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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
JUEVES 5

de diciembre de 2019

HOY SE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DELA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En nombre de ellas

La Estrategia 360° del Ministerio Público trabaja con víctimas, victimarios y se preocupa por los dependientes de las mujeres asesinadas. Hay 98 fiscalías especializadas en 15 distritos fiscales y la red contra la violencia sigue creciendo.

25/11/2019


Los feminicidios en el Perú tienen distintas datas. Tomemos las del Ministerio Público (MP). Entre el 1 de enero del 2018 y el 21 de noviembre del 2019, se ingresaron 1,301 “nuevos casos únicos de delitos de feminicidio” en los 34 distritos fiscales del país.

Un siguiente cuadro de esta misma institución ha identificado, en el mismo periodo analizado, 897 mujeres víctimas. De ellas, 180 son casos de feminicidio y otras 77, de “posible feminicidio”. Es decir, 257 casos consumados con mujeres víctimas en manos de varones.



En alerta

Las restantes 640 mujeres de este grupo son mujeres que están vivas, pero en una situación vulnerable: 217 de ellas son “mujeres en riesgo”; 155 registraron “posible tentativa”; 268 “tentativa” de feminicidio.

Estos últimos casos, por ejemplo, son los que están en investigación fiscal de formalización. Se analiza su historial de violencia; se les hace un seguimiento y se monitorea la situación jurídica de sus agresores. Ellas tienen la mayor probabilidad de, en algún momento, convertirse en nuevas víctimas de feminicidio; que sus agresores terminen con sus vidas. Por eso la data de las 217 está en rojo. En alerta permanente.

Para ello, como explica Juan Huambachano, gerente del Observatorio de Criminalidad del MP, se desarrolla la Estrategia 360°, que hace seguimiento a estos casos; también tiene una acción proactiva para que los agresores de los 897 casos sean sancionados y se reduzca su impunidad. Y que, por otro lado, los hijos y padres de los 257 casos de feminicidios registrados en el Perú en estos dos años sean acompañados.

Para la fiscal suprema provisional María Isabel Sokolich, presidenta de la Comisión de Trabajo para el Abordaje de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, la Estrategia 360° debería de estar articulada con otros sectores del Estado, como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y sus 389 Centros Emergencia Mujer (CEM), lo que permitiría que las víctimas cuenten con la asesoría legal al iniciar los procesos judiciales. Y el Ministerio de Salud, para que víctimas y victimarios reciban terapia. Porque la mayoría de los agresores, contrario a lo que vende la televisión, no son los que salen enmarrocados ante cámaras; por el contrario, afrontan los procesos en libertad y deberían de contar con un tratamiento especializado desde el primer momento para evitar que, en el futuro, repitan la problemática de violencia.

Nuevo escenario

En febrero se publicó la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 166-2019 que establece como política institucional el abordaje de la “violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”, que ha permitido, por ejemplo, una “sinergia del sistema fiscal penal”.



Y al mes siguiente se creó una comisión integrada por representantes de todo el sistema fiscal, el médico legal y el administrativo del MP, para monitorear y evaluar las acciones, y garantizar los derechos fundamentales de las víctimas de violencia contra la mujer.

Sokolich explica que, de esta manera, se promueve “la sensibilización de todo el sistema fiscal”, que involucra a los 34 presidentes de las Juntas de las Fiscalías Superiores, los jefes de las oficinas desconcentradas a escala nacional y los jefes de medicina legal, entre otros, para que los casos de violencia contra la mujer “sean tramitados como un problema humano”.

“No es lo mismo resolver un delito patrimonial que otro que tiene que ver con la vejación de los derechos fundamentales como la vida, la integridad física y sexual, peor si hablamos de personas que están dentro de un grupo vulnerable”, recuerda la fiscal suprema provisional.

Si bien los 34 distritos fiscales del país ya realizan acciones, el plan piloto de monitorización se realiza en Ventanilla y el Callao para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), y mejorar el sistema a escala nacional.

