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Año del diálogo y la reconciliación nacional
MIÉRCOLES 18

de julio de 2018

Contra la explotación infantil

En el Perú existen miles de niños y adolescentes que trabajan en difíciles condiciones. La estimación de un número exacto resulta complicada porque generalmente realizan labores informales o de carácter clandestino, lo que impide efectuar un monitoreo eficaz sobre el tipo de tareas que desempeñan. Para acabar con esa situación, el Ejecutivo ha capacitado a 615 fiscalizadores municipales para apoyar la prevención y la erradicación de ese trabajo forzoso.

13/1/2018


Este equipo, formado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), tiene como meta prevenir y erradicar las labores forzosas en todo el país, apoyado por un nuevo protocolo de inspección que precisa las pautas mínimas de observancia obligatoria para una actuación más articulada y eficiente de este sistema, a fin de contrarrestar el trabajo infantil, población cuyos derechos están más próximos a ser afectados.

Pero no se trata de una acción aislada, sino de un elemento más del esquema de lucha contra la explotación laboral infantil. Allí tenemos elementos complementarios para el 2018, como el diseño del nuevo sistema de registro de trabajo infantil, la creación de la red ‘Perú libre de trabajo infantil’, y el proyecto de reintegración laboral de víctimas del trabajo forzoso, en un esfuerzo conjunto que reúne a la Sunafil, el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía de la Nación y los gobiernos locales.

El objetivo es claro: suprimir ese tipo de labor y entregar a los menores una educación de calidad que los prepare para el futuro, y así cumplir con el compromiso de eliminar las peores formas de trabajo infantil, contemplado en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, y erradicar de manera progresiva la labor de menores por debajo de la edad mínima, 14 años, conforme al Código de los Niños y Adolescentes y al Convenio 138 de la propia OIT.

Todo ello con el propósito de acabar con la explotación que se registra mayormente en las zonas rurales del país, sobre todo en actividades peligrosas y en largas jornadas, como labores en minas ilegales, ladrilleras e inclusive en antros donde se les explota sexualmente.

Lo destacable es que el Perú cuenta, por primera vez, con una estrategia que articula los esfuerzos del Estado y la sociedad, con carácter intersectorial e interdisciplinario, y un enfoque en resultados medibles en la mejora de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes, y con ello, del país.

Por ello, es necesario un llamado a todos los sectores, sin ningún tipo de distinción, para que se incorporen a este esfuerzo contra la explotación laboral de menores, de manera tal que la población ejerza un control efectivo y pueda desterrarse a los malos empresarios que contratan, por evitar sobrecostos laborales, niños y adolescentes.

De esa manera, el Gobierno busca eliminar el trabajo infantil que priva a los menores de la educación, la salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales. Las acciones para reducir esta realidad se focalizan precisamente en devolverles su derecho a la recreación y el aprendizaje.