumento de gestión territorial o de tenerlo está desactualizado    . Lo anterior se re?eja en el Grá?co Nº 04, que
55
muestra además de manera focalizada la situación en la cual se encuentran las ciudades de Tumbes, Piura, Paita,
Sullana, Chiclayo, Trujillo, Huarmey, Lima e Ica, recientemente afectadas por fenómenos climáticos extraordinarios
ocurridos entre 2016 y 2017.
Grá?co Nº 04
HOGARES PRINCIPALES POR ORIGEN DE INGRESO, SEGÚN MATERIALES PREDOMINANTES
d.
Infraestructura, vivienda y servicios básicos de?cientes e inseguros.
Tanto lo mencionado en  cuanto a la ausencia de políticas  de vivienda orientadas a facilitar el  acceso de terrenos
seguros a  poblaciones de bajos  recursos económicos como  la insu?ciencia de  marcos técnicos normativos  que
consideren la gestión  del riesgo de desastres  y, en caso de  existir, su incumplimiento por  parte de las entidades
que forman parte  del Sistema Nacional de Gestión  del Riesgo de Desastres (SINAGERD)  como la población, ha
dado como resultado no solo la ocupación informal sino a su vez  la construcción de viviendas, servicios básicos e
infraestructura informales que no  guardan estándares mínimos de calidad o  seguridad y que se encuentran cada
vez más tugurizadas.
Al año 2004,  sólo en la  ciudad de Lima, el  31 % de  la población urbana habitaba  ya viviendas tugurizadas,  que
56
así  como potenciales  riesgos  de
presentaban  un alto  riesgo  para la  vida  y seguridad  física de  la  población
enfermedades.
Es la población con carencia de recursos  económicos, y que por lo general suele vivir en la  informalidad, quienes
en su mayoría ante la necesidad de contar con una vivienda suelen recurrir a su vez, a la construcción y habilitación
informal que implica el uso de materiales frágiles o no apropiados y sin seguir medidas técnicas adecuadas.
54
55
Ídem.
Antezana Alvarado, Julián, 2018, Inducción en Urbanismo, Desarrollo Urbano y  Planeamiento Territorial, Seminario Perito Tasador: Pieza Fundamental para la
Inversión Pública. Ministerio de Construcción Vivienda y Saneamiento.
56
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2016, Deterioro de las áreas urbanas centrales y patrimoniales.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
39
Según el INEI el 97% de los  hogares con ingreso exclusivamente “formal” es no pobre, y el  3% restante es pobre
no extremo, mientras que  en el caso de los hogares con  ingreso exclusivamente del sector informal, 71% son  no
57
pobres y 29% pobres (23% pobres no extremos y 6% pobres extremos)  .
Asimismo, el tipo de vivienda que  ocupan los hogares di?ere según el origen de sus ingresos.  Existen diferencias
relevantes en cuanto al material predominante en las paredes exteriores de las  viviendas, tal como se muestra en
el Grá?co Nº 05. En los hogares con ingreso “formal”, el 79% habitan en viviendas con paredes de ladrillo o bloque
de cemento; en los  hogares con ingreso informal, sólo el  29% vive en domicilios con  dichos materiales, la mayor
parte cuenta con paredes de adobe (39%) y tapial (13%)  .
58
Grá?co Nº 05
HOGARES PRINCIPALES POR ORIGEN DE INGRESO, SEGÚN MATERIALES PREDOMINANTES
Estas claras diferencias  muestran el nivel  de vulnerabilidad de la población  de bajos ingresos  y que forma parte
del sector  informal.  Sin  embargo, el  tipo de  material  no garantiza  la  seguridad de  la vivienda  ya  que incluso
en viviendas  perteneciente  a hogares  con ingresos  del sector  formal no  hay garantía  que el  material utilizado
cumpla con las normas existentes o guarde concordancia con normas y estándares de calidad en la construcción,
incrementando la situación  de vulnerabilidad de la población y disminuyendo su resiliencia.  Lo anterior se agrava
aún más con la  existencia de ladrilleras  informales como es  el caso de las existentes  en Huachipa o el norte  de
Carabayllo en Lima.
La inseguridad  y  de?ciencia  tanto de  viviendas como  de servicios  básicos  e infraestructura,   se traduce  en la
alta vulnerabilidad   que mani?esta  la sociedad  y que, ante  la manifestación  de  peligros como  lluvias intensas,
sismos,  huaicos,   deslizamientos,   entre  otros,  esta   condición  de  riesgo   se  materializa  en  emergencias   y
desastres.
Sobre el particular,  el Informe publicado por  el CENEPRED que da  cuenta de los avances  en la implementación
del  PLANAGERD  2014-2021  y  que para  el  año  2017  ha  recogido  información  del  80,3%  de  las  entidades
SINAGERD (ministerios,  organismos públicos,  Gobiernos Regionales y  Municipales) señala  que el  2,2% de las
entidades cuentan con  instrumentos técnico normativos que  contribuyen a mejorar las  condiciones de seguridad
en los  servicios básicos (agua potable  y saneamiento, abastecimiento  de energía, transporte  y comunicaciones,
equipamiento público, escuelas y hospitales) y en medios de vida esenciales ante el riesgo de desastres protección
de bienes productivos o programas de mitigación para la población vulnerable), sin embargo, solo 0,4% señala que
vienen aplicando instrumentos técnicos normativos de seguridad referente a los servicios básicos,  medios de vida
esenciales y gestión del territorio  .
59
Por otro lado,  el 4,5% de las  entidades que llenaron la encuesta  (ENAGERD) han realizado alguna  gestión para
implementar e  instalar condiciones de  seguridad en  instituciones educativas, establecimientos  de salud y  otros;
mientras que el 2,4%  de entidades han efectuado la  gestión para la instalación y acondicionamiento  de servicios
seguros de  abastecimiento de  agua y  saneamiento, energía,  transporte, comunicaciones,  seguridad ciudadana
y bomberos, equipamiento  público  . Adicionalmente, se  reporta que el 8,8%  de entidades de los  tres niveles de
60
57
58
59
INEI. Producción y Empleo Informal en el Perú. Cuenta Satélite de la Economía Informal 2007-2016. 2017
Ídem.
CENEPRED. Implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Resultados de la Encuesta Nacional de Gestión del  Riesgo de Desastres
ENAGERD 2017.
60
Espacios o edi?caciones destinadas a prestar servicios públicos de carácter formativo, cultural, de salud, de bienestar social, entre otros.
40
NORMAS LEGALES
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Lunes 1 de marzo de 2021 /
gobierno han  realizado intervenciones  dentro del ámbito  de su  jurisdicción para  reducir la vulnerabilidad  de los
medios de vida esenciales de la población, con mayor actividad en el ámbito distrital
61
.
Causa Directa 2 (CD2): Débil comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones
Las condiciones de alta vulnerabilidad y la generación de múltiples escenarios de peligro aunados al creciente impacto de
los efectos del cambio climático hacen del país un territorio de alta susceptibilidad y con alto riesgo. Esta susceptibilidad
seguirá incrementándose producto de la de?ciente gestión del conocimiento en lo que a gestión del riesgo de desastres
se re?ere, debido a la falta de entendimiento, estandarización,  plani?cación y articulación de la información, así como a
la generación de información, estudios e investigaciones. A ello se suma la inadecuada percepción que tiene la población
sobre su territorio y los riesgos que presenta.
La débil comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones es resultado de las siguientes causas indirectas:
a.
De?ciente gestión del conocimiento
En los  últimos años el  Perú ha  generado conocimiento y  se han  desarrollado algunos escenarios  y canales  de
acceso a  los mismos  en el marco  de los  objetivos del  PLANAGERD 2014-2021,  sin embargo, no  se evidencia
una plani?cación  para su desarrollo  ni una adecuada  difusión, uso  y/o transferencia del  conocimiento generado
por parte de los distintos actores  involucrados en todos los sectores y niveles de gobierno. Por  ejemplo, el 16.1%
de las  entidades que integran  el SINAGERD acceden  al Sistema de  Información SIGRID, de  los cuales el  76%
corresponde a  los Gobiernos  Regionales, el 55.6%  a los  Ministerios, el  37% a Municipalidades  Provinciales, el
17.3%
a Organismos Públicos (OP) y solo un 12.3% a Municipalidades Distritales  .
62
La escasez  de generación de  información tomando en  cuenta las  particularidades y aptitudes  del territorio, que
pueden ser obtenidas a través del intercambio articulado con los distintos sectores, dan muestra de las debilidades
aún existentes para la gestión del conocimiento. Si bien se cuenta con escenarios de coordinación y/o articulación
creados por  el Reglamento  de la  Ley Nº 29664,  tales como  los Grupos  de Trabajo para  la Gestión  del Riesgo
de  Desastres y  las Plataformas  de  Defensa Civil  tal como  se  detalla más  adelante,  estos no  han funcionado
adecuadamente.
Los  avances  en la  información  generada  sobre  el análisis  del  comportamiento  de  las  amenazas o  peligros,
así como  la  potencial vulnerabilidad  de la  población frente  a las  distintas amenazas  o peligros  no resulta  aún
su?ciente para la  adecuada toma de  decisiones. Los resultados  de la Encuesta Nacional  de Gestión del  Riesgo
de Desastres  ENAGERD 2017 indican  el limitado  desarrollo del análisis  de los peligros  realizado a nivel  de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Son 11 Gobiernos Regionales, 49 Municipalidades Provinciales y 112
Municipalidades Distritales que  cuentan con informes y/o  estudios de mapas de  peligros, representando el 9,1%
para estos niveles de gobierno
Cuando se trata  de la existencia  de informes y/o  estudios orientados  a determinar las condiciones  de riesgo  es
aún menor, lo que indica el limitado avance que al respecto vienen logrando las entidades  del Estado en cuanto a
una adecuada gestión del conocimiento  del riesgo. Más del 30% de entidades precisó no contar con informes  y/o
estudios, situación que  indica el limitado desarrollo del análisis  de los peligros realizado a nivel  de los Gobiernos
Regionales y  Gobiernos Locales; y  un 42% de entidades  mani?estan no haber  elaborado informes  y/o estudios
orientados a determinar  las condiciones de riesgo  en el ámbito de su competencia   .
63
Asimismo, la inversión  en innovación para  la generación, acceso,  difusión y uso del  conocimiento es reducida  y
no existe una  adecuada ni articulada  plani?cación para la  generación de la  información a través de  los distintos
actores con capacidad para ello. La información  es generada aisladamente por cada entidad sin un planeamiento
o estrategia orientada a objetivos comunes que podrían permitir sinergias y valor agregado que permita su uso por
los distintos actores del sistema.
b.
Inadecuada percepción de la población del riesgo de desastres en el territorio
La percepción  de la población  sobre las condiciones  de riesgo en  sus territorios es  aún incipiente y  en algunos
casos nula. Bajo dicho contexto, la débil e inadecuada gestión del conocimiento  del riesgo que comprende la falta
de plani?cación,  generación, acceso,  análisis, difusión  y adecuado  uso del conocimiento,  trae consigo  grandes
debilidades para el desarrollo, articulación y monitoreo de estrategias integrales en materia de gestión del riesgo de
desastres, que involucren a la población en su conjunto.
Como  resultado de  los  Talleres  participativos de  dialogo  social  llevados a  cabo  en  el marco  del  proceso  de
socialización de  la Propuesta de  imagen de  futuro del país  al 2030, se  identi?có la necesidad  de hacer  énfasis
en temas relacionados  a la gestión  del riesgo de desastres,  siendo uno de  ellos que “Un Perú  sostenible: Toma
medidas urgentes para el cambio climático, que incluyen la gestión del riesgo de desastres y la lucha contra la tala
y minería ilegal”
64
61
CENEPRED. Implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Resultados de la Encuesta Nacional de Gestión del  Riesgo de Desastres
– ENAGERD 2017.
62
63
Ídem.
CENEPRED, Implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Resultados de la Encuesta Nacional de Gestión del  Riesgo de Desastres
ENAGERD 2017.
64
CEPLAN. PERÚ Informe Nacional 2018 para el desarrollo sostenible.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
41
Esta percepción  aún incipiente  sobre el riesgo,  guarda relación  también con el  poco acceso  a información  y la
limitada e  insu?ciente formación en  gestión del riesgo  de desastres .Existe  una diversidad  de información entre
estudios  de  peligro  y de  riesgo,  investigaciones  cientí?cas  y  aplicadas,  informes  técnicos, sistematizaciones
que documentan  buenas prácticas,  sin embargo,  la poca difusión  de los  estudios, informes  y buenas  prácticas
y la  aún limitada producción de  análisis y estudios  que incorporen la  dimensión social del riesgo  y los procesos
socioeconómicos que generan condiciones  de vulnerabilidad, abona a esa  inadecuada percepción del riesgo por
parte de la  población. Según el  informe del CENEPRED únicamente  el 4% de  entidades vienen promoviendo la
difusión de las investigaciones orientadas a la gestión del riesgo de desastres y el 6,3% de entidades informaron a
la población respecto a los riesgos identi?cados en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales, traduciéndose en una
limitada divulgación de información no solo hacia autoridades y tomadores de decisiones, sino también a la población
en general, lo que permitiría  orientar y fortalecer el conocimiento del riesgo   . Por otro lado, existen percepciones
65
que derivan  de saberes y  conocimientos ancestrales  de la población  que deben  ser mejor consideradas  en los
estudios, análisis de riesgos e investigaciones por parte de la comunidad de cientí?cos, técnicos y académicos.
c.
Estudios e investigaciones dispersos, no aplicados y desarticulados
Existe reconocimiento a todo el aporte y  producción de investigaciones y estudios relacionados con la gestión del
riesgo de desastres por parte de las entidades  del SINAGERD, no obstante ello, cabe señalar que la información,
en mucho de los casos, tiene una  escala nacional y que, por el nivel de detalle y  precisión, no puede ser usada a
nivel local  sino solo como  información referencial o  general, quedando evidente la  poca información, estudios  e
investigaciones factibles de usar a efectos de la plani?cación y gestión local. En la Línea de Base del PLANAGERD
2014
– 2021, se hace mención que el 1,9% de entidades del SINAGERD generan estudios de investigación cientí?ca
y técnica de acuerdo con sus competencias, entre ellas 14 de las 18 entidades técnico cientí?cas consideradas en
ese momento. Información actualizada brindada por el CENEPRED indica que el 4% de entidades han desarrollado
y/o vienen desarrollando estudios de investigación y la mitad de ellos los han proporcionado y puesto a disposición
a través  de SIMSE;  lo que  indica  que el  restante de  las entidades  (96%) no  participaron de  la encuesta  o no
respondieron y/o  elaboraron  estudios de  investigación cientí?ca  o técnica  orientada  a la  gestión del  riesgo de
desastres.
Por  su  parte,  las municipalidades  distritales  y  provinciales  son  las  entidades  que  en mayor  proporción  han
elaborado estudios y/o informes de mapas de peligro originados por fenómenos naturales, priorizando estudios de
lluvias intensas, inundaciones, sismos, movimientos en masa, bajas temperaturas. A nivel de Gobierno Regional y
Gobiernos Locales elaboraron 524 informes y/o estudios de mapas de peligro, pero solo el 26,3% han proporcionado
los correspondientes estudios al SIMSE. Esta situación  evidencia el limitado avance en la generación de estudios
e información  cientí?ca  y técnica,  su baja  difusión y  por tanto  la  débil aplicación  de todo  este conocimiento  e
información  .
66
Sin embargo, la de?nición de protocolos y normas para la gestión de intercambio y estandarización de la información
sobre riesgos  es aún muy  débil, se cuenta  con información  en algunos casos  dispersa, aislada y  que no se  ha
articulado a  nivel intersectorial y  territorial, incluso en  algunos casos  se cuenta con  información que no  ha sido
coordinada o articulada a nivel sectorial.
Las entidades  del gobierno nacional  son responsables de  elaborar, aprobar  y difundir los  instrumentos técnicos
normativos orientados a la gestión del riesgo de desastres de acuerdo con el marco de sus competencias, a efectos
de fortalecer el  desarrollo de las investigaciones.  La línea de base  del PLANAGERD 2014 –  2021 señala que al
año 2014  el 18% de  entidades elaboran  instrumentos técnicos y  normativos para fortalecer  el desarrollo  de las
investigaciones en GRD, sin  embargo esta actividad al parecer no se  le ha dado prioridad pues en el  informe del
CENEPRED al  2017 se reporta que  solo 4 ministerios  y 4 organismos  públicos cuentan con  estos instrumentos
debidamente aprobados,  de ellos  solo dos ministerios  los difundieron  a través de  sus portales  web o charlas  y
talleres de capacitación, redes sociales y publicaciones.
Los organismos  técnicos  – cientí?cos  cuentan con  mayores recursos  ?nancieros no  sólo para  la  investigación
cientí?ca sino para incentivar la investigación aplicada a los territorios y su problemática, por ello se cuenta hoy con
mayor profusión de estudios aplicados a  las localidades, comunidades o cuencas; sin embargo, no se establecen
convenios previos o acuerdos con los Gobiernos Locales para que realmente se concrete la aplicación más allá de
la investigación en sí misma. Por otro lado, aún se mantienen por parte de algunas instancias o sectores, candados
o información no pública, o la existencia de información muy técnica que di?culta su uso y entendimiento por parte
de la  población en  su conjunto   ; Otro  aspecto que  se debe  tomar en  cuenta es  que las  entidades sectoriales
67
y Gobiernos  Regionales  y Locales,  son los  primeros  impulsores y  promotores no  sólo  de la  producción de  la
investigación –tanto técnica como  aplicada- sino también de su uso  bajo los lineamientos técnicos o?cializados y
la difusión de la investigación a través de eventos cientí?cos y de intercambio en general, en donde la difusión sea
masiva  .
68
d.
Falta de capacidades para la gestión del conocimiento
La falta  de capacidades  en cuanto  a recursos  humanos especializados  a nivel  de los  Gobiernos Regionales  y
Gobiernos Locales,  en especial  los locales,  trae como  resultado la  falta de  generación de  conocimiento desde
dichos niveles y el poco o nulo resultado de las iniciativas de capacitación efectuadas por entidades conformantes
del SINAGERD. Por ende, la población que cuenta con el acceso al conocimiento y que es capaz de entenderla es
muy reducida lo que disminuye su resiliencia e incrementa su vulnerabilidad.
65
66
CEPLAN. PERÚ Informe Nacional 2018 para el desarrollo sostenible.
CENEPRED, Implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Resultados de la Encuesta Nacional de Gestión del  Riesgo de Desastres
ENAGERD 2017.
67
68
Línea de Base del PLANAGERD 2014 – 2021.
Ídem.
42
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
Un  factor de  alta  importancia  que  di?culta  la generación   y difusión  del  conocimiento  se  con?gura  debido  a
la  alta  rotación  del  personal,  que  presentan  las  entidades  de  los  tres  niveles  de  gobierno,  principalmente
de los  Gobiernos  Regionales  y  Locales,  lo que  repercute  en la  continuidad  de  la ejecución  de  las acciones
plani?cadas.
Causa Directa 3 (CD3): Débil gobernanza de la gestión del riesgo de desastres
La débil  gobernanza  de la  gestión del  riesgo  de desastres,  se explica  por la  limitada  de plani?cación  estratégica y
especí?ca destinada e implementar estrategias integrales de gestión del riesgo de desastres, de largo plazo y debidamente
articuladas  a nivel  sectorial,  intersectorial e  intergubernamental  que cuenten  con  enfoque territorial  y  de desarrollo
sostenible, priorizándose solo  estrategias reactivas y  de corto plazo,  esto aunado a la  escaza participación del  sector
privado y la  sociedad civil, y a la  de?ciente aplicación de marcos  normativos vigentes, así como a  las debilidades aún
existentes en la institucionalización de la gestión del riesgo de desastres bajo un enfoque sistémico. A todo ello se suma
la aún débil  implementación del monitoreo, seguimiento  y evaluación, control, ?scalización y  rendición de cuentas, así
como la implementación parcial de instrumentos y mecanismos de participación y articulación institucional, intersectorial
e intergubernamental,  de la gestión  del riesgo  desastres, dando como  resultado las  debilidades existentes aún  en la
gobernanza de la gestión del riesgo de desastres, que coadyuva al crecimiento de la vulnerabilidad de la población y sus
medios de vida ante el riesgo desastres en el territorio.
Esta causa directa es resultado de las siguientes causas indirectas:
a.
Débil implementación de estrategias a nivel intersectorial e intergubernamental con enfoque territorial
El Estado presenta una débil institucionalidad a nivel de los distintos sectores y niveles de gobierno que no permite
la  adecuada continuidad  de  las Políticas  de  Estado. La  agenda  de gobierno  en los  últimos  años se  ha  visto
determinada por situaciones  orientadas a atender temas de  muy corto plazo o  plantear estrategias reactivas, sin
dar la debida atención a la plani?cación de estrategias de largo plazo y al fortalecimiento de  la institucionalidad de
las entidades del Estado, para el desarrollo de políticas  nacionales transversales y de alta importancia y bene?cio
para la población como  son, por ejemplo, la gestión del riesgo  de desastres, el ordenamiento y gestión  territorial,
estrategias con enfoque de derechos  en infancia y adolescencia, personas adultas mayores,  igualdad de género,
inclusión, interculturalidad, entre otras.
