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Contra la violencia hacia la mujer

El llamado del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para erradicar la cultura de la agresión contra el género femenino y desplegar una lucha frontal contra este tipo de violencia es oportuno porque estamos próximos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y no solo es pertinente por la fecha, sino también por el creciente número de denuncias que se presenta en el Perú y en varios países.

24/2/2018


La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Ana María Choquehuanca, fue la encargada de instar a las naciones miembro del organismo interamericano a redoblar el empeño por luchar contra esta situación porque cada día se incrementan las cifras de mujeres asesinadas, lesionadas, atemorizadas y sin posibilidades de pensar en el futuro con esperanza. Pero se trata de una tarea compleja y transversal que involucra, en el caso peruano, a los sectores de Justicia, Economía y Finanzas, Educación y al Poder Judicial.

El Mimp ha iniciado esa tarea con la mejora de atención en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), al incrementar su presencia en 50 comisarías en el 2017, lo cual ha permitido que el 75% de féminas que llegaron a las estaciones policiales concreten la denuncia por violencia.

Para el presente período anual se tiene previsto una inversión mayor, para instalar 50 CEM más, incluyendo centros hospitalarios, en lugares donde se registran mayores índices de violencia, y así cubrir el 25% restante de las denuncias.

Este panorama, de constante zozobra para la mujer, debe cambiar. El propio Jefe del Estado ha reconocido que el modelo democrático se afianzará cuando el respeto a los derechos del género femenino sea pleno y, sobre todo, cuando se le otorgue el debido rol en nuestra sociedad, sin ningún tipo de discriminación, valorando sus potencialidades en diversas áreas, como la cultura, la política, la economía, entre otros campos del saber humano.

Los esfuerzos del Perú por lograr ese propósito han sido variados. Allí tenemos la creación del Mimp, ejemplo patente de ese empeño gubernamental, además de otros indicadores, como la reducción sustantiva de la mortalidad materna y la aprobación de normas contra el acoso femenino, a lo que se suma la creación de puestos de trabajo a escala nacional.

El Congreso de la República también ha dado pasos hacia esa meta con la aprobación de una ley que prohíbe el despido arbitrario en el sector privado de las mujeres trabajadoras que se encuentran embarazadas o en período de lactancia. Esta norma no es una medida menor: se trata de un valioso instrumento que protege a las mujeres de las destituciones injustificadas que en ocasiones se han presentado no obstante que el embarazo y la lactación representan una condición natural del género humano.

Además, la disposición no solo las escuda del despido arbitrario, sino que también ha ampliado el período de descanso prenatal a 49 días y el posnatal para igual número de jornadas, todo ello enmarcado en las disposiciones del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo.