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EDITORIAL

Apoyo total a los policías

El Gobierno no abandonará a ningún agente que legalmente haga uso de su arma de fuego en defensa propia o de terceros, en delito flagrante o cuando esté en riesgo la vida o la integridad de inocentes.

22/2/2019


El caso del suboficial PNP Elvis Miranda, quien fue enviado a prisión preventiva por abatir a un presunto asaltante en una intervención policial en Piura en el cumplimiento de su función y dentro de los protocolos que establece la ley, dejó lecciones sobre el papel que cumplen la Policía Nacional y la Justicia frente a la inseguridad ciudadana.


Miranda fue liberado luego de 26 días de polémica e indignación nacional, pues en tiempos en que la delincuencia es la mayor preocupación de la ciudadanía parecía un absurdo que un agente que se le enfrentaba terminara en la cárcel.

Desde un primer momento, el Ejecutivo, mediante el Ministerio del Interior, expresó su rechazo a la decisión del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, Piura, de dictar siete meses de prisión preventiva para el agente. Se demostró que el abatimiento del presunto delincuente, que presentaba antecedentes policiales por hurto en el 2017, se produjo en el marco del artículo 20, inciso 11 del Código Penal y de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en el Decreto Legislativo N° 1186. Además, no se tomó en cuenta que el agente hizo disparos disuasivos para detener al sujeto, que huía con las pertenencias y el dinero de su víctima.

Esta decisión judicial, lamentablemente, fue ratificada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura. Sin embargo, gracias a un recurso de habeas corpus presentado y aceptado por un juzgado de Huancayo (Junín), el suboficial Miranda recuperó su libertad.

Este episodio ha permitido reafirmar el apoyo total del Gobierno a los policías que cumplen su deber con estricto apego a la ley. El ministro del Interior, Carlos Morán, fue enfático: su sector y el Gobierno no abandonarán a ningún agente que legalmente haga uso de su arma de fuego en defensa propia o de terceros, en delito flagrante o cuando esté en riesgo la vida o la integridad de inocentes.

Se anunció el fortalecimiento de la Dirección de Defensa Legal de la Policía, mediante un proceso extraordinario de asimilación de abogados, a fin de contar con más juristas que sean policías y que defiendan a sus colegas a escala nacional.

Morán adelantó que para ello se iniciará una fase de conversaciones con los distintos colegios de abogados de Lima, el Callao y algunas provincias para gestionar convenios que permitan ampliar esta cobertura legal y agilizar la defensa de los policías.

Para el titular del Interior, situaciones como las de Miranda se corregirán cuando se realice una óptima selección de jueces y fiscales, mediante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que es un clamor popular y que garantizará que los profesionales más idóneos ocupen estos cargos.

Asimismo, congresistas de la República han planteado iniciativas legislativas para poner fin a este tipo de injusticias contra policías que se ven perjudicados cuando hacen uso de su arma de fuego para combatir la delincuencia. El agente Miranda ya volvió a vestir el uniforme, pero aún falta mucho por hacer para proteger a los buenos policías.