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ENFOQUE

El derecho a la lectura (II)

En nuestro primer comentario advertimos de los altos precios que tienen los libros en nuestro país, lo que hace que se acabe fomentando la piratería editorial. Esto va en perjuicio de los mismos editores; de los autores, en particular de los peruanos; y finalmente, de los lectores.

9/2/2019


José Vargas Sifuentes

Periodista

Pareciera que los impulsores de renovar los beneficios tributarios de la Ley del Libro no conocen –o desconocen adrede– la realidad detrás de la industria editorial. En todo caso, creemos que nuestros legisladores no se han preocupado por ahondar en el tema antes de aprobar la ley que tiene más de 15 años de vigencia, sin beneficio alguno para los autores ni para sus seguidores.

Trataremos de explicar una parte del problema con un ejemplo sencillo. Imprimir un millar de ejemplares de un libro de 180 páginas, tamaño 15 por 23 cm, con carátula y 16 páginas a cuatro colores, cuesta alrededor de 3,500 dólares, o sea que cada ejemplar sale costando 3.5 dólares, lo que equivale a 10 soles, céntimos más, céntimos menos.

Los editores quintuplican ese precio para hacer frente a los requerimientos del mercado. Siguiendo con el ejemplo, esto significa que el valor de cada ejemplar es elevado a 50 soles. Quien se lleva la mejor tajada de la torta son los libreros, que cobran 40% (20 soles) por cada libro. Los distribuidores se llevan un 30% (15 soles). Si le añadimos el costo de la imprenta, llega a 45 soles el total. El monto restante, o sea 5 soles, sería para el autor de la obra.

Lo decimos en condicional porque esto último es hipotético, pues la mayoría de las veces el resultado total de las operaciones llega a los 50 soles, sin que el autor reciba un céntimo por su trabajo. Es decir, que quien se quemó las pestañas; gastó su materia gris y su tiempo en bibliotecas, hurgando en la historia, recopilando datos; y pasó noches escribiendo y corrigiendo no recibe ninguna compensación económica por su esfuerzo intelectual.

Algunas veces, su labor es retribuida con un 10% del valor del libro… cuando lo reciben. Las más de las veces –como ocurre en el Perú– los escritores cubren con su propio peculio la producción de un libro de su autoría, y venden su libro personalmente para ganarse alguito. Un caso reciente es el del periodista Efraín Rúa, autor de El crimen de La Cantuta, El gol de la muerte y, recientemente, de ¿Quién mató a Graña?, los tres publicados con su bolsillo, a falta de apoyo de los empresarios del libro que gozan de las exoneraciones para imprimir revistas de empresas comerciales, afiches, trípticos y hasta almanaques, más rentables, y vender libros editados por terceros a cambio de un buen porcentaje.

Sucede que la aprobación de la ley que nos ocupa se hizo sin mayor debate, y en poco o nada ha contribuido, efectivamente, a “incentivar la creatividad de los autores peruanos, estableciendo los mecanismos necesarios para la difusión nacional e internacional de sus obras”, como reza su texto.

Tampoco ha servido para “democratizar el acceso al libro y fomentar el hábito de la lectura” ni creado “las condiciones para que en el país se desarrolle una [formal] industria editorial del libro que contribuya a satisfacer las necesidades culturales, educativas, científicas, tecnológicas, espirituales o de recreación”.

Lo referido líneas arriba equivale a decir que la publicación de un libro permite mantener a los empresarios dueños de una imprenta, pero no al autor; salvo que se apellide García Márquez, Vargas Llosa, Pérez Reverte, Eco, Montero, Murakami u otro de renombre que imponga sus condiciones.

Recordemos que García Márquez condicionó a la editorial Norma para que la venta de su autobiografía Vivir para contarla no fuera a precio elevado. Para evitar la piratería, el gran Gabo exigió que sea vendido a un precio accesible a las mayorías. Así, los peruanos pudimos leer esa obra a menos de 30 soles. Fue un éxito de librería y no fue pirateado. ¿Es posible seguir ese ejemplo en nuestro país?

Por último, nos preguntamos –es un decir– qué pasaría si los ‘piratas editoriales’ realizaran sus ferias del libro en Comas, San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador. ¿Permitirían los señores de la Cámara del Libro o de una entidad similar que se realizara una actividad de esa naturaleza, que favorecería a miles –o millones– de lectores de los sectores menos favorecidos de nuestro país? Vaya uno a saber.