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Año del diálogo y la reconciliación nacional
MARTES 14

de agosto de 2018

En pos de un plan anticorrupción

El impacto de la corrupción en el Perú y en el mundo es un hecho indubitable. Las diversas manifestaciones ilícitas en que se ve involucrado el mal uso de fondos públicos, en perjuicio de la población y el erario, van sofisticándose en el tiempo y afecta no solo la conducción económica del país, sino también aspectos políticos, sociales e incluso culturales. De allí la importancia de recoger aportes de la sociedad para elaborar un plan de carácter nacional, a fin de prevenir, controlar y erradicar este mal.

3/2/2018


La Comisión de Alto Nivel (CAN) Anticorrupción ha solicitado precisamente sugerencias a todas las instituciones que forman esta plataforma a fin de diseñar el Plan Nacional Anticorrupción, que contendrá las metas, lineamientos y estándares que deben cumplir los organismos del Estado para promover la integridad y sancionar drásticamente cualquier tipo de corruptelas que se presenten en las tres instancias de gobierno y en sus relaciones con el sector privado.

Como encargada de articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a combatir la corrupción, la CAN ya recibió la aportación del Ministerio del Ambiente con su Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2019, cuyos alcances se aplicarán en el ámbito de ese sector y sus organismos públicos adscritos, pero también servirán como instrumento de política fundamental para una gestión pública en el contexto de la ética, transparencia y simplificación administrativa, que contribuye al fortalecimiento del Estado.

Es importante la convocatoria de la CAN porque reúne a instituciones como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, así como a representantes de la Conferencia Episcopal Peruana, del gremio empresarial, de los gobiernos regionales, concejos distritales y provinciales, que, desde su perspectiva sectorial o jurisdiccional, tiene una visión de la lucha anticorrupción que contribuirá al objetivo común de erradicarla.

Este esfuerzo es loable, sobre todo en momentos en que los casos de corrupción parecen multiplicarse en diversos estamentos. Pese a ese panorama, no todo resulta negativo porque el Perú ya ha recibido reconocimientos de la OEA, por ejemplo, por los avances logrados en la lucha anticorrupción, especialmente en los correctivos hechos para impedir la impunidad y el refuerzo del sistema judicial para procesar este tipo de delitos.

Entre las medidas ya implementadas tenemos las buenas prácticas desarrolladas para la gestión de contratos públicos, el acceso igualitario a la carrera pública, la protección de testigos y colaboradores eficaces, y la configuración de aquellas figuras delictivas que impidan la impunidad en concordancia con convenios internacionales.

Queda claro que el esfuerzo por erradicar la corrupción es permanente, y sus logros solo dependen del compromiso de cada una de las instituciones involucradas en su prevención y erradicación. De hecho, los peruanos estaremos expectantes respecto a la obtención de mayores logros en esa materia.