Bajo este contexto,  incluso la plani?cación de  las inversiones no se efectúa  con miras a bene?cios  a largo plazo
y con una visión  de desarrollo para el país, sino  bajo una visión de resultados  a corto plazo con impacto social  y
mediático.
Asimismo,  las  debilidades que  presenta  el  Estado  a  nivel  de  plani?cación, recurso  humano  especializado  y
asignación y uso e?ciente de recursos ?nancieros, son parte de las di?cultades que se presentan con mayor énfasis
69
a nivel de los Gobiernos Regionales y Locales  .
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Gestión  del Riesgo de Desastres 2017- ENAGERD el total de entidades
que recibieron capacitación o asistencia  técnica asciende a 290 de un total  de 1 mil 964 entidades, de las  cuales
18
pertenecen al Gobierno Nacional, 16 a los Gobiernos Regionales, 58 a las Municipalidades Provinciales y 200 a
las Municipalidades Distritales. La situación más apremiante se aprecia a nivel de los Gobiernos Locales, ya que a
nivel provincial solo el 29.6% ha recibido capacitación y a nivel distrital el 12%. Con el cambio de gestión gran parte
de los funcionarios o colaboradores han sido, fueron o serán reemplazados por nuevo personal que requerirá iniciar
nuevos programas de capacitación.
La falta de Incorporación e integración de la gestión del riesgo de desastres en la gobernanza del desarrollo, sobre
todo en  los niveles regionales  y locales,  así como la  implementación parcial de  instrumentos y  mecanismos de
participación, articulación e  integración, traen consigo la  priorización de estrategias  tan sólo reactivas o  de corto
plazo y el debilitamiento de los procesos y las estrategias de largo plazo como son las de prevención y reducción del
riesgo de desastres bajo un enfoque territorial  y de desarrollo sostenible. Instrumentos de gestión o planes, como
el de desarrollo, suelen comprender sólo la identi?cación del número de emergencias y/ o desastres o parte de los
daños ocasionados por los mismos, pero no plantean las condiciones de riesgo propias del territorio y su población
así como  otros datos de carácter  socio económico que  resultan necesarios para  la adecuada determinación  del
nivel de vulnerabilidad y la posibilidad de plantear estrategias de prevención y reducción de desastres de largo plazo
con un enfoque territorial. Asimismo, al presentarse debilidades en la implementación del  seguimiento, monitoreo,
control y ?scalización y  rendición de cuentas no se  dan los escenarios que permitan  garantizar la continuidad de
estas.
Al  año 2017  solo  75 entidades  que  equivalen  al 3.8%  del  total, incorporaron  los  componentes prospectivo  y
correctivo en el Plan Estratégico  Sectorial Multianual (PESEM) o el Plan de Desarrollo  Concertado (PDC). De las
75
y 49 a Municipalidades Distritales.
entidades, 1 corresponde a Ministerios 2 a OPD, 7 a Gobiernos  Regionales, 16 a Municipalidades Provinciales
70
Con  relación al  Plan de  Prevención  y Reducción  del  Riesgo de  Desastres, en  el  año 2017,79  entidades  que
equivalen al 4.0% del total contaron con su Plan, de los cuales 1 es una OPD, 8 son Gobiernos Regionales, 21 son
71
Municipalidades Provinciales y 49 Municipalidades Distritales  .
69
70
informe emitido en el 2014 por la Misión Interagencial de las Naciones Unidas “Análisis de la Implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú”.
CENEPRED, Implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Resultados de la Encuesta Nacional de Gestión del  Riesgo de Desastres
ENAGERD 2017.
Ídem.
71
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
43
b.
Falta de incorporación e integración de la GRD en la gobernanza del desarrollo
De acuerdo  con las  mediciones efectuadas  por el  Programa Presupuestal  0068, sobre  la base  de información
proporcionada por el RENAMU y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, el porcentaje de Gobiernos
Locales que han incorporado la gestión del riesgo de desastres en los instrumentos de acondicionamiento territorial
y desarrollo  urbano entre  los  años 2011  y 2017  es solo  de 15.3%  y 3.2%  respectivamente. Asimismo,  solo el
20.5%
de entidades que conforman  el SINAGERD desarrollan y difunden instrumentos  técnico-metodológicos de
plani?cación territorial que incorporan la gestión del riesgo de desastres y solo 8.9% de entidades del SINAGERD,
actualizan e  implementan planes  para el ordenamiento  y acondicionamiento  territorial y a?nes,  considerando el
72
manejo de cuencas hidrográ?cas incorporando la gestión del riesgo de desastres  .
Con respecto  a la inclusión  de la gestión  del riesgo de  desastres en los  instrumentos de gestión  del desarrollo,
según la Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2017, el 4% de las entidades en los tres niveles de
gobierno cuentan con instrumentos aprobados, donde se ha incorporado los componentes prospectivo y correctivo
en el Plan Estratégico  Sectorial Multianual (PESEM) y/o el Plan de  Desarrollo Concertado (PDC) y el 10% de  las
entidades han incluido en el Plan Operativo Institucional (POI) alguna actividad, estudio o proyecto relacionado a la
gestión prospectiva o correctiva del riesgo.
La Incorporación aún parcial de la gestión del riesgo de desastres a nivel de planes de desarrollo concertado en los
niveles regionales y locales, se traduce en que, si bien la mayoría de ellos considera dentro sus objetivos la gestión
del riesgo de desastres, no lo hace en su dimensión integral y sólo lo considera en el sexto objetivo y orientado a la
identi?cación del número de emergencias y/o parte de los daños ocasionados por los mismos.
En cuanto a los otros instrumentos estratégicos de gestión, en promedio el 50% de las municipalidades reportaron
haber incorporado los  procesos de prevención y reducción  del riesgo de desastres.  En el año 2018,  de las 1 mil
650
municipalidades del  país que  disponen del  Reglamento de  Organización y Funciones  (ROF), 816  incluyen
funciones relacionados  a los  procesos de  prevención y  reducción del  riesgo de  desastres. Asimismo,  de las  1
mil 601 municipalidades  que tienen Manual  de Organizaciones y Funciones  (MOF), 755 incluyen en  sus per?les
funciones relacionadas a los procesos de prevención y reducción del riesgo de desastres.
c.
Débil implementación del seguimiento, monitoreo, control, ?scalización y rendición de cuentas de la GRD
En el Perú,  es aún muy  débil la implementación del  seguimiento, monitoreo, control,  ?scalización y rendición de
cuentas referida  a la  gestión del  riesgo de  desastres. Casos  como el  de Colombia,  donde la Contraloría  de la
73
hace una ?scalización  periódica de resultados  de la Política Nacional  de Gestión del  Riesgo o el de
Japón, en  donde todos  los años, el  gobierno está  obligado a publicar  un informe  de avances  en la gestión  del
riesgo que se  debate en el Parlamento, así  como el de Costa  Rica en donde anualmente  se efectúa un proceso
de seguimiento y rendición de cuentas que abarca todo el proceso así como todos los niveles de gobierno; son un
buen ejemplo de  mecanismos establecidos para reforzar la  implementación, sobre todo a  nivel de los Gobiernos
Regionales y Locales.
República
A la fecha es aún incipiente el  seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación de  la gestión del riesgo
de desastres, que permita medir el impacto de los avances logrados, trayendo consigo una incapacidad del Estado
para medir  resultados  y reorientar  esfuerzos en  donde más  se  requiere. Por  ejemplo, al  2018 solo  el  66,6 %
de las  entidades del  Estado cumplió  con atender  y responder  la Encuesta  Nacional de  Gestión del  Riesgo de
Desastres- ENAGERD a  cargo del CENEPRED correspondiente  al ejercicio 2017, lo que  da cuenta del universo
con el cual  cuentan las entidades encargadas  de monitorear y efectuar el  seguimiento del nivel de  cumplimiento
e implementación  , así  como el bajo nivel de interés y de cumplimiento  sobre todo a nivel de Gobiernos Locales,
74
a pesar de las  funciones que les han sido asignadas  por Ley; teniendo que, la menor  cobertura de la ENAGERD
a nivel de las  Municipalidades Distritales se ha presentado en  los departamentos de Huánuco (34%), San  Martín
(34%),
emergencias y desastres ocurridos en los últimos 16 años
Apurímac (39%) y  en otras regiones  que, coincidentemente, son las  que presentan un  mayor número de
75
.
A su vez, con  relación a la elaboración,  difusión e implementación de instrumentos  que permitan y faciliten  a los
distintos niveles  de  gobierno el  monitoreo, seguimiento  y evaluación  de las  acciones de  gestión  del riesgo  de
desastres, incluyendo  los mecanismos de la  gestión ?nanciera del  riesgo de desastres, en  el año 2017,  solo 20
(1.0%)
entidades de  las cuales 3  Ministerios, 2 OPD  y 2  Gobiernos Regionales, 3  Municipalidades Provinciales
y 10  Municipalidades Distritales han  desarrollado mecanismos  o instrumentos para  el monitoreo,  seguimiento y
evaluación de acciones de la gestión del riesgo de desastres.
d.
Inadecuada e insu?ciente aplicación de marcos normativos existentes en materia de GRD
Existe  una  inadecuada e  insu?ciente  aplicación  de  los marcos  normativos  vigentes.  Esta  situación  no suele
presentarse solo para el caso  de la gestión del riesgo de desastres,  siendo una práctica común respecto de gran
parte de marcos regulatorios y medidas técnicas dictadas en el país. La recurrencia de emergencias y desastres y
el incremento de daños y pérdidas que estos eventos vienen dejando como saldo, son de por si  una evidencia del
incumplimiento y la  inadecuada e insu?ciente aplicación  de los marcos normativos  existentes como es la Ley  Nº
29664,
Ley de creación del SINAGERD.
72
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres – PREVAED
2020. Contenidos mínimos del programa presupuestal.
73
74
75
https://www.contraloria.gov.co
CENEPRED, ENAGERD, 2018.
Según información proporcionada por INDECI, los siguientes departamentos son los que presentan mayor número de emergencias y desastres ocurridas entre
el período 2003 – 2017: Apurímac, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Puno, Cajamarca, Loreto, San Martín, Lima Metropolitana, Huánuco.
44
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
Rea?rmando  lo señalado,  de  acuerdo  con  la Encuesta  Nacional  de  Gestión  del Riesgo  de  Desastres  2017-
ENAGERD, de las 1 mil 964 entidades  de los tres niveles de gobierno responsables de elaborar, aprobar, difundir
y  aplicar los  instrumentos  técnico normativos  para  el desarrollo  de  sus competencias  y  responsabilidades en
materia de  gestión del  riesgo de desastres,  a la  consulta acerca del  uso de  12 de  los instrumentos existentes,
entre los cuales se encuentra la Ley Nº 29664 de creación del SINAGERD y su Reglamento, el PLANAGERD y los
lineamientos relacionados a los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo y reconstrucción, entre
otros, los resultados señalan que alrededor del 5,5% de las entidades indica consultar con frecuencia los referidos
instrumentos, el 9,7% los consultan eventualmente, el 11,4% los ha consultado al menos una vez y el 14,2% indica
no haberlos consultado; mientras que el 25% no respondieron y el 33,4% restante no participaron en la encuesta.
e.
Débil institucionalización de la GRD bajo una visión sistémica
La débil institucionalización  de la gestión del  riesgo de desastres bajo  una visión sistémica se  debe a la falta  de
entendimiento sobre la dinámica de un sistema funcional por parte  de los actores que lo conforman. Los sistemas
funcionales implican una alta complejidad teniendo en cuenta que buscan asegurar el cumplimiento de una política
pública mediante el accionar de los involucrados.
Uno  de   los  retos   para  la   implementación  y   funcionamiento  de   un  sistema   de  carácter   multisectorial  e
intergubernamental, radica en la capacidad de articulación y coordinación de los distintos actores que forman parte
de este, a pesar de la coexistencia de rectorías. En el caso de los niveles de gobierno regional y local, más allá de
su competencia jurisdiccional en los territorios a su cargo, deben compartir la responsabilidad del cumplimiento de
las políticas nacionales y sectoriales.
Si bien  la Ley  de creación  del SINAGERD  y su  reglamento, establecen  algunos mecanismos  de participación,
articulación y coordinación institucional, intersectorial  e intergubernamental, como son por ejemplo  los Grupos de
Trabajo para la  Gestión del Riesgo  de Desastres y las  Plataformas de Defensa  Civil, a la fecha  a pesar del  alto
porcentaje que ya ha sido conformado, su implementación es aún parcial, dado que su funcionamiento e instalación
es aún de?ciente.
Los Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, sirven para la formulación conjunta y articulada de
planes, estrategias de organización y ?scalización, así  como para la ejecución y evaluación de los procesos de  la
gestión del riesgo de desastres. De los 1 mil 853 municipios a nivel nacional que se encuentran en funcionamiento,
un 67,8% han conformado su Grupo de Trabajo lo que implica que aun más del 30% no lo ha conformado  .
76
Por  otro lado,  las  Plataformas de  Defensa  Civil se  con?guran  como importantes  mecanismos  de  apoyo para
la preparación,  respuesta  y rehabilitación.  De los  1 mil  853 municipios  a nivel  nacional  que se  encuentran en
77
funcionamiento, el 68% han conformado su Plataforma de Defensa Civil  .
Si  bien los  Grupos  de  Trabajo para  la  Gestión  del Riesgo  de  Desastres  y las  Plataformas  de  Defensa Civil
establecidos por el SINAGERD presentan aún un funcionamiento incipiente tal como ya se ha mencionado, existen
sin embargo  otros espacios de  coordinación y articulación  multisectorial que vienen  dando resultados efectivos,
y que se han  desarrollado y mantenido en el  tiempo los que se concentran en  el accionar del Gobierno Nacional
a través  del liderazgo de  la Presidencia del  Consejo de Ministros.  Por ejemplo, los  Planes Multisectoriales ante
Heladas y Friaje que se vienen impulsando y que incluyen intervenciones  de sostenibilidad orientadas a reducir la
vulnerabilidad de la población  .
78
Por otro lado, hay una débil participación conjunta entre el sector privado, la sociedad civil y el sector público. Existe
una débil coordinación por parte del  Estado con el sector privado, especí?camente con los  gremios y organismos
o asociaciones privadas  como, por ejemplo:  CONFIEP, SNI, Cámara de  Comercio de Lima,  CAPECO, APESEG
o ASBANC. Estas asociaciones, a la fecha, si bien conforman el  Grupo de Trabajo Empresarial de Apoyo en caso
de Desastres  (GEAD), su  actividad y  capacidad se orienta  fundamentalmente a  ayuda humanitaria  en caso de
desastres.
Asimismo, de acuerdo con las cifras arrojadas por la Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2017-
ENAGERD, durante  el período  comprendido entre  el 2014  y el 2017,  sólo 68  (3.5%) entidades  han promovido
el desarrollo y  participación de organizaciones de  la sociedad civil en  la implementación de la  gestión del riesgo
de  desastres, siendo  estas  entidades 1  OPD,  4 Gobiernos  Regionales,  15 Municipalidades  Provinciales  y 48
Municipalidades Distritales. A su vez, sólo un aproximado de 35% de entidades señaló que realiza esta actividad, lo
que indica el limitado desarrollo y  participación de organizaciones de la sociedad civil, en la implementación  de la
gestión del riesgo de desastres  .
79
Estas debilidades se presentan con relación a la plani?cación, articulación y coordinación de estrategias de mediano
y largo plazo que involucren y de?nan las actividades de los diferentes sectores y niveles de gobierno, así como la
articulación y participación con  las empresas, las organizaciones de la  sociedad civil y la población en  general, a
nivel local y regional.
Causa Directa 4 (CD4): Debilidad en la incorporación e integración de la gestión del riesgo de desastres
en las inversiones públicas y privadas.
Laaúndébilgestióndelainversiónenmateriadeprevenciónyreduccióndelriesgodedesastres,lade?cienteincorporación
del análisis de riesgo y medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres en las inversiones públicas y privadas,
76
77
78
79
INDECI, Compendio Estadístico, 2018.
INDECI, Compendio Estadístico, 2018.
Implementación de centros educativos con acondicionamiento térmico ambiental, desarrollo de viviendas mejoradas, entre otros.
ENAGERD, Estudio sobre  el nivel de capacidades  con las que  se cuenta a nivel  regional y local para  la atención o seguimiento  de los objetivos y  metas en
materia de gestión del riesgo de desastres, 2017.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
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el débil  marco  normativo que  condicione la  inversión  a la  inclusión de  la GRD,  así  como el  débil conocimiento  del
costo  bene?cio de  la incorporación  de  la GRD  en las  inversiones  y la  debilidad existente  en  la implementación  de
los mecanismos  de transferencia del  riesgo de bienes  y servicios públicos  y privados, traen  como resultado la  actual
debilidad para lograr  la incorporación e integración de  la gestión del riesgo  de desastres en las inversiones  públicas y
privadas de todo tipo, generando a su vez con ello, el incremento de las condiciones de vulnerabilidad de la población y
de sus medios de vida que deben afrontar los impactos cada  vez mayores, generados por las emergencias y desastres
que ocurren en el territorio.
Cabe  precisar   que  si  bien   el  Estado,  ha   promovido  normativa   técnica   que  incluye   la  gestión  del   riesgo  de
desastres,  como es por  ejemplo respecto  a la elaboración  de  planes de desarrollo  urbano-territorial   que obliga a  la
incorporación  del análisis  del riesgo que  incluye el análisis  de vulnerabilidad  económica,  con la ?nalidad  de orientar
la inversión  pública y  privada de manera  segura y  sostenible; así  también la  obligatoriedad  de realizar, Estudios  de
Vulnerabilidad  Sísmica de Establecimientos   de salud, siendo  el objetivo la determinación  de la  vulnerabilidad  de las
áreas críticas  en  los componentes  estructural,  no  estructural,  funcional  y líneas  vitales de  los establecimientos  de
salud. No obstante,  es también cierto que  se requiere se extienda  y aplique esos mismos criterios  a otras normativas
y mecanismos  de los diferentes  sectores gubernamentales,   siguiendo el enfoque  sistémico  propio de la Gestión  del
Riesgo de  Desastres.
Esta Causa Directa es resultado de las siguientes causas indirectas:
a.
Débil implementación de mecanismos de transferencia del riesgo de bienes y servicios públicos y privados
Si bien a partir del 2018, el Perú cuenta con un seguro catastró?co que cubrirá las pérdidas derivadas de terremotos,
con una protección ?nanciera de hasta US$ 140 millones de dólares  , no existe aún una cultura del seguro contra los
80
desastres tanto a nivel del sector público como del privado. Como claro ejemplo de lo anterior podemos mencionar
que actualmente solo el 5% de la infraestructura en el Perú está asegurada, cifra que está muy lejos del promedio
mundial que llega al  30%  , a su  vez, si bien el 100%  de las grandes empresas tiene un  seguro que protege sus
81
activos ante desastres (terremotos, lluvias e inundaciones) este porcentaje se ve grandemente reducido a nivel de
empresas más pequeñas llegando a ser casi inexistente a nivel de las microempresas.
82
Sobre el  particular, la  Encuesta  Nacional de  Gestión del  Riesgo de  Desastres  señala que  al año  2017 solo  5
entidades, que  representa el 0,3% del  total, indican haber  desarrollado una estrategia  para asegurar  los bienes
de la  institución  por daños  y pérdidas.  Por  su parte,  el 37,1%  de las  entidades  precisaron  no realizar  acción
alguna al respecto y más del 25% no respondieron al respecto,  lo que indica un limitado desarrollo de estrategias
para el aseguramiento  de los bienes institucionales  por daños y  pérdidas por parte de las  entidades del Estado,
evidenciando  así  la  débil implementación   de mecanismos  de  transferencia  del  riesgo  de  bienes  y servicios
públicos.
b.
De?ciente incorporación del análisis de riesgo y medidas de GRD en las inversiones públicas y privadas.
De  manera paralela  al fortalecimiento  gradual  de la  implementación  de los  mecanismos de  ?nanciamiento  ya
regulados y  a la  falta de capacidad  de las  entidades para su  aplicación de  manera articulada y  coordinada, se
presenta la incipiente incorporación  de la gestión del riesgo de  desastres a la totalidad de las  inversiones que se
realizan, tanto a nivel de la actividad pública como la privada.
Cifras de  la Encuesta Nacional  de Gestión  del Riesgo de  Desastres - Año  2017, indican  que en promedio  sólo
el 3.3%  de entidades de  los tres  niveles de gobierno  han incorporado el  análisis de  riesgo en los  proyectos de
inversión pública.
