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Año de la Universalización de la Salud
VIERNES 7

de agosto de 2020

Gobierno tendrá siete días para legislar sobre deshacinamiento de penales

Ley promulgada hoy busca evitar cadena de contagios por coronavirus entre internos y personal penitenciario.

28/5/2020


El Poder Ejecutivo promulgó este jueves la Ley 31020, aprobada por el Congreso, que le otorga facultades legislativas por siete días calendario en materia penal, procesal penal y penitenciaria, a fin de establecer medidas para deshacinar los penales y centros juveniles por riesgo de contagio del coronavirus covid-19.

El dispositivo legal establece que el Poder Ejecutivo podrá legislar en lo que respecta a la revisión de medidas de coerción procesal, y a beneficios penitenciarios, conversión de penas, vigilancia electrónica personal, redención de penas y demás figuras que permita evaluar el egreso de personas procesadas y condenadas por delitos leves.

Estas medidas, agrega la norma, permitirán "impactar de manera directa e inmediata en la sobrepoblación" que afecta al sistema penitenciario y de reinserción social del adolescente, "con la finalidad de evitar el contagio masivo con el virus covid-19 de las personas privadas de libertad, de los servidores que trabajan en establecimientos penitenciarios y centros juveniles, y de la ciudadanía.

Delitos menos graves

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, dijo el sábado que la ley que apruebe el Ejecutivo en virtud de la delegación pondrá énfasis en los internos en condición de procesados por delitos menos graves, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad.

El titular de Justicia aclaró que, en este caso, no será el Ejecutivo el que vaya a excarcelar a los internos, sino los jueces, quienes a través del marco jurídico evaluarán caso por caso con técnicas aceleradas.

En la sustentación del proyecto para solicitar la delegación de facultades al Congreso, el Poder Ejecutivo informo que existe una sobrepoblación de 140% en los 68 penales del país, al contener una población de casi 100,000 internos, más de 30,000 de ellos sin sentencia, cuando la infraestructura en conjunto solo está preparada para albergar poco más de 40,000 presos. (Con información de Agencia Andina) 

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