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Año del diálogo y la reconciliación nacional
MIÉRCOLES 18

de julio de 2018

Ejercicio constitucional

El indulto humanitario concedido a Alberto Fujimori ha generado diversas reacciones en la ciudadanía. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, optó por conceder este beneficio en el ejercicio constitucional de sus funciones, tal como ha ocurrido en anteriores gobiernos y bajo la administración de otros mandatarios elegidos por voto popular.

27/12/2017


Tal como lo refiere el inciso 21 del artículo 118 de la Constitución Política, el Jefe del Estado posee la atribución, entre otras, de conceder indultos y conmutar penas, además de ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. La disposición constitucional se complementa con otras normas, como las leyes 28704 y 28760, que regulan la procedencia del indulto en casos específicos.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha precisado que en este proceso se actuó conforme a la regulación vigente. En primer lugar, Fujimori presentó un pedido de gracia presidencial ante el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para lograr el indulto por razones humanitarias. Luego se remitió el expediente del interno a la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales que advirtió la ausencia de una serie de documentos de carácter médico y procedió a requerir los mismos por escrito al Ministerio de Salud.

Posteriormente, esta comisión llegó a la conclusión de sugerir a la Presidencia de la República el indulto “pues se trata de una persona que padece de una enfermedad no terminal grave, que se encuentra en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y que además las condiciones carcelarias en el establecimiento penitenciario Barbadillo colocan en grave riesgo su vida, salud e integridad”. Con el informe respectivo, se procedió a indultarlo por motivos exclusivamente humanitarios.

De esta manera, el exgobernante Alberto Fujimori obtendrá su libertad tras 10 años de haber permanecido recluido en el centro penitenciario Barbadillo. El Poder Judicial lo condenó a 25 años en un proceso en el que observadores de diversas latitudes comprobaron el respeto a los estándares internacionales de la administración de justicia, así como la debida defensa que hiciera su abogado durante todo el juicio.

Con este paso dado, el Presidente de la República ha manifestado que “las heridas abiertas solo podrán cicatrizarse a partir de un esfuerzo reconciliador y de una voluntad de la que todos debemos formar parte”. Prueba de ello es que el Estado despliega grandes esfuerzos para resarcir a los afectados por la violencia que vivió la población, especialmente la más pobre de zonas rurales en las décadas de 1980 y 1990, y así consolidar la construcción de un país próspero y pacífico con miras al bicentenario de la República. Los peruanos tenemos que aprender que los errores del pasado no deben repetirse, y proseguir el camino del progreso que tanto nos ha costado recorrer en años recientes hasta convertir al Perú en una nación plenamente desarrollada.