La no aplicación del  análisis de riesgo radica también  en el desconocimiento existente en los  niveles, sobre todo
regionales, acerca de  los instrumentos para su  incorporación y las guías  metodológicas aprobadas para permitir
que se hagan efectivos. Al 2017, tal como se señala en la Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -
Año 2017, entidades que equivalen al 1,1.% de entidades de los tres niveles de gobierno han recibido capacitación
y/o asistencia técnica en la incorporación del análisis de riesgo en los proyectos de inversión pública. En este punto
se debe tener  en cuenta sin embargo  que, con la aprobación  y entrada en  vigor del nuevo Sistema  Nacional de
Programación Multianual  y Gestión  de Inversiones,  conocido como  INVIERTE.PE, se  requieren instrumentos  y
guías metodológicas sectoriales que permitan su incorporación de manera explícita, los cuales se encuentran aún
en elaboración, lo que no permite contar con las capacidades necesarias sobre todo a nivel de gobiernos regionales
y locales.
Esto se agrava más cuando la existencia de una cultura de prevención  a nivel de la población e incluso a nivel del
83
Estado se encuentra aún  en desarrollo en el país,  y la comprensión, percepción e incluso  el conocimiento de los
peligros a los cuales se encuentra expuesta la población y  sus medios de vida a lo largo del territorio, tal como ya
se ha mencionado, es aún muy débil. En ese sentido, la conciencia sobre la importancia de incorporar el análisis de
riesgo y la prevención y reducción del riesgo en la acción cotidiana es aún incipiente.
80
El bono catastró?co contra terremotos logrado por  el Perú cuenta con una duración de tres años, por los cuales  se paga un cupón (prima) anual. La cobertura
para el país abarca desde terremotos de 7 o más grados en las zonas donde se estiman las mayores pérdidas económicas y sociales. Este seguro fue contratado
con el Banco Mundial, a través de la emisión de un bono catastró?co (Cat Bond), en asociación con los países de la Alianza del Pací?co y la entidad multilateral.
https://gestion.pe/tu-dinero/rimac-seguros-dolar-gastado-gestion-riesgo-ahorran-us-12-5-perdidas-221654
81
82
83
Ídem.
De acuerdo  con el Reglamento  de la Ley  Nº 29664,  Ley que crea  el Sistema Nacional  de Gestión  del Riesgo de  Desastres, la cultura  de prevención es  el
conjunto de valores, principios, conocimientos y actitudes de una sociedad que le permiten identi?car, prevenir, reducir, prepararse, reaccionar y recuperarse de
las emergencias o desastres. Esta se fundamenta en el compromiso y la participación de todos los miembros de la sociedad.
46
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
c.
Débil gestión de la inversión en prevención y reducción de riesgos
El Estado  ha  avanzado  con la  creación  de  mecanismos  ?nancieros  aplicados  directamente  a la  gestión  del
riesgo  de  desastres  como  es  el  caso  del  Programa  Presupuestal   0068  Reducción  de  la  Vulnerabilidad   y
Atención  de  Emergencias   por Desastres   o  del Fondo   de Intervenciones   ante  la  Ocurrencia  de  Desastres
Naturales (FONDES);  sin embargo, su implementación es aún débil. Ello teniendo  en cuenta, la falta de personal
especializado,  la  débil capacidad  a  nivel regional  y local  que  se traduce  en una  falta de  conocimiento  sobre
su prioridad  e inclusión, en  algunos casos, desconocimiento   de la existencia  de estos mecanismos  ?nancieros
y de  cómo aplicarlos  por  parte de los  Gobiernos  Locales,  así como  sobre el  marco normativo  existente  y las
actividades  a realizar  para su e?ciente  y e?caz  ejecución e  implementación.  La situación  descrita,  se ha visto
agravada  con:
i)
El paso del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP al INVIERTE.PE, generándose una nueva demanda
de instrumentos y guías orientadoras para facilitar el entendimiento y la incorporación de la gestión del riesgo
de desastres en los proyectos de inversión pública.
ii)
La reducida tipología de inversiones  consideradas actualmente como inversión directa en gestión del riesgo
de desastres que no permite cubrir la totalidad de las necesidades actuales y futuras.
Así tenemos, por ejemplo, la  inadecuada inversión en intervenciones relacionadas a soluciones basadas en
la naturaleza, que conlleve a brindar soluciones sostenibles en el tiempo.
Durante el  período comprendido entre  el 2011 y  el 2019, las  entidades de los  distintos niveles de  gobierno han
asignado en el  PP 0068 más de  17 mil millones  de soles para el  desarrollo de 07  productos, 32 actividades y  4
acciones comunes orientadas al  desarrollo de los distintos procesos  de la gestión del riesgo de  desastres. Dicho
presupuesto ha sido asignado a  un total de 29 entidades del Gobierno Nacional, 26  Gobiernos Regionales y más
de 1 000 Gobiernos Locales.
El Grá?co Nº 06,  muestra el detalle del PIM y  devengado entre el año 2016 y  el 2019, para el caso de proyectos
de inversión  en materia de  gestión del riesgo  de desastres, dentro  de los cuales se  incluyen los relacionados  a
prevención y reducción del riesgo de desastres.
Grá?co Nº 06

Fuente: Consulta amigable al 1/03/2019
Elaborado por: VGT-PCM
En el caso del Fondo de Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES), durante el año 2017
se dio una asignación de recursos, a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y de la Comisión
Multisectorial principalmente, ascendente  a un aproximado  de 2 mil  499 millones de soles  con un porcentaje  de
alineación al PP068 de 84%; sin embargo, durante el 2018 esta alineación se ha visto disminuida a un 30% y en el
2019
a 11%.
d.
Débil marco normativo para la inclusión de la GRD en las inversiones
En el Perú existen debilidades en el marco normativo vigente para garantizar la incorporación de la gestión del riesgo
de desastres  en las inversiones. A la  fecha, solo existen  marcos normativos para la  inversión directa en  gestión
del riesgo de  desastres amparada en el PP  0068 que, sin embargo, tal  como ya hemos señalado anteriormente,
presenta aún algunos inconvenientes con relación a la tipología de inversiones consideradas como inversión directa
que no cubre aún la totalidad de las necesidades actuales y futuras.
Por otro lado,  si bien existe un  marco normativo orientado a  incorporar la gestión del  riesgo de desastres en  las
inversiones públicas, como ya se ha mencionado, este presenta debilidades generadas por:
i)
El paso del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP al INVIERTE.PE,
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
47
ii)
La  falta  de  medidas   que  establezcan   la obligatoriedad    de  su  aplicación  y  el  fortalecimiento    de  su
difusión,
iii)
iv)
v)
La falta de medidas orientadas al seguimiento y monitoreo del cumplimiento en la incorporación de la gestión
del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública
La falta de de?nición y aprobación de normas que determinen la necesidad de incorporación de presupuesto
para el mantenimiento de las obras de infraestructura pública.
El desconocimiento, poco  uso y aplicación y acceso  limitado a la información  cientí?ca y estudios referidos
a peligros, vulnerabilidad,  riesgos y desastres  como información vinculante  para tomar decisiones sobre  la
inversión pública y privada a nivel local, regional y nacional.
Con relación al marco normativo orientado a incorporar la gestión del riesgo de desastres en las inversiones privadas
la situación es aún más preocupante  ya que no existen disposiciones o medidas que establezcan sanciones  para
la no incorporación de la gestión del  riesgo de desastres dejando casi al libre albedrío su incorporación a  nivel de
inversiones privadas.
e.
Débil conocimiento del costo bene?cio de la incorporación de la GRD en las inversiones
La  errónea valoración  que  existe sobre  los  daños y  pérdidas  que generan  las  emergencias  y desastres  y  el
desconocimiento y la falta de entendimiento  acerca de los bene?cios que trae consigo el incorporar  la gestión del
riesgo de desastres  en las inversiones  de todo tipo, traducida  en la incorporación del  análisis de riesgo y  de las
medidas de prevención y  reducción necesarias, forma parte de esa de?ciencia  e incapacidad para poder mirar el
largo plazo y comprender  que los costos asociados a su incorporación  oportuna a nivel de las inversiones,  serán
considerablemente menores a los que se podrían generar al no incluirlos.
No invertir  en  prevención  y reducción  del riesgo  al  momento de  proyectar  y decidir  alguna  inversión  pública
y/o privada   puede convertirse   en el  mediano  plazo  en un  gasto por  la alta  probabilidad   que tiene  de  verse
afectada  o  destruida  en  una  emergencia  o  desastre.  El  costo  de  no  incorporar  oportunamente   la  gestión
del riesgo  de  desastres  en las  inversiones  se  ve además  multiplicado,  durante  la  respuesta  y recuperación
ya  que  el  impacto   ante  la  ocurrencia   de  una  emergencia   o  desastres   será  aún   mayor.  De  acuerdo  al
principio  difundido   por las  Naciones  Unidas  “la  Reducción  del  Riesgo  de Desastres   es una  inversión  y  no
un gasto”  pues  “por cada  dólar  que invirtamos  en  prevención  podremos  ahorrar  7 durante  la  respuesta  y la
recuperación”.
84
Situaciones  como la  reducción  de costos  y  optimización de  recursos  buscada  por las  distintas  entidades del
Estado  o las  desviaciones  ocurridas  como  consecuencia  de  actos de  corrupción,  se  han convertido  en  una
práctica recurrente  que ha  traído como resultado,  proyectos  de inversión paralizados  o inconclusos,  existencia
de vicios ocultos, fragilidad  y vulnerabilidad ante las emergencias  y desastres, creando a su vez, una percepción
negativa  en la  población  con relación  a  la  inversión por  parte  del Estado.  Esta  percepción  negativa  no solo
merma la acción del Estado, sino que se traduce  en una falta de entendimiento respecto de los bene?cios  que se
busca alcanzar.
Causa Directa 5 (CD5): Falta de e?cacia y oportunidad para la respuesta y recuperación
Las de?ciencias para  dar respuesta a las emergencias  y desastres y para el  restablecimiento de los servicios  básicos
indispensables  así como  la reparación  de  los daños  bajo  condiciones de  desarrollo  sostenible y  de prevención  de
riesgos en las  zonas afectadas por  las emergencias y  desastres ocurridos en  los últimos años, han  dejado evidencia
de la falta de e?cacia  y oportunidad que presenta  el Estado para la respuesta  y recuperación sobre  todo a nivel local;
dando como  resultado que  el impacto de  las emergencias  y desastres  se traduzca en  indicadores socioeconómicos
negativos  que van  en aumento,  en tanto  se dilaten  las actividades  orientadas  a la  recuperación de  los territorios  y
medios de vida de  las poblaciones afectadas.  Esta causa directa es resultado  de las siguientes causas  indirectas:
a.
Débil desarrollo de capacidades en materia de preparación, respuesta y recuperación
De acuerdo con el  Informe de Sendai, presentado por  el Banco Mundial el 2012    y las Lecciones aprendidas  en
85
Japón (2017)      la preparación  adecuada es esencial  ya que  los riesgos  no pueden  eliminarse o  reducirse por
86
completo, pero  pueden dictarse medidas que  posibilitan la reducción  de los efectos  e impacto en la  población y
sus medios de vida; dentro de las medidas se mencionan: los Sistemas de Alerta Temprana apoyo de medidas de
emergencia y plani?cación para contingencias. Considerando a los Sistemas de Alerta Temprana como una de las
formas más costo-efectivas de reducir el impacto de los desastres.
En el Perú como parte  de los mecanismos  de coordinación,  decisión, comunicación  y gestión de la información
en situaciones   de impacto  de desastres  establecidos   en la  Ley del  Sistema  Nacional  de Gestión  de  Riesgo
de Desastres   SINAGERD  y el  Plan Nacional  de  Gestión  del Riesgo  de  Desastres  PLANAGERD  2014-2021
se encuentra  comprendida   la Red  Nacional  de Alerta  Temprana, la  cual debe  alimentarse  de  la información
que debe  ser brindada  por cada  uno de los  actores  del sistema.  Sin embargo,  ésta presenta  aun debilidades
para su implementación  atendiendo  a la falta  de plani?cación,  articulación,  coordinación y  capacidades de sus
miembros.
84
85
86
http://onu.org.cu/news/b09f5b42962411e2b2cd3860774f33e8/cada-dolar-invertido-en-prevencion-se-ahorra-siete-durante-la-recuperacion/
The Sendai Report Managing Disasters Risks for a Resilient Future 2012, GFDRR, The World Bank Washington DC
BID, Lecciones aprendidas de  los países de América Latina y  el Caribe e infraestructura resiliente de  riesgos de gestión una investigación  conjunta JICA BID
Nota Técnica Nº IDB-TN 1309 2017
48
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
Aeste contextosesumalafaltadecapacidadesenmateriadepreparación,respuestayrehabilitaciónyreconstrucción
existente a nivel  sobre todo regional  y local. Los esfuerzos  orientados a capacitar  a los Gobiernos Regionales  y
Locales sobre  rehabilitación y  reconstrucción ante desastres,  como es  el caso de  las capacitaciones  brindadas
por INDECI  y CENEPRED sobre  acceso y/o gestión  de recursos en  servicios públicos básicos  e infraestructura
enmarcados en la rehabilitación y reconstrucción, resultan aún insu?cientes. Esta  situación se agrava ante la falta
de recursos humanos especializados en materia de reconstrucción y rehabilitación principalmente en el caso de los
Gobiernos Locales.
De  acuerdo con  las  cifras  de la  Encuesta  Nacional  de Gestión  del  Riesgo  de Desastres  2017-  ENAGERD
87
las entidades  que  recibieron capacitación  sobre acceso  y/o  gestión de  recursos en  servicios  públicos básicos
e infraestructura  enmarcados en  la rehabilitación y  reconstrucción, corresponden  a los Gobiernos  Regionales y
Gobiernos Locales; sin embargo, sólo 61 entidades que equivalen al 3.2%, recibieron capacitaciones, de las cuales
7
corresponden a  Gobiernos Regionales,  19 a  Municipalidades Provinciales  y 35  a Municipalidades  Distritales.
Las capacitaciones fueron brindadas  por CENEPRED e INDECI a 58  y 61 entidades respectivamente, asimismo,
algunas entidades indican haber recibido capacitación de  ambas entidades; mientras que 35.7% de las entidades
precisaron no haber recibido capacitación de ninguna de las referidas instituciones.
b.
Intervenciones  de  rehabilitación  y  reconstrucción  desarticulados  e  inconclusos  sin  enfoque de  prevención  y
reducción del riesgo
La falta de una adecuada plani?cación para gestionar el riesgo de desastres, articulada entre los distintos niveles de
gobierno genera limitaciones para poder contar con una hoja de ruta clara y activar los mecanismos e instrumentos
para la rehabilitación y  reconstrucción con e?ciencia, oportunidad y  bajo un enfoque prospectivo y correctivo  que
permita, más  adelante, minimizar  el impacto a  la vida  de las personas  y a  sus medios de  vida, asegurando  su
recuperación física, social y económica.
Ante esta situación, el Estado ha optado por crear nuevas instituciones que han traído como consecuencia confusión
con relación a  las responsabilidades y roles  de cada entidad al establecerse  directrices y actividades que,  en su
mayoría, no son  articuladas a las  ya preexistentes, duplicándose funciones  y competencias y  contratándose por
lo general  nuevo personal  de manera reactiva,  las que  ven limitado su  accionar ante  la poca capacidad  de los
Gobiernos Locales  e incluso nacionales para  organizar y coordinar  el apoyo humanitario  y la participación de  la
actividad privada y la sociedad civil.
Un ejemplo de lo  anterior se dio como consecuencia del terremoto  ocurrido en el sur del país  en el año 2007, en
donde entre  los efectos-soluciones  luego del desastre  se dieron:  la intervención directa  del más  alto nivel para
atender la  emergencia (Presidencia y Ministros)  a la par  de autoridades regionales  y locales “poco visibles  y en
condición de damni?cados”  y la creación de un  ente encargado de la reconstrucción  como fue FORSUR. Similar
situación se presentó en el 2017 con la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, pese a contar
88
que establecen las  disposiciones
orientadoras para operativizar las actividades y acciones de reconstrucción a nivel nacional, regional y local
con los Lineamientos  para la Implementación del  Proceso de Reconstrucción
De acuerdo  con el  Informe de Adjuntía  emitido por  la Defensoría  del Pueblo  en el  2018, se observó  una débil
articulación  y  coordinación  entre  la  Autoridad  para  la  Reconstrucción  con  Cambios-ARCC,  el   INDECI  y  el
CENEPRED.  Por ejemplo,  la actuación  del  INDECI se  limitó  a la  remisión  del reporte  de  daños materiales  y
el padrón  de damni?cados  y afectados  a la  ARCC, dejando  de lado  el monitoreo  sobre la  implementación del
proceso de rehabilitación y de las actividades y/o acciones derivadas . Esta situación da cuenta de las limitaciones
89
existentes para no solo  monitorear sino a su vez  evaluar los resultados de la  aplicación de las intervenciones de
rehabilitación y  reconstrucción que  permitan medir logros,  identi?car de?ciencias  y dictar medidas  correctivas o
complementarias en el marco del SINAGERD.
c.
Débil implementación de mecanismos y estrategias de preparación y recuperación
El Estado por más de 40 años ha venido llevando  a cabo acciones de preparación ante emergencias y desastres,
que tienen  diferentes niveles  de madurez  y uso  en  el territorio,  sin embargo,  estas acciones  adolecen de  una
estrategia  conjunta  y  plani?cada  aunado  a  la  débil  implementación  de  mecanismos que  permitan  optimizar
resultados y fortalecer las capacidades de los distintos niveles de gobierno de manera sostenible en el tiempo.
De  acuerdo con  las  líneas estratégicas  y  acciones para  la  GRD, las  entidades  públicas en  todos  los niveles
de gobierno,  en el  marco del  proceso de  preparación, deben  formular e  implementar un  conjunto de  acciones
estratégicas que,  además, deben ser  de carácter nacional,  sectorial y regional  y local. Como  parte de ellas,  las
entidades deben formular  e implementar, entre otros instrumentos  de importancia, sus Planes  de Contingencia y
Planes de Continuidad Operativa.
A  través de  los  Planes  de  Contingencia  se  deben de?nir  los  procedimientos  especí?cos  preestablecidos  de
coordinación, alerta, movilización  y respuesta ante  la ocurrencia o inminencia  de un evento en  particular para el
cual se tienen escenarios de?nidos. El Plan de Contingencia toma una importante relevancia a nivel de Gobiernos
Locales atendiendo a su naturaleza de autoridad inmediata ante la población  y a la necesidad de que esta cuente
con protocolos de respuesta ante la ocurrencia de la emergencia o desastre. Al primer trimestre del 2018 la cantidad
de Gobiernos  Locales que cuentan  con un Plan  de Contingencia  formulado es de  765 de un  total de 1  mil 853
Gobiernos Locales en funcionamiento lo que equivale al 41.28%, más aún el porcentaje de Planes de Contingencia
aprobados es de 372 que porcentualmente signi?ca un 20.24%.
87
ENAGERD; la Encuesta  Nacional de Gestión  del Riesgo de  Desastres constituye una herramienta  implementada por el  CENEPRED en coordinación  con el
INDECI para obtener información sobre la implementación del PLANAGERD 2014 - 2021.
88
89
Resolución Ministerial N.º 147-2016-PCM
Defensoría del Pueblo, Informe de Adjuntía Nº 005-2018. DP/AAE, Seguimiento a las Intervenciones del Estado Post Fenómeno El Niño Costero en el marco de
los procesos de rehabilitación y reconstrucción. 2018.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
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En el caso del Plan  de Continuidad Operativa, este se con?gura como el  instrumento que incluye la identi?cación
de las  actividades y  servicios críticos que  requieren ser  ejecutados y  prestados de manera  ininterrumpida, y  la
determinación de las medidas y acciones que permitan que la entidad de manera e?ciente y e?caz siga cumpliendo
con sus objetivos. Dada  su naturaleza y características se  convierte en un instrumento de alta  relevancia para la
gestión del riesgo de desastres; sin embargo, al igual que los Planes de Contingencia, el nivel de entidades que ha
cumplido con formularlo y aprobarlo es aún bajo. Del conjunto de entidades que conforman el  SINAGERD solo 18
de ellas cuentan con Planes de Continuidad Operativa, de las cuales el 50% corresponden a Ministerios.
La falta  de implementación de  instrumentos como  el Plan de  Contingencia y  el Plan de  Continuidad Operativa,
entre otros, pone en evidencia que la plani?cación estratégica para gestionar el riesgo de desastres no es aún una
prioridad para los Gobiernos Regionales y Locales.
d.
Incremento del impacto de los desastres afectando la sostenibilidad de las metas de desarrollo del país.
