Tipo de cambio:

Compra: 3.296

Venta: 3.299


Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad
LUNES 18

de marzo de 2019

PANAMERICANOS

26 JUL AL 11 AGO

PARAPANAMERICANOS

21 AGO AL 01 SEP

EDITORIAL

Jueces, obligados a declarar

La lucha frontal contra la corrupción constituye una tarea constante del Estado, que tiene como objetivo fundamental lograr una permanente administración pública honesta y transparente, capaz de mantener la confianza de los ciudadanos en sus autoridades e instituciones, sin ningún vestigio de impunidad.

10/1/2019


Por tanto, los funcionarios y servidores públicos están obligados a actuar en todo momento con probidad, lo que significa desarrollar su labor con rectitud, honradez y honestidad en aras de satisfacer el interés general, desechando todo provecho o ventaja personal, a tono con los mandatos de la Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley N° 27815).

En esa línea, no pueden sostener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. Esta prohibición se enmarca en los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y en la normatividad sobre gestión pública.

Así, desde diversos estamentos estatales se promueven y establecen disposiciones que permiten a los funcionarios y servidores públicos transparentar sus vínculos mediante la presentación de una declaración jurada de intereses que contenga información relevante de las relaciones societarias, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo, entre otros, a fin de construir una cultura de integridad y transparencia en el sector público.

El Poder Judicial no escapa a la instauración de estas medidas. Su presidente para el período 2019-2020, José Luis Lecaros Cornejo, anunció en la ceremonia de apertura del Año Judicial 2019 que se establecerá la obligatoriedad de la declaración jurada de intereses de todos los magistrados, altos funcionarios y servidores de apoyo de este poder del Estado, así como la sistematización en línea de las declaraciones referidas a bienes, ingresos, egresos, deudas y rentas.

Estas medidas no solo coadyuvarán a la lucha frontal contra la corrupción, sino también a la construcción de una cultura de integridad y transparencia en la judicatura, que propicie la confianza de la ciudadanía en el servicio de administración de justicia.

La declaración jurada de intereses contendrá, entonces, información referida a empresas, sociedades u otras entidades en las que el declarante posea alguna clase de participación patrimonial o similar, así como datos vinculados con asesorías, consultorías y similares, en los sectores público y privado –sea remunerado o no– y la participación en organizaciones privadas.

Ello, atendiendo siempre a que conforme con el artículo 39 de la Constitución, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación y, que acorde con el principio de legalidad, se someten a la Constitución, las leyes y las demás normas del ordenamiento jurídico peruano.