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AGENDA LABORAL

Fiscalización de la igualdad salarial

28/5/2019


César Puntriano Rosas

Abogado laboralista

La semana pasada se aprobaron dos documentos importantes para la fiscalización del cumplimiento de la Ley N° 30709, que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, la cual se iniciará el  1 de julio para las empresas que no poseen la condición de mype, y a partir del 1 de diciembre para estas últimas.

El primero es la Guía metodológica para la valoración objetiva sin discriminación de género, de puestos de trabajo y elaboración de cuadros de categorías y funciones, aprobada por RM N° 145-2019-TR, que detalla el proceso de valoración de puestos de trabajo. Dicho proceso comprende (i) la identificación de los puestos de trabajo, (ii) determinación del género de los mismos, (iii) valorización, (iv) comparación y cálculo de diferencias salariales, e (v) implementación de medidas para eliminar la brecha salarial. El empleador debe conformar un “equipo de trabajo de igualdad salarial”, que deberá asegurar que se cumplan los pasos de este proceso, evitando cualquier sesgo discriminatorio o sexista. La guía es referencial, por lo que su cumplimiento es voluntario.

El segundo documento es el Protocolo para la fiscalización de las obligaciones en materia remunerativa previstas en la citada ley, aprobado por Res. N° 168-2019-Sunafil.

En cuanto a la obligación de contar con un cuadro de categorías y funciones (CCF), el protocolo dispone que el inspector laboral verificará su existencia, así como su contenido mínimo, específicamente los puestos de trabajo incluidos en la categoría, la descripción general de las características de los puestos que justifican su agrupación en una categoría, y la ordenación y/o jerarquización de las categorías en base a su valoración y a la necesidad de la actividad económica.

Sin embargo, el inicio de la fiscalización debería ser pospuesto, toda vez que el 1 de julio está a la vuelta de la esquina; es muy corto el tiempo entre la aprobación de los últimos documentos y la fecha en que se comenzará a sancionar a quienes no cuenten con el CCF ni la política salarial. Debe emitirse un decreto supremo que extienda el plazo para implementar ambos instrumentos hasta el 31 de diciembre del 2019 por lo menos, pues hay muchas empresas que aún no cuentan con ellos. Y en el caso de las mypes extenderla al menos hasta el 30 de junio del 2020. La extensión del plazo debe ir de la mano con campañas intensivas de orientación a las empresas. Hasta ahora no existen señales de que se postergará el plazo, por lo que los empleadores deberán apurar el paso y completar sus instrumentos antes del 1 de julio.