Tal como se ha mencionado anteriormente sólo en el período comprendido entre el 2003 y el 2017, se han presentado
en el país  un aproximado de 69 mil  419 emergencias y/o desastres  de diversa magnitud, intensidad y  ámbito de
impacto a lo largo de  todo el territorio nacional, habiendo generado un total  de 1 millón 935 mil 448 damni?cados
y 16  millones 404 mil  234 afectados,  así como 249  mil 397  viviendas destruidas, 1  millón 443 mil  40 viviendas
afectadas, 1 millón 931 mil 723 hectáreas de cultivo afectadas y 1 millón 97 mil 660 hectáreas de cultivo perdidas.
A ello se suman las pérdidas de vidas humanas que ascendieron a 2 mil 682 fallecidos y 369 desaparecidos  .
90
El violento sismo de agosto del 2007 ocurrido en Pisco, y que afectara, principalmente, a los departamentos de Ica,
Huancavelica y Lima dejó como saldo daños materiales ascendentes a 48 mil 208 viviendas destruidas, 45 mil 500
viviendas inhabitables y 45 mil 813 viviendas afectadas.  En cuanto a los daños personales, se registraron 464 mil
314
personas damni?cadas, 221 mil 60 personas afectadas, así como 596 fallecidos y 1 mil 292 heridos  .
91
En los últimos años, el Fenómeno El Niño Costero 2017 generó emergencias y desastres que dejaron un saldo de
personas fallecidas, más de 283 mil damni?cados y más de 1 millón y 600 mil personas afectadas; más de 65
169
mil viviendas destruidas  y 381 mil  afectadas, así como daños  a los servicios públicos  como establecimientos de
salud, carreteras, instituciones educativas etc.  El siguiente grá?co, efectúa un detalle de los daños  sufridos por el
Fenómeno El Niño Costero 2017.
Grá?co Nº 07

Fuente: SINPAD / COEN / COMPENDIO INDECI 2018.
Elaboración: Viceministerio de Gobernanza Territorial - PCM
90
91
INDECI, Compendio Estadístico, 2018.
Ídem.
50
NORMAS LEGALES
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Para conocer  la real  dimensión del impacto  de las  emergencias y desastres,  se debe  tomar en cuenta  que las
zonas afectadas a consecuencia del Fenómeno El Niño Costero 2017 sumaron 879 distritos declarados en Estado
de Emergencia en 109 provincias y 14 regiones del país
92
. Las pérdidas sufridas por el Fenómeno El Niño Costero
2017
y el  sismo del año 2007,  han generado un  gran impacto en  el desarrollo del  país ya que  no solo implican
graves pérdidas económicas   y humanas, sino que traen como resultado la falta de sostenibilidad de las metas de
93
desarrollo país ya alcanzadas.
En lo que respecta al sector saneamiento, el daño causado a los componentes de los sistemas de los servicios de
saneamiento (infraestructura como, entre otros, captaciones, reservorios, plantas de tratamiento o redes); durante
evento como sismos o inundaciones es MUY ALTO, ejemplo de ellos es el sismo  ocurrido en el 2007 en el sur del
país y lo ocurrido en el 2017 en gran parte del país a raíz del Fenómeno El Niño Costero.
En el 2007, un sismo de 7,9 grados de magnitud en la escala de Richter remeció las  provincias de Pisco, Chincha
94
e Ica (en el departamento de Ica) y Cañete (en el departamento de Lima)  .
La magnitud del movimiento telúrico causó grandes daños en la infraestructura de los servicios de saneamiento de
las provincias afectadas, lo cual generó costos en la recuperación de los sistemas dañados de S/. 77,34 millones. De
las ciudades más afectadas Pisco y San Andrés estuvieron en el primer lugar al colapsar las redes de agua potable
y alcantarillado sanitario, por tener tuberías de material poco resistente un sismo de esa magnitud. Adicionalmente
a lo señalado, un estudio elaborado por el Banco Mundial, señala que los costos directos e indirectos ocasionados
por el sismo,  empleados para la rehabilitación de  los sistemas dañados, evitaron  que más de 160 mil  habitantes
pudieran tener acceso en los siguientes años, al emplear dicho presupuesto en la recuperación de los servicios de
saneamiento dañados durante el 2007.
De otro lado en el 2017, el daño directo por el Niño Costero, ha requerido por parte del Gobierno S/ 2 040 556 789,
según el  Plan Integral de  Reconstrucción con  Cambios (PIRCC),  para reconstruir  los sistemas  de los servicios
de saneamiento  de muchas ciudades del  país. La población aún  recuerda las imágenes  de ciudades completas
bajo el  agua, donde la  población subía  a los techos  de sus casas  para estar  a buen recaudo  llevando consigo
en algunos  casos con parte  de sus bienes;  en el caso de  los componentes de  los servicios de  saneamiento, la
afectación causadas  por las inundaciones se produjo  en el equipamiento y los procesos  de tratamiento, dejando
inoperativos  servicios  como el  agua potable  y  haciendo colapsar  las  redes  de alcantarillado.  Mayores  daños
sufrieron componentes  como líneas de  conducción, captaciones  o plantas de tratamiento  completas que fueron
arrasadas  por los huaycos  provocados  por las  lluvias intensas.  Lo señalado  puede  evidenciarse en  el PIRCC
quien  sitúa al  sector saneamiento  en  el tercer  lugar de  los sectores  más  afectados, después  de  transporte y
educación, requiriendo  el 10.3%  de la inversión  para reconstruir  los componentes  dañados  de los servicios  de
saneamiento de las regiones de Lambayeque  (27.1%), Piura (26.7%), La Libertad  (13.9%), Ancash 12.0%), Lima
(9.9%),
Arequipa (2.5%),  Ica (2.4%), Tumbes (2.1%), Cajamarca  (1.9%), Huancavelica (0.7%), Ayacucho  (0.5%)
y Junín (0.3%).
Realizar dicha reconstrucción, sobre sistemas que no han cumplido aún con el tiempo de vida útil, hace que metas
como el acceso universal a toda la población del país, programado por el sector saneamiento para el 2021, se vean
postergadas varios años más.
B.
Efectos de  la Alta vulnerabilidad de  la población y  sus medios de  vida ante el  riesgo de desastres  en el
territorio
Los efectos que derivan del análisis de las causas directas asociadas al problema público identi?cadas son los siguientes:
E1. Incremento de informalidad y vulnerabilidad ante desastres.
La alta  vulnerabilidad de la  población manifestada  en la carencia  de bienes, servicios  y recursos  económicos impide
que las  personas y los  hogares accedan a las  oportunidades que se  presentan en distintos  ámbitos, y que  enfrenten
los riesgos que deterioran su nivel de  bienestar  . En ese sentido, hogares en situación  de pobreza y extrema pobreza,
95
hogares conformados por niños y niñas con problemas de anemia o desnutrición, así como la falta de viviendas adecuadas
y con falta de acceso a servicios básicos, se con?guran como algunos de los factores que reproducen y recrudecen esta
condición  .
96
Gran parte de esta población se constituye en ese grupo de hogares con ingresos por trabajo exclusivamente “informal”
ubicándose en  los lugares  más bajos  de la  jerarquía social,  cuando esta  se examina  en términos  de ingresos.  Son
aquellos hogares donde priman  las viviendas inadecuadas, mal ubicadas, de  servicios básicos de?cientes y, por ende,
con medios de vida frágiles y con baja capacidad de resiliencia.
Son estas poblaciones las que recurrentemente se  ven afectadas ante la ocurrencia de emergencias y desastres y  ven
vulnerados sus medios  de vida, y al  no contar con alternativas de  recuperación física, social y  económica, de manera
oportuna y adecuada, lo hacen instalando sus condiciones de fragilidad previas incrementando y rea?rmando los mismos
patrones de informalidad anteriores.
92
93
INDECI, Compendio Estadístico 2017, Gestión Reactiva.
Según estimaciones efectuadas por la Consultora Macroconsult publicadas en  el Diario Gestión, el 24 de marzo del 2017, el Fenómeno El Niño  Costero 2017,
ocasionó pérdidas económicas hasta por un aproximado de 3 mil 100 millones de dólares, que equivalen al 1.6% del PBI.
Donde operan EMAPICA (Ica), EMAPISCO (Pisco), SEMAPACH (Chincha) y EMAPA Cañete (Cañete).
Katzman, 2000.
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CEPLAN, Vulnerabilidad de las personas en el territorio desde una perspectiva socio económica, Lima, Perú, 2019.
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NORMAS LEGALES
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E2. Altos niveles de riesgo
Los altos  niveles de  riesgo existentes  en el país  se han  visto incrementados  en frecuencia  e intensidad  durante los
últimos 30 años, principalmente  por la creciente vulnerabilidad  de la población y la alta propensión de verse  afectadas
por emergencias y desastres. La alta vulnerabilidad  de la población evidenciada en: su ubicación ocupando de manera
desordenada zonas de quebrada  o de altas pendientes, lechos de  ríos, laderas inestables o aledañas a industrias  con
potenciales condiciones de generar accidentes y procesos de contaminación; la existencia de viviendas, obras públicas
e infraestructura social y de servicios  construidas sin la adecuada calidad técnica ni contemplando  consideraciones de
gestión del  riesgo de desastres;  inadecuados y/u obsoletos  sistemas de  agua y saneamiento  y carencia de servicios
básicos en áreas urbano-marginales; e inadecuado uso y distribución del agua; tugurizarían urbana, hacinamiento y una
constante falta  de plani?cación e  incontrolada ocupación urbana  que no considera  las debidas y necesarias  medidas
de prevención  y reducción del  riesgo, ni tampoco  formas y  modos de subsistencia  o actitudes  de convivencia con  el
entorno natural  y socio-institucional;  existencia  de políticas  o normas que  regulan el  uso y el  acondicionamiento del
territorio, que contrastan  con el poco control  y regulación por parte de  las organizaciones e instituciones  y el evidente
incumplimiento  de las  mismas;  sobreexplotación  y mal  manejo  de los  recursos  naturales  (salinización  de terrenos
agrícolas, erosión,  etc.); deforestación  de bosques y  el uso de prácticas  inadecuadas –modernas  o ancestrales-  que
ponen en riesgo los recursos  y vida de la población; poca capacidad de  las instancias para manejar las situaciones  de
emergencias y desastres;  la falta de conciencia y sensibilidad en comprometerse  y comprometer recursos y esfuerzos
en reducir  riesgos; la  pérdida de  credibilidad y  desgaste de los  mecanismos  de participación  y de concertación  y la
di?cultad  para trabajar  articuladamente;  y  para establecer  una  cultura de  prevención  y reducción  de  riesgos  en la
sociedad en su conjunto.
A estas condiciones se suma la alta probabilidad de ocurrencia de peligros originados por fenómenos de origen natural,
los antrópicos y/o generados por ambas intervenciones,  es decir socio-naturales; como son lluvias intensas, desbordes
de ríos e inundaciones, deslizamientos, huaicos, sequías, incendios urbanos y forestales, bajas temperaturas y heladas,
fuertes vientos,  marejadas, epidemias  y plagas, entre  otros. Condiciones  de vulnerabilidad y  peligros que  con?guran
los diversos (existentes o nuevos) escenarios  de riesgos de desastres que se vienen presentando cada  vez con mayor
frecuencia y con mayores impactos en la vida de las familias y de sus comunidades.
E3. Incremento del impacto de los desastres a largo plazo (pérdida de vidas y deterioro de medios de
vida) generando costos y sobrecostos
La recurrencia e incremento de emergencias y desastres ha generado el incremento de  la morbilidad y mortalidad en la
población y el incremento de los daños y las pérdidas en infraestructura, servicios básicos y medios de vida relacionado
directamente a la economía familiar y local, incrementando a su vez los ya elevados niveles de riesgo de la población.
Sin embargo, más allá de los efectos inmediatos, las emergencias y desastres afectan la economía no solo nacional sino
la economía familiar y  local, se ven afectados los  ingresos familiares y se deterioran  los medios de vida, se  postergan
los compromisos sociales orientados a la reducción de las desigualdades y cierre de brechas, se afectan las actividades
productivas y se altera el consiguiente ?ujo de producción, entre otros muchos aspectos más.
Los desastres tienen  importantes consecuencias, muchas veces  imposibles de dimensionar  plenamente, en el ámbito
tanto económico como social, que se expresan en la interrupción de la normalidad de la vida cotidiana por el cambio  de
vivienda, trabajo y escuela,  y la disminución de la dieta alimenticia  y en diversas dimensiones del desarrollo  humano y
la pobreza  . La evidencia empírica parece  apuntar a que los desastres tienen una incidencia negativa en la superación
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de la pobreza.
Las emergencias y desastres se traducen en pérdidas económicas, que en muchos de los casos no necesariamente  se
calculan en su real volumen, pero a su vez desencadenan procesos de rehabilitación y reconstrucción que se materializan
en inversiones cuya dimensión estará  en función de la magnitud de la crisis. Así  el ejercicio que es necesario hacer es
justamente valorar  lo que signi?can económicamente  estos eventos y  a ello adicionarle  lo que cuesta la  consecuente
rehabilitación y reconstrucción.
Como muestra tres cifras: (i) En el Perú las pérdidas sufridas en las últimas dos décadas a consecuencia de emergencias
y desastres ocurridos muestran cifras de  alrededor de los 4 mil millones 196 mil  dólares, en pérdidas económicas  ; (ii)
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Los daños causados en el país por el Fenómeno El Niño Costero 2017, según la consultoría Macroconsult superaron los
US$ 3 100 millones, lo que  equivale al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB)   ; (iii) En atención a lo sucedido  producto
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del Fenómeno  El Niño Costero  2017, mediante  Decreto Supremo Nº  091-2017- PCM  se aprueba el  Plan Integral  de
Reconstrucción con  Cambios  (PIRCC) que  considera intervenciones  en 13  departamentos y  proyecta una  inversión
aproximada de 25 mil 655 millones 490 mil 783 soles, de los cuales el 77% que equivalente a 19 mil 759 millones 212 mil
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de capacidades de gestión de las principales unidades ejecutoras del PIRCC.
soles, debía ser orientado a obras de reconstrucción con cambios, el 21% a obras de prevención y el 2% a la mejora
E4. Población desatendida ante el riesgo de desastres.
La alta  vulnerabilidad de  la población  aunado a  la  presencia de  peligros con?gura  las condiciones  de riesgo  en los
territorios, los  mismos que  al no  ser intervenidos,  modi?cados, controlados,  corregidos o  prevenidos se  materializan
en emergencias y desastres. Ante  su ocurrencia, los daños y los  efectos que estos ocasionan han dado  y dan lugar al
incremento de la demanda de la  población respecto de los bienes y servicios, en cuanto  a su acceso, la producción de
estos y la calidad que se requiere para salvaguardar la salud de las personas damni?cadas y/o afectadas.
97
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En UNISDR (2009) se trata el tema de riesgo de desastres y pobreza en el contexto del cambio climático.
Emergency Events Database (EM-DAT) del Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED).
La Consultora Macroconsult realizó una estimación de los daños causados por el Fenómeno El Niño Costero, publicada en el Diario Gestión el 24 de marzo del
2014.
Según el informe, el cálculo se estableció en función a los reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
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Lunes 1 de marzo de 2021 /
La población en situación de pobreza es la que se encuentra más expuesta al riesgo de los desastres, dada las condiciones
precarias de  sus viviendas, servicios  básicos y medios  de vida y  el lugar donde  están asentadas; y  son mayormente
afectadas de  manera recurrente por  emergencias y  desastres, agudizando sus  condiciones de vulnerabilidad,  siendo
cada vez menos resilientes y deteriorando progresivamente su calidad de vida.
E5. Generación de nuevos riesgos.
El incremento de la informalidad y la vulnerabilidad ante desastres son factores que con?guran los altos niveles de riesgo
que presenta  el país, los  que al no  ser intervenidos propiciando  su reducción o  no considerando la  prevención como
condición de  la gestión  del desarrollo, conlleva  de manera  inevitable al aumento  y recurrencia  de las emergencias  y
desastres y el incremento de efectos y el impacto de estos afectando poblaciones y medios de vida, generando costos y
sobrecostos y la consecuente desatención de la población. En consecuencia, todo ello da como resultado la generación
de nuevos riesgos y poblaciones cada vez más vulnerables.
E6. Exclusión social.
La población en  situación de pobreza es  la que se encuentra con  mayor condición de vulnerabilidad  y, por tanto, más
expuesta al riesgo  de los desastres;  ello dadas las condiciones  precarias de sus viviendas,  la de?ciencia de  servicios
básicos incluida la salud y educación, la ubicación  y asentamiento en lugares inhabitables y la fragilidad de sus medios
de vida.  Además, son mayormente  afectadas y  de manera recurrente  por emergencias  y desastres, agudizando  aún
más sus condiciones de vulnerabilidad, siendo cada vez menos resilientes, deteriorando progresivamente su condición y
calidad de vida, incrementando su pobreza, y quedando en un estado de permanente exclusión social.
1.3.5
Situación futura deseada
La situación  futura deseada  en el  marco de  la Política Nacional  de la  Gestión del  Riesgo de  Desastres se  proyecta
como la  situación más  favorable y  factible de  ser alcanzada  al 2050,  como resultado  de la revisión,  sistematización
y evaluación  del conjunto de  aspiraciones y expectativas  recogidos de  actores claves, incluido  representantes de las
organizaciones de persona  con discapacidad; así como del  análisis de tendencias y escenarios  efectuados a partir de
los escenarios contextuales y las tendencias globales y regionales, propuestas por el CEPLAN (2018a). En ese contexto,
puede enunciarse de la siguiente manera:
Al 2050  la vulnerabilidad  de  la población  y sus  medios de  vida ante  el riesgo  de desastres  en el  territorio,  se verá
reducida,  lo  cual  se  re?ejará,  a  través  de  la  reducción  del  20 %  de  pérdidas  económicas  directas   atribuidas  a
emergencias y  desastres en relación  con el producto  interno bruto;  asimismo se espera  reducir al 13%  el porcentaje
de viviendas ubicadas  en zonas de muy alta exposición a peligros;  al 11.9% de la infraestructura de servicios  públicos
ubicados  en zonas de  muy alta  exposición al  peligro; que  el 100%  de la  población sea  atendida ante  la ocurrencia
de emergencias  y  desastres,  así como  los  servicios  públicos básicos  rehabilitados  por  tipo de  evento  de nivel  de
emergencia 4 y 5.
Para ello  la política busca  lograr una  mayor cultura de  prevención
y resiliencia     en  la población ante  el riesgo de
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desastres en el territorio, a través de: i) la obtención de mejoras en la comprensión del riesgo de desastres por parte de la
población y del Estado para optimizar la toma de decisiones, ii) mejorar las condiciones de ocupación y uso del territorio
ante el riesgo  de desastres, iii) fortalecer la  incorporación de la gestión del  riesgo de desastres en la  inversión pública
y privada, iv) mejorar la implementación articulada de la gestión del  riesgo de desastres a nivel territorial, v) asegurar la
atención de la población ante la ocurrencia  de emergencias y desastres y, vi) mejorar la recuperación de la  población y
sus medios de vida afectados por emergencias y desastres.
En  tal  sentido,  se  propone  una  intervención   de  carácter  multisectorial   e  intergubernamental   con  énfasis  en  el
fortalecimiento  de la institucionalidad   de la gestión  del riesgo de  desastres y  de los modelos  especializados  para la
gestión del  riesgo de desastres,  atendiendo,  según corresponda  a las particularidades  de  cada territorio.  Asimismo,
se propone  el fortalecimiento  de  la implementación  de  la prevención  y reducción  del riesgo  en los  territorios,  en el
marco de la agenda  de desarrollo;  el fortalecimiento  de la gobernanza en  materia de gestión  del riesgo de desastres
a través  del planeamiento  estratégico  y el  incremento  de la aplicación  sistemática  del  conocimiento  de los riesgos
existentes  en los  territorios  a través  una adecuada  estandarización,   integración,  difusión  y acceso  universal  de la
información.
Lo anterior se efectuará de manera aunada al fortalecimiento de la especialización para la gestión del riesgo de desastres
a través del desarrollo de capacidades, que permita fortalecer tanto la aplicación de herramientas ?nancieras relacionadas
a la gestión  del riesgo de desastres,  como la gobernanza en  materia de gestión de  riesgos a través del  planeamiento
estratégico y la incorporación e  integración de la gestión del riesgo de  desastres en las Inversiones público y privadas,
contando con  una adecuada  mejora en  la articulación  y coordinación de  los tres  niveles de  gobierno respecto  de la
gestión del riesgo de desastres y de aquellos con la actividad privada y la sociedad civil. Asimismo, se plantea fortalecer
la gestión de recursos para la respuesta y recuperación y los Sistemas de Alerta Temprana respecto de peligros de mayor
impacto.
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101
Conjunto de valores, principios, conocimientos  y actitudes de una sociedad que le  permiten identi?car, prevenir, reducir, prepararse, reaccionar, y  recuperarse
de las emergencias o desastres. La cultura de prevención se fundamenta en el compromiso y la participación de todos los miembros de la sociedad. (Artículo 2º
numeral 2.4 del Decreto Supremo 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 29664.
