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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
VIERNES 6

de diciembre de 2019

Alto a los accidentes de tránsito

“[...] en el 2017, la tasa de fallecidos en accidentes de tránsito fue de 8.2 por cada 100,000 personas, mientras que la de homicidios fue de 7.8. por cada 100,000 personas”.

16/10/2019


La semana pasada, la vida de dos jóvenes peruanos fue abruptamente interrumpida cuando una conductora perdió el control de su vehículo y los atropelló violentamente tras subirse a la acera en San Isidro. 

El triste suceso, cuyas causas son investigadas, incrementa la estadística de accidentes de tránsito en nuestro país, un problema que demanda acciones urgentes.

Las cifras son preocupantes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Vial, en el 2017 se registraron 88,168 accidentes de tránsito. Ese mismo año, 2,826 personas perdieron la vida como consecuencia de esos lamentables hechos.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) registró 749 víctimas fatales de accidentes de tránsito en Lima en el 2018, la cifra más alta en todo el país.

Para ahondar en este problema, conviene analizar las cifras del Ministerio del Interior. De acuerdo con este sector, en el 2017 la tasa de fallecidos en siniestros de este tipo fue de 8.2 por cada 100,000 personas, mientras que la de homicidios fue de 7.8 por cada 100,000 personas. Es decir, en el Perú, la tasa de fallecidos en en las pistas es mayor a la de homicidios.

Si bien estos números revelan un panorama preocupante en lo que se refiere a la seguridad vial, no es necesario conocerlas a fondo para darse cuenta del problema que enfrentamos. Basta salir a la calle para toparse con diversas imprudencias cometidas, tanto por conductores como por peatones, las cuales contribuyen al clima de inseguridad en las avenidas y carreteras del país.

Las causas son diversas. Entre las principales pueden citarse el endémico irrespeto por las normas de tránsito, el exceso de velocidad, la imprudencia de los peatones y los focos de corrupción que subsisten en algunas entidades, así como la informalidad.

¿Qué hacer? Como todo problema cuyo origen es diverso, la solución no puede ser aislada. Acciones de control individuales solo tienen un efecto pasajero y todo vuelve a la peligrosa normalidad cuando la autoridad se repliega. Es primordial, entonces, atacar cada una de las causas con un enfoque integral en el que se emplee la educación como medio para instruir a las personas desde la más temprana edad sobre la necesidad de respetar las normas viales.

Urge asimismo que las revisiones técnicas sirvan para retirar aquellos vehículos que por su mal estado constituyan un riesgo para la seguridad. En paralelo, sería positivo que las autoridades intensifiquen la fiscalización contra los infractores reincidentes.

El combate a la informalidad debe aumentar, habida cuenta de que un significativo número de accidentes se relaciona con empresas que no cumplen las normas, con vehículos modificados y con terminales de pasajeros sin autorización, entre otros.

Parte fundamental de este esfuerzo debe recaer también en las entidades encargadas de sancionar a los responsables. En este punto es necesario cuestionar la insólita liberación de la conductora que causó la muerte de los dos jóvenes en San Isidro. Tal decisión no se entiende, pues responsables de sucesos similares, pero sin consecuencias fatales cumplen actualmente prisión preventiva. Las autoridades deben explicar a la ciudadanía las razones de esa orden que ha generado, como es de esperarse, la crítica de los familiares de las víctimas y de la sociedad en su conjunto.