Tipo de cambio:

Compra: 3.316

Venta: 3.318


Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
JUEVES 21

de febrero de 2019

PANAMERICANOS

26 JUL AL 11 AGO

PARAPANAMERICANOS

21 AGO AL 01 SEP

ENFOQUE

El derecho a la lectura (I)

Hace tres meses, el Gobierno promulgó la Ley N° 30853, que extiende por un año más la vigencia de tres artículos de la Ley N° 28086, pomposamente llamada ‘Ley de democratización del libro y de fomento de la lectura’, publicada en el 2003. Venció en el 2015, fue prorrogada por tres años, y ahora hasta octubre próximo.

2/2/2019


José Vargas Sifuentes

Periodista

La norma extiende la vigencia de los artículos 18, 19 y 20 de la Ley N° 28086, que exoneran del IGV a la importación y/o venta de libros y productos editoriales afines, que –así dice– beneficia a autores, editores, libreros y lectores; y los reintegros y créditos tributarios a los que, hasta ahora, solo acceden los editores más grandes del mercado.

La ley declara de interés y necesidad públicos “la creación y protección del libro y los productos editoriales afines, como instrumentos que propician y difunden la creatividad intelectual, el conocimiento y la cultura”, así como el “desarrollo de la industria editorial del libro, que comprende la edición, impresión, producción, diseño gráfico, diagramación e ilustración, sin perjuicio de la protección que les corresponda en el ámbito de la propiedad intelectual”.

Gracias a ella, los editores de libros gozan del derecho a un reintegro tributario equivalente al IGV por sus adquisiciones e importaciones de bienes de capital, materia prima, insumos, servicios de preprensa electrónica y otros servicios gráficos.

La norma fue aplaudida por la llamada Casa de la Literatura, al afirmar que “el sector creció en más de 300% entre el 2003 y el 2016, y aumentó notablemente su producción, además del número de editoriales activas (de las que aproximadamente el 80% son pequeñas o microempresas)”.

Añadía que con esa ley “han crecido también las ferias de libros (sic) del país, en cantidad, calidad y convocatoria”; y creado el Plan Lector y el Sistema Nacional de Bibliotecas “para desarrollar una ciudadanía lectora”.

Antes de su debate en el Congreso advertía que si no se aprobaba la ley y se extendían sus beneficios a favor de los editores, el precio de los libros se habría incrementado en 18%. Y adiós ciudadanía lectora. Los mismos argumentos esgrimidos hace quince años y que volverán a esgrimir cuando pidan una nueva ampliación en octubre. Ante este panorama nos preguntarnos qué ha pasado durante todo este tiempo.

Lo que no dice la Casa de la Literatura es que desde que se dictó la Ley N° 28086 no hemos experimentado rebaja alguna en el precio de los libros, ofreciéndose al mismo valor y sin que muchos jóvenes estudiantes puedan acceder a ellos.

Los editores dicen que “los mecanismos establecidos en la Ley del Libro han hecho posible el crecimiento del sector editorial peruano” y “constituyen un aporte a la democratización del libro, a su acceso, además de fomentar la lectura”.

A riesgo de que nos denuncien por hacer esta afirmación, pensamos que el aumento de la lectura en nuestro país se debe en gran parte a los llamados ‘piratas editoriales’, que expenden copias de las obras de connotados autores a precios bajos.

Dos pruebas al canto: la tetralogía Dos amigas de la italiana Elena Ferrante se encuentra en cualquier librería de Miraflores o San Isidro, a 70 soles cada ejemplar, y no llega a 20 soles en Quilca; y el reciente éxito editorial El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, cuesta 80 soles en librerías, y 20 soles en Quilca, con el mismo modelo, formato y papel. Igual ocurre con las obras de otros autores como Ken Follet, Carlos Ruiz Zafón, María Dueñas y otros.

Los precios referidos figuraban en la última Feria del Libro realizada en Miraflores, ‘rebajados en un 20 %’, según los letreros.

Lo cierto es que el precio de los libros es tan alto que solo se hacen ferias del libro en los distritos donde residen los más pudientes, y jamás –ni una hasta la fecha– en San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador, por ejemplo. Los estudiantes de estos sectores recurren, mal que les pese a los empresarios, a las permanentes e informales ferias del libro de los jirones Quilca y Amazonas.

¿De qué ‘fomento a la lectura’ hablan entonces? Con esos precios, distanciados largamente entre uno y otro lugar ¿pueden afirmar que promueven la lectura? Es lamentable que los libros baratos no sean precisamente los legales y habrá quienes argumenten, para defender esas marcadas diferencias, que la calidad de un producto formal no tiene precio. No estamos de acuerdo, pensamos que algo se puede hacer para bajar el precio de los libros y garantizar su acceso a las mayorías. Dejaremos abierto el debate para recoger otras opiniones y lograr que los fines de la norma se vean en la realidad y no solo en el papel.