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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
JUEVES 5

de diciembre de 2019

Acción contra la trata

“[...] es positivo que el Estado cuente con un instrumento guía contra la trata, con acciones, objetivos y mecanismos para monitorear y evaluar los resultados”.

14/11/2019


La trata es un delito grave que atenta contra la dignidad de las personas, sobre todo aquellas más vulnerables, como mujeres, adolescentes y niños. Supone la explotación de un ser humano con la intención de obtener un beneficio usando para ello violencia, amenazas u otro medio de coacción.

Los factores que abonan a este problema son complejos. Entre los principales pueden considerarse la situación de vulnerabilidad de las víctimas, la pobreza, la falta de oportunidades, las desigualdades de género, la demanda, entre otros.

Esta forma de abuso busca explotar a las personas sexual o laboralmente, obligarlas a mendigar o para la comercialización de niños y niñas, entre otras modalidades identificadas por las autoridades.

El Perú es considerado un país de origen, tránsito y destino de seres humanos víctimas de la trata. Para acercarnos a la magnitud del problema pueden verificarse las estadísticas del Ministerio Público. Según esta institución, entre el 2016 y el 2019, las fiscalías especializadas en delitos de trata de personas ejecutaron 802 operativos que sirvieron para detener a 396 personas y rescatar a 1,195 víctimas.

Las zonas del Perú que registran mayor número de víctimas son Puno, Madre de Dios, Tumbes y Lima.

La Policía, por su parte, registró desde el 2007 hasta el presente año 3,347 denuncias.

Estas cifras muestran que la trata es un problema cuya atención no debe postergarse. Por ello, dado el riesgo que representa para nuestra sociedad, el Estado ha asumido el combate a este flagelo como una acción prioritaria.

En ese contexto, está vigente el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, instrumento que contiene objetivos estratégicos en la lucha contra esta lacra, los cuales deben cumplirse mediante políticas públicas con un enfoque de derechos humanos, interculturalidad, niñez, discapacidad, género, entre otras.

El citado plan contiene medidas inmediatas, articuladas e intersectoriales en el campo de la prevención y sensibilización; la atención, protección y reintegración; y en la fiscalización y persecución del delito.

Además de las acciones preventivas y sancionadoras es necesario acometer un trabajo de sensibilización, pues en algunos sectores de nuestra sociedad, incluyendo medios de comunicación, no existe consciencia sobre la compleja naturaleza de la trata, lo cual ocasiona que conductas permisivas estén normalizadas. Víctimas de esta falta de discernimiento son, por ejemplo, las mujeres o la población trans.

No menos importante es ampliar el número de fiscalías especializadas, pues existen solo ocho en el territorio nacional. En este mismo ámbito, los jueces encargados de los procesos deben ser magistrados especializados en un tema tan complejo, pues, de lo contrario, podrían aplicar sanciones inadecuadas e incluso revictimizar a las personas afectadas.

Es positivo que el Estado cuente con un instrumento guía contra la trata, con acciones, objetivos y mecanismos para monitorear y evaluar los resultados. Empero, es indispensable que todos los sectores públicos y privados se involucren en el esfuerzo de disminuir este flagelo en el Perú.