Capacidad de las personas, familias y comunidades, entidades públicas y privadas, las actividades económicas y las estructuras físicas para, asimilar, absorber,
adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse,  del impacto de un peligro o amenaza,  así como de incrementar su capacidad de  aprendizaje y recuperación de los
desastres pasados para  protegerse mejor en  el futuro. (Artículo  2º numeral 2.4  del Decreto Supremo 048-2011-PCM,  que aprueba el  Reglamento de la  Ley
29664.
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Las intervenciones señaladas se plantean tomando en cuenta la necesidad de mitigar los riesgos asociados a tendencias
y escenarios contextuales relacionados al problema público y que se encuentran detalladas y puntuadas en el Anexo 01
como son:
i)
La generación de ciudades mal plani?cadas, así como la expansión urbana e infraestructura  insegura, el aumento
de la tugurización y habilitación  de zonas inseguras no plani?cada y con infraestructura  precaria y la fragilidad de
los medios de  vida de la población, con  mayor énfasis en la población  más vulnerable, todo ello  de producto del
crecimiento de la población urbana, de las megaciudades y de la dependencia demográ?ca.
La fragilidad de los medios de vida y la menor resiliencia de la población con énfasis en las mujeres en su diversidad
y niños y niñas, personas con discapacidad y personas adultas mayores a causa de la precariedad del empleo y la
persistente desigualdad de género y la informalidad y precariedad del empleo.
ii)
iii)
El incremento  de condiciones de riesgo  de los territorios,  el aumento de  la vulnerabilidad y  la disminución de  la
resiliencia de  población, originada  en  el marco  de las  diferentes tendencias  ambientales y  la aún  débil acción
efectiva en  mitigación y adaptación  al cambio climático  (degradación de  suelos y deforestación,  variabilidad del
clima, pérdida de bosques tropicales y biodiversidad entre otros).
iv)
v)
Inversiones que no  consideran ni incorporan la  gestión del riesgo  de desastres o que  presentan vicios ocultos o
interrupciones a causa  de la prevalencia de  casos de corrupción o  como parte de la  mejora de la calidad  de las
inversiones.
El incremento de la vulnerabilidad  de la población a causa de la  posible ocurrencia de eventos de gran  magnitud
como: i) un  terremoto y tsunami  de gran magnitud en  la zona central  del Perú que conllevaría  a más de 51,019
fallecidos, 686,105 heridos,  y viviendas destruidas 200,347, 348,828  viviendas inhabitables entre los principales;
y ii) eventos climáticos  de gran magnitud, como por ejemplo  el Fenómeno El Niño, que puede  provocar enormes
pérdidas económicas  producto de  la destrucción  de infraestructura  social y productiva  y vías de  comunicación,
generando  graves consecuencias  e  impacto en  los  medios de  vida de  la población  y  en la  economía  local y
nacional.
Para  dicho  efecto,  se  aprovecharán  oportunidades  identi?cadas  (Anexo  2)  partiendo de  tendencias  y  escenarios
contextuales como:
i)
El uso de la tecnología para la generación, recopilación, gestión, difusión y acceso a la información respecto de los
peligros y riesgos en el territorio, que coadyuvará a la comprensión del riesgo para la identi?cación y determinación
de las medidas  orientadas a reducir  la vulnerabilidad de las  personas y sus medios  de vida ante  emergencias y
desastres
ii)
El  incremento de  la  población y  de  la dependencia  demográ?ca,  así como  de  megaciudades trae  consigo  la
oportunidad para desarrollar medidas de reducción como el desarrollo de programas de reordenamiento y expansión
urbana plani?cada y controlada bajo enfoque de gestión del riesgo de desastres.
iii)
El incremento  de la  interconectividad a  través de  las tecnologías de  comunicación e  internet de  las cosas  y el
incremento del uso de dispositivos móviles que permitirán la mejora de la conectividad y cobertura y el fortalecimiento
de la articulación y  coordinación de los tres niveles de  gobierno y de estos con la  actividad privada y la sociedad
civil, así como el fortalecimiento de los Sistemas de Alerta Temprana.
iv)
v)
La mejora en la calidad  de la inversión y el  cambio en el centro de gravedad  serán propicios para la  priorización
de  la inversión  en  servicios  básicos  e infraestructura  seguros  y  la  incorporación  e integración  de  la  gestión
del riesgo  de desastres  en las  inversiones tanto  públicas como  privadas, así  como el  mantenimiento de  estas
últimas.
El incremento de la participación ciudadana a través de medios digitales y el desarrollo de los servicios en línea de
los gobiernos, propicias oportunidades que coadyuvan a la implementación de la cultura de prevención la resiliencia
y la mejora de la transparencia en la población, permitiendo el fortalecimiento de mecanismos para el seguimiento,
monitoreo, en materia de gestión del riesgo de desastres.
Expectativas de la población
La de?nición de la situación futura deseada ha tomado en cuenta la revisión y sistematización del desarrollo de talleres y
reuniones de trabajo con actores claves, otros actores y representantes del grupo  de trabajo de la gestión del riesgo de
desastres de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, incluido representantes de las organizaciones de
personas con discapacidad, con la ?nalidad de establecer un espacio de participación y consulta, resultado del cual, las
principales aspiraciones y expectativas son las siguientes:
Mayor resiliencia, que les permita asimilar, absorber, adaptarse y recuperarse ante el impacto de un peligro
Acceso universal,  comprensión y  adecuado conocimiento  de las condiciones  de riesgo  en su  territorio, que  les
permita  actuar, desarrollarse,  habilitar medios  de  vida e  invertir,  en cumplimiento  de los  marcos  normativos y
protocolos vigentes y claros para la gestión del riesgo de desastres.
El incremento de la presencia del Estado  a través de la implementación de diversas actividades relacionadas a la
gestión del riesgo de desastres, debidamente  plani?cadas, organizadas, articuladas y ejecutadas oportunamente,
a nivel  multisectorial, intergubernamental  y con  el apoyo  de la  actividad privada, en  el marco  de la  agenda de
desarrollo país
La gestión  del riesgo de  desastres es implementada  con enfoque de  inclusión de derechos  y trato digno  de las
personas en situación de mayor vulnerabilidad.
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102
Para la determinación de las aspiraciones se tomaron en  cuenta a su vez documentos como: i) Documento aporte a la actualización de  la Política Nacional de
la Gestión  del Riesgo de Desastres,  presentado por las  representantes de las  organizaciones con discapacidad integrantes  del Comité Impulsor  de Gestión
Inclusiva del Riesgo de Desastres- GIRD y del Grupo de GRD de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza, ii) Marco de Sendai para la reducción
del Riesgo de Desastres 2015-2030; y, iii) Informe Nacional 2018 para el desarrollo sostenible .
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1.3.6
Alternativas de solución seleccionadas
Las alternativas de solución constituyen los posibles cursos de acción para la solución del problema público.
En  ese  sentido, dicha  tarea  implicó  que,  por  cada  una de  las  causas  directas  e  indirectas del  problema  público
“alta vulnerabilidad  de la  población y sus  medios de  vida ante el  riesgo de  desastres en el  territorio “se  identi?caran
alternativas de intervención para su posterior selección, que fueran complementarias  entre sí y no excluyentes entre sí,
dado la naturaleza de la Política multisectorial, intergubernamental y multidimensional, el abordaje del problema público
identi?cado pasa por la atención de  las causas para reducirlas y mitigar su persistencia, prevenir o  evitar la generación
de nuevos  riesgos y  brindar una  oportuna y e?caz  respuesta ante  la ocurrencia  de desastres y  una rápida  y óptima
recuperación de las poblaciones y medios de vida afectados.
Las alternativas de solución propuestas, considerando las Causas Indirectas, se encuentran en la presente tabla:
Tabla Nº 4
CAUSA DIRECTA, INDIRECTA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Causa Directa
Causa Indirecta
Alternativa de Solución
1
2
Ocupación
inadecuado del  territorio   de?cientes e inseguros.
y
uso
Infraestructura,
vivienda
y
servicios
básicos
Fortalecer la  implementación  de la  prevención y  reducción del  riesgo en  los
territorios, en el marco de la agenda de desarrollo.
sin
considerar
sus
aptitudes  y  condiciones   Insu?ciencia  e  incumplimiento   de  Instrumentos
Fortalecer  modelos de  gestión especializados,  para  la gestión  del riesgo  de
normativos   de   ocupación   y   uso   del  desastres, atendiendo a las particularidades de cada territorio.
de riesgo
técnico
territorio.
Débil
comprensión
del
De?ciente gestión del conocimiento
Incrementar la aplicación sistemática del conocimiento de los riesgos existentes
en los territorios a través una adecuada estandarización, integración, difusión y
acceso universal de la información.
Riesgo de  Desastres en
todas sus dimensiones
Inadecuada percepción de la población del riesgo   Incrementar la aplicación sistemática del conocimiento de los riesgos existentes
de desastres en el territorio
en los territorios a través una adecuada estandarización, integración, difusión y
acceso universal de la información.
3
Débil  gobernanza  de  la
Débil
implementación
de
estrategias
a
nivel
Fortalecer  la institucionalización  de  la GRD  en  los tres  niveles  de  gobierno
Gestión  del   Riesgo  de   intersectorial  e intergubernamental  con  enfoque   tomando en cuenta las particularidades de cada territorio.
Desastres
territorial
Fortalecer el  seguimiento, monitoreo, ?scalización,  control y  evaluación de  la
gestión del riesgo de desastres.
Mejorar  la  articulación  y  coordinación  en  materia  de  gestión de  riesgo  de
desastres.
Falta de incorporación,
Implementar la continuidad operativa del Estado frente al riesgo de desastres
e integración de la gestión del riesgo de desastres
en la gobernanza del desarrollo.
Fortalecer el  seguimiento, monitoreo ?scalización y control  y evaluación de  la
gestión del riesgo de desastres.
Mejorar  la  articulación  y coordinación  en  materia  de  gestión  del  riesgo  de
desastres
Fortalecer la especialización para la gestión del riesgo de desastres a través del
desarrollo de capacidades.
Fortalecer la  aplicación de herramientas ?nancieras  relacionadas a la  gestión
del riesgo de desastres.
Débil
transferencia  del   riesgo  de  bienes  y   servicios
públicos y privados.
implementación
de
mecanismos
de  Incentivar   la  incorporación  de   la  gestión  del  riesgo   de  desastres  en  las
inversiones privadas.
Fortalecer
evaluación de la gestión del riesgo de desastres.
el
seguimiento,
monitoreo
supervisión,  ?scalización,   control  y
Debilidad
incorporación
en
la
e
integración de la  gestión
del  riesgo  de desastres
Fortalecer la incorporación  e integración de la gestión  del riesgo de desastres
en las inversiones del Estado.
en
las
inversiones
De?ciente  incorporación  del  análisis  del   riesgo
públicas y privadas
y medidas  de GRD  en  las inversiones  público y   Incentivar  la  incorporación   de  la  gestión  del   riesgo  de  desastres  en   las
inversiones privadas.
privadas
Fortalecer
el
seguimiento,
monitoreo
supervisión,  ?scalización,   control  y
evaluación de la gestión del riesgo de desastres.
Débil  gestión  de  la   inversión  en  prevención  y   Fortalecer  el  seguimiento,   monitoreo  supervisión  ?scalización  y   control  y
reducción de riesgos                                                 evaluación de la gestión del riesgo de desastres.
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NORMAS LEGALES
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Causa Directa
Causa Indirecta
Alternativa de Solución
5
Falta
de
e?cacia
y
Intervenciones de  rehabilitación y  reconstrucción  Fortalecer la especialización para la gestión del riesgo de desastres a través del
oportunidad
para
la
desarticuladas
e
inconclusas
sin
enfoque
de
desarrollo de capacidades.
respuesta y recuperación  prevención y reducción de riesgos
Fortalecer la gestión de recursos para la respuesta y recuperación
Fortalecer la  articulación y  coordinación en  materia  de gestión  del riesgo  de
desastres.
Débil
implementación
de
mecanismos
y
Fortalecer la gestión de recursos para la respuesta y recuperación
estrategias de preparación y recuperación
Fortalecer  los sistemas  de  Alerta  Temprana respecto  de  peligros  de mayor
impacto.
Fortalecer  modelos de  gestión  especializados para  la  gestión  del riesgo  de
desastres, atendiendo a las particularidades de cada territorio.
Incremento del impacto de los desastres afectando A esta causa indirecta le aplican todas las alternativas de solución.
la sostenibilidad de las metas de desarrollo país
Análisis costo bene?cio de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050
El análisis costo-bene?cio de  la Política Nacional de Gestión del  Riesgo de Desastres al 2050 busca  cuanti?car lo que
el país pierde  o gana al  reducir la vulnerabilidad  de la población y  medios de vida  frente al riesgo de  desastres en el
territorio, concentrándose en determinar cuáles son las consecuencias en términos monetarios.
El análisis  se encuentra en  base al ?nanciamiento  del Programa Presupuestal  0068: “Reducción de  la Vulnerabilidad
y atención  de emergencias  por desastres”,  tomando en consideración  el Presupuesto  Institucional de Apertura  (PIA)
desde el  año 2016, año  en el cual  se realizó el  rediseño del PP 0068;  así como el  Estudio de Recolección  de Datos
sobre el Sector de Gestión  del Riesgo de Desastres en Perú desarrollado por  la Agencia de Cooperación Internacional
del Japón-JICA,  que recopiló las  Políticas y  desafíos vigentes en  gestión de riesgo  según fenómenos  (inundaciones,
deslizamientos/aluviones, sismos/tsunami) en medidas estructurales y no estructurales y sus respectivos costos, a través
del análisis  de estudios  y entrevistas  a actores  gubernamentales. De  acuerdo con  dicho estudio,  presentado el  año
2014,
PP 0068 y de lo aprobado mediante la Ley Nº 30191    en el año 2014; para los sectores vivienda, agua y saneamiento,
se requería un  costo estimado de más  de S/ 31,000 millones,  que era diez veces  el monto del presupuesto  del
103
salud, transportes, portuario, educación, comunicaciones,  agricultura y desarrollo urbano. En este sentido, las  medidas
identi?cadas  por el  mencionado estudio  demuestran  que la  inversión  en la  gestión del  riesgo  de desastres  tendría
impactos positivos  en la recuperación  temprana de las  actividades económicas, a través  de la reducción  de pérdidas
reales por los desastres y las actividades oportunas y ágiles de rehabilitación y reconstrucción.
Cálculo de los Costos y Bene?cios
Para estimar los  bene?cios de la  Política Nacional de Gestión  del riesgo de desastres,  se evaluó el Valor  Actual Neto
(VAN) de los bene?cios derivados de la reducción de  la alta vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el
riesgo de desastres en el territorio, en términos de los Bene?cios sociales de la reducción en la afectación o destrucción
principalmente,  de  viviendas,  Instituciones  Educativas,  Establecimientos  de  Salud,  carreteras  y  áreas  de   cultivo;
asimismo, los  Bene?cios económicos asociados  a muertes  y lesiones evitados  frente a emergencias  recurrentes; así
como el escenario de riesgo ante sismo de gran magnitud seguido de tsunami en la costa central.
Cálculo de los costos
Se ha realizado a partir de los elementos de alternativa de solución de la Política:
Elementos de alternativa  de Solución Nº  1: costos de intervenciones  actuales relacionadas al  Programa Presupuestal
0068:
“Reducción  de la  Vulnerabilidad  y atención  de  emergencias  por desastres”  (EAS1),  para ello  se  identi?có  y
diferenció el costo promedio  anual desde el año 2016  al 2019 del PIA del PP 0068,  considerando los servicios a partir
del rediseño 2015 del PP 0068. Asimismo, se diferenciaron: i) las intervenciones de gestión prospectiva, correctiva, que
incluye gastos de operación y mantenimiento  de los servicios públicos, ii) actividades de emergencia en un  año que no
comprenden desastres de gran magnitud  (2018)   ; y, iii) las  intervenciones transversales e intervenciones de inversión
104
pública en materia de GRD.
Elementos  de  la  Alternativa  de  Solución  Nº   2:  relacionadas  a  intervenciones  del  Programa  Presupuestal  0068:
“Reducción  de la  Vulnerabilidad  y  atención de  emergencias  por  desastres” incluyendo  intervenciones  mejoradas y
nuevas intervenciones, para ello se  tomó como referencia: a) Intervenciones del PP  0068, b) las intervenciones del PP
0068
con mejoras c) Intervenciones Nuevas: continuidad operativa del Estado, entre las principales.
103
104
Ley Nº 30191, Ley que establece medidas para la Prevención, Mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastres, que aprobó
un monto total de S/ 3,100 millones.
En dicho caso, se utilizó el PIM de la actividad 5006144: ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA, en un año sin emergencias mayores.
56
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Lunes 1 de marzo de 2021 /
Tabla Nº 5
COSTO PROMEDIO ANUAL DE LOS ELEMENTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 1 Y 2
Costo promedio anual*
(en millones en soles)
Elementos de la Alternativa de Solución 1 (EAS1)
Edi?caciones seguras ante el riesgo de desastres
75
35
Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres
Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros
Estudios para la estimación del riesgo de desastres
64
65
Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
Población con prácticas seguras para la resiliencia
47
24
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres
Atención de Actividades de Emergencia
241
241
Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres
Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión del riesgo de desastres
Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres
Inversiones Asociadas a GRD
57
340
Total
1187
Elementos de la Alternativa de Solución Nº 2 (EAS2)
Total intervenciones actuales
1187
75
Edi?caciones seguras ante el riesgo de desastres
Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres
Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros
Estudios para la estimación del riesgo de desastres
35
64
65
Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático
Población con prácticas seguras para la resiliencia
47
24
Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres
Atención de Actividades de Emergencia
241
241
Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres
Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión del riesgo de desastres
Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres
Inversiones asociadas a GRD
57
340
1027
317
380
258
15
Intervenciones Mejoradas (M)
Refuerzo sísmico de viviendas (M)
Estudios y reforzamiento de Servicios Públicos esenciales (M)
Estudios e Inversiones para la protección física frente a peligros (M)
Inversiones para el servicio de monitoreo y vigilancia frente a peligros
Inversiones para el servicio de monitoreo y vigilancia frente a peligros (M)
50
Inversiones para la  capacidad instalada para la preparación  y respuesta frente a emergencias  y desastres
(M)
7
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
57
Fortalecer  la  institucionalización  de  la  GRD  en  los  tres  niveles  de   gobierno  tomando  en  cuenta  las
particularidades de cada territorio. (M)
Mejorar la articulación  y coordinación en  materia de gestión de  riesgo de desastres en  los tres niveles  de
gobierno. (M)
Fortalecer la especialización para la gestión del riesgo de  desastres a través del desarrollo de capacidades
(M)
0,1
Fortalecer el seguimiento, monitoreo, ?scalización, control y evaluación de la gestión del riesgo de desastres.
(M)
Fortalecer la aplicación de herramientas ?nancieras relacionadas a la gestión del riesgo de desastres (M)
Intervenciones Nuevas (N)
17
17
Fortalecer modelos  de gestión  especializados, para  la gestión  del riesgo  de desastres,  atendiendo a  las
particularidades de cada territorio (N)
Incentivar la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en las Inversiones Privadas. (N)
Fortalecer la incorporación e integración de la gestión del riesgo de desastres en las Inversiones del Estado.
(N)
Implementar la continuidad operativa del Estado frente a los riesgos de desastres (N)
Total de los Elementos de la Alternativa de Solución Nº 2
2,231
Bene?cios
Para ello, se tomó como base el promedio anual del impacto de las emergencias  entre los años 2003-2018 del Sistema
de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación-SINPAD, identi?cándose prioritariamente personas fallecidas
y  heridas, viviendas,  Instituciones Educativas,  Establecimientos  de Salud,  puentes,  carreteras nacionales  y  cultivos
destruidos y afectados.
Asimismo, se tomó  para el cálculo de  afectación frente a Sismo  de Gran Magnitud seguido de  Tsunami, el Estudio de
105
PREDES   ,  sobre los  daños máximos  en la población  de acuerdo  con un  escenario de  sismo de magnitud  8,0 Mw,
con intensidades máximas de  VIII Escala Mercalli modi?cada con epicentro  frente a Lima, y la información  del Plan de
Contingencia Nacional ante Sismo  de Gran Magnitud seguido de Tsunami  frente a la Costa Central del  Perú aprobado
mediante RM 187-2019-PCM.
Tabla Nº 6.
PRINCIPALES DAÑOS FRENTE A SISMO DE GRAN MAGNITUD SEGUIDO POR TSUNAMI EN LA COSTA
CENTRAL DEL PERÚ
Población
a/
Vivienda
c/
EESS
d/
IIEE
e/
Viviendas b/
Fallecidos
Heridos
686,105
Destruidas
200,347
Inhabitables
348,828
Afectados
748
Afectados
10,842
51,019
a/b/c/ Fuente: PREDES, 2009
d/ e/ Plan  de Contingencia Nacional ante  Sismo de Gran Magnitud  seguido de Tsunami frente  a la Costa Central  del
Perú.
