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En defensa de los terrenos del Estado

Un problema que busca solucionarse. El Poder Ejecutivo acaba de presentar al Congreso de la República una iniciativa legal para evitar que los invasores de terrenos del Estado puedan consolidar una ilegal ocupación.

11/5/2018


En los últimos tiempos, el país ha observado el accionar de mafias y organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de tierras, la mayoría de ellas de propiedad del Estado, y en este comportamiento delictivo se aprecian dos modalidades: la invasión u ocupación ilegal y la generación ilegal de títulos de propiedad.

En este segundo caso, estos grupos utilizan de manera irregular los procedimientos establecidos por las normas legales para el saneamiento de la titulación de inmuebles o regularización del derecho de propiedad.

Debemos considerar que los inmuebles estatales, entendidos como los de propiedad del Estado y de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, son muy numerosos y se extienden por todo el territorio de la República.

Lo cierto es que gran parte de estos inmuebles, debido a su ubicación o naturaleza pública –estamos hablando de playas, eriazos, derechos de vías, cerros, laderas, pampas, llanuras, zonas de expansión urbana, etcétera– no cuentan con cerco de seguridad o vigilancia permanente, por el alto costo que demandaría al erario.

Por eso, están expuestos a una situación de alta vulnerabilidad, lo que origina que particulares se apropien ilícitamente de ellos.

En ese sentido, para afrontar esta problemática y combatir las invasiones, en los últimos tiempos se han promulgado normas destinadas a endurecer las penas y crear nuevas modalidades del delito de usurpación, especialmente de usurpación agravada, como son la Ley Nº 30076, la Ley Nº 30327, el D. Leg. 1187 y la Ley Nº 30556.

Además, el Poder Ejecutivo ha propuesto e impulsado diversas fórmulas normativas para regular temas importantes respecto de los inmuebles estatales, como la declaración de imprescriptibilidad de los terrenos del Estado (Ley Nº 29618) y la recuperación extrajudicial de terrenos invadidos y ocupados ilegalmente (artículo 65 y 66 de la Ley N° 30230).

En tal sentido, resulta necesario hacer ajustes a los artículos 65 y 66 de la Ley N° 30230, disponiendo de manera expresa que la ejecución de la recuperación se realice independientemente de las instalaciones (temporales o permanentes) que puedan existir en el predio, se fortalezca a los operadores de la ley y se dicten reglas aplicables a todas las entidades para ejecutar la recuperación extrajudicial, entre otros aspectos, que permitan efectuar una mejor defensa y recuperación de predios estatales que son patrimonio de la Nación.

La propuesta llena vacíos legales en la aplicación de la norma vigente, de tal manera que las entidades puedan obtener el auxilio oportuno de la Policía Nacional del Perú para recuperar los predios estatales, aclarando los términos de su procedencia, para evitar la frustración de las diligencias de recuperación, protegiendo de denuncias penales infundadas, formuladas por invasores u ocupantes ilegales, a los operadores de la norma.