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ES UNA IMPORTANTE ZONA GEOESTRATÉGICA EN LUCHA ANTIDROGAS, AFIRMAN

El desarrollo alternativo se debe potenciar en Trapecio Amazónico

La política pública de desarrollo alternativo y erradicación de cultivos debe avanzar hacia otras regiones del país, como el Trapecio Amazónico, pues esta es una zona geoestratégica muy importante para el Perú, manifestó el miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), Alberto Otárola.

13/3/2018


Percy Buendía Quijandría

pbuendia@editoraperu.com.pe




En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, recordó que en esa zona de la frontera trinacional de Brasil, Colombia y Perú “se mueve mucha coca”. En 2014-2015, refirió, el Estado erradicó más de 15,000 hectáreas de coca en ese lugar, “a donde bajan las mafias colombianas”.

“Con este proceso de crecimiento del espacio cocalero en Colombia, evidentemente va a haber una movilización de clorhidrato de cocaína hacia el Trapecio Amazónico, porque el río Amazonas es la ‘autopista’ por donde salen los cargamentos de droga hacia Europa y Estados Unidos”.

Seguridad

Otárola precisó que, ante esta situación, “esa frontera trinacional es un espacio geoestratégico que tiene también que ver con un problema de seguridad nacional”.

En el 2015, recordó, en un hecho inédito, se instaló en Caballococha, región Loreto, una oficina de la Comisión Nacional por el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) para la promoción y desarrollo alternativo, y se destinaron fondos para erradicar los cultivos ilegales en esa zona del país.

“Ahora hemos visto que no necesariamente se ha erradicado en ese lugar. Se trata de ir afinando la estrategia para acercarnos a este proceso, que es complejo”.

Metas

Otárola reveló que la JIFE aprecia con interés que en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021 “se haya incluido metas medianamente conservadoras [de erradicación] de 25,000 hectáreas”.

“La Junta espera que se controle la expansión del espacio cocalero y se administren mejor los liderazgos para la prevención de conflictos sociales, que generan desgobierno en las zonas cocaleras y hacen que crezcan potencialmente los sembríos ilegales”.

“Es muy importante el liderazgo para la prevención de conflictos, especialmente en aquellas poblaciones que históricamente se han dedicado al cultivo de coca”.

El Estado, refirió, en los últimos siete u ocho años, ha invertido una gran cantidad en desarrollo alternativo mediante Devida, “pero una falta de previsión y liderazgo para el control de conflictos sociales puede traer abajo todo este esfuerzo. Entonces, hay que prestar una atención especial a este tema”.

Otárola destacó que el Perú siempre ha sido el líder en erradicación de coca y en la construcción de este modelo de desarrollo alternativo integral y sostenible. Hay que recuperar ese liderazgo que siempre ha permitido que la imagen del país sea vista como hasta este momento, expresó.

“Al Perú se le ve en materia de la lucha contra el problema mundial de las drogas como un país serio, que cumple metas, que no se deja vencer por los tentáculos del narcotráfico, un país que tiene una visión de respeto a las convenciones internacionales, de país bisagra para el momento de la toma de decisiones”.

Rememoró que en la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas del 2016, el Perú fue muy solicitado por los demás países para medir sus experiencias, pero también por la confianza que expresan las políticas públicas en esta lucha.

“Eso no debe bajar, no debe reducirse hacia una mirada interna, sino tiene que continuar con un liderazgo a través de las sucesivas decisiones que se tomen al respecto”.

Sustancias fiscalizadas

Sobre el uso medicinal del cannabis, aprobado recientemente en el país, el miembro de la JIFE sostuvo que se tiene que respetar los convenios internacionales que ha firmado el Perú, que son básicamente los de 1961 y 1988.

En ambos documentos se fija la limitación del uso de sustancias fiscalizadas para fines médicos, agregó. En segundo lugar, dijo, sobre el cannabis, autorizan a los Estados su uso para fines terapéuticos y medicinales como última instancia de tratamiento para las enfermedades que tengan una adecuada atención médica registradas en los centros de salud.

Otárola advirtió que la ley requiere una reglamentación que tenga muy bien puestos los ojos del Estado, porque lo que se ha podido observar, a veces, es que esto se puede convertir en una puerta abierta para el negocio de la venta de marihuana.

“En otros países, se han instalado empresas de marihuana que no necesariamente se dedican a los fines terapéuticos, sino a los recreativos, como se conoce popularmente”.

En ese tema, aseveró, la JIFE tiene competencia y será estricta en la vigilancia de los países respecto al cumplimiento de sus compromisos internacionales.

Para Otárola, la norma respeta los estándares internacionales y “es por eso que la Junta ha expresado su beneplácito de que sea así, lo que exige sí son reglas claras, una reglamentación adecuada y, sobre todo, la presencia de los órganos del Estado, especialmente el Ministerio de Salud (Minsa), en el control y fiscalización de esta nueva autorización del uso del cannabis, que antes no existía en el país”.

Documento

El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente al 2017 advierte que, a escala mundial, la inmensa mayoría de los consumidores de drogas carece de acceso a un tratamiento.

Y si se dispone de esa atención, esta es a menudo de mala calidad y podría no administrarse con arreglo a las normas internacionales, advierte la JIFE.

En el informe anual se exhorta a los gobiernos a comprometerse con el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de las personas que padecen trastornos relacionados con el consumo de drogas, entre otros.