Por ello,  el  cálculo de  los daños  evitados respecto  a  los eventos  recurrentes ha  sido anualizados  en  relación a  su
frecuencia entre los años 2003-2018, a diferencia de los daños evitados por eventos extraordinarios (de Gran Magnitud),
los cuales  han sido divididos entre  los 30 años  de duración de  la presente Política Nacional,  considerando que dicho
evento suceda en alguno de los años de la duración de la misma.
Se realizó el análisis  de bene?cios sociales, de?nido como el  daño evitado en i) infraestructura y medios  de vida: nivel
de viviendas,  Instituciones Educativas, Establecimientos  de Salud, puentes,  carreteras nacionales y áreas  de cultivos
destruidos y  afectados; y  ii) para  la vida  humana  y salud,  considerando un  daño máximo  tanto en  las emergencias
recurrentes, sumado a  un escenario de sismo de  gran magnitud seguido por  tsunami en la costa central,  aspecto que
generaría un mayor costo de recuperación.
105
Diseño de Escenario sobre el impacto de un Sismo de Gran Magnitud, en Lima Metropolitana y Callao, Perú. PREDES, abril 2009.
58
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Lunes 1 de marzo de 2021 /
i)
Daño evitado en infraestructura y medios de vida
Respecto al costo  de destrucción por  dichos eventos, para lo  referente a viviendas,  se tomó de manera  referencial el
costo de vivienda por m2 bajo condiciones de ubicación en Lima Metropolitana y predio en zonas de expansión urbana
alcanzando un monto de S/1,285 x m  o de $ 377.94 x m . En relación a los costos para las viviendas afectadas, se tomó
106
2
2
como referencia el costo del bono de reforzamiento sísmico implementado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para un área de vivienda de 14 m2 que alcanza la suma de S/ 15,000 por bono.
Para los Establecimientos de Salud, se tomó como referencia el promedio del costo de inversión de Hospitales y centros
de salud categoría I-4 de la Programación Multianual de Inversiones del Sector Salud 2018-2020, y para las Instituciones
Educativas  (IIEE) se  tomó como  base  el costo  de inversión  de  IIEE de  la  Programación Multianual  de Inversiones
del Sector  Educación 2020-2022.  Respecto a  los costos  de afectación  en Establecimientos  de Salud e  Instituciones
Educativas se tomó el promedio de los costos considerados en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios- PIRCC.
Para las  áreas de cultivo  afectadas se tomó  como referencia  el valor asegurado  por hectárea (S/  650) del  Fondo de
Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario- FOGASA aprobado mediante RM Nº 297-2018-MINAGRI. Para los
puentes se tomó como referencia los costos promedio de reconstrucción y rehabilitación de dichas unidades en el marco
del PIRCC  y para los  costos por Km.  de carretera nacional  se tomó como  referencia los  montos de la  Programación
Multianual de Inversiones del Sector Transportes 2019-2021.
ii)
Daño evitado en la vida y salud
Se calculó  el daño  evitado sobre la  base del  valor de  la vida estadística,  sobre la  propuesta de  reparaciones civiles
elaborado por OSINERGMIN 2012   , que calculó la vida estadísticamente en S/ 3.3 millones de soles.
107
Asimismo, respecto al cálculo de gastos médicos por heridos, se tomó como valor referencial el Reglamento Nacional de
Responsabilidad Civil y  Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito  (SOAT), que considera como  valor de gastos
médicos máximos la suma de 5 UIT.
Para el cálculo de los bene?cios en términos de ahorro  tanto en infraestructura y medios de vida como en vida humana
y salud, se calculó en base a las alternativas de solución, de los cuales se ha identi?cado de manera referencial que los
elementos de la Alternativa 1 alcanzarían el 25% del total de bene?cios y los elementos de la Alternativa 2 alcanzaría el
50%
del total de bene?cios, siendo este último tomando del estudio realizado por la JICA   .
108
Tabla Nº 7
BENEFICIOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES AL 2050 EN DAÑOS
EVITADOS EN INFRAESTRUCTURA, MEDIOS DE VIDA, VIDAS HUMANAS Y SALUD
Bene?cios
Bene?cios AS1
Bene?cios AS2
I. Infraestructura y Medios de Vida
Destruido
Número
S/.
S/.
S/.
Viviendas
22,429
2,882
1,687
7,460
46
721
1,441
Establecimientos de Salud
Instituciones Educativas
Hectáreas de cultivo agrícola
Puentes
10
64
422
1,865
11
843
3,730
23
70,253
234
2,982
33,651
48,708
746
1,491
16,825
24,354
Carreteras
4,913
8,413
12,177
Sub total en millones
Afectados
Número
S/.
S/.
S/.
Viviendas
103,727
222
1,556
1,792
389
448
778
896
Establecimientos de Salud
106
Asumiendo las siguientes condiciones: Costo x m2 de una vivienda de 02 pisos en un predio de 100 m2 de 200 m2 construidos, ubicado en Lima Metropolitana,
Con acabados en calidad intermedia, no incluye el costo del  terreno, ni movimiento de tierras para nivelación y/o desniveles, se asume que están en zonas  de
casco urbano consolidado, por consolidar  y/o expansión urbana con acceso para camiones hasta el  frente del lote con una distancia no mayor  de 5 m. aprox.
Dicho monto es comparable a costos por m2 en zonas de Lima Norte.
107
108
OSINERGMIN- Cálculo del Valor de la Vida Estadística.
Estudio de Recolección  de Datos sobre el Sector  de Gestión del Riesgo  de Desastres en Perú  desarrollado por la Agencia de Cooperación  Internacional del
Japón-JICA.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
59
Bene?cios
Bene?cios AS1
Bene?cios AS2
Instituciones Educativas
Hectáreas de cultivo agrícola
Puentes
1,398
126,607
131
2,544
636
1,272
41
82
576
21
144
288
Carreteras
923
1,859
8,409
465
930
Sub total en millones
II. Vida y Salud
Fallecidos
2,102
4,205
Número
S/.
S/.
S/.
1,931
6,371
1,697
1,593
424
3,186
849
Heridos
80,811
Sub total en millones
Total General anual
8,068
2,017
16,296
4,034
32,593
65,185
Al  bene?cio  neto  de  ambos  elementos   de  alternativas  de  solución  se  le  aplica  una  tasa  social   de  descuento,
determinada  o?cialmente  por el Ministerio  de  Economía y  Finanzas,  de 9%  al bene?cio  neto de  las intervenciones
de la EAS1 y  EAS2, de modo que podamos  calcular el valor neto  presente de la inversión.  En ese sentido, se  asume
que si el  valor es igual  o mayor a cero  implica rentabilidad  social. Al respecto, de  aplicar la tasa  social de descuento
al bene?cio  neto se obtiene  para los EAS1,  el valor de S/.  168,493 millones,  y para el EAS  2 el valor de  S/. 308,480
millones, en  consecuencia, al  ser mayor a  cero, permite a?rmar  que, de las  dos alternativas,  la EAS 2 tendrá  mayor
rentabilidad social.
Finalmente, podemos  indicar que frente  a un escenario  de daños recurrentes,  sumado a  un sismo de  gran magnitud
seguido de  Tsunami frente  a la costa  central, la  diferencia entre  el ahorro traducido  en menor  cantidad de  personas
fallecidas,  heridas, y  daños  a viviendas,  infraestructura  social y  medios de  vida,  es mayor  en  los elementos  de  la
Alternativa de Solución 2, la diferencia entre el ahorro de ambas alternativas alcanzan un total de S/ 139,987 millones de
bene?cio adicional; como es de verse en la Tabla Nº 8:
Tabla Nº 8
COMPARATIVO DE ESCENARIOS DE INTERVENCIONES EN UN CONTEXTO DE EVENTOS RECURRENTES MÁS
UN SISMO DE GRAN MAGNITUD SEGUIDO DE TSUNAMI FRENTE A LA COSTA CENTRAL
Escenario 2 con Intervenciones del PP 0068 más
Escenario 1: PP 0068 en un contexto de eventos
intervenciones mejoradas y Nuevas en un contexto
recurrentes más Sismo de Gran Magnitud seguido de
de eventos recurrentes más Sismo de Gran Magnitud
Tsunami frente a la Costa central
seguido de Tsunami frente a la Costa central
Intervención
PP 0068
VAN (S/ millones)
168,493
Intervención
VAN (S/ millones)
308,480
PP 0068 más intervenciones
mejoradas y nuevas
Ahorro
139,987
1.4
Políticas relacionadas
Alineación vertical
1.4.1
a)
Acuerdo Nacional
A nivel nacional, se considera como  marco principal a las Políticas de Estado  acordadas en el Acuerdo Nacional y que
de?nen los lineamientos generales para el  desarrollo inclusivo, sostenible y equitativo, así como para la  gobernabilidad
democrática en el país. El Anexo 5 muestra con mayor detalle, el alineamiento vertical de la Política Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres al 2050 con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, considerando la transversalidad de la
Política Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.
60
NORMAS LEGALES
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Lunes 1 de marzo de 2021 /
b)
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)
Del mismo modo la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 se enmarca en el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional de acuerdo al detalle mostrado en el Anexo 5.
1.4.2
Alineación horizontal
Para determinar el alineamiento de  la Política Nacional de Gestión del Riesgo de  Desastres al 2050 con otras políticas
de importancia, se han  desarrollado talleres y reuniones de trabajo  con los distintos sectores, los cuales  han permitido
identi?car que la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 por su naturaleza multisectorial, se alinea
con políticas nacionales a cargo de varios sectores. Así tenemos:
a.
b.
c.
Presidencia del Consejo de Ministros:
a.1
a.2
Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-CTI
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:
b.1
b.2
Política Nacional de Saneamiento
Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego:
c.1
c.2
c.3
c.4
Política Nacional Agraria.
Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos
Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
Plan de  Gestión  de Riesgos  y Adaptación  al Cambio  Climático  en el  sector Agrario,  periodo 2012-2021-
PLANGRAAC
d.
Ministerio de Economía y Finanzas:
d.1
d.2
Política Nacional de Competitividad y Productividad
Política Nacional  de Promoción  de la  Inversión Privada en  Asociaciones Público  Privadas y Proyectos  en
Activos
e.
f.
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social:
Estrategia Nacional de Inclusión Social “Incluir para crecer”
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:
e.1
f.1
f.2
f.3
f.4
Política Nacional de Igualdad de Género
Política Nacional en relación a las personas adultas mayores
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021
Plan de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad
g.
Ministerio del Ambiente:
g.1
g.2
g.3
g.4
g.5
Política Nacional del Ambiente
Estrategia Nacional sobre Bosque y Cambio Climático
Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2024
Estrategia Nacional ante Cambio Climático
Estrategia Nacional de lucha contra la deserti?cación y la sequía
h.
i.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones:
Política Nacional del sector Transportes
Ministerio de Educación:
h.1
i.1
i.2
i.3
i.4
Política Nacional de Educación Ambiental
Política de Atención Educativa para la población de ámbitos rurales.
Política Nacional de la Juventud.
Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESTP)
j.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:
Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021
Ministerio de Defensa:
Política Nacional de Seguridad y Defensa Nacional.
Ministerio de Energía y Minas
j.1
k.
l.
k.1
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
61
l.1
Política Energética Nacional del Perú 2010-2040
m.
n.
Ministerio de Relaciones Exteriores:
m.1
m.2
m.3
Política Nacional Migratoria 2017-2025.
Política Nacional de Desarrollo e Integración fronterizos.
Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional.
Ministerio de Cultura:
n.1
n.2
Política Nacional para la Transversalización del enfoque intercultural
Política Nacional de Cultura
o.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:
Plan Estratégico Nacional Exportador 2025
Ministerio de Salud:
Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030
El resultado de dicho alineamiento lo podemos apreciar en el Anexo 5.
o.1
p.
p.1
2.
OBJETIVOS PRIORITARIOS Y LINEAMIENTOS
Debido al tipo de problema público al que se busca dar solución, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
propone atacar las causas directas identi?cadas en el modelo del problema público y por ende sus efectos, con el objeto
de alcanzar la situación futura deseada en el marco de las alternativas de solución planteadas. Es así como se plantean
seis objetivos prioritarios según el siguiente detalle:
O.P.1. Mejorar la comprensión  del riesgo de desastres para  la toma de decisiones a  nivel de la población y las
entidades del Estado.
El Marco de  Sendai
dimensiones  de vulnerabilidad,  capacidad, grado de exposición  de personas y bienes, así como de las características
de las  amenazas o  peligros y  el entorno  incluyendo  situaciones  hipotéticas  sobre  el cambio  climático  . Ello  con el
109
establece  como una de sus  prioridades  la comprensión  del riesgo  de desastres  en todas sus
1
objeto  de aprovechar  dicho  conocimiento  para la  evaluación  del riesgo  previo  a los desastres,  para  la prevención
y reducción   y  para la  elaboración   y aplicación   de  medidas  adecuadas  de  preparación   y respuesta   eficaz  para
casos  de emergencias   y desastres;   en suma,  para  la adecuada  toma  de  decisiones  por  parte de  la población   y
el Estado.
Actualmente la  comprensión del  riesgo desastres,  presenta  grandes debilidades  en todas  sus dimensiones  a causa
de la  falta  de entendimiento,  estandarización, plani?cación  y articulación  de la  información  existente, así  como a  la
generación de información, estudios e investigaciones puntuales y de corto plazo que por lo general resultan  dispersos,
desarticulados y con poco potencial de aplicación que permita a los distintos actores involucrados, su consideración para
la toma de decisiones idóneas para la gestión del riesgo de desastres y la elaboración de estrategias integrales de largo
plazo con enfoque territorial, inclusivo, de género y de desarrollo sostenible; lo que a su vez se ve limitado por la falta de
capacidades en todos los niveles de gobierno. A ello, se suma la inadecuada percepción que tiene la población sobre su
territorio y los riesgos que presenta y sobre cómo dichos riesgos de desastres vienen siendo exacerbados por el cambio
climático.
A efectos  de disminuir la  vulnerabilidad generada  por las  debilidades en  la comprensión del  riesgo de  desastres, se
requiere identi?car, priorizar, y difundir, los peligros, el análisis de vulnerabilidad y el cálculo de riesgos existentes en los
territorios. Para ello, la recopilación, generación, gestión y difusión de  la información debe ser plani?cada, organizada e
integrada sobre la base de objetivos prioritarios, de manera  tal que cada actor sepa la información que deberá generar,
recopilar, gestionar o difundir, así como los criterios y protocolos que permitan su estandarización y la de?nición del valor
agregado que facilite su uso por otros sectores y/o sistemas y/o la población.
En suma,  el país requiere  contar con  información  sistematizada  y de acceso  universal, que  esté incorporada  en un
sistema  de información  fortalecido,  estandarizado  e integrado  con información  territorial,  que tome  en cuenta otros
factores  de alta  importancia  como  el  cambio climático,  y  que  cuente con  valor  agregado  que permita  su  uso por
los  diversos  actores del  sistema,  así  como por  otros  sectores  o sistemas  estrechamente   vinculados  a la  gestión
del riesgo  de desastres,  la  sociedad civil  y la  población  en general.  Esta información  debería  permitir  comprender
las condiciones  de  riesgo  en los  distintos  territorios  y en sectores  diferenciados   de población  (sexo,  grupo etario,
personas con discapacidad  y personas adultas mayores.)  y por tanto la toma de decisiones con un adecuado enfoque
de  gestión  del riesgo  de  desastres,  con  carácter  inclusivo  y de  género.  Consistente  con  ello,  se  hace relevante
impulsar  la  interoperabilidad  entre  procesos  y  sistemas  de  información  de  las entidades  públicas   en materia  de
109
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
62
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
gestión de  riesgos de  desastres, asimismo,  se espera  fortalecer  las plataformas  digitales que  promuevan  el uso de
datos abiertos,  georreferenciados   o estadísticos,  adecuadamente  estructurados,   en materia  de gestión  de riesgos
de desastres,  todo  ello aprovechando  el despliegue  del  gobierno digital  y transformación  digital  en el  Estado. Esto
último puede llevarse  a cabo mediante  el fortalecimiento  de las plataformas digitales  de naturaleza  transversal como
Plataforma  Nacional  de Interoperabilidad  (PIDE),  Portal de  Información  de Datos  Espaciales del  Perú (GEOIDEP),
así como,  el Sistema  de Información  para  la Gestión  del Riesgo  de Desastres  (SIGRID)  y Sistema  de Información
Nacional  para  la Respuesta  y  Rehabilitación  (SINPAD)  en el  marco del  Sistema  Nacional  de Información   para la
gestión del  riesgo de desastres.
Otro de los aspectos  importantes a considerar  es la incorporación  de los conocimientos sobre  el riesgo de desastres,
tanto los contenidos relacionados  con los tipos de gestión (prospectivo,  correctivo, reactivo),  como de los procesos de
la gestión del  riesgo de desastres  (estimación, prevención,  y reducción del riesgo,  así como, preparación,  respuesta,
rehabilitación  y  reconstrucción),  en  los  contenidos  de  la  educación  básica  regular,  educación  superior  y  técnico
productiva, entre  otros.
Así la Política  Nacional de Gestión del  Riesgo de Desastres  al 2050 plantea como  uno de sus objetivos  prioritarios al
2050,
mejorar la comprensión del riesgo de desastres para la toma de decisiones a nivel de la población y las entidades
del Estado.
OP: 2 Mejorar las condiciones de ocupación y uso considerando el riesgo de desastres en el territorio.
La generación  de dinámicas,  obstáculos y  di?cultades que  han afectado el  desarrollo del  país, tales como  procesos
de  migración  interna,  el  crecimiento  acelerado  de  la  población  urbana  concentrado  en  la costa  y  otros  factores
socioeconómicos  aunados a la ausencia  de una adecuada  plani?cación y  acción por parte  del Estado en gestión  del
riesgo  de desastres,  tomando  en cuenta  factores  de alta  importancia  como el  ordenamiento  territorial,  variabilidad
climática y  el cambio  climático, dieron  paso a la  ocupación y  uso desordenado,  informal e  inadecuada del  territorio,
debido a la  falta de una  previa y consciente  plani?cación que  tome en cuenta  sus aptitudes y condiciones  de riesgo.
Esta  situación  trajo  como consecuencia  la  existencia  de  viviendas,  infraestructura  y  servicios  básicos  de?cientes
y/o inseguros  y, por  tanto, medios  de vida poco  resilientes  que incrementan  las condiciones  de vulnerabilidad  de la
población y su exclusión  social.
Bajo  dicho contexto,  se  plantea  como objetivo  prioritario  ubicado  al  ?nal de  la  cadena de  resultados,  mejorar  las
condiciones  de  ocupación y  uso  considerando  el riesgo  de  desastres  en el  territorio,  permitiendo  así  disminuir la
vulnerabilidad de  la población y sus medios de vida.  El establecimiento de viviendas,  infraestructura y medios  de vida
requiere ser efectuado  tomando en cuenta  las condiciones de riesgo  de cada territorio, para  ello se plantea fortalecer
a nivel  nacional, las acciones  orientadas  a evitar la  generación de  nuevos riesgos y  a reducir  la vulnerabilidad  y los
riesgos  existentes  bajo  un contexto  de  desarrollo  sostenible.  Sin  embargo, teniendo  en  cuenta  las  de?ciencias  y
debilidades de los distintos  niveles ello no será posible si no se fortalecen a su vez los actuales  modelos de gestión de
la gestión del riesgo de desastres,  los que deben evolucionar a modelos de gestión  especializada que cuenten con las
capacidades necesarias  y que  tomen decisiones  sobre la base  de las aptitudes  y por tanto  particularidades de  cada
territorio y acorde  a cada grupo diferenciado  de población (según sexo,  edad, personas con discapacidad  y personas
adultas mayores).