Dificultades

Hay distintas datas, decíamos. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año, el Ministerio Público ha ingresado 417,957 casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar (casos identificados, con fiscal responsable de la carpeta y registrados en el Observatorio de Criminalidad). En Arequipa se ingresaron 61,846 casos, en Lima Norte 54,542, Lima Centro 28,102, y Lima Este, 42,704. Sin embargo, el año pasado fueron 187, 400. ¿A qué responde este casi triplicación de los ingresos de casos?



Para Sokolich no se puede decir que se deba a la mayor confianza de las víctimas en el sistema. Por el contrario, considera que un factor es la inclusión en el Código Penal del artículo 122-B. Antes, los hechos de violencia física –sea leve o grave– debían de generar 10 días de incapacidad para el trabajo, debidamente certificado por el médico legista, para ser tipificada como delito. Ahora se aplica la norma a hechos que generen menos de 10 días de ausencia laboral. Ello ha generado esta multiplicación de ingresos de casos.

“Sin querer, nos hemos ido al otro extremo. Cualquier hecho incipiente de falta de comunicación o incompetencia de caracteres, una desavenencia mínima podría dar lugar a que quien se considera afectado formalice su denuncia, sea sometida a los peritajes médicos legales y si el resultado está en ese rango –menor de 10 días–, es un caso de tipo penal. Y esos hechos lleguen de la Policía a la fiscalía”.

Advierte Sokolich que estos casos hacen distraer la atención de los fiscales, que deberían de maximizar sus recursos frente a otros tipos de casos penales como violaciones sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes; los feminicidios o feminicidios en grado de tentativa; el acoso sexual que, lamentablemente, son otras constantes en el país.

Si bien la intención de los legisladores al modificar el Código Penal fue poner límites a cualquier resquicio de violencia, haciendo eco de la suscripción del Perú a la Convención de Belem do Para o Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que inspiró nuestra Ley 26260, de 1993. Sokolich considera que hay otros mecanismos “más asertivos para lograr un propósito y quienes integran un grupo familiar puedan superar las desavenencias pero de una manera más rápida y fortalecerse como pareja o familia”.

En la actualidad, el Perú cuenta con 98 fiscalías especializadas distribuidas en 15 distritos fiscales (hace un año exactamente, a través de un plan de emergencia se crearon 10 fiscalías especializadas en los distritos fiscales de Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Callao y Lima). Se han convertido las fiscalías existentes para atender estos casos de feminicidios y tentativas de feminicidios. Así, en Arequipa se cuenta hoy con cuatro fiscalías corporativas. Cada una de estas tiene un fiscal provincial y dos fiscales adjuntos que realizan un trabajo en conjunto para resolver los casos de violencia contra la mujer que llegan por turno.

Hay temas por superar. Si bien la Fiscalía de la Nación solicitó 558 millones de soles para continuar la implementación del sistema especializado de lucha contra la violencia contra la mujer como parte del presupuesto 2020, solo se ha presupuestado S/ 30’049,700. Se espera un presupuesto adicional para maximizar los esfuerzos de la Estrategia 360°.

Casos de éxito

La fiscal suprema provisional Sokolich recuerda que, a pesar de que muchas de las fiscalías en el país no trabajan bajo condiciones idóneas, hay muchos casos de efectividad.

“Debemos dar a conocer la realidad del trabajo de los fiscales. Ellos trabajan sin límite de horas para resolver los casos, porque están sujetos a plazos y, de lo contrario, el órgano de control interno les iniciará una investigación y los sancionará.

Sokolich dice que se debe ser honestos, porque también hay casos de fiscales “que no están alineados en el esfuerzo institucional y dejamos constancia de la inacción, para que la oficina desconcentrada abra investigación”. 

Estrategia 360° del MP

1. Detecta e interviene a mujeres que se encuentran en riesgo (con 3 o más denuncias registradas en el Ministerio Público).

2. Protección proactiva de víctimas o posibles víctimas de feminicidio en grado de tentativa.

3. Seguimiento de casos de feminicidio e identificación de los dependientes (hijos, huérfanos y/o padres).

4. Seguimiento de la situación jurídica de los imputados y supervisión de medidas de protección y/o cautelares.

(José Vadillo Vila)