Tipo de cambio:

Compra: 3.296

Venta: 3.299


Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
LUNES 18

de marzo de 2019

PANAMERICANOS

26 JUL AL 11 AGO

PARAPANAMERICANOS

21 AGO AL 01 SEP

En la ruta por la credibilidad social

Tras la develación de un conjunto de audios que evidenciaron una grave crisis del sistema de administración de justicia, el Poder Judicial desde julio pasado trabaja en una serie de acciones para reposicionar su imagen y recobrar la confianza de la ciudadanía.

31/12/2018


En ese contexto, días atrás inauguró el procedimiento para la presentación de demandas mediante la Mesa de Partes Electrónica, que será aplicado en los 67 órganos jurisdiccionales donde se emplea el Expediente Judicial Electrónico (EJE).

La expectativa frente a esta nueva herramienta tecnológica es grande, pues se estima que ayudará a que disminuya la duración de los procesos judiciales en cerca de un 40%, pues evitará los llamados “tiempos muertos”. ¿De qué manera?, al permitir un importante ahorro de tiempo y de los gastos derivados por el uso del papel. El traslado de las demandas duraba semanas, y ahora se hará en minutos.

La demanda electrónica, pues, constituye un mecanismo sistematizado que el Poder Judicial pone a disposición de los justiciables, para que, en modo no presencial, puedan presentar los referidos documentos desde cualquier lugar con acceso a internet. Con ello, también les facilita la visualización de los procesos sin tener que acercarse al órgano jurisdiccional o a las salas de lectura.

Sin duda, desde su ejecución progresiva en agosto del 2017, el EJE viene imponiendo una moderna gestión del despacho judicial, al ser una herramienta amigable, ágil, pero sobre todo transparente, lo que determinará que, con su buen uso y gestión, el servicio de administración de justicia sea eficiente y una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción.

En los últimos meses, asimismo, la magistratura ha avanzado con diversas acciones para transparentar la labor jurisdiccional como la publicación de la agenda de visitas de las diferentes autoridades judiciales para conocer con quiénes sostiene reuniones a diario; la aplicación también del ISO 37001 sobre el sistema de gestión antisoborno, a fin de evitar actos de corrupción; y la esperada escala salarial para los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, hecho que quedó garantizado en el presupuesto público del 2019.

En una experiencia, digamos, inédita, la magistratura acordó, asimismo, una hoja de ruta hasta el año 2030, en un esfuerzo por enfrentar los problemas y desafíos para mejorar el servicio de justicia que brinda este poder del Estado a la ciudadanía. Se trata de un mapa nacional del estado del sistema de justicia, elaborado con la información recogida por los magistrados supremos que visitaron 20 cortes del país, como parte de las medidas de emergencia en ese sector.

Hoy concluye la gestión en el Poder Judicial del magistrado Víctor Prado Saldarriaga, quien asumió las riendas de la institución en un momento de emergencia, muy complicado, pero que durante su mandato de casi seis meses promovió y puso en marcha iniciativas que han permitido a la judicatura recuperar poco a poco la credibilidad social. Estamos convencidos de que este mismo camino continuará la nueva administración de este poder del Estado, que el magistrado José Luis Lecaros asumirá esta semana para el período 2019-2020.