O.P.3. Mejorar la implementación articulada de la gestión del riesgo de desastres en el territorio
La  plani?cación  e  implementación  de  estrategias  integrales  de  gestión  del  riesgo  de  desastres,  de  largo   plazo,
debidamente  articuladas  a  nivel  sectorial,  intersectorial  e intergubernamental  que  cuenten  con  enfoque  territorial,
inclusivo, de  género, y  de desarrollo  sostenible, es  aún un  tema pendiente,  priorizándose  solo estrategias  reactivas
y de corto  plazo, aunada a la  escaza participación del sector  privado y la sociedad  civil, dan cuenta de la  inadecuada
y/o de?ciente  aplicación de marcos  normativos vigentes  y de las  debilidades aun existentes  en la  institucionalización
de la gestión  del riesgo de desastres bajo  un enfoque sistémico. A todo ello, se  suma la aún débil  implementación del
monitoreo, seguimiento y evaluación, control, ?scalización y rendición de cuentas, así como la implementación parcial de
instrumentos y mecanismos de participación y articulación institucional, intersectorial e intergubernamental, de la gestión
del riesgo desastres, dando como resultado las debilidades existentes aún en la gobernanza de la gestión del riesgo  de
desastres, que coadyuva al crecimiento de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo desastres
en el territorio.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que uno los objetivos  prioritarios de la Política Nacional de Gestión  del
Riesgo de Desastres  al 2050 deben estar orientado  a que la gestión del riesgo de  desastres al 2050 logre mejoras  en
su implementación en los tres niveles de gobierno debiendo para ello funcionar de manera articulada  y bajo un enfoque
sistémico  territorial  e inclusivo.  Para  ello se  plantea la  necesidad  de fortalecer  la  institucionalización  de la  gestión
del riesgo  de desastres  en los  tres niveles de  gobierno tomando  en cuenta  las particularidades  de cada  territorio,  y
mejorar la coordinación  y articulación entre todos  los miembros del SINAGERD debiendo  a su vez para ello fortalecer
la especialización de los  tres niveles de gobierno en materia de gestión  del riesgo de desastres mediante  el desarrollo
de capacidades,  lo que a  su vez permitirá  fortalecer el seguimiento,  monitoreo, ?scalización,  control y  evaluación de
la GRD.
O.P.4.Fortalecer la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la inversión pública y privada
La incorporación e integración de la gestión del riesgo de  desastres en las inversiones públicas y privadas de todo tipo,
es uno  de los aspectos  que presenta serias  debilidades, y trae  como consecuencia el  incremento de las  condiciones
de vulnerabilidad de la población  y de sus medios de vida. La  población y el Estado deben afrontar impactos  cada vez
mayores, generados por las emergencias y desastres que ocurren en el territorio, para ello la inversión tanto pública como
privada debe necesariamente  incorporar de manera previa  y durante su ejecución,  la gestión del riesgo  de desastres,
permitiendo así  reducir las condiciones  de riesgo  existentes en los  territorios. Ello,  implica fortalecer la  incorporación
de la gestión  del riesgo de  desastres en las  inversiones públicas y privadas,  a través de  un adecuado fortalecimiento
y aplicación de  herramientas ?nancieras relacionadas a la gestión  del riesgo de desastres, la  obligatoria incorporación
de la  gestión del riesgo  de desastres en  toda inversión pública  y la aplicación  de medidas orientadas  a incentivar  su
incorporación a  nivel de las  inversiones privadas,  ello aunado a  un adecuado  seguimiento, monitoreo, ?scalización  y
evaluación por parte del Estado.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
63
Así  hacia el  año 2050  se  espera fortalecer  la incorporación  de  la gestión  del  riesgo de  desastres tanto  a  nivel de
inversiones públicas como de inversiones privadas reduciendo así el impacto que pudiera generarse por emergencias y
desastres que pudieran ocurrir en el territorio.
O.P.5. Asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y desastres
El  incremento  del  impacto  de  los  desastres  que  afectan  la  sostenibilidad   de  las  metas  de  desarrollo  del  país,
la  debilidad  en la  implementación   de mecanismos  y  estrategias  de  preparación  para  la  respuesta  oportuna  y  la
de?ciente  articulación  a nivel  sectorial,  intersectorial,  intergubernamental   y de  estos  con el  sector privado  para  la
atención  de emergencias  y desastres,  aunado al débil  desarrollo  de capacidades  y gestión de  recursos, sobre  todo
a nivel local,  dan cuenta de  las de?ciencias  para dar una adecuada  respuesta a  las emergencias  y desastres y para
el restablecimiento   de los servicios  básicos  indispensables.  Las  zonas afectadas  por las  emergencias  y desastres
ocurridos  en  los  últimos  años  han dejado  en  evidencia  las  debilidades   en la  implementación   de la  preparación
ante desastres  y, por tanto,  la falta  de e?cacia y  oportunidad  del Estado para  la respuesta,  sobre todo  a nivel local;
dando como  resultado que el  impacto de las  emergencias y desastres  se traduzca  en indicadores  socioeconómicos
negativos  que van en aumento.
Ante esta situación el Estado requiere implementar estrategias para fortalecer la gestión de los recursos para la respuesta
debiendo para ello fortalecer, a su vez, la especialización para la gestión  del riesgo de desastres a través del desarrollo
de capacidades  y por  tanto robustecer  los modelos  de gestión  del riesgo de  desastres, orientándolos  a una  gestión
especializada que tome en cuenta las particularidades de cada territorio, población (sexo, grupo etario, poblaciones con
discapacidad y personas adultas mayores) y medios de vida, considerando el enfoque de trato digno, así como fortalecer
la articulación y coordinación entre los distintos miembros  del SINAGERD y fortalecer los Sistemas de Alerta Temprana
con relación a peligros de gran impacto.
La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 debe buscar que la población sea atendida oportuna y
e?cazmente ante las emergencias y desastres que ocurran en el territorio con pleno respeto de sus derechos y diversidad.
Así, se plantea como uno de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, asegurar
hacia el 2050 la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y desastres.
O.P.6.Mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres
La  debilidad   en  la  implementación  de   mecanismos  y  estrategias   de  prevención  y   reducción  de  riesgos   y  de
recuperación, el  incremento del impacto  de los desastres que afectan  la sostenibilidad de  las metas de desarrollo  del
país, así como la evidencia existente de intervenciones  de rehabilitación y reconstrucción desarticulados e inconclusos
sin enfoque  de prevención  y  reducción de  riesgos, con  débil orientación  hacia  un enfoque  de derechos  e inclusión
y la  falta  de una  estrategia conjunta  y  plani?cada entre  los  miembros del  SINAGERD,  dan cuenta  de la  de?ciente
articulación a nivel sectorial, intersectorial,  intergubernamental y del Estado con el sector privado  para la recuperación,
la capacidad limitada para activar los  mecanismos e instrumentos para la rehabilitación y reconstrucción  con e?ciencia
y oportunidad  y las limitaciones  para evaluar los  resultados de la  aplicación de las  intervenciones en  rehabilitación y
reconstrucción; en gran parte debido al débil desarrollo de capacidades  y a la de?ciente gestión de recursos en materia
de recuperación.
Las de?ciencias para activar e?caz y oportunamente la recuperación de los daños con un enfoque inclusivo y de género,
bajo condiciones de  desarrollo sostenible y de  prevención y reducción de  riesgos, dan cuenta de  la falta de e?cacia  y
oportunidad existente  y de la débil  implementación de mecanismos  que permitan optimizar  resultados y fortalecer  las
capacidades de los distintos niveles de gobierno de manera sostenible en el tiempo.
Ante esta situación, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 plantea como uno de sus objetivos
prioritarios  Mejorar hacia  el 2050  la recuperación  de la  población y  sus medios  de vida afectados  por  emergencias
y desastres,  debiendo para ello,  fortalecer la  gestión de los  recursos para recuperación,  así como  la especialización
para la  gestión del  riesgo  de desastres  a través  del desarrollo  de capacidades  y,  por tanto,  fortalecer y  robustecer
los modelos  de gestión  del  riesgo de  desastres orientándolos  a  una gestión  especializada  que tome  en cuenta  las
particularidades  de  cada  territorio,  población   (diferenciada  por  sexo,  grupo  etario,  personas  con  discapacidad  y
personas  adultas mayores)  y  medios de  vida,  así como  fortalecer  la articulación  y  coordinación entre  los  distintos
actores del SINAGERD.
Relación entre Causas directas, alternativas de solución y objetivos prioritarios:
La Tabla Nº  12 muestra con  mayor detalle la relación  directa entre las  causas directas, sus alternativas  de solución y
objetivos prioritarios determinados para la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres:
Tabla Nº 09
RELACIÓN ENTRE LAS CAUSAS DIRECTAS, ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y OBJETIVOS PRIORITARIOS
Causa Directa
Alternativa de Solución
Objetivo Prioritario
1
Fortalecer la  implementación de la  prevención y reducción  del
riesgo de desastres en los territorios, en el marco  de la agenda
Ocupación
y   uso
inadecuado de desarrollo.
del  territorio sin  considerar  sus Fortalecer  modelos de  gestión especializados  para la  gestión
O.P.2  Mejorar  las  condiciones  de  ocupación  y
aptitudes
riesgo
y    condiciones    de
del riesgo  de  desastres, atendiendo  a las  particularidades de uso  considerando  el  riesgo  de  desastres en  el
cada territorio,  población (diferenciada  por sexo,  grupo etario,
territorio.
personas con  discapacidad y personas  adultas mayores)  y su
diversidad cultural.
64
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
2
Causa Directa
Alternativa de Solución
Objetivo Prioritario
Incrementar la  aplicación  sistemática del  conocimiento de  los O.P.1.  Mejorar   la  comprensión   del  riesgo   de
comprensión   del   riesgo
riesgos existentes  en los territorios  a través  de una adecuada desastres para la toma de decisiones a nivel de la
estandarización, integración,  difusión y  acceso universal de  la población y las entidades del Estado
información.
Débil
de
desastres   en    todas   sus
dimensiones
3
Fortalecer  la  institucionalización  de  la  gestión del  riesgo  de
desastres en  los tres  niveles de  gobierno tomando  en cuenta
las particularidades de  cada territorio y población (diferenciada
por sexo, grupo  etario, personas con  discapacidad y personas
adultas mayores) y su diversidad cultural.
Débil gobernanza  de la  Gestión eFortalecervaluación dele seguimiento,la gestión del monitoreo,riesgo de de?sscalización,astres.         control  y
del Riesgo de Desastres
O.P.3.  Mejorar  la  implementación articulada  de
Mejorar la articulación y coordinación en materia de gestión  del la gestión del riesgo de desastres en el territorio.
riesgo de desastres.
Implementar la continuidad operativa del Estado frente al riesgo
de desastres.
Fortalecer  la  especialización   para  la  gestión  del  riesgo   de
desastres a través del desarrollo de capacidades.
4
Fortalecer
la
aplicación
de
herramientas
?nancieras
relacionadas a la gestión del riesgo de desastres.
incorporación Fortalecer la incorporación e integración de la gestión del riesgo
en   la
Debilidad
e
integración
de
la
gestión de desastres en las inversiones del Estado.
O.P.4.Fortalecer  la  incorporación  de  la  gestión
del  riesgo  de desastres  en  las Incentivar la incorporación de la gestión del riesgo de desastres del  riesgo de desastres  en la inversión pública  y
inversiones públicas y privadas
privada.
en las inversiones privadas.
Fortalecer el seguimiento,  monitoreo supervisión, ?scalización,
control y  evaluación de  la gestión  del riesgo  de desastres  en
el Estado.
5
Fortalecer  la  especialización   para  la  gestión  del  riesgo   de
desastres a través del desarrollo de capacidades.
Fortalecer los Sistemas deAlerta Temprana respecto de peligros
de mayor impacto.
O.P.5. Asegurar la atención de la población ante la
Falta  de e?cacia  y  oportunidad Fortalecer   la    gestión   de   recursos   para   la   respuesta    y ocurrencia de emergencias y desastres.
recuperación.
para la respuesta y recuperación
Fortalecer la  articulación y coordinación en  materia de gestión  O.P.6.sus mediosMejorarde vidala recuperaciónafectados pordeemergenciasla  población  yy
del riesgo de desastres.
desastres
Fortalecer modelos  de  gestión especializados  para la  gestión
del riesgo  de  desastres, atendiendo  a las  particularidades de
cada territorio y población  (diferenciada por sexo, grupo etario,
personas con discapacidad y personas adultas mayores).
A continuación, se muestra  una Matriz consolidada  que establece los objetivos  prioritarios, indicadores y lineamientos
planteados, incluyendo la identi?cación de los sectores responsables de su cumplimiento considerando las competencias
y funciones en materia de gestión del riesgo de desastres que desarrollan desde su política sectorial:
Tabla Nº 10
MATRIZ DE OBJETIVOS PRIORITARIOS, INDICADORES Y LINEAMIENTOS
jbetOivos
Prioritarios
Indicadores
Logro
esperado al
2050
Línea Base/
Valor actual
Lineamientos
Responsable del    Co -responsable del
Objetivo
Objetivo
1.1
Índice  de vigilancia
de  peligros en  distritos
expuestos.
57%
39.6%
8%
L1.1.  Implementar  medidas de  acceso
universal a  información  y conocimiento
en  materia   de  gestión  del   riesgo  de
desastres  para  las  distintas  entidades
del Estado.
1.2
Porcentaje
de
entidades
Mejorar   la
desarrollado     informes
del  técnicos    y/o   estudios
que
han
O.P.1.
comprensión
riesgo de desastres
para
decisiones
de
CENEPRED/
ENTIDADES
TECNICO
100%
orientados
la   toma   de
determinación   de    las
a
la
PCM
CIENTIFICAS/
GOBIERNOS
REGIONALES Y
LOCALES
a
nively  condiciones de riesgo
la  población
L1.2.  Implementar  medidas de  acceso
universal a  información  y conocimiento
en  materia   de  gestión  del   riesgo  de
las
Estado.
entidades
del
1.3   Porcentaje   de   la
población    que   aplica
medidas de  gestión del
riesgo    de     desastres
desastres    para    la    población,    con
carácter inclusivo  y enfoque  de género
e intercultural
42%
22.5%
sobre
la
base
de
información  de  acceso
público.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
65
jbetOivos
Prioritarios
Indicadores
Logro
esperado al
2050
Línea Base/
Valor actual
Lineamientos
Responsable del    Co -responsable del
Objetivo
Objetivo
51%
(Valor Sismos y
Tsunamis)
43%
Sismos y
Tsunamis)
(Valor
2.1
Porcentaje
de
viviendas  en  zonas  de
muy  alta  exposición  al
peligro.
L2.1.    Fortalecer    la    implementación
de  la  gestión  del  riesgo  de  desastres
en  la  plani?cación  y  gestión  territorial
13%
(Valor
inundaciones)
19%
(Valor
Inundaciones)
de
considerando
Gobiernos
Regionales
y
de
Locales,
cambio
el
contexto
climático en cuanto corresponda.
L2.2.   Fortalecer    la   incorporación    e
implementación de la  gestión del riesgo
de desastres  en el marco  normativo de
ocupación y uso de territorios.
O.P.2.Mejorar
condiciones
las
de
uso
el
MVCS/
2
.2      Porcentaje      de
viviendas         ubicadas
en     suelo     habilitado
plani?cado
Gobiernos Locales
MINSA/MINEDU /
MINEM/ MTC/
GOBIERNOS
REGIONALES Y
LOCALES
ocupación
y
Por
por     determinar
Por
determinar
PCM
considerando
riesgo de desastres
en el territorio
y
L2.3.
Implementar   intervenciones   en
gestión  del   riesgo  de  desastres,   con
23.9%
25%
enfoque    de   género    e   intercultural,
2.3      Porcentaje      de   (Valor Sismos   (Valor Sismos y   priorizando   la  prevención  y  reducción
infraestructura
servicios
ubicados  en  zonas  de
muy  alta  exposición  al
peligro.
de    y Tsunamis)
públicos
Tsunamis)
de riesgos  con  enfoque integral  en los
territorios, considerando  el  contexto de
cambio climático en cuanto corresponda.
11.9%
(Valor
13%
(Valor
Inundaciones)
Inundaciones)
3.1
Porcentaje
de
L3.1.   Implementar   medidas   para    la
Planes
Estratégicos
optimización  de  la   gestión  del  riesgo
Institucionales
que
100%
56.76%
de  desastres   en  los   tres  niveles   de
incorporan
la
gestión
gobierno.
del riesgo de desastres.
L3.2.
Fortalecer,
la
coordinación
y
articulación
a
nivel
sectorial,
intersectorial  intergubernamental y  con
el sector privado y sociedad civil.
L3.3. Fortalecer  el marco normativo  del
SINAGERD.
L3.4  Fortalecer  la articulación  entre  la
Gestión  del  Riesgo de  Desastres  y  la
Gestión Integral de Cambio Climático en
los tres niveles de gobierno.
O.P.3.Mejorar
implementación
la
ENTIDADES DEL
SINAGERD DE
ACUERDO A
articulada
de
la
3
.2.     Porcentaje      de
económicas
atribuidas
PCM
gestión
del
riesgo
de  desastres en  el  pérdidasdirectas
territorio
COMPETENCIAS
Por
Determinar
Por
Determinar
a
desastres.
con el  producto  interno
bruto.
las
emergencias
y
en
relación
L3.5.
Implementar
herramientas
y
mecanismos
para    el    monitoreo,
seguimiento, ?scalización,  rendición  de
cuentas y  evaluación  de la  gestión del
riesgo de  desastres en  los tres  niveles
de gobierno.
4.1
Porcentaje
de
L4.1.
incorporar   la   gestión   del   riesgo
desastres  en  las  inversiones  públicas,
público/privadas y privadas.
L4.2 Fortalecer mecanismos ?nancieros
Implementar
mecanismos
para
de
ejecución ?nanciera  de
la  inversión  pública  en
materia  de  gestión  del
riesgo de desastres.
66%
51.4%
O.P.4.Fortalecer la
incorporación de la
gestión del riesgo
de desastres en la
inversión pública y
privada
articulados
procesos para  la  gestión del  riesgo de
desastres.
L4.3. Fortalecer el marco normativo para
la inclusión  del  enfoque de  gestión del
riesgo de desastres en las inversiones.
y    especializados    según
Entidades del
SINAGERD DE
ACUERDO A
PCM/MEF
4
.2      Porcentaje      de
COMPETENCIAS
proyectos  de  inversión
pública   en   zonas   de
muy  alta  exposición   a
peligros
Por
Determinar
Por
Determinar
L4.4.
Fortalecer
el
monitoreo,
seguimiento, ?scalización,  rendición  de
cuentas y  evaluación  de la  gestión del
riesgo de desastres en las inversiones.
5.1
Porcentaje
de
personas  damni?cadas
atendidas
ante
de
y
100%
72.06%
20.30%
INDECI/ENTIDADES
DEL SINAGERD,
INCLUIDO
ocurrencia
emergencias
desastres.
O.P.5.
Asegurar  la
la
atención
de
la
L5.1. Mejorar la capacidad de respuesta
en  los  tres   niveles  de  gobierno,   con
carácter inclusivo  y enfoque  de género
e intercultural.
población
ante
de
y
GOBIERNOS
PCM
la
ocurrencia
REGIONALES Y
LOCALES, DE
ACUERDO A
5.2
Porcentaje
de
afectadas
ante
de
y
emergencias
desastres.
personas
atendidas
la
100%
COMPETENCIAS
ocurrencia
emergencias
desastres.
66
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
jbetOivos
Prioritarios
Indicadores
Logro
esperado al
2050
Línea Base/
Valor actual
Lineamientos
Responsable del    Co -responsable del
Objetivo
Objetivo
6.1
servicios
básicos
por  tipo  de  evento  de
nivel
Porcentaje
públicos
rehabilitados
de
L6.1.
rehabilitación
medios de vida, con carácter inclusivo  y
enfoque de género e intercultural.
L6.2   Mejorar   la   capacidad    para   la
reconstrucción    en   los    tres    niveles
de
infraestructura  natural  en  contexto   de
cambio climático, con  carácter inclusivo
y enfoque de género e intercultural.
Mejorar
la
de
capacidad
para
y
la
sus
la
población
O.P.6.Mejorar
recuperación
la  población  y  sus
la
de
100%
56.20%
35.52%
CENEPRED INDECI/
ENTIDADES DEL
SINAGERD DE
de
emergencia
medios
de
vida
por
PCM
4
y 5.
afectados
emergencias
desastres.
ACUERDO A
COMPETENCIAS
gobierno,
considerando
la
y  6.2
avance
Reconstrucción.
Porcentaje
de  Planes
de
de
Por
Determinar
3.
PROVISIÓN DE SERVICIOS Y ESTÁNDARES
Identi?cación de servicios
Con el objeto de  operativizar la implementación de cada uno de  los lineamientos establecidos para el cumplimiento  de
cada Objetivo Prioritario, se han identi?cado uno o más servicios tomando en cuenta los enfoques de interculturalidad, de
110
género   , derechos de infancia  y adolescencia, ciclo de vida, intergeneracional, personas con discapacidad y personas
adultas mayores, así como intersectorialidad, derechos humanos considerando el carácter inclusivo, y de  territorialidad,
los cuales, si bien pueden no mostrarse expresamente  en la redacción de los servicios, dada la propia naturaleza de  la
presente política se entienden comprendidos en la misma.
