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ANÁLISIS

Bitcóin, la plataforma monetaria alternativa

El desarrollo de la tecnología ha permitido dinamizar las operaciones transnacionales. Desde hace una década, con la presencia de un medio de cambio para las transacciones de bienes y servicios de característica digital, no solo se rompe con los monopolios monetarios, sino que se salvaguarda a esta “moneda descentralizada” de los peligros de los controles gubernamentales del sistema monetario. El flujo de capital que se genera de las operaciones realizadas con bitcoines representa un reto para las administraciones tributarias, en términos de establecer las implicancias fiscales y brindar las bases interpretativas jurídicas para detectar actos ilícitos.

6/3/2018


JoséCavani Ríos

Periodista

El bitcóin es una plataforma monetaria alternativa a las estatales, presentada como un acuerdo de voluntades de emplear 21 millones de fichas (bitcoines) como unidad de cambio, prescindiendo de los controles estatales e independientes de los sistemas bancarios. En ese sentido, ya existe una comunidad que la usa y registra un precio que ha venido oscilando entre los 6,000 y 10,000 dólares por unidad monetaria, que las compra o las gana (vendiendo u ofreciendo servicios).

El bitcóin, que cumple las funciones y características elementales del dinero, se encuentra básicamente en el internet, en un software e incluso en el móvil, bajo el control del usuario que ha creado un monedero o billetera virtual, con una clave pública (que se emplea para hacer las transacciones) y la clave privada (con la que se firma la transacción), cuyos repositorios están en agentes electrónicos o tiendas online, a manera de una cuenta bancaria.

Este sistema digital está basado en la red peer-to-peer (p2p), que se emplea usualmente para compartir archivos, juegos y música, por lo que resulta ser una red de pagos muy transparente, ya que estas permanecen en la red. No obstante, la estructura sumamente confidencial de la base de datos sobre la que se sustenta la creación y transferencia de bitcoines cuestiona más que el sistema monetario de los países y las bases jurídicas del sistema fiscal, ya que al estar las transacciones que emplean bitcoines en el anonimato, el poder estatal de fiscalizar la economía se ve mermado considerablemente.

Es decir, lo que viene proyectándose como un objetivo monetario a escala mundial (desarrollar una economía libre de intermediarios), terminaría siendo para nuestra administración tributaria, en aplicación de normas constitucionales y tributarias, una sencilla, pero financieramente arriesgada, adquisición de activos de inversión (instrumento financiero), por lo que los intereses generados se encontrarían sujetos a la regulación tributaria peruana, que en términos generales no la reconocería como moneda.