Tipo de cambio:

Compra: 3.590

Venta: 3.592


Año de la Universalización de la Salud
DOMINGO 27

de setiembre de 2020

PROCURADOR PRESENTA DEMANDA COMPETENCIAL Y MEDIDA CAUTELAR

Ejecutivo intenta acabar con amenazas a la democracia

TC resolverá figura de incapacidad moral permanente como elemento de control político.

15/9/2020


A fin de acabar con la amenaza de un uso indebido de la vacancia por una arbitraria invocación a la incapacidad moral permanente, el procurador para Asuntos Constitucionales del Ministerio de Justicia, Luis Alberto Huerta Guerrero, presentó una demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) frente a la moción admitida por un sector del Congreso el último viernes para remover de su cargo al presidente de la República, Martín Vizcarra.

A su salida de la sede del TC, el procurador Huerta explicó que la demanda competencial tiene un carácter institucional porque busca un pronunciamiento jurídico del colegiado constitucional respecto a una materia fundamental para la gobernabilidad del país.

Útil para los gobiernos

Dicho análisis, agregó, servirá a todos los gobiernos, de aquí hacia delante, a efectos de que tengan seguridad de desarrollar sus actividades durante los cinco años, por los cuales fueros elegidos, sin tener la amenaza de un uso indebido de la vacancia por una arbitraria invocación a la incapacidad moral permanente del Jefe del Estado.

Precisó que junto con la demanda competencial, el Ministerio de Justicia interpuso una medida cautelar ante el tribunal, con el propósito de suspender el procedimiento que se ha dado a la moción de vacancia en el Congreso.

Huerta dijo esperar que esta semana el TC resuelva la medida cautelar y se pronuncie sobre la necesidad de paralizar el proceso de vacancia en el Parlamento.



Respecto a la demanda competencial, añadió, supone un procedimiento distinto que tomará su tiempo porque se deben citar a las partes involucradas.

Como jurista explicó que en la demanda competencial, se alega que la vacancia es mal utilizada como un mecanismo de control político contra el Poder Ejecutivo, cuando esa no es la finalidad ni el fundamento señalado en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución.

“Lo que se está pidiendo al TC es que resuelva esta incertidumbre jurídica que existe sobre qué se entiende por permanente incapacidad moral. Esa es la cuestión, ese es el debate jurídico”, anotó.