Los  servicios  muestran  la necesidad  de:  i)  plani?cación,  organización,  generación  y  difusión del  conocimiento;  ii)
especialización y capacitación de las distintas  entidades del Estado; ii) la implementación de modelos  de gestión; iv) la
implementación de herramientas y mecanismos  para la prevención y reducción de riesgos, así  como para la respuesta
y  recuperación;  y,  v)  el desarrollo  y/o  fortalecimiento  de  mecanismos  y  herramientas  que  permitan  el monitoreo,
?scalización y supervisión para la adecuada implementación de la gestión del riesgo de desastres. Para su identi?cación
y desarrollo a detalle se han efectuado diversos talleres y reuniones de trabajo que han contado con la participación de:
INDECI, CENEPRED, CEPLAN, INEI, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda
Construcción y  Saneamiento, Ministerio  de Transportes  y Comunicaciones,  Ministerio de Desarrollo  Agrario y  Riego,
Ministerio de  la Mujer  y Poblaciones  Vulnerables, Ministerio  de Comercio  Exterior y  Turismo, Ministerio  de Defensa,
Ministerio del Ambiente, representantes de la  Mesa de Lucha contra la Pobreza,  y representantes de organizaciones a
favor de las personas con discapacidad.
En ese sentido, sobre la base de los lineamientos identi?cados para cada Objetivo Prioritario en el marco de lasAlternativas
de Solución determinadas  como más viables, se han  podido identi?car los siguientes servicios  que se presentan en la
Tabla Nº 14:
Tabla 11
OBJETIVOS PRIORITARIOS, LINEAMIENTOS Y SERVICIOS
Objetivos
Prioritarios
Persona que recibe el
servicio
Entidad Responsable de
proporcionar el servicio
Lineamientos
Servicios
S1.1.  Programa  de  investigación  aplicada  y
desarrollo  tecnológico en  materia  de gestión   Entidades del SINAGERD
del riesgo de desastres.
Entidades técnico-
cientí?cas, CONCYTEC,
Academia, Investigadores
S1.2.  Programa de  análisis  del  riesgo  en el   Población y entidades del
Entidades técnico-
cientí?cas / Academia
L1.1. Implementar  medidas de  acceso
territorio.
SINAGERD
OP.1.
Mejorar  universal  a información y conocimiento
en  materia  de  gestión  del  riesgo  de
la
comprensión
S1.3. Información  para  la Gestión  del Riesgo
del
de
para
de
riesgo  desastres  para  las distintas  entidades
del Estado.
de
implementando
información  para   la  Gestión  del   Riesgo  de
Desastres.
Desastres,
estandarizada
e
Nacional
integrada,
de
INDECI / CENEPRED /
Entidades del SINAGERD
Población y entidades del
SINAGERD
desastres
toma
decisiones
el
Sistema
la
a
nivel
de
y
la
las
del
S1.4.
expuestas a alto y muy alto peligro.
Monitoreo
y
vigilancia
de
zonas
Población y entidades del
SINAGERD
INDECI / CENEPRED /
Entidades del SINAGERD
población
entidades
Estado.
L1.2. Implementar  medidas de  acceso
universal a información y  conocimiento
en  materia  de  gestión  del  riesgo  de   S1.5.  Programa  de  educación  y  difusión del   Población y entidades del
CENEPRED / INDECI /
MINEDU
desastres
para
la
población,
con
conocimiento del riesgo.
SINAGERD
carácter inclusivo y enfoque  de género
e intercultural.
110
“El enfoque de género aporta elementos centrales para la formulación de medidas que contribuyen a superar la desigualdad de género, modi?car las relaciones
asimétricas entre  mujeres y  hombres, erradicar  toda forma  de violencia  de género,  origen étnico,  situación socioeconómica,  edad, la  orientación sexual  e
identidad de género, entre otros factores, asegurando el acceso de mujeres y hombres a recursos y servicios públicos y fortaleciendo su participación política y
ciudadana en condiciones de igualdad”- Política Nacional de Igualdad de Género.
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
67
Objetivos
Persona que recibe el
servicio
Entidad Responsable de
proporcionar el servicio
Lineamientos
Prioritarios
Servicios
L2.1.
de  la gestión  del  riesgo de  desastres
en  la plani?cación  y  gestión  territorial  gestión del riesgo de desastres en el desarrollo
de  Gobiernos  Regionales   y  Locales,
considerando  el  contexto   de  cambio
climático en cuanto corresponda.
Fortalecer   la    implementación
S2.1.
capacidades
Programa
para
de
la
fortalecimiento
incorporación   de
de
la
Gobiernos Regionales y
Locales
PCM / CENEPRED
de
instrumentos
de
plani?cación
y
gestión
territorial de Gobiernos Regionales y Locales.
S2.2.
Asistencia   Técnica   a   los   Gobiernos
Locales en  los procedimientos vinculados  con
Fortalecer   la   incorporación   e
la veri?cación del  cumplimiento de las  normas
de desastres en el marco normativo de   de edi?cación, seguridad, control y supervisión.
L2.2.
implementación de la gestión del riesgo
Gobiernos Locales
MVCS
MVCS
ocupación y uso de territorios.
S2.3. Programa  de ?scalización  y supervisión
Población
de edi?caciones.
S2.4. Programa  de  servicio público  educativo
seguro
de  desastres,  en  zonas  de  alta  y   muy  alta   en riesgo ante desastres
exposición al peligro.
en
materia
de
gestión
del
riesgo
Comunidades educativas
MINEDU
S2.5  Programa  de  servicio  público  de  salud
OP.2. Mejorar las
seguro
en
materia
de
gestión
del
riesgo
Población en riesgo ante
desastres
MINSA
MTC
condiciones
de
de  desastres,  en  zonas  de  alta  y   muy  alta
exposición al peligro.
ocupación  y uso
considerando
S2.6 Programa de servicio público de transporte
e  infraestructura  vial   segura  en  materia   de   Población en riesgo ante
gestión del  riesgo  de desastres,  en zonas  de
en  gestión   del  riesgo  de   desastres,  alta y muy alta exposición al peligro.
el
desastres
territorio.
riesgo
de
el
en
desastres
L2.3.
Implementar
intervenciones
con  carácter  inclusivo   y  enfoque  de   S2.7  Programa  de  servicio   de  saneamiento
género  e   intercultural,  priorizando  la
seguro
en
materia
de
gestión
del
riesgo
Población en riesgo ante
MVCS
MVCS
prevención
y   reducción   del    riesgo  de  desastres,  en   zonas  de  alta  y  muy  alta                desastres
con enfoque  integral en  los territorios,   exposición al peligro
considerando  el  contexto   de  cambio   S2.8.
Programa
de
mejoramiento
y/o
Población en riesgo ante
desastres
climático en cuanto corresponda.
acondicionamiento  de edi?caciones  con ?nes
de vivienda frente a peligros.
SECTORES (Desarrollo
Agrario y Riego, ANA)/
Gobiernos Regionales y
Locales
S2.9.  Programa de  protección  en gestión  del    Población en riesgo ante
riesgo de desastres en el manejo de cuencas.
desastres
S2.10.  Programa  de  asistencia  técnica  para
incorporar  la gestión  del  riesgo  de desastres       Población ubicada en
en  el   desarrollo  de   actividades  productivas    zonas de alta y muy alta
PCM / CENEPRED/
SECTORES
y  económicas  en  zonas  de  alta  y  muy  alta
exposición al peligro.
exposición al peligro
COMPETENTES
S3.1. Asistencia  Técnica a los  tres niveles  de
gobierno sobre  la  incorporación de  la gestión
del  riesgo  de  desastres  en  el  desarrollo  de
instrumentos  de   planeamiento  estratégico  y
Implementar   medidas  para   la
operativo.
Gobiernos Regionales y
Locales
PCM/ CEPLAN
L3.1.
optimización  de  la  gestión  del  riesgo
de  desastres  en   los  tres  niveles  de
gobierno.
S3.2.
Programa
de
fortalecimiento
de
competencias para los  funcionarios en gestión
del riesgo de desastres.
Entidades Públicas
Población
PCM / CENEPRED / INDECI
S3.3.  Programa de  continuidad  operativa  del
Estado.
Entidades del Estado en los
tres niveles de gobierno
OP.3.  Mejorar  la
implementación
a r  t i c u  l a d  a  intersectorial, intergubernamental y con
L3.2.
Fortalecer
la
nivel
coordinación
sectorial,  No presenta servicios.
y
articulación
a
de
la
gestión
el sector privado y sociedad civil.
del
desastres
territorio.
riesgo
en
de
el
L3.3. Fortalecer el marco normativo del
SINAGERD,  considerando  el carácter   No presenta servicios.
inclusivo y enfoque de género.
L3.4 Fortalecer  la articulación  entre la
GestiónGestión delIntegralRiesgode  deCambioDesastresClimáticoy la   No presenta servicios.
en los tres niveles de gobierno.
L3.5.
Implementar
para
herramientas
y
mecanismos
el
monitoreo,
S3.4.
seguimiento, ?scalización, rendición de  seguimiento   y  evaluación  de  la   gestión  del
cuentas y  evaluación de la gestión  del  riesgo   de  desastres  en  los   tres  niveles  de
gobierno.
Plataforma
para
el
monitoreo,
PCM / INDECI / CENEPRED
/ ENTIDADES DEL
SINAGERD
Entidades Públicas
riesgo de desastres  en los tres niveles
de gobierno.
68
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
Objetivos
Prioritarios
Persona que recibe el
servicio
Entidad Responsable de
proporcionar el servicio
Lineamientos
Servicios
S4.1.
Programa
de
fortalecimiento
de
capacidades
público  en la  incorporación  de  la gestión  del
L4.1.  Implementar   mecanismos  para   riesgo de desastres en la inversión pública.
de   las   entidades    del   sector
Entidades Públicas
MEF
incorporar
la   gestión  del   riesgo   de
desastres en  las inversiones  públicas,
público/privadas y privadas.
ENTIDADES
DEL SINAGERD
INVOLUICRADOS EN
LOS TRES NIVELES DE
GOBIERNO
S4.2. Programas de supervisión de la inclusión
de  la gestión  del  riesgo  de desastres  en  las
inversiones públicas.
Población
OP.4. Fortalecer
la
incorporación
de
la
gestión
L4.2.
Fortalecer
mecanismos
del
desastres
riesgo
en  la   según  procesos   para  la  gestión   del  de riesgos.
de  ?nancieros articulados y especializados  S4.3. Instrumentos de retención y transferencia
Entidades públicas
MEF
inversión pública   riesgo de desastres.
y privada.
L4.3.
para
gestión del  riesgo de desastres  en las
inversiones.
Fortalecer  el   marco  normativo
la
inclusión
del
enfoque
de  No presenta servicios.
L4.4.
Fortalecer
el
monitoreo,
cuentasseguimiento,y evaluación?scalización,de  larendicióngestión delde  No presenta servicios.
riesgo de desastres en las inversiones.
INDECI/ENTIDADES DEL
SINAGERD, INCLUIDO
GOBIERNOS REGIONALES
Y LOCALES
S5.1. Capacidad instalada para la respuesta.
Población
OP.5.
Asegurar
la atención  de la   L5.1. Mejorar la capacidad de respuesta
ENTIDADES DEL
SINAGERD, INCLUIDO
GOBIERNOS REGIONALES
Y LOCALES / INDECI
S5.2.
desastres
afectada.
Atención
frente
población
a
emergencias
damni?cada
y
y
población
ante
en  los  tres  niveles  de  gobierno,  con
Población damni?cada y
afectada
a
la
la  ocurrencia  de  carácter inclusivo  y enfoque de género
emergencias
desastres.
y  e intercultural.
INDECI/ ENTIDADES DEL
SINAGERD, INCLUIDO
GOBIERNOS REGIONALES
Y LOCALES
S5.3.
implementados.
Sistemas
de
Alerta
Temprana
Población
Población
INDECI/ ENTIDADES DEL
SINAGERD, INCLUIDO
GOBIERNOS REGIONALES
Y LOCALES Y
ENTIDADES
PRESTADORAS DE
SERVICIOS
L6.1.
Mejorar   la  capacidad   para   la  S6.1.  Programa de  rehabilitación de  servicios
rehabilitación  de   la  población  y   sus  públicos  básicos,  infraestructura y  medios  de
medios de  vida, con carácter  inclusivo  vida, por tipo de evento
y enfoque de género e intercultural. .
OP.6. Mejorar
la recuperación
de la población
y sus medios de
vida afectados
por emergencias   L6.2.
Mejorar   la  capacidad   para
la  S6.2.
Programa
de
reconstrucción
bajo
física,
reconstrucción
en   los    tres   niveles
económica
y desastres.
y
social,
condiciones
de
de
en
de
gobierno,
considerando
la
Entidades de los tres niveles
de gobierno.
sostenibilidad,
garantizando
el
respeto
Población
infraestructura  natural en  contexto  de
cambio climático con carácter inclusivo
y enfoque de género e intercultural.
los
derechos   sociales    y    económicos
condiciones de igualdad de mujeres y hombres.
Los estándares  nacionales de  cumplimiento hacen  referencia a  las características  o atributos  especí?cos para  cada
servicio, su de?nición  e indicadores se encuentran  detallados en el Anexo Nº  8, “Matriz de Consistencia  de la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Seguimiento
NORMAS LEGALES
69
4.
4.1
El Viceministerio  de Gobernanza Territorial  liderará el  proceso de seguimiento  de la  Política Nacional de  Gestión del
Riesgo del Desastre. Asimismo, en coordinación con INDECI y el CENEPRED será responsable de emitir los reportes de
seguimiento a la O?cina de Planeamiento Estratégico Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.
El seguimiento  de las políticas nacionales  se realiza a  través del aplicativo  informático CEPLAN V.01, el  cual permite
generar reportes de seguimiento estandarizados.
Los  reportes de  seguimiento  tendrán una  periodicidad  anual, y  contendrán  la  información que  deberá  ser provista
por los  distintos miembros del  SINAGERD. Estos reportes  servirán de insumo  para la elaboración  de los reportes  de
cumplimiento.
4.2.
Evaluación
La Política Nacional de Gestión del Riesgo  de Desastres al 2050 ha programado dos (2) tipos de evaluaciones  durante
su vigencia:
a)
Evaluación de  implementación:  La Presidencia  del Consejo  de Ministros  lidera  el proceso  de evaluación  de
implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 en coordinación con el INDECI
el CENEPRED.
b)
Evaluación  de  resultados:   La  Presidencia  del  Consejo   de  Ministros  lidera  el  proceso  de  evaluación   de
resultados  de  la Política  Nacional  de Gestión  del  Riesgo  de Desastres,  en  coordinación  con  el INDECI  y  el
CENEPRED.
En cumplimiento del artículo 25 del Decreto Supremo Nº029-2018-PCM y su modi?catoria aprobada por Decreto Supremo
la Presidencia del Consejo de Ministros remitirá los reportes anuales de Implementación y de Resultado,
168-2020-PCM,
cada 15 de junio, a través del reporte de cumplimiento e informe de evaluación respectiva.
En la etapa de Evaluación se procederá a veri?car el cumplimiento de los Objetivos Prioritarios de la Política Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, que se orientan a reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el
riesgo de desastres en el territorio; especí?camente con los indicadores de:
Índice de vigilancia de peligros en distritos expuestos.”
“Porcentaje de entidades que han desarrollado informes técnicos y/o estudios orientados a la determinación de las
condiciones de riesgo”
“Porcentaje de población que aplica  medidas de gestión del riesgo de  desastres sobre la base de información de
acceso público.”
“Porcentaje de viviendas en zonas de muy alta exposición a peligros.”
“Porcentaje de infraestructura de servicios públicos ubicados en zonas de muy alta exposición al peligro.”
“Porcentaje de Planes Estratégicos Institucionales que incorporan la gestión del riesgo de desastres.”
“Porcentaje de ejecución ?nanciera de la inversión pública en materia de GRD.”
“Porcentaje de personas damni?cadas atendidas ante la ocurrencia de emergencias y desastres.”
“Porcentaje de personas afectadas atendidas ante la ocurrencia de emergencias y desastres.”
“Porcentaje de servicios públicos básicos rehabilitados por tipo de evento de nivel de emergencia 4 y 5.”
Sin embargo, para medir la aplicación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 en el territorio,
y su transversalización con las demás políticas de desarrollo, cuyos impactos se traslucirán en el mediano y largo plazo,
se ha considerado asimismo los indicadores siguientes:
“Porcentaje de viviendas ubicadas en suelo habilitado y plani?cado por el Gobierno Local.”
“Porcentaje de pérdidas económicas directas atribuidas a las emergencias y desastres en relación con el producto
interno bruto (PIB).”
“Porcentaje de proyectos de inversión pública en zonas de muy alta exposición a peligros.”
“Porcentaje de avance de Planes de Reconstrucción.”
Respecto de los cuales aún no se cuenta con información de Línea de Base que permita calcular los logros esperados, por
lo que es imprescindible iniciar acciones que permitan la construcción de información sobre los indicadores mencionados.
En la  Tabla Nº 15  se incluye  un cronograma preliminar  de actividades  para la obtención  de información y  cálculo de
indicadores, de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050.
70
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
Tabla Nº 12
CRONOGRAMA PRELIMINAR PARA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y CÁLCULO DE INDICADORES
2020
2021
2022-
2050
Fases
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
FASE 1: Julio 2020 – Julio. 2021
1.1
Actividades preparatorias
1.2
Validación de variables, mapeo de actores e información
requerida para indicadores
1.3
Levantamiento de información para línea de base y
estándares de las Fichas Técnicas de Indicadores
1.5
1.4
Informe de línea de base y estándares
Validación de indicadores
FASE 2: Anual (Agosto 2021 – 2050)
2.1
2.2
Levantamiento de información para evaluación
Informe de evaluación (2022-2050) Anual
5.
ACRÓNIMOS
ACC
Adaptación al Cambio Climático
Autoridad Nacional del Agua
ANA
APESEG
ARCC
Asociación Peruana de Empresas de Seguros
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
Asociación de Bancos del Perú
ASBANC
BID
Banco Interamericano de Desarrollo
Cámara Peruana de la Construcción
CAPECO
CAPRADE
CC
Comité Andino de Prevención y Atención de Desastres
Cambio Climático
CCL
Cámara de Comercio de Lima
CENEPRED
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
CEPLAN
COFOPRI
CINR
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
Cooperación Internacional No Reembolsable
CONCYTEC
CONFIEP
COP
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
Conferencia sobre el Cambio Climático
CPI
Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C
Centre for Research on the Epidemiology of Disaster
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
CRED
CTI
DTS
Desarrollo Territorial Sostenible
EAS
Elementos de la Alternativa de Solución
El Peruano / Lunes 1 de marzo de 2021
NORMAS LEGALES
71
EM -DAT
Emergency Events Database
ENAGERD
ENAHO
FOGASA
FONDES
FORSUR
GEAD
Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Encuesta Nacional de Hogares
Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario
Fondo de Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales
Fondo de Reconstrucción del Sur
Grupo de Trabajo Empresarial de Apoyo en caso de Desastres
Gobiernos Locales
GGLL
GGRR
Gobiernos Regionales
GIRD
Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres
Gestión del Riesgo de Desastres
GRD
GTA
Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General
Instituto Francés de Estudios Andinos
Instituciones Educativas
IFEA
IIEE
IMARPE
INDECI
INEI
Instituto del Mar del Perú
Instituto Nacional de Defensa Civil
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Instituto Geológico, Metalúrgico y Minero
Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza
Ministerio de Economía y Finanzas
INGEMMET
MCLCP
MEF
MIDIS
MIMP
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
MIDAGRI
MINAM
MINDEF
MINEDU
MINEM
MINJUS
MINSA
MOF
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Defensa
Ministerio de Educación
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Salud
Manual de Organizaciones y Funciones
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Organización de las Naciones Unidas
Organismo Público
MSRRD
MTC
MVCS
ODS
ONU
OP
72
NORMAS LEGALES
El Peruano
Lunes 1 de marzo de 2021 /
OPD
Organismo Público Descentralizado
OSINERGMIN
PBI
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Producto Bruto Interno
PCM
Presidencia del Consejo de Ministros
Plan de Desarrollo Concertado
PDC
PEDN
PESEM
PIA
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
Plan Estratégico Sectorial Multianual
Presupuesto Institucional de Apertura
Presupuesto Institucional Modi?cado
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios
PIM
PIRCC
PLANAGERD
PLANGRAAC
PNGRD
PNUD
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el sector Agrario
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Plan Operativo Institucional
POI
PP
Programa Presupuestal
PREDES
PREVAED
Centro de Estudios de Prevención de Desastres
Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres
PRODUCE
RENAMU
ROF
Ministerio de la Producción
Registro Municipal de Municipalidades
Reglamento de Organización y Funciones
SAC
Seguro Agrícola Catastró?co
SGP
Secretaría de Gestión Pública
SIMSE
SINAGERD
SINPAD
SNI
Sistema de Información de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación
Sociedad Nacional de Industrias
SNIP
Sistema Nacional de Inversión Pública
SOAT
SPIJ
Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito
Sistema Peruano de Información Jurídica
Texto Único de Procedimientos Administrativos
Unidad Impositiva Tributaria
TUPA
UIT
UNDRR
VAN
O?cina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
Valor Actual Neto
1931250-1