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CONOCIMIENTO Y HABILIDAD

Corrupción entre privados

15/10/2018


Susana Sierra

Directora Ejecutiva de BH Compliance

El Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo N° 1385, que penaliza la corrupción entre privados. La norma sanciona “los actos de corrupción cometidos entre privados que afectan el normal desarrollo de las relaciones comerciales y la competencia leal”. 


De esta forma, se sancionará a los funcionarios de organizaciones de derecho privado (no solo empresas, sino también instituciones, ONG, entre otros) que acepten, reciban o soliciten cualquier ventaja o beneficio indebido en favor de sí mismos o de terceros, o en perjuicio de personas jurídicas.

La norma se aplica a socios, accionistas, gerentes, directores, administradores, representantes legales, empleados e inclusive asesores. También castiga a los que prometan, ofrezcan o concedan esas ventajas o beneficios indebidos.

El decreto es positivo, en principio, porque tipifica como delito algo que siéndolo, no se calificaba como tal.

En segundo lugar, si bien es cierto que la norma sanciona solo a las personas y no a las empresas, esto no es negativo, puesto que se debe crear una cultura anticorrupción en estas. Tipificar la corrupción entre privados como delito es un primer paso para lograr ese objetivo y para que se incluya en la Ley de Responsabilidad Administrativa de Personas Jurídicas.

No obstante, las empresas tienen un papel importante en la prevención de la corrupción y deberían desde ahora incorporar en los modelos de compliance medidas para prevenir la corrupción entre privados, tal como lo hacen ya –gracias a la Ley de Responsabilidad Administrativa de Personas Jurídicas– en la relación que tienen con el sector público.

Las personas trabajan en función de incentivos personales y corporativos que no siempre se

alinean con los valores

que establecen las compañías.