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Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
JUEVES 5

de diciembre de 2019

A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

En vigencia sanción penal por financiamiento ilegal

Se refieren a aportes provenientes de la corrupción, tráfico de drogas, minería ilegal y otros.

11/11/2019


Las personas naturales con sentencia consentida o ejecutoriada o con mandato de prisión preventiva por diversos delitos están prohibidas de financiar a organizaciones políticas en cumplimiento de la Ley N° 30997, que modifica el Código Penal e incorpora el delito de financiamiento prohibido.

Así lo precisó el fiscal provincial penal de Lima, Marcial Páucar Chappa, al anotar que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones no solo aprobó el cronograma electoral para los comicios parlamentarios del 2020, sino que también señaló la vigencia para esta contienda electoral de la nueva Ley de financiamiento prohibido.No es el caso de las leyes N° 30995 (inscripción y cancelación de partidos), N° 30996 (paridad en las listas) y N° 30998 (elecciones internas), debido a que no fueron promulgadas dentro del año anterior a la realización del próximo proceso electoral del 26 de enero.

Nuevas reglasPor tanto, los delitos a los que se refirió el magistrado sobre fuentes de financiamiento legalmente prohibidas son aquellos cometidos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo.

Páucar Chappa también mencionó los aportes prohibidos de empresas que son propiedad del Estado distinto al financiamiento público directo o indirecto, así como a aquellas contribuciones superiores a dos unidades impositivas tributarias (UIT).

Agregó que la norma penal también contempla que el que solicita, acepta, entrega o recibe aportes, donaciones, contribuciones o cualquier tipo de beneficio que provenga de fuente de financiamiento prohibida, será reprimido con pena de cárcel no mayor de cinco años.

Manifestó, asimismo, que si el delito es cometido por el candidato, tesorero o el administrador de la organización política, la pena privativa de libertad no será menor de cuatro ni mayor de seis años.

Información falsa

En relación con el tema de falseamiento de información, Páucar Chappa sostuvo que si el tesorero, el administrador o un miembro de la organización política proporciona información falsa a la entidad supervisora sobre las aportaciones o ingresos referidos a la campaña también purgarán pena de cárcel no menor de dos ni mayor de seis años, además de la inhabilitación. El magistrado declaró en el programa Conociendo el Derecho Penal, a cargo del juez supremo Víctor Prado Saldarriaga.