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Defensa del ciudadano

Decisiones como esta, sin duda, coadyuvan a consolidar el Estado de derecho y a una administración pública comprometida con la defensa de los derechos y el acceso a la justicia de los más vulnerables.

22/4/2019


La Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental a la defensa como una garantía básica del acceso efectivo a la justicia, en especial para las personas de escasos recursos económicos y de mayor vulnerabilidad, sin discriminación alguna, para el pleno goce de los derechos humanos. 

De ahí que el beneficio del patrocinio legal gratuito para todas aquellas personas con dificultades para satisfacer sus necesidades básicas y que no pueden pagar los servicios de un abogado sin poner en peligro su subsistencia o la de su familia, es considerado vital por la sociedad y el Estado.

Precisamente, en cumplimiento de los lineamientos generales de la gestión del presidente Martín Vizcarra, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) avanza con una serie de medidas y acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los peruanos y ayudar en la construcción de un país más justo, equitativo y sostenible. Así, entre otros, dispuso fortalecer la Dirección General de Defensa Pública, considerado como el estudio jurídico gratuito más grande del Perú.

De acuerdo con el D. Leg. 1407, ahora se prioriza el servicio de asistencia y patrocinio legal gratuito hacia los ciudadanos en situación de vulnerabilidad (principalmente víctimas adultas mayores, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y víctimas de trata de personas) y de escasos recursos económicos. Incluso, está el deber de colaboración de las entidades públicas y privadas para facilitar gratuitamente la información que requiere la defensa pública para sus funciones y se regula un servicio con enfoque intercultural, respetando y haciendo respetar en todas las instancias el derecho a la igualdad y no discriminación, el idioma y el derecho a un intérprete, la cosmovisión, costumbres y prácticas ancestrales de las personas.

En ese sentido, resulta saludable la reciente decisión del titular de Justicia, Vicente Zeballos, respecto a fortalecer la prestación de estos servicios a fin de ampliar la asistencia legal gratuita a las zonas más vulnerables del país, como de la comunidad de Belén, en Iquitos. Incluso se espera para este mes la publicación también del reglamento del D. Leg. 1326, Ley general de la procuraduría pública, a fin de convertirlo en un auténtico sistema de defensa jurídica del Estado, con autonomía, aliados externos e internos, con soporte presupuestal, especialistas y peritos.

Importa precisar que este servicio cuenta en todo el país con 1,600 defensores públicos y que la meta es ampliarlo a 1,900 a fin de año, para una mejor atención de los más necesitados en las áreas de defensa civil, familiar, laboral y defensa de víctimas.

hasta la fecha, el sistema tiene una plataforma de servicios multidisciplinarios, con médicos forenses, peritos criminalísticos, psicólogos y trabajadores sociales, distribuidos en los Centros de Asistencia Legal Gratuita en todo el país. También existe la línea de Orientación Legal Gratuita: 0800-15259 y es compromiso de la actual gestión que los defensores públicos lleguen a las zonas de difícil acceso y que cuenten con todos los implementos de trabajo que necesitan. Asimismo, se está trabajando para masificar los servicios de arbitraje popular en espacios de microempresarios y comerciantes. Este mecanismo permite resolver controversias en periodos cortos de cinco a seis meses, y contribuye a aliviar la carga procesal en el sistema de justicia.

Decisiones como esta, sin duda, coadyuvan a consolidar el Estado de derecho y a una administración pública comprometida con la defensa de los derechos y el acceso a la justicia de las personas de escasos recursos económicos y de aquellas cuyos derechos han sido vulnerados en cualquiera de sus formas.